Sentencia AA-574-22 — Registro 16940
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra la sentencia que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del Consejo Nacional Electoral, con relación a una acción de recuento de votos nulos y revisión de oficio de las actas de cierre del nivel electivo a corporación municipal. Estima la garantista que, con el acto reclamado en amparo, se han violentado a en perjuicio de su representado, los derechos a elegir y ser electo, optar a cargos públicos y al voto; asimismo a la defensa, presunción de inocencia y al debido proceso legal.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “Como ya lo ha reiterado esta Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala de lo Constitucional, el principio de legalidad conlleva, que todo acto ejecutado por un funcionario supone la existencia de una norma jurídica que confiere sus facultades, y en virtud de ello, es la legalidad la que controla y debe controlar los actos de los funcionarios. Es decir que, es la ley la que otorga potestades a la autoridad para llevar a cabo sus actuaciones y es la misma ley la que a su vez, las limita y controla. Dicho todo lo anterior, la Corte Suprema de Justicia encuentra infundados e inexactos los argumentos externados por la recurrente en la presente garantía constitucional de amparo, puesto que, el Tribunal de Justicia Electoral, como órgano encargado de aplicar la justicia electoral, ostenta por mandato expreso de la ley, la potestad de llevar a cabo el recuento jurisdiccional parcial que por vía de recurso le fue peticionado por la apelante Vilma Clementina Zúñiga D´Vicente, cumpliendo además para ello, la normativa reglamentaria vigente, llevando a cabo el procedimiento establecido con las regulaciones que al afecto han sido establecidas por dicho órgano jurisdiccional en el ejercicio de sus facultades legales, no advirtiéndose por parte de esta Corte ningún exceso o arbitrariedad en el trámite que fue instado ante dicho tribunal electoral. Se subraya y se enfatiza además, que el procedimiento del recuento jurisdiccional que censura la impetrante en el presente asunto, fue autorizado por el Tribunal de Justicia Electoral mediante resolución de fecha cuatro de enero de dos mil veintidós, contra el cual, si bien la parte apelada se opuso mediante incidente de nulidad de actuaciones, este fue desestimado posteriormente en resolución de fecha ocho de enero de ese mismo año, constando en autos que dicho acto de resolución nunca fue objeto de ulterior recurso, por lo que sus efectos fueron consentidos y por tanto le son vinculantes los resultados de dicho recuento jurisdiccional. Con relación al derecho al voto invocado por la amparista, este alto tribunal de justicia, observa que no existe dentro del desarrollo de la garantía de amparo ningún cargo o reproche que permita establecer que al señor Alex Fernando García Casco se le haya violentado dicho derecho, en virtud de lo cual no procede amparar por dicho motivo. Lo mismo aplica para el derecho a elegir, debido a que no existe ningún cargo o señalamiento que sustente que el señor Alex Fernando García Casco haya enfrentado problemas para elegir alguna autoridad. Esta Corte no se pronuncia sobre estos derechos con relación a la población del municipio de San Antonio de Flores, departamento de El Paraíso, en virtud de que la abogada Doris Imelda Madrid Zerón interpuso la presente garantía de amparo únicamente a favor del señor Alex Fernando García Casco, sumado a que nada expresó al respecto. Con relación a los derechos a ser electo y optar a cargos públicos, consta que el señor Alex Fernando García Casco participó en la contienda electoral sin ningún tropiezo u obstáculo de las autoridades electorales ni de ninguna otra índole, por lo que no corresponde amparar en razón de estos derechos fundamentales. El hecho de no haber sido elegido ni optar al cargo de alcalde fue debido a una decisión popular expresada en las urnas. Esta Corte Suprema de Justicia entiende que la justicia electoral comporta una serie de mecanismos y medios de defensa a través de los cuales se busca garantizar el cumplimiento de los principios de elecciones libres, justas y auténticas, así como la salvaguarda de los derechos político-electorales de todas las personas. La Corte además, asiente y reafirma lo que al respecto ha dicho la Organización de Estados Americanos en cuanto a que, en términos generales, la justicia electoral implica la posibilidad de que todos los actos, procedimientos o resoluciones relacionados con el proceso electoral puedan ser objeto de controversia, a efecto de asegurar su apego al marco constitucional y legal aplicable en cada país, y con el objeto de garantizar el ejercicio pleno de los derechos político-electorales, teniendo un mandato esencial en asegurar la autenticidad de los resultados electorales. En virtud de todo lo anteriormente relacionado, y luego de un extenso análisis de los antecedentes, actuaciones y preceptos normativos aplicables al caso objeto de examen, esta Corte Suprema de Justicia no advierte vulneración alguna a la garantía a un debido proceso legal, ni a los demás derechos invocados por la impetrante, por cuanto en la tramitación del procedimiento recursivo verificado ante el Tribunal de Justicia Electoral se respetaron las formalidades establecidas en la ley, y la decisión resultante está enmarcada dentro del ordenamiento jurídico vigente, al haber apreciado dicho tribunal lo establecido por la normativa vigente, y con base a los hechos acreditados mediante prueba, con lo cual se afirma que fueron respetadas las garantías constitucionales que se invocan como violadas. Se observa además, que la sentencia impugnada cumple con los requisitos de forma que exige la ley, y la autoridad de justicia electoral ha resuelto la cuestión planteada sin que medie arbitrariedad o desafuero, dando respuesta a las alegaciones de las partes en forma motivada y razonada, no apreciándose que con la resolución impugnada se violenten, lesionen o se atente contra los derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República, por lo que este alto tribunal de justicia es del firme criterio porque la acción de amparo que se conoce sea denegada, y así debe declararse."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, tres de noviembre de dos mil veintitrés. VISTA: Para dictar sentencia en la garantía constitucional de amparo interpuesta por la abogada DORIS IMELDA MADRID ZERÓN, a favor del señor ALEX FERNANDO GARCÍA CASCO, contra la sentencia definitiva de fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, dictada con mayoría de votos por el honorable Tribunal de Justicia Electoral, mediante la cual se declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del Consejo Nacional Electoral, con relación a una acción de recuento de votos nulos y revisión de oficio de las actas de cierre del nivel electivo a corporación municipal de San Antonio de Flores, departamento de El Paraíso, promovida por el señor PEDRO STARLING CÁCERES FÚNEZ como candidato a alcalde del referido municipio en representación del partido liberal de honduras contra las actas levantadas en las juntas receptoras números 08451, 08452, 08457, 08458, 08459, 08461, 08462 y 08463. Estima la garantista que, con el acto reclamado en amparo, se han violentado a en perjuicio de su representado, los derechos a elegir y ser electo, optar a cargos públicos y al voto; asimismo a la defensa, presunción de inocencia y al debido proceso legal. ANTECEDENTES PROCESALES 1. En fecha dos de diciembre del año dos mil veintiuno, compareció ante el Consejo Nacional Electoral el señor Pedro Starling Cáceres Fúnez en su condición de candidato por el Partido Liberal a alcalde de la municipalidad de San Antonio de Flores del departamento de El Paraíso, presentando acción de recuento de votos y revisión de oficio de las actas de cierre del nivel electivo de corporación municipal con números 08451, 08452, 08457, 08458, 08459, 08461, 08462 y 08463, correspondientes a las juntas receptoras. El accionante sostuvo que el propósito de su solicitud era verificar si los votos fueron bien anulados, y comprobar que las actas no fueron modificadas y cambiadas en sus resultados. 2. En resolución de fecha dos de diciembre de ese mismo año 2021, el Consejo Nacional Electoral resolvió la solicitud del candidato CÁCERES FÚNEZ, determinando lo siguiente: “…PRIMERO: DECLARAR INADMISIBLE la solicitud de recuento de votos nulos de las actas de cierre del nivel electivo de corporación municipal por el municipio de San Antonio de Flores, departamento de El Paraíso, por el Partido Liberal de Honduras (PLH) en las juntas receptoras [de] votos 08451, 08452, 08457, 08458, 08459, 08461, 08462 y 08463 en virtud que corresponde a las juntas receptoras de votos realizar la revisión de los votos que ha calificado como nulos, siempre que la cantidad anulada sea mayor al margen de diferencia entre el candidato ganador y el perdedor inmediato, confirmando su calificación y en caso de determinar que alguno o algunos son válidos, también se incluyan en el resultado, lo cual no ocurre en el presente caso en que se pretende revisar los votos nulos obtenidos en el total de las juntas receptoras de votos del municipio de San Antonio de Flores. SEGUNDO: SIN LUGAR la revisión de oficio solicitada en virtud que la revisión de oficio es facultad exclusiva del CNE, cuando las actas presentan inconsistencias y son rechazadas por el sistema y en el presente caso en ninguna de las actas presentadas aparece indicios para proceder a su revisión de oficio. TERCERO: Contra el presente auto procede el recurso de apelación el que deberá interponerse ante el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) del plazo de tres (3) días hábiles…”.3.El honorable Tribunal de Justicia Electoral, conociendo del recurso de apelación interpuesto por la abogada VILMA CLEMENTINA ZÚÑIGA D´VICENTE, apoderada del señor PEDRO STARLING CÁCERES FÚNEZ, en contra de la resolución citada en el numeral que antecede, dictó sentencia el treinta y uno de de marzo de dos mil veintidós, estableciendo en su parte resolutiva lo siguiente: “… POR TANTO: Este Tribunal de Justicia Electoral en nombre del Estado de Honduras, por MAYORÍA DE VOTOS, con el voto particular de la magistrada propietaria Bustillo Ramírez… FALLA: PRIMERO: Declarar HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la abogada VILMA CLEMENTINA ZÚÑIGA D’VICENTE, en su condición de apoderada legal del ciudadano PEDRO STARLING CÁCERES FÚNEZ. SEGUNDO: REVOCAR la resolución de fecha dos (2) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) que obra a folios 14 al 16 de la primera pieza, emitida por el Consejo Nacional Electoral. TERCERO: ORDENAR al Consejo Nacional Electoral en cuanto a las JRV 08451, 08452, 08457, 08458, 08459, 08461 y 08462, mismas que han sido verificadas mediante recuento jurisdiccional realizado por este tribunal, sustituir las actas de cierre de las juntas receptoras de votos por las actas de recuento jurisdiccional constituidas por este Tribunal de Justicia Electoral, la que deberá surtir los efectos legales y estadísticos de acuerdo con la ley, y proceder a computar los nuevos datos establecido en las actas de recuento jurisdiccional y hacer los cambios respectivos en la declaratoria del nivel electivo en la corporación municipal del municipio de San Antonio de Flores, departamento de El Paraíso…”. 4. En fecha siete de abril de dos mil veintidós, la impetrante, abogada DORIS IMELDA MADRID ZERÓN, compareció ante la Sala de lo Constitucional, reclamando amparo a favor del señor ALEX FERNANDO GARCÍA CASCO y afirmando que la resolución de fecha treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno dictada por el Tribunal de Justicia Electoral, violenta derechos constitucionales de su representado, como ya queda dicho. 5. En fecha veintisiete de julio de dos mil veintidós, la Sala de lo Constitucional declaró caducado de derecho e irrevocablemente perdido el término dejado de utilizar por la abogada DORIS IMELDA MADRID ZERÓN para formalizar su recurso de amparo, pero apreciándose que se desarrolló puntualmente el concepto de la violación, se ordenó la continuación del trámite de la garantía de mérito. 6. En fecha veinte de septiembre de dos mil veintidós, este alto tribunal de justicia tuvo por recibido el dictamen emitido por la representante del Ministerio Público, la que fue de la opinión porque se otorgue la presente acción de amparo por existir violación a los artículos constitucionales señalados por la amparista. 7. El dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, la honorable Sala de lo Constitucional celebró audiencia de votación y fallo; y, en virtud de que la decisión tomada no alcanzó la unanimidad de votos, se remitió el asunto al pleno de la honorable Corte Suprema de Justicia para su conocimiento y debido juzgamiento. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 1. Sobre la garantía constitucional de amparo. De conformidad con el artículo 183 reformado de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. 2. Sobre la obligación del Estado de proveer protección judicial mediante un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales contenidos en la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por Honduras. La garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de respetar, proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención americana sobre derechos humanos o CADH, en relación con el artículo 25 de la misma convención, entre otros instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por Honduras. 3. Resumen sobre los alegatos de la garantista. La impetrante al interponer la presente garantía constitucional de amparo denuncia que la corte de apelaciones ha conculcado en su perjuicio de su poderdante, los artículos 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República. Para la recurrente, básicamente la sentencia del Tribunal de Justicia Electoral fue más allá de lo pedido por la parte apelante, por cuanto ésta solicitó un recuento de votos nulos; sin embargo, el tribunal denunciado dispuso de manera oficiosa e ilegal, efectuar un recuento general de votos. Señala la impetrante que, los Magistrados del Tribunal de Justicia Electoral no han sido facultados por la ley para llevar a cabo el denominado recuento jurisdiccional y tampoco para regularlo. La accionante continúa refiriendo, que su representado Alex Fernando García Castro: “… ha sido electo como alcalde municipal de San Antonio de Flores, El Paraíso, de conformidad a la ley y está hoy en el ejercicio legítimo de su cargo y mediante espurio, abusivo y excesivo recuento jurisdiccional efectuado por la magistrada Barahona Rodríguez del TJE y la aviesa sentencia emitida por ese ente electoral el 31 de marzo de 2022 y recaída en el expediente 0801-2021-00103 se amenaza su derecho a ser electo (art.37 numeral 1 de la C.R.) y, desde luego, amenaza también el derecho a elegir a sus conciudadanos que lo han electo a tal cargo, porque el tribunal recurrido, ha efectuado más de lo pedido, así como lo que no se le pidió, admitiendo una apelación sobre hechos que no se pidieron en primera instancia y ejecutando actuaciones no pedidas por la apelante en su apelación…”. 4. Resumen del objeto impugnado mediante la presente garantía de amparo. El acto reclamado por la amparista es la sentencia de fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, emitida por el honorable Tribunal de Justicia Electoral. El reproche que se hace a la sentencia señalada, es que conculca los derechos a elegir y ser electo, optar a cargos públicos, y al ejercicio del voto, asimismo a la presunción de inocencia, defensa y debido proceso legal. Mediante dicha sentencia el Tribunal de Justicia Electoral decidió declarar ha lugar el recurso de apelación que interpusiera la abogada Vilma Clementina Zúñiga D’Vicente, en su condición de apoderada legal del ciudadano Pedro Starling Cáceres Fúnez, en contra de la resolución dictada por el Consejo Nacional Electoral de fecha dos de diciembre de dos mil veintiuno, mediante la cual había declarado inadmisible la solicitud de recuento de votos nulos y revisión de oficio de las actas de cierre de la elección al cargo de alcalde municipal de San Antonio de Flores, departamento de El Paraíso. La decisión del Tribunal de Justicia Electoral, consistió, luego de haber verificado un recuento jurisdiccional, la orden de proceder a la sustitución de las actas de cierre de las juntas receptoras de votos, ordenándose por tanto un nuevo cómputo para hacer la declaratoria del nivel electivo en la corporación municipal de San Antonio de Flores, departamento de El Paraíso. La impetrante advierte que al momento de la apelación interpuesta ante el Tribunal de Justicia Electoral lo que se solicitó fue el “recuento jurisdiccional parcial” en las juntas receptoras de votos 08451, 08452, 08457, 08458, 08459, 08461, 08462 y 08463, con relación a la elección de la alcaldía del referido municipio. Pero, el órgano jurisdiccional electoral mediante resolución de fecha cuatro de enero de dos mil veintidós autorizó el recuento parcial. Contra dicho auto fue peticionada nulidad parcial, por la parte contraria, la que fue desestimada en auto de fecha ocho de enero de dos mil veintidós, dándose curso así, al recuento jurisdiccional ordenado por el Tribunal de Justicia Electoral. Una vez practicado el recuento jurisdiccional por orden del Tribunal de Justicia Electoral, se dictó sentencia en fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, estableciendo entre sus razonamientos lo siguiente: “…Como resultado final de las elecciones generales 2021 en el nivel electivo de corporación municipal del municipio de San Antonio de Flores en el departamento de El Paraíso, se debe proceder a dejar sin efecto los cómputos correspondientes a las JRV antes indicadas con variaciones en las actas de cierre que no coincidan con el recurso jurisdiccional practicado por este tribunal, debiendo el Consejo Nacional Electoral, hacer los cómputos correspondientes y actualizar la declaratoria de la integración de la Corporación Municipal de San Antonio de Flores del departamento de El paraíso en las elecciones generales 2021…”. El tribunal de alzada declaró que, además del resultado del recuento jurisdiccional, existen indicios racionales de error o abusos cometidos en las juntas receptoras de votos cuyo recuento fue solicitado, por lo que estimó procedente revocar la resolución impugnada que fuera emitida por el Consejo Nacional Electoral, ordenándose así la sustitución de las actas de las JRV por las obtenidas en virtud de la orden del Tribunal de Justicia Electoral como ya queda explicado previamente. 5. Resumen del dictamen emitido por el Ministerio Público. La fiscal Diana Elizabeth Rodríguez fue del parecer porque se otorgue la presente garantía de amparo, señalando que lo resuelto por el tribunal denunciado no es congruente con la petición origina hecha por el apelante en la instancia administrativa, y se basó en un recuento jurisdiccional improcedente, en el que se anularon votos invocando causales no establecidas en el artículo 274 de la ley electoral, resultando evidente el incumplimiento de la autoridad denunciada a las formalidades y requisitos establecidos en la ley, en cuanto al procedimiento seguido para la práctica del recuento jurisdiccional de votos que se originó con la resolución del Tribunal de Justicia Electoral, y posterior declaratoria electoral. Para la fiscal, todo lo anterior constituye una violación a las normas constitucionales y legales. 6. Examen practicado por la Corte Suprema de Justicia, a efecto de determinar la existencia de la violación señalada por la amparista. Como preámbulo necesario es imperioso afirmar que, para este alto tribunal, la justicia electoral debe sujetarse a los principios generales del derecho, y de esta manera, los órganos encargados de su aplicación tienen el deber ineludible de actuar con absoluta sumisión y respeto a las garantías y derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la legislación; todo ello, con el fin primordial de que las elecciones sean realmente participativas y democráticas, que además, sean libres, justas y auténticas, teniendo todos y todas, especialmente las autoridades, la obligación ineludible de que sean de verdad, y no sólo de manera formal, la expresión legitima del Soberano, que expresa su voluntad en las urnas; todo esto más allá de los meros formalismos y las prácticas procesales vacías y sin valor real alguno. En conclusión, el proceso y los procedimientos están al servicio de garantizar, de manera real y efectiva, que la voluntad expresada en las urnas prevalezca, y que la decisión final sea la del Soberano. De manera que el debido proceso legal debe ser precisamente, para garantizar que esa voluntad expresada en las urnas sea la declarada por las autoridades electorales; y no debe ser nunca para lo contrario, torcer la verdad de lo decidido por los ciudadanos en las urnas. Teniendo lo dicho en mente, se reconoce que, en cuanto a la efectividad de los recursos en el ámbito de la justicia electoral, esta alta corte coincide en que, como en todo proceso jurisdiccional debe observarse el debido proceso legal, derecho fundamental contenido en el artículo 90 constitucional, desarrollado y desplegado en parte en el artículo 8.1 de la CADH, el cual contiene las garantías mínimas establecidas para que sean aplicables al procedimiento respectivo. La Corte Suprema de Justicia afirma además, que la garantía de un recurso judicial efectivo es un pilar básico, no sólo de la CADH, sino también del propio estado de derecho en una sociedad democrática. En este sentido, debemos concordar también que para que los mecanismos de protección judicial sean realmente efectivos, se requiere que el órgano al que acude el reclamante llegue a una conclusión razonada y a una determinación sobre el fondo del asunto, además de prever entre sus efectos la reparación ante posibles afectaciones. Pasando ahora al examen particular del caso, este alto tribunal de justicia toma nota de que la presente garantía constitucional de amparo se sustentó por cita expresa de la impetrante, en la violación de los derechos a elegir y ser electo, optar a cargos públicos y al voto; asimismo a la defensa, presunción de inocencia y al debido proceso legal, contenidos según cita la compareciente, en los artículos 37 numerales 1 y 2, 40 numeral 4, 44, 45, 89 y 90 de la Constitución de la República. En el asunto que nos ocupa, se alega que el Tribunal de Justicia Electoral ha incurrido en violaciones constitucionales por haber autorizado un recuento jurisdiccional de manera oficiosa, es decir, sin que se le haya solicitado tal acción conforme a la ley, sumado a esto, se señala que dicho tribunal no tiene facultades legales para ordenar o realizar dicho recuento, por lo que la impetrante lo considera arbitrario, parcial e ilegal. Según la impetrante, lo anterior también impide el legítimo ejercicio de los derechos políticos que asisten al señor Alex Fernando García Casco, quien fuese en un principio, declarado electo al cargo de alcalde del municipio de San Antonio de Flores, departamento de El Paraíso, por el Consejo Nacional Electoral. Este alto tribunal de justicia, al examinar las disposiciones normativas que rigen el presente asunto, advierte que de conformidad con la Ley especial para la selección y el nombramiento de autoridades electorales, atribuciones, competencias y prohibiciones, publicada el 20 de agosto de 2019 en La Gaceta, Diario Oficial de la República No.35,027, el Tribunal de Justicia Electoral, si tiene la atribución de ordenar la realización del recuento jurisdiccional total o parcial en los términos y bajo las condiciones establecidas en la ley, teniendo además dicho órgano de justicia electoral, la atribución administrativa de aprobar reglamentos y manuales administrativos, los que, por su naturaleza, quedan sometidos al control jurisdiccional. Siendo así, no podría esta Corte Suprema de Justicia considerar que el Tribunal de Justicia Electoral se ha atribuido funciones que no le corresponden, por cuanto ha sido la propia ley la que le ha conferido la potestad de llevar a cabo un recuento total o parcial de votos cuando así corresponda, todo conforme a lo que establezca la normativa aplicable a la materia. En virtud de lo anterior, se estima inexacto el argumento externado por la impetrante en cuanto a que el tribunal denunciado dispuso efectuar un recuento general de votos sin estar facultado para ello. Esta Corte Suprema no considera que el recuento de ocho juntas receptoras de votos de una particular circunscripción municipal, pueda considerarse en sí mismo, como un recuento general de votos, y como se ha señalado ya, la ley le concede al Tribunal de Justicia Electoral, la potestad para llevar a cabo el precitado recuento jurisdiccional. Por otro lado, según dispone el artículo 40 del acuerdo jurisdiccional TJE 02-2021, aprobado por el Tribunal de Justicia Electoral, el recuento jurisdiccional deberá ser solicitado por escrito ante el TJE vía recurso, indicando específicamente si se solicita recuento jurisdiccional total o parcial, nivel electivo, partido, número de JRV, las razones y fundamentos jurídicos en que apoya su pretensión y la petición clara y concreta. Por lo que, si el recuento jurisdiccional únicamente puede ser solicitado por escrito y vía recurso, es totalmente comprensible y lógico que era absolutamente necesario solicitarlo en la única oportunidad que se presenta en el iter del proceso, es decir al momento de la apelación, tal como ocurrió en el caso de marras, por lo que, categóricamente se rechaza la tesis de mutación o cambio de pretensión, alegada por la amparista. De la revisión de los antecedentes consta que, en el escrito de apelación respectivo, presentado el veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, la apelante, abogada Zúñiga D´Vicente, solicitó expresamente al Tribunal de Justicia Electoral un recuento jurisdiccional parcial de las ocho juntas receptoras de votos antes relacionadas, exponiendo las razones en las que basaba su petición. Es importante que se entienda el porqué, la solicitud de dicho recuento jurisdiccional, se interpuso en dicho momento, este alto tribunal encuentra que la razón obedece como ya se expresó antes, a que no existe ningún otro momento para poder hacerlo, siendo por tanto oportuno el momento procesal y correcta la forma de proceder del apelante. Por lo que se declara que no es de recibo el reproche o motivo de amparo sustentado por la garantista dirigido a cuestionar la solicitud de recuento jurisdiccional presentada ante el Tribunal de Justicia Electoral por vía de apelación. La sección II del capítulo V del acuerdo en mención, regula todo lo relacionado con el procedimiento del recuento jurisdiccional, no observando esta Corte, alteración o arbitrariedad en el trámite evacuado en el caso objeto de examen, referente a la apelación y al recuento jurisdiccional parcial que fue peticionado en su momento, en virtud de lo cual se descarta de manera absoluta y contundente la violación de los derechos citados como vulnerados, es decir, a elegir y ser electo, optar a cargos públicos y al voto; asimismo a la defensa, presunción de inocencia y al debido proceso legal. En complemento a lo arriba expresado, y en relación con el resultado del recuento jurisdiccional, cabe manifestar que la Corte Suprema de Justicia rechaza de forma categórica el argumento del Consejo Nacional Electoral para no acceder al recuento de votos de ocho urnas. Según dicho consejo no había razones para dudar de los resultados declarados por las juntas receptoras de votos; sin embargo, tal como fue demostrado con el recuento jurisdiccional ordenado por el Tribunal de Justicia Electoral, lo hecho por dichas juntas si presentaron inconsistencias y errores, quedando demostrado que se había concedido de manera equivocada, el triunfo al candidato Alex Fernando García Casco, violentando con ello la voluntad popular expresada en las urnas. Entre ambos ejercicios de escrutinio de votos, (el practicado por las juntas y el jurisdiccional) merece más credibilidad este último, principalmente porque los motivos de impugnación incoados en su contra, no se basan fundamentalmente en su falta de credibilidad o fiabilidad, (salvo algunos aspectos que son de forma y no de contenido, los cuales al ser apreciados por la Corte se demostró que no son válidos), de tal suerte que inclusive la parte que resultó perdedora con dicho recuento jurisdiccional nunca puso en duda ni desmiente sus resultados, dirigiendo sus reproches, más en el sentido de: no reconocer la facultad del Tribunal de Justicia Electoral, de ser una decisión ultra petita y de haberse mutado la pretensión en la apelación, factores cuya improcedencia ya ha sido demostrada con los argumentos expresados por este alto tribunal de justicia. Continuando con los reproches expresados en el escrito de interposición del amparo, la amparista también cuestionó la legalidad de los acuerdos y reglamentos emitidos por el Tribunal de Justicia Electoral, descalificándolos por el hecho de haber sido autorizados por el propio tribunal, al que se señala de no tener facultades de legislar. Al respecto, es importante considerar que, como ya se dijo, la propia ley ha facultado al Tribunal de Justicia Electoral, invistiéndole el carácter de -máxima autoridad con rango constitucional en materia de justicia electoral- para aprobar reglamentos y manuales administrativos, los cuales, según considera esta Corte, pueden ser instrumentos necesarios para el correcto funcionamiento de este ente jurisdiccional y de la legitimidad y fiabilidad de los procesos eleccionarios, más aún ante el silencio del legislador en cuanto a la aprobación de la Ley procesal electoral prevista en el artículo 53 constitucional reformado. Los reglamentos pueden desarrollar, aclarar o complementar a la ley sin posibilidad de contradecirla, derogarla o modificarla. La Corte Suprema de Justicia si encuentra discutible que el Tribunal de Justicia Electoral parece no hacer mayor diferenciación entre acuerdos, reglamentos o manuales, los que tienen sin duda categorías y vinculaciones muy distintas, sin embargo, no se desprende de lo actuado, que se hayan ejercido acciones de control jurisdiccional sobre estos instrumentos, no siendo tampoco el objeto de la acción de amparo que se conoce, la cual está dirigida contra una sentencia que resuelve un recurso de apelación y sobre ella debe concretarse este fallo. Dicho esto, debemos concluir que, ciertamente, la potestad reglamentaria de un ente público con facultades propias, no podrá ser jamás absoluta, y estará siempre subordinada a la ley y sujeta al control jurisdiccional, así como también, en determinados casos y en lo referente a su aplicación, al control constitucional, pero los reglamentos que emanen de estas autoridades deben ser considerados como actos normativos con efectos jurídicos generales y de cumplimiento obligatorio, por cuanto debemos entender que un reglamento, por lo general, establece y define la forma en que se materializará el precepto legal contenido en la ley. Como ya lo ha reiterado esta Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala de lo Constitucional, el principio de legalidad conlleva, que todo acto ejecutado por un funcionario supone la existencia de una norma jurídica que confiere sus facultades, y en virtud de ello, es la legalidad la que controla y debe controlar los actos de los funcionarios. Es decir que, es la ley la que otorga potestades a la autoridad para llevar a cabo sus actuaciones y es la misma ley la que a su vez, las limita y controla. Dicho todo lo anterior, la Corte Suprema de Justicia encuentra infundados e inexactos los argumentos externados por la recurrente en la presente garantía constitucional de amparo, puesto que, el Tribunal de Justicia Electoral, como órgano encargado de aplicar la justicia electoral, ostenta por mandato expreso de la ley, la potestad de llevar a cabo el recuento jurisdiccional parcial que por vía de recurso le fue peticionado por la apelante Vilma Clementina Zúñiga D´Vicente, cumpliendo además para ello, la normativa reglamentaria vigente, llevando a cabo el procedimiento establecido con las regulaciones que al afecto han sido establecidas por dicho órgano jurisdiccional en el ejercicio de sus facultades legales, no advirtiéndose por parte de esta Corte ningún exceso o arbitrariedad en el trámite que fue instado ante dicho tribunal electoral. Se subraya y se enfatiza además, que el procedimiento del recuento jurisdiccional que censura la impetrante en el presente asunto, fue autorizado por el Tribunal de Justicia Electoral mediante resolución de fecha cuatro de enero de dos mil veintidós, contra el cual, si bien la parte apelada se opuso mediante incidente de nulidad de actuaciones, este fue desestimado posteriormente en resolución de fecha ocho de enero de ese mismo año, constando en autos que dicho acto de resolución nunca fue objeto de ulterior recurso, por lo que sus efectos fueron consentidos y por tanto le son vinculantes los resultados de dicho recuento jurisdiccional. Con relación al derecho al voto invocado por la amparista, este alto tribunal de justicia, observa que no existe dentro del desarrollo de la garantía de amparo ningún cargo o reproche que permita establecer que al señor Alex Fernando García Casco se le haya violentado dicho derecho, en virtud de lo cual no procede amparar por dicho motivo. Lo mismo aplica para el derecho a elegir, debido a que no existe ningún cargo o señalamiento que sustente que el señor Alex Fernando García Casco haya enfrentado problemas para elegir alguna autoridad. Esta Corte no se pronuncia sobre estos derechos con relación a la población del municipio de San Antonio de Flores, departamento de El Paraíso, en virtud de que la abogada Doris Imelda Madrid Zerón interpuso la presente garantía de amparo únicamente a favor del señor Alex Fernando García Casco, sumado a que nada expresó al respecto. Con relación a los derechos a ser electo y optar a cargos públicos, consta que el señor Alex Fernando García Casco participó en la contienda electoral sin ningún tropiezo u obstáculo de las autoridades electorales ni de ninguna otra índole, por lo que no corresponde amparar en razón de estos derechos fundamentales. El hecho de no haber sido elegido ni optar al cargo de alcalde fue debido a una decisión popular expresada en las urnas. Esta Corte Suprema de Justicia entiende que la justicia electoral comporta una serie de mecanismos y medios de defensa a través de los cuales se busca garantizar el cumplimiento de los principios de elecciones libres, justas y auténticas, así como la salvaguarda de los derechos político-electorales de todas las personas. La Corte además, asiente y reafirma lo que al respecto ha dicho la Organización de Estados Americanos en cuanto a que, en términos generales, la justicia electoral implica la posibilidad de que todos los actos, procedimientos o resoluciones relacionados con el proceso electoral puedan ser objeto de controversia, a efecto de asegurar su apego al marco constitucional y legal aplicable en cada país, y con el objeto de garantizar el ejercicio pleno de los derechos político-electorales, teniendo un mandato esencial en asegurar la autenticidad de los resultados electorales. En virtud de todo lo anteriormente relacionado, y luego de un extenso análisis de los antecedentes, actuaciones y preceptos normativos aplicables al caso objeto de examen, esta Corte Suprema de Justicia no advierte vulneración alguna a la garantía a un debido proceso legal, ni a los demás derechos invocados por la impetrante, por cuanto en la tramitación del procedimiento recursivo verificado ante el Tribunal de Justicia Electoral se respetaron las formalidades establecidas en la ley, y la decisión resultante está enmarcada dentro del ordenamiento jurídico vigente, al haber apreciado dicho tribunal lo establecido por la normativa vigente, y con base a los hechos acreditados mediante prueba, con lo cual se afirma que fueron respetadas las garantías constitucionales que se invocan como violadas. Se observa además, que la sentencia impugnada cumple con los requisitos de forma que exige la ley, y la autoridad de justicia electoral ha resuelto la cuestión planteada sin que medie arbitrariedad o desafuero, dando respuesta a las alegaciones de las partes en forma motivada y razonada, no apreciándose que con la resolución impugnada se violenten, lesionen o se atente contra los derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República, por lo que este alto tribunal de justicia es del firme criterio porque la acción de amparo que se conoce sea denegada, y así debe declararse. PARTE RESOLUTIVA O FALLO. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, actuando como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por MAYORÍA DE VOTOS en virtud de haber disentido los magistrados ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, WALTER RAÚL MIRANDA SABIO, LUIS ALONZO DISCUA CERRATO y MARVIN RIGOBERTO ESPINAL PINEL, quienes emitirán su voto particular en disidencia, procede a la aplicación de los artículos: 79, 82, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 reformado, 321 y 323, de la Constitución de la República; 8, 10 y 20 de la Declaración universal de los derechos humanos; 14.1 y 21 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos; XXI de la Declaración americana de los derechos y deberes del hombre; 8.1 y 23.1 de la Convención americana sobre derechos humanos; 1 y 78 No. 5 y 137 de la Ley de organización y atribuciones de los tribunales; 1, 2, 3 numeral 2, 7, 8, 9 numeral 3, 41, 45, 48, 63 último párrafo y 120 de la Ley sobre justicia constitucional; 6 numeral 15 reformado, 8 reformado, 15 reformado y 18 del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, para decidir así: FALLA: DENEGANDO la garantía de amparo interpuesta por la abogada DORIS IMELDA MADRID ZERÓN, a favor del señor ALEX FERNANDO GARCÍA CASCO, contra la sentencia de fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, dictada por el honorable Tribunal de Justicia Electoral, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del Consejo Nacional Electoral, con relación a una acción de recuento de votos nulos y revisión de oficio de las actas de cierre del nivel electivo a corporación municipal de San Antonio de Flores, departamento de El Paraíso, promovida por el señor PEDRO STARLING CÁCERES FÚNEZ como candidato a alcalde del referido municipio en representación del partido liberal de honduras contra las actas levantadas en las juntas receptoras números 08451, 08452, 08457, 08458, 08459, 08461, 08462 y 08463. Honduras. Y MANDA: Que una firme el presente fallo se devuelvan los antecedentes a la Sala de lo Constitucional para los efectos legales consiguientes. Redactó el magistrado integrante permanente José Ricardo Pineda Medina. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. REBECA LIZETTE RÁQUEL OBANDO, MAGISTRADA PRESIDENTA. MILTON DANILO JIMÉNEZ PUERTO, MAGISTRADO. MARIO ROLANDO DÍAZ FLORES, MAGISTRADO. ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, MAGISTRADA. ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, MAGISTRADA. RUBENIA ESPERANZA GALEANO BARRALAGA. MAGISTRADA. NELSON DANILO MAIRENA FRANCO, MAGISTRADO. ROY PINEDA CASTRO, MAGISTRADO. WALTER RAÚL MIRANDA SABIO, MAGISTRADO. LUIS ALONSO DISCUA CERRATO, MAGISTRADO INTEGRANTE PERMANENTE. MARTHA DELIA MERINO CONDE, MAGISTRADA INTEGRANTE PERMANENTE. JOSÉ RICARDO PINEDA MEDINA, MAGISTRADO INTEGRANTE PERMANENTE. MARVIN RIGOBERTO ESPINAL PINEL, MAGISTRADO INTEGRANTE PERMANENTE. ROXANA LICETH MORALES TORO, MAGISTRADA INTEGRANTE. AÍDA PATRICIA MARTÍNEZ LINARES, MAGISTRADA INTEGRANTE PERMANENTE. Firma y sello. IRIS BERNARDA CASTELLANOS ALVARADO, SECRETARIA GENERAL”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de diciembre de dos mil veintitrés, certificación de la Sentencia de fecha tres de noviembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Electoral, registrado en este Tribunal con el número SCO-0574-2022.CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.