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Sentencia AA-574-21 — Registro 17451

Resumen

Sentencia en consulta sobreseyó acción de amparo a favor de recurrente contra actuaciones de la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula, Cortés, a través de la Policía Municipal; en solicitud para que se modifique actividad de recurrente para que comprenda ventas de supermercado; Dicha Policía ejecutó el cierre de locales comerciales del recurrente aduciendo que se incumplió el estado de excepción en base al PCM 021-2020; La Autoridad recurrida basó su decisión porque durante la sustanciación del amparo la propia Autoridad Administrativa dejó insubsistente el acto reclamado y se levantó la clausura por lo que deja de tener razón de ser el amparo; En consecuencia, existe causal de inadmisiblidad del recurso de mérito

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"en la fundamentación de la sentencia que se revisa, el Tribunal decisor sostiene que hay cesación de los efectos del acto reclamado cuando se decreta una clausura y ésta se materializa, cuando el acto consiste en una sanción, pero se está promoviendo el juicio de amparo o se encuentra en trámite y dicha sanción se ha cumplido en todos sus términos, pero durante la sustanciación del amparo se levanta la clausura, el acto de surtir efecto, ya no causa lesión al quejoso, deja de tener razón de ser el amparo pues la misma autoridad dejo sin efectos el acto reclamado que originó el mismo. Los efectos de autoridad cesan cuando la propia autoridad revoca o anula su propio acto, se regresó las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, el amparo es improcedente por ser inexistente el acto que lesiona al quejoso. Lo previsto en el artículo 46 numeral 6 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, consistente en que han cesado los efectos del acto reclamado, siempre que dicha cesación se deba a que la propia autoridad ha dejado insubsistente, con motivo del incumplimiento dado a una resolución, promovida por el mismo quejoso, o que deriva de éste. Siendo que las cosas han vuelto a su estado, en el caso concreto, la Sociedad Mercantil Distribuidora Universal DIUNSA, está abierta al público, ejerciendo su fin de comercio en la actualidad. Por lo que procede sobreseer la acción de amparo, por constar en autos la causa de inadmisibilidad, al tenor de lo establecido en el artículo 46 numeral 6) y último párrafo de la Ley Sobre Justicia Constitucional..."..."esta Sala estima, al igual que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en la sentencia emitida en fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil (2021), y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, aprecia que es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, ello porque el recurrente en amparo, fundamentó sus alegaciones en el cierre arbitrario y abusivo de dos locales de la Sociedad Mercantil DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S. A. DE C. V. (DIUNSA), en San Pedro Sula, departamento de Cortes, relativos al incumplimiento del estado de excepción establecido en el PCM21-2020. Siendo que a la fecha DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S. A. DE C. V. (DIUNSA), se encuentra operando según el giro comercial autorizado, según los lineamientos de apertura del sector económico para que continúen con sus actividades y negocios, utilizando los protocolos de bioseguridad establecidos según el decreto Ejecutivo PCM105-2020.- Por lo cual han cesado los efectos del acto reclamado..."..."esta Sala de lo Constitucional aprecia que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, se encuentra dictada conforme a derecho, al haberse detectado dentro del procedimiento una causal de inadmisibilidad del recurso de amparo, en consecuencia las diligencias deben ser sobreseídas, como en efecto lo ha hecho la Corte de Apelaciones en la sentencia que se revisa, con fundamento en lo establecido en el numeral 6 del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que señala:..."..."esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de mayo del año dos mil veintiuno, que por Unanimidad de Votos, falla Sobreseyendo el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Rafael Eduardo Murillo Coto..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de marzo del año dos mil veintitrés. VISTO: En consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCION A NIVEL NACIONAL, de fecha veinticinco (25) de mayo de dos mil veintiuno (2021), que sobreseyó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado RAFAEL EDUARDO MURILLO COTO a favor de la Sociedad Mercantil Denominada DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V. (DIUNSA), contra actuaciones de la ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, con relación a una solicitud de constancia de licencia de operación en trámite para la actividad de ventas de producto de supermercado al por mayor y al detalle y cierre del arbitrario de local. Manifestando el recurrente que el acto recurrido ha vulnerado los derechos constitucionales contenidos en los artículos 70, 94 y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintitrés (23) de julio del dos mil veinte (2020), la Sala de lo Constitucional recibió vía correo electrónico del Juzgado de Letras de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo con Sede en San Pedro Sula, Departamento de Cortes, la excusa presentada por la Abogada MARIA ALICIA QUESADA BOGRAN, en su condición de Juez de Letras de dicho órgano judicial, quien se excusa de conocer el recurso de amparo interpuesto por el Abogado RAFAEL EDUARDO MURILLO COTO a favor de la Sociedad Mercantil denominada DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V. (DIUNSA), contra actuaciones realizadas por la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES. (Folios 01–07 de la pieza del Ad-Quem) 2) Que en fecha veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinte (2020), la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo recibe el Oficio No.SCO-263-2020 procedente de la Honorable Sala de lo Constitucional en la cual Resolvió: (SIC): “1º Aprobar la excusa planteada por la Abogada MARIA ALICIA QUESADA BOGRAN Jueza de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en San Pedro Sula, Departamento de Cortes; 2º Siendo que en aquella sede judicial solo existe un juez (quien se excusó) para conocer de los asuntos ahí ventilados, se ordena REMITIR A LA BREVEDAD DEL CASO LAS DILIGENCIAS A LA CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, quien deberá conocer del recurso de mérito a prevención, por ser el órgano jurisdiccional que, por razón de la materia, tiene jurisdicción en el lugar donde ocurrió la violación o la amenaza de los derechos o en donde haya producido o pudiere producir efectos.” (Folio 01 de la pieza del Ad-Quem) 3) Que en fecha veinticinco (25) de mayo del dos mil veintiuno (2021), luego de efectuado el trámite que determina a Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, Resolvió: (SIC) “PRIMERO: SOBRESEER la acción de amparo interpuesta por el Abogado RAFAEL EDURADO MURILLO COTO a favor de la Sociedad Mercantil Denominada DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V. (DIUNSA), ubicado tanto en la colonia El Pedregal, como carretera salida a la Lima de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, contra las actuaciones de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES; a través de su Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte, Departamento de Seguridad, Policía Municipal y cuyo representante Legal es el Ingeniero ARMANDO CALIDONIO ALVARADO, ocurridos el treinta (30) de junio del año dos mil veinte (2020). Cuando han cesado los efectos del acto reclamado conforme a las normas de la Ley Sobre Justicia Constitucional.” (Folios 149–156 de la Pieza del Ad-Quem). 4) Que en fecha cuatro (04) de junio del dos mil veintiuno (2021), este alto Tribunal, recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento a lo previsto en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que se conoce la Acción de Amparo Administrativo venida en consulta, decidida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, interpuesta por el Abogado RAFAEL EDUARDO MURILLO COTO, en su condición de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S. A. DE C. V. (DIUNSA), contra actuaciones de la ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, a través de la Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte, Departamento de Seguridad y Policía Municipal en fecha treinta (30) de junio del dos mil veinte (2020), con relación al cierre arbitrario de los locales comerciales de DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S. A. DE C. V. (DIUNSA), ubicados en San Pedro Sula, departamento de Cortes. CONSIDERANDO (2): Que el recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada, que el acto contra el cual se reclama, de fecha treinta (30) de junio del dos mil veinte (2020), ejecutado por la Policía Municipal, como órgano administrativo de la Municipalidad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, es violatoria de los derechos constitucionales de debido proceso y legalidad contenidos en los artículos 70, 94 y 321 de la Constitución de la República, argumentando que su representada de conformidad a lo establecido en el artículo 118 del Reglamento de la Ley de Municipalidades y el artículo 188 del Plan de Arbitrio vigente, realizo solicitud para modificación de actividad, que ahora comprende ventas de supermercado, por lo cual el diecisiete de junio del dos mil veinte, se le extiende una constancia de licencia de operación en trámite para la actividad de venta de productos de supermercado, la cual tenía vigencia de treinta días. A pesar de ello, el treinta de junio del año dos mil veinte, la policía municipal, órgano administrativo de la autoridad recurrida, arribo a ambos locales comerciales a cerrar el negocio de forma arbitraria y abusiva, aduciendo incumplimiento al estado de excepción en base al PCM 021-2020. Argumenta el amparista que con dicho acto se vulneran a su representada garantías constitucionales, como la libertad de acción, debido proceso y legalidad. CONSIDERANDO (3): Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley.- En el presente caso conociendo a prevención, por haberse excusado el Juzgado de Letras de lo contencioso administrativo, quien es competente para conocer la garantía de amparo por supuestas violaciones de los derechos fundamentales que fueran cometidos por las Corporaciones Municipales o alguno de sus miembros, inclusive los Jueces de Policía y Alcaldes Auxiliares, contemplada en el artículo 11 numeral 2 literal b) de la citada ley. CONSIDERANDO (4): Que como lo ha expresado esta sala de lo constitucional, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República; asimismo la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado en relación a que, la posibilidad de impugnar es un derecho prestacional que el Estado otorga en aras de garantizar el derecho de defensa, con el propósito de que un superior enmiende los errores del inferior. Pero se ha aclarado que ese derecho al recurso no es absoluto, sino que está condicionado a varias reglas de obligatorio cumplimiento, una de ellas es la observancia de los requisitos de admisibilidad de la acción. CONSIDERANDO (5): Que en la fundamentación de la sentencia que se revisa, el Tribunal decisor sostiene que hay cesación de los efectos del acto reclamado cuando se decreta una clausura y ésta se materializa, cuando el acto consiste en una sanción, pero se está promoviendo el juicio de amparo o se encuentra en trámite y dicha sanción se ha cumplido en todos sus términos, pero durante la sustanciación del amparo se levanta la clausura, el acto de surtir efecto, ya no causa lesión al quejoso, deja de tener razón de ser el amparo pues la misma autoridad dejo sin efectos el acto reclamado que originó el mismo. Los efectos de autoridad cesan cuando la propia autoridad revoca o anula su propio acto, se regresó las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, el amparo es improcedente por ser inexistente el acto que lesiona al quejoso. Lo previsto en el artículo 46 numeral 6 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, consistente en que han cesado los efectos del acto reclamado, siempre que dicha cesación se deba a que la propia autoridad ha dejado insubsistente, con motivo del incumplimiento dado a una resolución, promovida por el mismo quejoso, o que deriva de éste. Siendo que las cosas han vuelto a su estado, en el caso concreto, la Sociedad Mercantil Distribuidora Universal DIUNSA, está abierta al público, ejerciendo su fin de comercio en la actualidad. Por lo que procede sobreseer la acción de amparo, por constar en autos la causa de inadmisibilidad, al tenor de lo establecido en el artículo 46 numeral 6) y último párrafo de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (6): Que esta Sala estima, al igual que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en la sentencia emitida en fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil (2021), y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, aprecia que es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, ello porque el recurrente en amparo, fundamentó sus alegaciones en el cierre arbitrario y abusivo de dos locales de la Sociedad Mercantil DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S. A. DE C. V. (DIUNSA), en San Pedro Sula, departamento de Cortes, relativos al incumplimiento del estado de excepción establecido en el PCM21-2020. Siendo que a la fecha DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S. A. DE C. V. (DIUNSA), se encuentra operando según el giro comercial autorizado, según los lineamientos de apertura del sector económico para que continúen con sus actividades y negocios, utilizando los protocolos de bioseguridad establecidos según el decreto Ejecutivo PCM105-2020.- Por lo cual han cesado los efectos del acto reclamado. CONSIDERANDO (7): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, se encuentra dictada conforme a derecho, al haberse detectado dentro del procedimiento una causal de inadmisibilidad del recurso de amparo, en consecuencia las diligencias deben ser sobreseídas, como en efecto lo ha hecho la Corte de Apelaciones en la sentencia que se revisa, con fundamento en lo establecido en el numeral 6 del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que señala: “…Es inadmisible el recurso de amparo: 1)… 2)… 3)… 4)… 5)… 6) Cuando han cesado los efectos del acto reclamado;…” CONSIDERANDO (8): Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de mayo del año dos mil veintiuno, que por Unanimidad de Votos, falla Sobreseyendo el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Rafael Eduardo Murillo Coto. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 80, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 46.6, 48, 63, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil veintiuno (2021). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la magistrada DUBÓN VILLEDA.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de abril de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha dos de marzo de dos mil veintitrés, recaídas en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta bajo el número SCO-574-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL