Sentencia AA-569-22 — Registro 16124
Resumen
Resolución DGF-486-2021 dictada por la Dirección General de Fiscalía denegó solicitud de cierre administrativo a favor de recurrente en la investigación por supuesta compra fraudulenta de mascarillas en perjuicio de la Administración Pública; En base al Informe de la Autoridad recurrida la Sala concluyó que dicho Ente Fiscal actuó conforme a la normativa procesal penal en virtud de no estar certificada la finalización de las invetigaciones iniciales por lo que dicho no está facultado a adoptar una de las decisiones establecidas en la referida normativa legal y en base a esa situación la Autoridad recurrida declaró Sin Lugar el recurso de apelación; en consecuencia, la acción de amparo carece de sustento
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"de la revisión del informe circunstanciado remitido a esta Sala por parte del Ministerio Púbico se advierte, que se dio respuesta debida a las solicitudes presentadas por los recurrentes ante la referida autoridad; constatándose que dicho ente Fiscal actuó de conformidad a lo dispuesto en el artículo 284 del Código Procesal Penal, al no estar facultado a adoptar una de las decisiones establecidas en el precitado artículo, hasta que se certifique la finalización de las investigaciones iniciales, situación que no concurre en el presente caso, situación por la que el Ministerio Público declaró Sin Lugar el recurso de apelación impetrado por la parte recurrente, por ende resulta evidente que la acción de amparo planteada, carece de sustento, al no existir argumentos de fondo o de forma para proceder a la enmienda del acto reclamado en amparo, al estar éste sustentado en jurisprudencia tanto administrativa, como de la Sala Constitucional..."..."este Tribunal aprecia que la resolución denunciada contiene los motivos que tuvo la autoridad denunciada para emitir su decisión, entre las cuales está la discrecionalidad que la ley le otorga en esos casos, de manera que se cumple con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante su tramitación el derecho de defensa..."..."esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República..."..."este alto Tribunal advierte, de las cuestiones planteadas por los recurrentes, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que la autoridad denunciada recurrida se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso..."..."es procedente declarar inadmisible el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., veintiocho de febrero de dos mil veintitrés.-VISTOS: los antecedentes en el presente recurso de amparo interpuesto por los Abogados MARLON WOLNEY BENNETT DIAZ y JUAN CARLOS SÁNCHEZ VILLALOBOS a favor de los señores JUAN JOSÉ LAGOS ROMERO y WALESKA MARLENE ZELAYA PORTILLO, contra la resolución DGF-486-2021 dictada por la DIRECCIÓN GENERAL DE FICALÍA DEL MINISTERIO PÚBLICO, de fecha quince (15) de noviembre de do mil veintiuno (2021) que resolvió denegar la solicitud de cierre administrativo solicitada, con relación a la investigación promovida por una supuesta compra fraudulenta de mascarillas en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.-CONSIDERANDO: Que del estudio del escrito de interposición del presente recurso se desprende que los recurrentes señalan como agravio la resolución con el número FGR-486-21, de fecha quince (15) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), la que dispone negar la solicitud del cierre administrativo solicitada por los recurrentes, con relación a las investigaciones que se han instruido por una supuesta compra fraudulenta de mascarillas en perjuicio de la Administración Pública, dicha decisión de no decretar el cierre de las investigaciones seguidas contra sus representados, vulnerándoles el derecho al debido proceso, contenido en el articulo 90 de la Constitución de la República, al interpretar erróneamente el contenido del artículo 284 del Código Procesal Penal.-CONSIDERANDO: Que este Tribunal, mediante providencia de fecha cuatro (04) de mayo de dos mil veintidós (2022), ordenó que previo a la admisión del recurso de mérito, que la autoridad recurrida, rindiera un informe circunstanciado del acto reclamado en amparo, así como también los recursos disponibles por la parte recurrente para obtener la subsanación de los actos reclamados en amparo, si hizo uso de ellos, y de haberlo hecho la fecha en que se notificó de lo resuelto en el mismo.- CONSIDERANDO: Que de la revisión del informe circunstanciado remitido a esta Sala por parte del Ministerio Púbico se advierte, que se dio respuesta debida a las solicitudes presentadas por los recurrentes ante la referida autoridad; constatándose que dicho ente Fiscal actuó de conformidad a lo dispuesto en el artículo 284 del Código Procesal Penal, al no estar facultado a adoptar una de las decisiones establecidas en el precitado artículo, hasta que se certifique la finalización de las investigaciones iniciales, situación que no concurre en el presente caso, situación por la que el Ministerio Público declaró Sin Lugar el recurso de apelación impetrado por la parte recurrente, por ende resulta evidente que la acción de amparo planteada, carece de sustento, al no existir argumentos de fondo o de forma para proceder a la enmienda del acto reclamado en amparo, al estar éste sustentado en jurisprudencia tanto administrativa, como de la Sala Constitucional.-CONSIDERANDO: Que este Tribunal aprecia que la resolución denunciada contiene los motivos que tuvo la autoridad denunciada para emitir su decisión, entre las cuales está la discrecionalidad que la ley le otorga en esos casos, de manera que se cumple con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante su tramitación el derecho de defensa.-CONSIDERANDO: Que esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es inadmisible el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad.-CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte, de las cuestiones planteadas por los recurrentes, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que la autoridad denunciada recurrida se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso.-CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente declarar inadmisible el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad.-POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 403 del Código Procesal Penal; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR INADMISIBLE el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por los Abogados MARLON WOLNEY BENNETT DIAZ y JUAN CARLOS SÁNCHEZ VILLALOBOS a favor de los señores JUAN JOSÉ LAGOS ROMERO y WALESKA MARLENE ZELAYA PORTILLO, contra la resolución DGF-486-2021 dictada por la DIRECCIÓN GENERAL DE FICALÍA DEL MINISTERIO PÚBLICO, de fecha quince (15) de noviembre de do mil veintiuno (2021), toda vez que la autoridad denunciada se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya; Y MANDA: una vez notificada y firme la presente resolución se archiven las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogada SONIA MARLINA DUBON VILLEDA .- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.- WAGNER VALLECILLO PAREDES .- FRANCISCA VILLELA ZAVALA.- ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintinueve (29) días del mes de marzo del año dos mil veintitrés (2023), Certificación de la Resolución de fecha veintiocho (28) de febrero del año dos mil veintitrés (2023) recaída en el Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0569-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL