Sentencia AA-568-23 — Registro 17249
Resumen
Acto recurrido contra la Resolución Administrativa N° DGF-058-2023, que deniega la solicitud de autorización para aplicar medida desjudicializadora, declarando Inadmisible el recurso de apelación presentado por el recurrente contra una denegatoria de autorización de aplicación de medida desjudicializadora emitida bajo el argumento de existencia de una acusación en años anteriores contra el imputado por estar extemporáneo.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." Que esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República..." ..." Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es inadmisible el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad..." ..." Que este alto Tribunal advierte, de las cuestiones planteadas por el recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede inadmitir el recurso de mérito, toda vez que la autoridad denunciada recurrida se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46.1 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de octubre de dos mil veintitrés. VISTO: Visto el recurso de amparo interpuesto por el Abogado LUIS FERNANDO MARADIAGA a favor del señor DARVIN OMAR MORALES FLORES, contra la resolución N° DGF-058-2023 dictada por el MINISTERIO PÚBLICO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALÍAS, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra una denegatoria de autorización de aplicación de medida desjudicializadora emitida por la COORDINADORA DE FISCALES DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, bajo el argumento de existencia de una acusación en años anteriores contra el imputado DARVIN OMAR MORALES FLORES. CONSIDERANDO: Que del estudio del escrito de interposición del presente recurso se desprende que el recurrente señala como agravio la resolución N° DGF-058-2023 dictada por el MINISTERIO PÚBLICO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALÍAS, mediante la cual declaró Inadmisible el recurso de apelación presentado por el recurrente por estar extemporáneo, violentando el debido proceso en perjuicio de su representado, al querer aplicar un procedimiento procesal penal, aún y cuando la ley aplicable al caso concreto deberían ser las normas establecidas en le Ley de Procedimiento Administrativo. CONSIDERANDO: Que el impetrante señala su inconformidad, ante el hecho de que la DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALÍAS, decidió no conocer el fondo de la solicitud del beneficio de la Suspensión Condicional de la Persecución Penal solicitada por la defensa; sin embargo decidió no hacerlo bajo el pretexto de la aplicación de una sentencia dictada por la Honorable Sala Constitucional de fecha once (11) de febrero de dos mil catorce (2014), según expediente 48-10, y que en ese entonces aún no se había publicado el Reglamento Especial de Organización y Funcionamiento de la referida Dirección, en el que la Sala de lo Constitucional ordenaba darle tramite a los recursos interpuestos en la supra referida Dirección, bajo las mismas reglas que resuelven los recursos en el Código Procesal Penal, sin tomar en cuenta que lo antes mencionado cambio con la publicación del Reglamento Especial de Organización y Funcionamiento de la Dirección General de Fiscalía, mismo que en su artículo 418 establece una supletoriedad legal y reglamentaria; así como también lo dispuesto en el articulo 93 del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, en relación a la supletoriedad de la Ley de Procedimiento Administrado. CONSIDERANDO: Que este Tribunal, mediante providencia de fecha diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitrés (2023), ordenó que previo a la admisión del recurso de mérito, que la autoridad recurrida, rindiera un informe circunstanciado del acto reclamado en amparo, así como también los recursos disponibles por la parte recurrente para obtener la subsanación del acto reclamado en amparo, si hizo uso de ellos, y de haberlo hecho la fecha en que se notificó de lo resuelto en el mismo. CONSIDERANDO: Que de la revisión del informe y oficios remitidos a esta Sala por parte de la autoridad recurrida se advierte que el Ministerio Púbico, declaró inadmisible la impugnación planteada por considerarla extemporánea, siendo que la normativa interna del Ministerio Público no regula la tramitación de los recursos, por lo que aplicó por analogía el articulo 356 del Código Procesal Penal, sin tomar en consideración el impetrante que el Estatuto de la Carrera del Ministerio Público se emitió exclusivamente para regular todo lo relativo a la relación de servicio entre el Ministerio Público y los Servidores Públicos que laboran en esa Institución, de ahí que la supletoriedad es aplicable únicamente en cuanto a las relaciones de servicio contempladas en el Reglamento Especial de Organización y Funcionamiento de la Dirección General de Fiscalía pero no en relación al desarrollo de la gestión fiscal en el ejercicio de la acción penal, por ende sigue existiendo el vacío legal señalado por la Corte Suprema de Justicia en el Recurso de Amparo Administrativo 48-10, en base a los referidos razonamientos no fue procedente atender los plazos establecidos por la Ley de Procedimiento Administrativo, pues dicha normativa no es aplicable a la sustanciación de los procesos que en el ejercicio de sus funciones constitucionales desarrolla el Ministerio Público al ejercitar la acción penal publica en sus diferentes etapas, por cuanto en el caso relacionado al encontrarse en la etapa intermedia del proceso penal, en cuya sustanciación las actuaciones del Ministerio Público a través de sus Agentes Fiscales no pueden considerarse actos administrativos al encontrarse enmarcados dentro del proceso penal regulado por Código Procesal Penal; siendo así, habiéndose notificado el impetrante de la resolución FRZC-263-2022 en fecha trece (13) de diciembre de dos mil veintidós (2022), interponiendo éste el recurso de apelación hasta en fecha diez (10) de enero de dos mil veintitrés (2023), habiendo transcurrido más de tres días hábiles después del acto de la notificación, recurso que fuera declarado Inadmisible, por la referida Dirección de Fiscalía, mediante resolución N° DGF-058-2023.CONSIDERANDO: Que los recursos deben ser sustanciados de conformidad a las reglas del debido proceso legal, de manera que el recurrente, al presentar los recursos o acciones correspondientes, fuero del término legal correspondiente, es evidente que consintió el acto que hoy reclama en amparo, obviando que sus pretensiones fueron resueltas, al haber hecho y tenido la oportunidad de presentar los recursos correspondientes, lo cual hizo, pero de manera extemporánea. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el artículo 356 del Código Procesal Penal “… La apelación se interpondrá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la respectiva notificación, cualquiera que sea la etapa del procedimiento, ante el Juez que dictó la resolución que se impugna, mediante escrito en el que se expresarán los correspondientes agravios…”. CONSIDERANDO: Que esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es inadmisible el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte, de las cuestiones planteadas por el recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede inadmitir el recurso de mérito, toda vez que la autoridad denunciada recurrida se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso .CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente declarar inadmisible el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que por otra parte, el recurrente, ha remitido a este Tribunal, manifestaciones contenidas en los correos electrónicos de fechas veinticuatro y veintisiete de agosto del presente año respectivamente, mismos que deben ser resueltos atendiendo el derecho de petición que le asiste. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 356 y 403 del Código Procesal Penal; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: 1)DECLARAR INADMISIBLE el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por el Abogado LUIS FERNANDO MARADIAGA a favor del señor DARVIN OMAR MORALES FLORES, contra la resolución N° DGF-058-2023 dictada por el MINISTERIO PÚBLICO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALÍAS, toda vez que la autoridad denunciada se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya; Y MANDA: una vez notificada y firme la presente resolución se archiven las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de febrero de dos mil veinticuatro, certificación de la resolución de fecha diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo registrado en este Tribunal con el número SCO-0568-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LASALA DE LO CONSTITUCIONAL