Sentencia AA-551-22 — Registro 15860
Resumen
relacionadas según recurrentes a la venta directa directa de bienes inmuebles registrados en el Instituto de la Propiedad a favor de éstos sin haber seguido el procedimiento, sin avalúo, sin notificación y sin ser oídos los afectados como manda la Constitución de la República
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(9) Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala aprecia, que la OFICINA ADMINSITRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI), emitió RESOLUCIÓN No. DE OABI-002-1-2022, del mes de enero del 2022, en la que Resuelve autorizar la Unidad de Venta (UV) del bien inmueble bajo matricula No. 38621, 125964, 429534 Y 451805 propiedad del ciudadano ENRRI ENOG SALINAS, y el señor BASEM HASBUM NASSAR “compra” de manera directa el bien inmueble ubicado en Casados, Talanga, Francisco Morazán, y el señor JORGE ALBERTO HERRERA LOPEZ, “compra” de manera directa bienes inmuebles ubicados en Jocomico, Talanga, Francisco Morazán, con matrícula 713834, 199565, 199567, y 199568, propiedad de la señora BLANCA LIDIA ELVIR. Que la OABI expone como motivo para realizar la venta directa el hecho de ir depurando la alta carga de inmuebles bajo administración de esa Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) y de los cuales no es posible darles un adecuado seguimiento. Que las razones expuestas por la parte impugnada no son de recibo resultando dicha resolución arbitraria y en consecuencia, violenta los derechos de los recurrentes; Que los motivos que tiene dicha oficina para vender los bienes inmuebles de los impetrantes son insuficientes legalmente, incumpliendo además las funciones que como oficina administradora de bienes, le ha conferido la ley, dejando claramente establecido de acuerdo a su misma resolución, que no es capaz de poder administrar bienes recibidos por incautación, justificación fuera de la ley y que en consecuencia no puede imputársele a los recurrentes, condenándolos a la pérdida de sus bienes inmuebles sin que exista una resolución dictada por un órgano jurisdiccional competente en su contra. En ese orden de ideas es claro que se ha quebrantado el Debido Proceso, la OABI mediante la resolución impugnada ha dejado de observar los requisitos, exigencias de la ley, dejando en total indefensión a los impetrantes, quienes no fueron notificados y menos oídos, acerca de la resolución objeto del presente recurso, por otra parte, el Derecho a la Propiedad ha sido violentado al disponer de los bienes inmuebles de los recurrentes de manera arbitraria, inobservando la Constitución de la República que garantiza el respeto y ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos a toda persona, y reconocidos internacionalmente como derechos humanos. CONSIDERANDO: (10) Que el Derecho al Debido Proceso y Derecho de Defensa, las partes tienen derecho a que toda actuación de autoridad competente se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten todas las garantías constitucionales y ordinarias que les asisten, en condiciones de igualdad y sin dilaciones indebidas, y a que se dicte una resolución de fondo justa y motivada por órgano jurisdiccional independiente e imparcial. CONSIDERANDO: (11) Que la Constitución de la República en su artículo 1. proclama el valor justicia, para lo cual existen los instrumentos adecuados que garantizan mínimamente el imperativo de la justicia, tanto en la legislación nacional como la internacional de protección de los derechos humanos referente a las condiciones de igualdad, justicia, imparcialidad en consecuencia el respeto a las garantías judiciales proclamadas en el artículo 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, tratado y/o convenciones que forman parte del ordenamiento jurídico interno de acuerdo a lo previsto en el artículo 16. 2 de la Constitución de la República, todo ello garantiza una tutela judicial efectiva, garantiza la justicia a las partes en un proceso, como titulares de este derecho. En consecuencia, se evidencia la vulneración de los derechos invocados por los recurrentes. Al inobservar las formalidades de la ley ante un acto administrativo dictado por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), por lo que deben restituirse las cosas a su estado anterior y restablecerse sus derechos. CONSIDERANDO (12): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico"
Legislación citada
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 17 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 103 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 106 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de enero de dos mil veintitrés. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Iván Adán Martínez Ordoñez, a favor de los señores Enrri Enog Salinas, Blanca Lidia Elvir, Carlos Andrés Canales Medina, Henry Nahún Salinas Elvir y Maryori Waldina Salinas Elvir, contra actuaciones de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), relacionadas según el recurrente a la venta directa de los bienes inmuebles con matrículas (Sic) “358621, 125964, 429534, 451805,713834, 199565, 199567 y 199568”, registradas en el Instituto de la Propiedad a favor de los señores Enrri Enog Salinas, Blanca Lidia Elvir, Carlos Andrés Canales Medina, Henry Nahún Salinas Elvir y Maryori Waldina Salinas Elvir. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de sus representados, los derechos consagrados en los artículos 82, 89, 90 y 94 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha uno de abril de dos mil veintidós, compareció ante este Tribunal, el Abogado Iván Adán Martínez Ordoñez, a favor de los señores Enrri Enog Salinas, Blanca Lidia Elvir, Carlos Andrés Canales Medina, Henry Nahún Salinas Elvir y Maryori Waldina Salinas Elvir, contra actuaciones de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), relacionadas según el recurrente a la venta directa de los bienes inmuebles con matrículas (Sic) “358621, 125964, 429534, 451805, 713834, 199565, 199567 y 199568”, registradas en el Instituto de la Propiedad a favor de los señores Enrri Enog Salinas, Blanca Lidia Elvir, Carlos Andrés Canales Medina, Henry Nahún Salinas Elvir y Maryori Waldina Salinas Elvir. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de sus representados, los derechos consagrados en los artículos 82, 89, 90 y 94 de la Constitución de la República. (Folios 1-8 del amparo de mérito) 2) Que en fecha veintitrés de mayo de dos mil veintidós, este alto Tribunal, admitió el recurso de amparo interpuesto por el Abogado Iván Adán Martínez Ordoñez, declarando con lugar de manera provisional la solicitud de suspensión del acto reclamado. (Folio 19 del recurso) 3) Ésta sala tuvo por recibidos los antecedentes solicitados a la autoridad recurrida, que contienen la resolución N° DE-OABI-002-1-2022 de fecha (Sic) cinco de enero de dos mil veintidós, emitida por Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), desprendiéndose de su parte resolutiva lo siguiente: “…PRIMERO: AUTORIZAR a la UNIDAD DE VENTAS (UV) de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), proceder a ejecutar la VENTA del bien descrito en el considerando tres (3) de este mismo cuerpo legal, por el valor establecido en su correspondiente evalúo el cual forma parte integra del presente; en el sentido de ir depurando la alta carga de inmuebles bajo administración de esta Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) y de los cuales no es posible darles un adecuado seguimiento. Deberá darse estricto cumplimiento a lo emanado en el Artículo 23 del Reglamento de Administración de Bienes Incautados y Decomisados de la OABI en razón de la facultad otorgada por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad mediante Resolución No. 033/2016 para la aplicación del mismo, evitando de esta manera los costos desproporcionados de mantenimiento y/o el mal manejo que se le dé a dichos bienes, por lo que las atribuciones necesarias para proceder a enajenarlos, subastarlos (estos mediante eventos públicos) o VENDERLOS ANTICIPADAMENTE. SEGUNDO: La Presente resolución surtirá efectos de forma inmediata CUMPLASE.” (Folios 277-280 del antecedente) 4) Que en fecha veintitrés de mayo de dos mil veintidós, Remitidos y estudiados que fueron los antecedentes, concédase vista por el término de cuarenta y ocho horas (48) al recurrente para que formalice su petición por escrito. (Folio 19 del recurso de mérito) 5) En fecha veintidós de julio de dos mil veintidós, se tuvo por admitido el escrito presentado por el Abogado Iván Adán Martínez Ordoñez, teniéndose por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito, ordenándose dar vista de los antecedentes al fiscal por el término de cuarenta y ocho horas (48) para que emitiera el dictamen correspondiente. (Folio 30 del recurso de mérito) 6) Esta Sala, en fecha diez de octubre dos mil veintidós, visto lo expuesto por la Fiscal Claudia Suyapa Mejía Mejía, se tiene por abstenida de emitir su dictamen, por las razones por ella expuestas. (Folio 43 del recurso de mérito) CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO: (2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto, no obliga al recurrente ni le es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO: (3) Que se conoce el Recurso de amparo, interpuesto por el Abogado IVAN ADAN MARTINEZ ORDOÑEZ a favor de los señores ENRRI ENOG SALINAS, BLANCA LIDIA ELVIR, CARLOS ANDRES CANALES MEDINA, HENRY NAHUN SALINAS ELVIR, Y MARYORY WALDINA SALINAS ELVIR, contra las actuaciones de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) relacionada, según el recurrente a la venta directa de los bienes registrados en el Instituto de la Propiedad a favor de los mencionados recurrentes. CONSIDERANDO: (4) Que el recurrente en la Formalización de la Acción de Amparo expone: “Que la infracción de derechos constitucionales deriva de haberse realizado UNA VENTA DIRECTA ILEGAL, sobre bienes inmuebles de sus representados, señalando que no fue posible realizar recurso ordinario para su subsanación ya que se realiza sin la intervención o participación de los interesados. Deja establecido que en fecha ocho (08) de marzo del dos mil diecisiete (2017), la Fiscalía del Ministerio Público presenta ante el Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, solicitud para que se decretara medida precautoria cautelar de aseguramiento de bienes, porque supuestamente sus representados no tenían causa o justificación económica o legal de su procedencia, señalando que dicho proceso no está relacionado a criminalidad organizada, ni delito alguno. Ordenándose dicha medida cautelar de aseguramiento de bienes entre los que se encuentran los inmuebles dados en VENTA DIRECTA cuya matrícula son: 358621, 125964, 429534 Y 451805, 713834, 199565, 199567 Y 199568, registradas en el Instituto de la Propiedad. Señala que sin haberse seguido el procedimiento señalado en la ley el señor BASEM HASBUM NASSAR compra de manera directa el bien inmueble ubicado en Casados, Talanga, Francisco Morazán, con matrícula No. 38621,125964, 429534 Y 451805 propiedad del señor ENRRI ENOG SALINAS y el señor JORGE ALBERTO HERRERA LOPEZ, “compra” de manera directa bienes inmuebles ubicados en Jocomico, Talanga, Francisco Morazán, con matrícula 713834, 199565, 199567, y 199568, propiedad de la señora BLANCA LIDIA ELVIR. Sigue manifestando que el proceso iniciado en el expediente número 134-2017, del Juzgado de Letras de Privación de Bienes de Origen Ilícito que contiene la acción de privación contra los bienes de sus representados, se encuentra en su etapa final, habiendo emitido un fallo donde se ordena la devolución de bienes inmuebles incluidos las matrículas dadas en venta directa.” CONSIDERANDO: (5) Que el amparista considera que se han quebrantado las siguientes garantías constitucionales: “La Ilegal Venta Directa de los bienes de sus representados violenta el Debido Proceso contenido en el artículo 90 constitucional; el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Señala que la garantía del debido proceso se extiende a todo acto emanado del Estado que pueda afectar derechos, de esta forma no se restringe ni a los procesos judiciales (pues incluye procedimientos administrativos de todo orden) ni a los procesos penales (la inserción de otras materias, como la laboral, civil, etc. Es total). Señala que el artículo 76 del Reglamento de Administración de Bienes Incautados y Decomisados de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), para la subasta o venta directa anticipada de bienes, receptará y aplicará los principios generales establecidos en la Ley de Contratación del Estado y sus reglamentos, luego el artículo 77 establece que el procedimiento público de ventas serán conforme lo establecido en el mencionado reglamento y en su párrafo segundo dispone: “…Podrá vender de manera directa bienes comercializados a instituciones públicas, organismos no gubernamentales, si fines de lucro, instituciones privadas de asistencia pública e instituciones privadas de investigación científica observando los requisitos y formalidades previstos en la ley y en sus reglamentos…” que no se enmarca en lo establecido en el caso de autos ya que la venta se realizó a personas particulares. El artículo 78 del mismo reglamento establece los procedimientos de venta, siendo cuatro procedimientos entre los que se incluye, la VENTA DIRECTA, pero en el desarrollo de su procedimiento no menciona como debe determinarse el procedimiento de venta directa, más allá de los casos mencionados en el párrafo anterior por lo que las misma debe realizarse conforme lo establece La Ley de Contratación del Estado”. CONSIDERANDO; (6) Que el impetrante considera que también se ha quebrantado la Presunción de Inocencia de sus representados contenida en el artículo 89 Constitucional que dispone: “ Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, relacionado con los artículo 1 y 2 del Código Procesal Penal e Instrumentos Internacionales como La Declaración Universal de los Derechos Humanos artículo 11.1; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos artículo 14.2; La Convención Americana sobre Derechos Humanos Artículo 8.2; que en principio significa el derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria y de la intervención en los mismos del procesado. Manifiesta el recurrente que en el caso de autos es importante establecer que existe SENTENCIA, que aún no está firme pero que ordena la devolución de los bienes a sus legítimos propietarios, pero al ordenar y realizar una venta sin los procedimientos de ley, no solo se violenta el debido proceso sino la presunción de inocencia, que no ha sido quebrantada con ninguna prueba, todo lo contrario ha sido ratificada con sentencia a favor de sus representados donde se ha declarado la devolución de los bienes”. CONSIDERANDO: (7) Que el recurrente manifiesta, “que la actuación de la OFICINA ADMINSITRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI) también quebranta el Derecho a la Propiedad contenido en el artículo 103 constitucional relacionado con el artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y derecho al justiprecio contenido en el artículo 106 constitucional relacionado con el artículo 21 numeral 2 de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Señala el artículo 94 constitucional del Derecho a ser Oído como violentado al momento de realizar la venta directa sobre los bienes inmuebles de sus representados, sin haber seguido el procedimiento, sin avalúos, sin notificación y sin ser oídos los afectados como manda la Constitución de la República. Este derecho constitucional establece como mandato que las autoridades no importa si son órganos jurisdiccionales o de cualquier naturaleza (se incluye los entes administrativos como la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), deben previo a tomar decisiones o medidas que afecten a particulares, escucharlos, entendiendo esto como la posibilidad de que los afectados puedan expresar lo pertinente a su favor en procura de sus intereses.” CONSIDERANDO: (8) Que la OFICNA ADMINSITRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI), emitió RESOLUCIÓN No. DE OABI-002-1-2022, del mes de enero del 2022, mediante la cual Resuelve autorizar a la Unidad de Venta (UV) de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), proceder a ejecutar la venta del bien descrito en el considerando (3)de este mismo cuerpo legal, por el valor establecido en el avalúo el cual forma parte íntegra del mismo, en el sentido de ir depurando la alta carga de inmuebles bajo administración de esta Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) y de los cuales no es posible darles un adecuado seguimiento. Deberá darse estricto cumplimiento a lo emanado en el artículo 23 del Reglamento de Administración de Bienes Incautados y Decomisados de la OABI en razón de la facultad otorgada por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad mediante Resolución No. 033/2016, para la aplicación del mismo, evitando de esta manera los costos desproporcionados de mantenimiento y/o el mal manejo que se le dé a dichos bienes, por lo que da las atribuciones necesarias para proceder a enajenarlos, subastarlos (esto mediante eventos públicos) O VENDERLOS ANTICIPADAMENTE. CONSIDERANDO (9) Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala aprecia, que la OFICINA ADMINSITRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI), emitió RESOLUCIÓN No. DE OABI-002-1-2022, del mes de enero del 2022, en la que Resuelve autorizar la Unidad de Venta (UV) del bien inmueble bajo matricula No. 38621, 125964, 429534 Y 451805 propiedad del ciudadano ENRRI ENOG SALINAS, y el señor BASEM HASBUM NASSAR “compra” de manera directa el bien inmueble ubicado en Casados, Talanga, Francisco Morazán, y el señor JORGE ALBERTO HERRERA LOPEZ, “compra” de manera directa bienes inmuebles ubicados en Jocomico, Talanga, Francisco Morazán, con matrícula 713834, 199565, 199567, y 199568, propiedad de la señora BLANCA LIDIA ELVIR. Que la OABI expone como motivo para realizar la venta directa el hecho de ir depurando la alta carga de inmuebles bajo administración de esa Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) y de los cuales no es posible darles un adecuado seguimiento. Que las razones expuestas por la parte impugnada no son de recibo resultando dicha resolución arbitraria y en consecuencia, violenta los derechos de los recurrentes; Que los motivos que tiene dicha oficina para vender los bienes inmuebles de los impetrantes son insuficientes legalmente, incumpliendo además las funciones que como oficina administradora de bienes, le ha conferido la ley, dejando claramente establecido de acuerdo a su misma resolución, que no es capaz de poder administrar bienes recibidos por incautación, justificación fuera de la ley y que en consecuencia no puede imputársele a los recurrentes, condenándolos a la pérdida de sus bienes inmuebles sin que exista una resolución dictada por un órgano jurisdiccional competente en su contra. En ese orden de ideas es claro que se ha quebrantado el Debido Proceso, la OABI mediante la resolución impugnada ha dejado de observar los requisitos, exigencias de la ley, dejando en total indefensión a los impetrantes, quienes no fueron notificados y menos oídos, acerca de la resolución objeto del presente recurso, por otra parte, el Derecho a la Propiedad ha sido violentado al disponer de los bienes inmuebles de los recurrentes de manera arbitraria, inobservando la Constitución de la República que garantiza el respeto y ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos a toda persona, y reconocidos internacionalmente como derechos humanos. CONSIDERANDO: (10) Que el Derecho al Debido Proceso y Derecho de Defensa, las partes tienen derecho a que toda actuación de autoridad competente se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten todas las garantías constitucionales y ordinarias que les asisten, en condiciones de igualdad y sin dilaciones indebidas, y a que se dicte una resolución de fondo justa y motivada por órgano jurisdiccional independiente e imparcial. CONSIDERANDO: (11) Que la Constitución de la República en su artículo 1. proclama el valor justicia, para lo cual existen los instrumentos adecuados que garantizan mínimamente el imperativo de la justicia, tanto en la legislación nacional como la internacional de protección de los derechos humanos referente a las condiciones de igualdad, justicia, imparcialidad en consecuencia el respeto a las garantías judiciales proclamadas en el artículo 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, tratado y/o convenciones que forman parte del ordenamiento jurídico interno de acuerdo a lo previsto en el artículo 16. 2 de la Constitución de la República, todo ello garantiza una tutela judicial efectiva, garantiza la justicia a las partes en un proceso, como titulares de este derecho. En consecuencia, se evidencia la vulneración de los derechos invocados por los recurrentes. Al inobservar las formalidades de la ley ante un acto administrativo dictado por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), por lo que deben restituirse las cosas a su estado anterior y restablecerse sus derechos. CONSIDERANDO (12): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62, 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: OTORGANDO el Recurso de Amparo, interpuesto por el Abogado IVAN ADAN MARTINEZ ORDOÑEZ, a favor de los señores ENRRI ENOG SALINAS, BLANCA LIDIA ELVIR, CARLOS ANDRES CANALES MEDINA, HENRY NAHUN SALINAS ELVIR, Y MARYORY WALDINA SALINAS ELVIR, contra las actuaciones de la OFICINA ADMINSITRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI) relacionada con la Venta Directa de los Bienes Inmuebles con matriculas 358621, 125964, 429534, 451805, 713834, 199565, 199567 Y 199568, registradas en el Instituto de la Propiedad a favor de los recurrentes. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, debiendo restablecerse los derechos de los recurrentes tal y como se explicó en los acápites que anteceden. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. - NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos de febrero de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha trece de enero de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-551-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL