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Sentencia AA-550-22 — Registro 18476

Resumen

Se interpuso recurso de Amparo interpuesto contra la sentencia que resolvió el recurso de apelación interpuesto con relación a la “demanda contencioso administrativa en materia ordinaria consistente en la nulidad de la resolución número 810/13-10-2016 contra el Estado de Honduras.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (11): Que esta Sala concuerda con las consideraciones externadas por el Tribunal de Alzada en la sentencia objeto de este recurso y objeto de este examen, en tanto que efectivamente, no se advierte vulneración a los derechos y garantías constitucionales invocadas por la impetrante, ya que el Ad quo ha actuado dentro de las esferas de sus atribuciones.- CONSIDERANDO (12): Que en virtud de lo anterior y analizados que han sido los antecedentes y la sentencia objeto de este recurso, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma, comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, quedando evidenciado para esta Sala que la Alzada al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio de forma oportuna de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional. Aplicándolas debidamente al caso que ha sido sometido a su conocimiento y resolución refrendando la vigencia de los derechos fundamentales determinados en la Constitución de la República, en consecuencia, se determina que el fallo que se recurre, no infringe las disposiciones legales invocadas por la recurrente, volviéndose improcedente el recurso de Amparo.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: del fallo y resolución que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de junio del año dos mil veintitrés. - VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Fabiola Alejandra Turcios, a favor de la señora Ingrid Isabel Padilla Reyes, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, en fecha diecinueve de enero de dos mil veintidós, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, en fecha once de marzo de dos mil veintiuno, con relación a la “DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA EN MATERIA ORDINARIA CONSISTENTE EN LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN NUMERO 810/13-10-2016 DE FECHA TRECE (13) DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISEIS (2016) DICTADA POR ETHEL DERAS ENAMORADO…” interpuesto por la Abogada Fabiola Alejandra Turcios Padilla, en su condición de Apoderada Legal de la señora Ingrid Isabel Padilla Reyes, contra el Estado de Honduras por actuaciones de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), a través del señor Abraham Alvarenga Urbina, en su condición de Procurador General de la República. Estimando la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha ocho de enero de dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, la Abogada Fabiola Alejandra Turcios, en su condición de Apoderada Legal de la señora Ingrid Isabel Padilla Reyes, interponiendo “DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA EN MATERIA ORDINARIA CONSISTENTE EN LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN NUMERO 810/13-10-2016 DE FECHA TRECE (13) DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISEIS (2016) DICTADA POR ETHEL DERAS ENAMORADO…”, contra el Estado de Honduras por actuaciones de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), a través del señor Abraham Alvarenga Urbina, en su condición de Procurador General de la República. (Folios 1-13 de la pieza principal) 2) En fecha once de marzo de dos mil veintiuno, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, dictó resolución mediante la cual dispuso: “…PRIMERO: Declarar PROCEDENTE la Acción promovida por la ciudadana INGRID ISABEL PADILLA REYES, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, identificado como la RESOLUCIÓN No. 810/13-10-2016 de fecha 13 de octubre del 2016 y 895/23-10-2017. En consecuencia, se declara la nulidad de la resolución No. 810/13/10-2016 de fecha 13 de octubre del 2016 y 895/23-10-2017 de fecha 23 de octubre de 2017. SEGUNDO: Reconocer la situación jurídica individualizada, consistente en que además de la nulidad de las resoluciones citadas anteriormente, se deje sin valor y efecto las resoluciones impugnadas y se declare con lugar el reclamo interpuesto a favor de la señora INGRID ISABEL PADILLA REYES. TERCERO: Se exime del pago de costas a la parte Demandada vencida en juicio por tener motivos suficientes para litigar. Y MANDA: Que si dentro del término legal no se interpone Recurso alguno contra la presente Sentencia Definitiva, quede firme la misma, y para los efectos de su ejecución líbrese atenta comunicación con las inserciones del caso dentro del término de cinco días hábiles siguientes, a la COMISIÓN NACIONAL DE BANCA Y SEGUROS, para que ejecute el presente fallo de forma inmediata, emitiendo las resoluciones que procedan, y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el presente fallo, con apercibimiento que de no cumplirlas se procederá a aplicar las sanciones prescritas en el Capítulo Tercero “EJECUCIÓN DE SENTENCIA” de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo…”(Folios 150-155 de la pieza del A-quo) 3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto contra la resolución referida en el numeral que antecede, por parte de la Abogada Francis Mariela Herrera Prudoth, en su condición de Procuradora Judicial del Estado de Honduras, en fecha diecinueve de enero de dos mil veintidós, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, por unanimidad de votos dictó sentencia mediante la cual falló: “…NULIDAD DE LA SENTENCIA y todas las actuaciones posteriores a ella, misma que corre a folio 150 de la pieza principal…”(Folios 10-33 de la pieza del Ad-quem) 4) Que en fecha uno de abril de dos mil veintidós, compareció ante este Tribunal, la Abogada Fabiola Alejandra Turcios, interponiendo acción de amparo a favor de la señora Ingrid Isabel Padilla Reyes, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, relacionada en el numeral que antecede, por considerar que es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 1-8 de la pieza de Amparo) 5) En fecha diez de octubre de dos mil veintidós, esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma en el recurso de mérito, a la Abogada Fabiola Alejandra Turcios, dándole la vista de los antecedentes al Fiscal por el término de cuarenta y ocho horas para que emitiera el dictamen correspondiente. (Folio 37 de la pieza de amparo). 6) Que en fecha quince de febrero de dos mil veintitrés, esta Sala tuvo por abstenida de emitir su dictamen Fiscal, a la Abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, desprendiéndose de su apreciación jurídica de los hechos controvertidos, lo siguiente: “…esta Representación Fiscal aprecia, que la sentencia proferida por el Tribunal de Alzada ha externado su razonamiento motivado y fundamentado, en el cual cuestiona que la resolución emitida por el A-quo es incongruente, y que esta debe llevar aparejada la nulidad y todas las actuaciones posteriores a ella. Sobre el particular, el término congruencia es un requisito interno que la Ley exige a toda sentencia, las cuales deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el proceso. Para establecer el juicio sobre la congruencia de la resolución judicial resulta necesaria la confrontación entre su parte dispositiva y el objeto del proceso delimitado por sus elementos subjetivos -partes y objetivos-causa de pedir, la adecuación debe extenderse tanto al resultado que el litigante pretende obtener, como a los hechos que sustentan la pretensión y al fundamento jurídico que la nutre, sin que las resoluciones judiciales puedan modificar la causa de pedir. La incongruencia únicamente tendrá relevancia constitucional, cuando las resoluciones judiciales alteren de modo decisivo los términos en que se desarrolla la contienda, sustrayendo a las partes el verdadero debate contradictorio, con merma de sus posibilidades y afectando el derecho de defensa produciéndose un fallo no adecuado o no ajustado sustancialmente a las pretensiones de las partes. De ahí que el Ministerio Público, no comparta el fallo emitido por el Ad-quem, tomando en cuenta que no se observa que exista la incongruencia en la resolución emitida por el A-quo, al haber advertido éste que se prescindió del procedimiento señalado por la ley para la adopción de las resoluciones impugnadas tal como lo refiere en el numeral quinto de la sentencia de primera instancia, en ese sentido se advierte que las mismas no fueron emitidas conforme a derecho, tal como lo establece el artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo; asimismo respecto a la indemnización de daños y perjuicios que asevera la Alzada que no coincide con lo peticionado como reconocimiento de la situación jurídica individualizada, debemos señalar que el artículo 34 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo faculta al juzgador a pronunciarse sobre la indemnización de daños, al señalar: "La parte demandante legitimada conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de esta ley, puede pretender, además de los previsto en el artículo que antecede, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas necesarias para el pleno restablecimiento de las mismas, entre ellas la indemnización de los daños reales efectivamente causados, cuando procedan"; lo anterior en consonancia con el artículo 76 de la ley en comento, que establece: "En el escrito de conclusiones, el demandante puede solicitar que la sentencia formule pronunciamiento concreto sobre la existencia y cuantía de los daños reales efectivamente causados de cuyo resarcimiento se trate si constaren ya probados en autos", aspecto que se desprende del numeral octavo del escrito de conclusiones (Folio 122 al 128); por lo que se aprecia que el fallo emitido por el Ad-quem no se encuentra ajustado a Derecho, vulnerando las garantías Constitucionales invocadas por la Amparista. IV.-OPINIÓN: El Ministerio Público en vista de lo expuesto opina que SE OTORGUE la presente acción de Amparo, por existir las vulneraciones Constitucionales invocadas por el Amparista.” (Folios 40-45 de la pieza de amparo. CONSIDERANDO (01): Que el Estado reconoce la Garantía de Amparo, consecuentemente, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de esta, tiene derecho a interponer recurso de amparo: 1) Para que en se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2) Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga, al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (02): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución valida. CONSIDERANDO (03): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a las Leyes. CONSIDERANDO (04): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer del recurso de Amparo cuando se aleguen violaciones de los derechos fundamentales que fueran cometidos por a) …b) Las Cortes de Apelaciones. CONSIDERANDO (05): Que por disposición Constitucional el Derecho de Defensa es inviolable. La garantía referida y consignada en el artículo 82 de la Constitución de la República implica que toda persona natural o jurídica debe tener libre acceso a las acciones y recursos legales en la forma que establecen las leyes, con las formalidad, derechos y garantías que fija el debido proceso, a la sustanciación de la causa y a la determinación de sus derechos y obligaciones en cualquiera de los asuntos de su interés regulados por la ley, artículo que debe ser interpretado armónicamente con el artículo 90 referido al debido proceso. CONSIDERANDO (06): Que la garantía del debido Proceso implica la posibilidad efectiva de acudir ante el órgano jurisdiccional competente y preestablecido y el derecho de las partes a realizar ante el mismo todos los actos encaminados a la defensa de sus derechos en juicio, así como también la observancia por parte del Tribunal de todas las formas relativas a la tramitación de proceso; por lo que las formalidades que asistió el Debido Proceso no son más que las establecidas en la ley procesal para cada acto concreto del procedimiento. CONSIDERANDO (07): Que según lo ha indicado la recurrente, se denuncia como acto reclamando el hecho de que en fecha 11 de marzo del año dos mil veintiuno (2021) el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, emitió sentencia declarando con lugar la demanda interpuesta por la señora Ingrid Isabel Padilla Reyes para que decretara la nulidad de la resolución número 810/13-10-2016 de fecha 13 de octubre del año dos mil dieciséis dictada por Ethel Deras Enamorado, José Adonis Lavaire Fuentes y Rigoberto Osorto, en su condición de Comisionados de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS, sentencia que fue objeto del recurso de apelación, decretando la Corte de Apelaciones Nulidad de la sentencia impugnada, razón por la que se interpone este recurso por considerar que se ha vulnerado principios constitucionales de legalidad y debido proceso con las resolución emitida. CONSIDERANDO (08): Que en la sentencia que resolvió el recurso de Apelación referido, la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO CON JURISDICCION A NIVEL NACIONAL, fue del parecer de que se declarara LA NULIDAD DE LA SENTENCIA y todas las actuaciones posteriores a ella. En su motivación la Corte de Apelaciones fue categórica en determinar que conforme a la legislación procesal penal, en cuanto a la exhaustividad que aqueja el recurrente, ante la apreciación y valoración de las pruebas, se estima que este requisito procesal también fue omitido, en virtud que dicho fallo establece falta de valoración de pruebas, como lo hace ver en el número Sexto del acápite Fundamentos de Derechos, sin relacionar a que pruebas se refiere y de esta forma las partes pueden tener la seguridad si los mismos, o su exclusión está motivada, por lo que cae en una sentencia que carece de congruencia, así las cosas, la apreciación de la falta de incongruencia y demás requisitos procesales internos de la sentencia, solo puede llevar aparejada, la nulidad de la sentencia y todas las actuaciones posteriores a ella. CONSIDERANDO (9), Que como bien lo ha hecho la Corte recurrida la finalidad del recurso de apelación es revisar los hechos dados como probados en la resolución recurrida, así como la enmienda en la interpretación y aplicación de las normas legales que rigen el proceso, que como revisores del acto administrativo, se debe resolver conforme a lo peticionado y acreditado mediante medios de prueba, para verificar la eficacia y validez de dichos actos administrativos, cuya impugnación deriva entre otros, de sentencias con requisitos procesales imperativos, de cumplimiento obligatorio, como ser la motivación exhaustiva y congruencia, de forma que con ellos se de una respuesta a las partes ajustada a lo debatido en el proceso, explicando el sentido de la resolución como un deber jurisdiccional que forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva y se evite caer en arbitrariedad. CONSIDERANDO (10) Que la sentencia del A quo y que conoció la Corte de Apelaciones establece que la misma carece de claridad y precisión, así mismo contiene una argumentación jurídica que no explica e interpreta la norma jurídica aplicable al caso concreto que se juzga, pues considera esta omite pronunciarse sobre el fondo que esta conociendo y que es la cuestión controvertida sometida a su conocimiento. CONSIDERANDO (11): Que esta Sala concuerda con las consideraciones externadas por el Tribunal de Alzada en la sentencia objeto de este recurso y objeto de este examen, en tanto que efectivamente, no se advierte vulneración a los derechos y garantías constitucionales invocadas por la impetrante, ya que el Ad quo ha actuado dentro de las esferas de sus atribuciones.- CONSIDERANDO (12): Que en virtud de lo anterior y analizados que han sido los antecedentes y la sentencia objeto de este recurso, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma, comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, quedando evidenciado para esta Sala que la Alzada al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio de forma oportuna de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional. Aplicándolas debidamente al caso que ha sido sometido a su conocimiento y resolución refrendando la vigencia de los derechos fundamentales determinados en la Constitución de la República, en consecuencia, se determina que el fallo que se recurre, no infringe las disposiciones legales invocadas por la recurrente, volviéndose improcedente el recurso de Amparo. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ª. Y 316 No. 1 de la Constitución de la República, 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 9 numeral 3 inciso b),41, 42, 44, 45, 47, 51, 52, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA DENEGANDO el RECURSO DE AMPARO interpuesto por la Abogada FABIOLA ALEJANDRA TURCIOS, en su condición de Apoderada Legal de la señora INGRID ISABEL PADILLA REYES, contra la resolución dictada en fecha diecinueve de enero del año dos mil veintidós, por parte de la Corte de Apelaciones de lo Contenciosos Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional. Y MANDA que con la certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. NOTIFIQUESE. – FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. - FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. - SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M.D.C., once días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro. VISTO: Visto el Recurso de Reposición interpuesto por la Abogada FABIOLA ALEJANDRA TURCIOS, de fecha veinticuatro (24) de julio del presente año (2023), en su condición de Apoderada Legal de la señora INGRID ISABEL PADILLA REYES, contra la sentencia de Amparo de fecha nueve de Junio del año dos mil veintitrés, dictada en el Recurso de Amparo presentada a favor de su representada, la señora INGRID ISABEL PADILLA REYES a efecto de solicitar LA RESTITUCION DE LOS DERECHOS Y GARANTIAS ESTABLECIDAS EN LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, LEYES Y LOS TRATADOS Y CONVENCIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DE PROTECCION AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y EL DEBIDO PROCESO, esta Sala, al efecto, hace las siguientes consideraciones: CONSIDERANDO: Que, con respecto a la reposición solicitada, esta Sala en forma clara y motivada se ha pronunciado sobre los alegatos expuestos por la recurrente en la acción de amparo intentada, alegatos éstos que son reiterados en el escrito de interposición del recurso de reposición que hoy se conoce, por ende, se estima que los razonamientos consignados en el fallo dictado se encuentran apegados a derecho y no encuentra que de los reiterados argumentos de la recurrente puedan establecerse razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. CONSIDERANDO: Que, en cuanto al alegato que se presenta con relación a que esta Sala de lo Constitucional, en el CONSIDERANDO 8 de la sentencia designó erróneamente la ley procesal relacionada en su razonamiento, consignando “Procesal Penal” en lugar de “Procesal Civil”, que era lo correcto, esta Sala encuentra que este argumento de la compareciente resulta admisible, sin embargo, la Sala aprecia que se trata de un error material evidente sin ninguna incidencia en el fallo, el cual, al configurarse como un defecto no esencial, resulta subsanable de conformidad con la ley, no teniendo consecuencias jurídicas en cuanto al fondo de la resolución dictada, pues no varía el sentido de lo fallado, al resultar patente que la legislación referida en la sentencia es la procesal civil y no la penal. CONSIDERANDO: Que siendo así, conforme con lo estipulado por el Artículo 6 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, los órganos jurisdiccionales en el ejercicio de la justicia constitucional no podrán variar ni modificar sus sentencias después de firmadas; pero sí aclarar algún concepto oscuro o corregir errores materiales de las mismas. La ley estipula que tales aclaraciones podrán hacerse de oficio o a instancia de parte, dentro del día hábil siguiente al de la notificación de la sentencia. CONSIDERANDO: Que esta Sala no advierte que del fallo de mérito surjan o se vean plasmados conceptos oscuros que exijan aclaración, no obstante, se aprecia un error material que amerita ser corregido por parte de esta Sala. CONSIDERANDO: Que, en consonancia con lo anterior, esta Sala reitera que no encuentra meritorio acceder a la reposición pretendida por la recurrente, apreciándose que tanto la decisión de esta Sala, como las consideraciones de fondo establecidas en su resolución se encuentran apegados a derecho, como queda dicho, no pudiendo establecerse razones de mérito para proceder a la reposición de la referida resolución, resultando pertinente corregir el error material que ha sido advertido. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 80, 184, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 6, 79, 82, 83, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por Abogada FABIOLA ALEJANDRA TURCIOS contra la sentencia de fecha nueve de Junio del año dos mil veintitrés, del cual se ha hecho mérito; SEGUNDO: CORREGIR DE OFICIO la sentencia de fecha nueve de junio de dos mil veintitrés, mediante la que se decide la denegatoria de la precitada, en específico el considerando octavo, el que en adelante deberá leerse así: “...CONSIDERANDO (08): Que en la sentencia que resolvió el recurso de Apelación referido, la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCIÓN A NIVEL NACIONAL, fue del parecer de que se declara LA NULIDAD DE LA SENTENCIA y todas las actuaciones posteriores a ella. En su motivación, la Corte de Apelaciones fue categórica en determinar que conforme a la legislación procesal Civil, en cuanto a la exhaustividad que aqueja el recurrente, ante la apreciación y valoración de las pruebas, se estima que este requisito procesal también fue omitido, en virtud que dicho fallo establece falta de valoración de pruebas, como lo hace ver en el número Sexto del acápite Fundamentos de Derechos, sin relacionar a que pruebas se refiere y de esta forma las partes pueden tener la seguridad si los mismos, o su exclusión está motivada, por lo que cae en una sentencia sin congruencia. Y por ello, es que la apreciación de la incongruencia y demás requisitos procesales internos de la sentencia, solo puede llevar aparejada, la nulidad de la sentencia y todas las actuaciones posteriores a ella…”; Y MANDA: Que una vez notificada la presente resolución se proceda al archivo de las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. - FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. - SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de julio de dos mil veinticuatro, certificación del fallo y resolución de fecha nueve de junio del dos mil veintitrés y once de febrero del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo registrado en este Tribunal con el número SCO-0550-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL