Sentencia AA-498-21 — Registro 17614
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra la resolución con relación al pliego de responsabilidad civil número 04-002-2015-DASIL-HONDUTEL-A. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO(8): Que los pronunciamientos de la Sala Constitucional se orientan exclusivamente a verificar la existencia de violación de garantías, derechos y principios constitucionales en relación al caso concreto y sometidos a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia en el acto administrativo recurrido, en tal sentido, por las razones y argumentos anteriormente relacionados y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional es procedente en esta fase del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al estimar este Alto Tribunal que el recurrente alega una violación de mera legalidad, que no es propia de la materia constitucional por carecer de fundamentó objetivo en la Constitución, es decir, por tener un fundamento legalista que no trasciende al ámbito constitucional; pues la circunstancia alegada como se aprecia del acto administrativo recurrido, ya fue resuelta por el Tribunal Superior de Cuentas en lo que respecta a la falta de legitimación de la licenciada Jonabelly Vanessa Alvarado Amador, su actuación se deriva del cargo administrativo que ostentaba como Directora de Auditorias Centralizadas y Descentralizadas del TSC, habilitada para el cuestionado acto, por tanto facultada para firmar la remisión del Informe de Auditoría y Pliego de Responsabilidad Civil notificado y que la excluye de toda responsabilidad en lo que respecta a la práctica de campo de las auditorias, actividad meramente técnica a cargo de una Comisión Auditora Asignada como ha quedado dilucidado en el acto recurrido, en tal sentido, el argumento invocado para la pretendida nulidad de actuaciones al referido pliego de responsabilidad civil carece de fuerza legal; por otro lado, las auditorias -como ya se dijo- son funciones meramente técnicas asignadas, cuya comisión es conformada por profesionales que reúnen los requisitos para el cargo y facultados para un fin especifico, los encargados son Peritos Mercantiles y Contadores Públicos, Licenciados en Contaduría y Administración de Empresas, cuyo resultado se traduce en un pliego de responsabilidad civil como es el caso; estima la Sala, que por todo lo anteriormente expuesto, el acto administrativo no quebranta en absoluto los derechos y garantías invocadas por el impetrante.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, Numeral 1 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA DE LO CONSTITUCIONAL. – Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de abril de dos mil veintitrés.-VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Darwin Lindolfo García, a favor de la señora Tesla Osorio Padilla, contra la resolución dictada por el Tribunal Superior de Cuentas, en fecha doce de febrero de dos mil veinte, con relación al pliego de responsabilidad civil número 04-002-2015-DASIL-HONDUTEL-A. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES:1) Que en fecha veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, compareció ante este Tribunal, el Abogado Darwin Lindolfo García, interponiendo acción de amparo a favor de la señora Tesla Osorio Padilla, contra la resolución dictada por el Tribunal Superior de Cuentas, en fecha doce de febrero de dos mil veinte, con relación al pliego de responsabilidad civil número 04-002-2015-DASIL-HONDUTEL-A. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 1-14 del amparo de mérito).-2) Que en fecha catorce de octubre de dos mil veintiuno, este alto Tribunal, admitió el recurso de amparo interpuesto por el Abogado Darwin Lindolfo García, a favor de la señora Tesla Osorio Padilla. (Folio 80 del recurso).-3) Ésta sala tuvo por recibidos los antecedentes solicitados a la autoridad recurrida, que contienen la providencia de fecha doce de febrero de dos mil veinte, emitida por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), desprendiéndose de su parte resolutiva lo siguiente: “…En conclusión y en virtud de lo antes expuesto en base al Dictamen N°34-2020-DL-TSC de la Dirección Legal, declárese NO HA LUGAR la Nulidad Absoluta de Actuaciones alegada por el Abogado DARWIN LINDOLFO GARCÍA en su condición de Apoderado Legal de la ciudadana TESLA OSORIO PADILLA. En consecuencia, abrase el presente expediente a pruebas por el término de diez (10) días hábiles, para la proposición y evacuación de los medios probatorios que el impugnante considere pertinentes y una vez evacuada la prueba ofrecida y cerrado el período referido, remítase el presente expediente a las Direcciones de Legal e Impugnaciones, a efecto que emitan los dictámenes correspondientes, procediendo a la devolución del presente expediente a la Secretaría General, para continuar con el trámite respectivo. Artículos 222 de la Constitución de la Republica; 82 y 84 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas; 101, 103, 109, 110, 111, 112, 116 y 120 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas Artículos 1586 y 1589 del Código Civil. - NOTIFIQUESE.” (Folios 785-786 del tomo III de los antecedentes).-4) Que en fecha quince de junio de dos mil veintidós, Remitidos y estudiados que fueron los antecedentes, concédase vista por el término de cuarenta y ocho horas (48) al recurrente para que formalice su petición por escrito. (Folio 83 del recurso de mérito).-5) En fecha veintidós de julio de dos mil veintidós, se tuvo por admitido el escrito presentado por el Abogado Darwin Lindolfo García, teniéndose por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito, ordenándose dar vista de los antecedentes al fiscal por el término de cuarenta y ocho horas (48) para que emitiera el dictamen correspondiente. (Folio 87 del recurso de mérito) .-6) Esta Sala, en fecha diecinueve de agosto dos mil veintidós, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, desprendiéndose de su apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: “…Que de la interposición de la acción de Amparo interpuesta se desprende que el Amparista acude a esta instancia aduciendo la violación a las garantías constitucionales contenidas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, por considerar que la Licenciada JONABELLY VANESSA ALVARADO AMADOR no está legitimada para validar actos administrativos, como ser ordenar, dirigir y firmar los informes y pliegos de responsabilidad, por no reunir los requisitos que requiere el cargo, en consecuencia, no pueden tomarse en cuenta su resolución y debe ser nula sus actuaciones, con relación al Pliego de Responsabilidad Civil N°04-002-2015-DASII-HONDUTEEL, por el periodo comprendido del 01 de enero del 2008 al 30 de junio del 2014. Del examen de las presentes diligencias, esta Representación Fiscal aprecia que el Amparista centró su reproche argumentando que la Licenciada JONABELLY VANESSA ALVARADO AMADOR no está legitimada para validar actos administrativos, en especial la firma de Pliego de Responsabilidad Civil N°04-002-2015-DASII-HONDUTEL,que se originó de una auditoría financiera y de cumplimiento legal que fue investigada y elaborada por auditores que llevaron a cabo la auditoria de campo, tal como consta en autos, el cual se encuentra debidamente firmado por la Comisión Auditora Asignada, que se encuentra conformada por profesionales facultados para realizar la auditoria especial, por lo que el argumento del recurrente no es válido para decretar la nulidad de actuaciones del referido pliego de responsabilidad; por lo que el accionar de firmar la remisión del informe de auditoría y pliego de responsabilidad civil que fue notificado a la señora TESLA OSORIO PADILLA, no constituye una vulneración de derechos constitucionales. IV. CONCLUSIÓN: Por lo anteriormente expuesto, el Ministerio Público es del parecer que se DENIEGUE la acción de amparo interpuesta por NO existir ultraje a los artículos constitucionales denunciados por el Amparista.” (Folios 90-93 del recurso).-CONSIDERANDO (1): Que es facultad de la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo conforme a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley sobre Justicia Constitucional vigente.-CONSIDERANDO (2): Que el Estado reconoce la acción de Amparo, en consecuencia, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponerla, a fin de que se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establece y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República de conformidad al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional en concordancia con el 183 de la Carta Magna, recurso de amparo que debe interponerse de conformidad con la ley.-CONSIERANDO (3): Que el acto recurrido en amparo ante esta Sala de lo Constitucional se refiere a la providencia emitida por el Tribunal Superior de Cuentas en fecha Doce (12) de Febrero del Dos mil veinte (2020) que declara No Ha Lugar el incidente de Nulidad Absoluta de Actuaciones alegada por el abogado Darwin Lindolfo García en su condición de Apoderado Legal de la ciudadana Tesla Osorio Padilla en relación a la impugnación contra el Pliego de Responsabilidad Civil No.04-002-2015-DASIL-HONDUTEL-A. -CONSIDERANDO (4): Que inconforme el peticionario con lo resuelto, pide reposición de la providencia en fecha 09 de febrero del 2021 en la que resuelve el Tribunal Superior de Cuentas, declárese sin lugar por improcedente dicho recurso, según lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas[1], señala que la providencia recurrida está debidamente motivada lo que impide al Tribunal Superior de Cuentas darle el trámite solicitado, y manda que se siga con el procedimiento de proponer y evacuar medios de prueba por el término de ley por parte del impugnante. -CONSIDERANDO (5): Que el impetrante motiva en la acción de amparo presentada, que si bien es cierto el auto que declara sin lugar por improcedente la reposición, en su parte final señala que las providencias de mero trámite no son susceptibles de recurso alguno, “salvo cuando alteren la naturaleza del procedimiento o cuando causen indefensión de modo manifiesto” según lo dispuesto en el artículo 90 de la precitada Ley, es precisamente esta actuación la que obliga al impetrante a alegar la violación al debido proceso y defensa, contenidos en los artículo 90 y 82 de la Constitución de la República, al no reconocer la prueba de ilegalidad del nombramiento sin requisitos de la licenciada Jonabelly Vanessa Alvarado Amador, lo que impide su legitimación en el cargo para validar actos administrativos, en consecuencia se censura la ilegalidad de actuación del TSC y los funcionarios que operaron el caso, cuyo reclamo según el impetrante se encuentra legalmente fundado. -CONSIDERNADO (6): Que, agotada la vía recursiva, acude en Garantía de Amparo ante esta Sala de lo constitucional. Los antecedentes del caso muestran, que el Ente Contralor del Estado una vez analizada y valorada la impugnación contra el pliego de responsabilidad civil antedicho, resuelve previamente la nulidad absoluta de actuaciones, mediante una decisión motivada y fundada en ley, tal como se verifica en las piezas estudiadas y sigue conociendo sobre la impugnación hasta emitir la respectiva resolución definitiva que pone fin a la vía administrativa.-CONSIDERANDO(7): Que para esa Sala, el alegato del impetrante se enmarca dentro de las causales de inadmisibilidad señaladas en el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, inciso “1)Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad”; entendida la mera legalidad, como aquellas cuestiones o situaciones que no son propias de la materia constitucional, y que ya han sido resueltos por los órganos jurisdiccionales o administrativos, y que solo cabe el conocimiento de los mismos a los órganos encargados de la justicia constitucional cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; cuando se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrario sensu, estas cuestiones corresponden en primicia ser calificadas por la justicia ordinaria y en el caso específico del acto recurrido, por el órgano administrativo en comento, acto sub examine que contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando el derecho de defensa y el debido proceso y las garantías procedimentales que le asisten al impugnante; estima la Sala, que el acto administrativo examinado, está provisto de toda la motivación lógico-jurídica de manera razonada y explica las causas que motivaron la decisión.-CONSIDERANDO(8): Que los pronunciamientos de la Sala Constitucional se orientan exclusivamente a verificar la existencia de violación de garantías, derechos y principios constitucionales en relación al caso concreto y sometidos a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia en el acto administrativo recurrido, en tal sentido, por las razones y argumentos anteriormente relacionados y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional es procedente en esta fase del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al estimar este Alto Tribunal que el recurrente alega una violación de mera legalidad, que no es propia de la materia constitucional por carecer de fundamentó objetivo en la Constitución, es decir, por tener un fundamento legalista que no trasciende al ámbito constitucional; pues la circunstancia alegada como se aprecia del acto administrativo recurrido, ya fue resuelta por el Tribunal Superior de Cuentas en lo que respecta a la falta de legitimación de la licenciada Jonabelly Vanessa Alvarado Amador, su actuación se deriva del cargo administrativo que ostentaba como Directora de Auditorias Centralizadas y Descentralizadas del TSC, habilitada para el cuestionado acto, por tanto facultada para firmar la remisión del Informe de Auditoría y Pliego de Responsabilidad Civil notificado y que la excluye de toda responsabilidad en lo que respecta a la práctica de campo de las auditorias, actividad meramente técnica a cargo de una Comisión Auditora Asignada como ha quedado dilucidado en el acto recurrido, en tal sentido, el argumento invocado para la pretendida nulidad de actuaciones al referido pliego de responsabilidad civil carece de fuerza legal; por otro lado, las auditorias -como ya se dijo- son funciones meramente técnicas asignadas, cuya comisión es conformada por profesionales que reúnen los requisitos para el cargo y facultados para un fin especifico, los encargados son Peritos Mercantiles y Contadores Públicos, Licenciados en Contaduría y Administración de Empresas, cuyo resultado se traduce en un pliego de responsabilidad civil como es el caso; estima la Sala, que por todo lo anteriormente expuesto, el acto administrativo no quebranta en absoluto los derechos y garantías invocadas por el impetrante. -POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional FALLA: Sobreseer el recurso de amparo interpuesto por el Abogado Darwin Lindolfo García, a favor de la señora Tesla Osorio Padilla, contra la resolución dictada por el Tribunal Superior de Cuentas, en fecha doce de febrero de dos mil veinte, con relación al pliego de responsabilidad civil número 04-002-2015-DASIL-HONDUTEL-A; en virtud que el órgano administrativo competente, ya se pronunció y resolvió sobre el motivo invocado en la presente acción de amparo. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. REDACTO MAGISTADO WARNER VALLECILLO PAREDES. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogada SONIA MARLINA DUBON VILLEDA .- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.- WAGNER VALLECILLO PAREDES.- FRANCISCA VILLELA ZAVALA.- ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintidós días del mes de junio del año dos mil veintitrés (2023), Certificación de la Sentencia de fecha veinte (20) de abril del año dos mil veintitrés (2023) recaída en el Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0498-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] ARTICULO 90. Reposición. Contra las resoluciones definitivas emitidas por el Tribunal cabrá el recurso de reposición, que deberá interponerse dentro del término de diez (10) días hábiles, siguientes a la fecha de la notificación. El recurso deberá resolverse dentro del término de veinte (20) días hábiles. Las providencias de mero trámite no son susceptibles de recurso alguno, salvo cuando alteren la naturaleza del procedimiento o causen indefensión de modo manifiesto.