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Sentencia AA-422-22 — Registro 17919

Resumen

Acto recurrido contra la resolución que declaró sin lugar un reclamo administrativo para impugnar el acuerdo No.052 dictado por la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia mediante el cual se canceló en el cargo al impetrante.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Que, por todo lo expresado, esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Consejo de la Carrera Judicial, objeto del recurso en estudio, no se ajusta a las disposiciones constitucionales y legales aplicables; por constatarse en el expediente examinado la vulneración a los derechos fundamentales del derecho de defensa y al debido proceso del amparista; mediante las falencias de argumentación lógico jurídicas que se han puesto de manifiesto, al no brindar la resolución adoptada cobertura total a los alegatos expuestos, en sustanciación de la impugnación administrativa; es decir, que no se realizó una atención y respuesta concreta a puntos que debió atender, tales como el argumento legal de que los términos de prescripción de la acción de despido estaban caducados administrativamente, al momento de dictarse la resolución por parte de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Por todo ello, y de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe otorgar el amparo demandado, a efectos de reenvío ante el Honorable Consejo de la Carrera Judicial, para que se dicte una resolución apegada a los principios constitucionales y convencionales relacionados en la presente sentencia..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El fallo que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de mayo del año dos mil veintitrés. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el señor Noel Antonio Escoto Rodriguez, a favor de Sí Mismo, contra la resolución dictada por el Consejo de la Carrera Judicial, en fecha nueve de diciembre de dos mil veintiuno, que declaró sin lugar un reclamo administrativo para impugnar el acuerdo No.052 dictado por la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia en fecha dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, mediante el cual se canceló al señor Noel Antonio Escoto Rodriguez, del cargo de miembro de seguridad y vigilancia del Departamento de Servicios Generales del Poder Judicial. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en su perjuicio, los derechos consagrados en los artículos 72, 304 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha ocho de marzo de dos mil veintidós, compareció ante este Tribunal, el señor Noel Antonio Escoto Rodríguez, presentando acción de amparo a favor de Sí Mismo, contra la resolución dictada por el Consejo de la Carrera Judicial, en fecha nueve de diciembre de dos mil veintiuno; la cual declaró sin lugar un reclamo administrativo para impugnar el Acuerdo No. 052 de fecha dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, dictado por la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual se canceló al señor Noel Antonio Escoto Rodriguez, del cargo de miembro de seguridad y vigilancia del Departamento de Servicios Generales del Poder Judicial, en violación al debido proceso y al derecho de defensa. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en su perjuicio, los derechos consagrados en los artículos 72, 304 y 321 de la Constitución de la República, contentivo del derecho de legalidad que rige en todas las decisiones emitidas por la autoridad pública en el Estado de Honduras. (Folios 1-8 de la pieza de amparo).2) Que en fecha dieciocho de abril dos mil veintidós, este alto Tribunal, admitió el recurso de amparo interpuesto por el señor Noel Antonio Escoto Rodriguez, a favor de Sí Mismo, asimismo, libró comunicación a la autoridad recurrida para que dentro del término de tres (3) días hábiles remitiera los antecedentes del caso. (Folio 24 del recurso).3) Esta Sala tuvo por recibidos los antecedentes solicitados a la autoridad recurrida, que contienen la resolución de fecha nueve de diciembre de dos mil veintiuno, emitida por el Consejo de la Carrera Judicial, desprendiéndose de su parte resolutiva lo siguiente: “…RESUELVE: PRIMERO DECLARAR SIN LUGAR el reclamo presentado por NOE ANTONIO ESCOTO RODRIGUEZ, representado por el abogado HERLON DAVID MENJIVAR NAVARRO.- SEGUNDO: CONFIRMAR la cancelación del cargo, sin responsabilidad institucional impuesta al señor NOE ANTONIO ESCOTO RODRIGUEZ, mediante acuerdo No.-52 dictado por la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de fecha 18 de marzo del 2021.-TERCERO: a la presente resolución definitiva de conformidad con el artículo 31 del Reglamento Interno del Consejo de la Carrera Judicial no le procede recurso alguno Y MANDA: 1) Que se notifique personalmente la presente resolución a las partes y de no ser posible se practique dicha notificación mediante fijación de la respectiva cédula en la Tabla de Avisos del Consejo.- 2) Que una vez firme esta resolución se libre atento oficio con la certificación de estilo a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, para los efectos legales correspondientes y se proceda al archivo de las presentes diligencias.-NOTIFIQUESE.” (Folios 68-74 del antecedente)4) Que en fecha treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, remitidos y estudiados que fueron los antecedentes, concédase vista por el término de cuarenta y ocho horas (48) al recurrente para que formalice su petición por escrito. (Folio 29 del recurso de mérito)5) En fecha diez de octubre de dos mil veintidós, se admitió el escrito presentado por el Abogado Herlon David Menjívar Navarro, teniéndose por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito, ordenándose dar vista de los antecedentes al Fiscal por el término de cuarenta y ocho (48) horas para que emitiera el dictamen correspondiente. (Folio 39 del recurso de mérito) 6) Esta Sala, en fecha veintiuno de noviembre de dos mil veintidós, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez, desprendiéndose de su apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: “…Que del escrito de formalización de la presente acción de amparo se desprende que la recurrente acude a esta instancia aduciendo que el Consejo de la Carrera Judicial al emitir la resolución definitiva de fecha nueve (09) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), vulnera los derechos contenidos en los artículos 82, 90 y 321 constitucionales, argumentando además la PRESCRIPCIÓN de la sanción disciplinaria impuesta (despido) por ser dictada fuera de los plazos establecidos en la Ley, concluyendo que los 60 días de los que habla el artículo 85 de la Ley de la Carrera Judicial finalizaron el 26 de marzo de 2019, y la resolución de cancelación se llevó a cabo hasta el 18 de marzo de 2021 mediante acuerdo de cancelación No. 052 de fecha 18 de marzo de 2021, respecto a lo cual no entraremos al fondo del asunto en razón de lo siguiente. De conformidad al artículo 31 último párrafo del Reglamento interno del Consejo de la Carrera Judicial, establece: Contra las resoluciones definitivas que emita el Consejo no cabrá recurso alguno, ordinario ni extraordinario. De lo anterior se colige, que en atención a la literalidad de esta norma, al haberse confirmado la destitución de su cargo y declararse por el Consejo de la Carrera Judicial, sin lugar el escrito de reclamo administrativo interpuesto, el recurrente tiene expeditas y a su disposición las acciones legales en la vía de lo contencioso administrativo, tal como lo describe el literal c) del Artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para formular su reclamo, pues de conformidad a la ley, esta jurisdicción es la encargada de conocer de todas las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de carácter particular o general, de la administración pública sujetos al derecho administrativo y también para conocer de la ejecución de las resoluciones que se adopten en aplicación de la Ley de la Carrera Judicial y que tengan por objeto reintegros o el pago de indemnizaciones. Lo anterior en relación con lo dispuesto en el artículo 188 del Código de Procedimientos Civiles, manda que las sentencias son firmes o ejecutorias, cuando no cabe contra ellas recurso alguno, ordinario ni extraordinario, ya por su naturaleza, ya por haber sido consentidas por las partes; no obstante, en el caso sub judice tiene expeditos los recursos en la Jurisdicción Contencioso Administrativo. IV. CONCLUSIÓN: Por lo anteriormente expuesto, el Ministerio Púbico, opina que SE SOBRESEAN la presente acción de amparo, en virtud de concurrir la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 46 numeral 8) de la Ley Sobre Justicia Constitucional.” (Folios 42-46 del recurso)CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce la garantía constitucional de amparo promovida por el señor NOEL ANTONIO ESCOTO RODRÍGUEZ, a favor de sí mismo, contra la resolución dictada por el CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL en fecha nueve de diciembre del año dos mil veintiuno, en el expediente con orden de ingreso número 021-CCJ-2021, que declaró sin lugar un reclamo administrativo para impugnar el acuerdo No.052 dictado por la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia en fecha dieciocho de marzo de dos mil veintiuno; mediante el cual se canceló al amparista, señor NOEL ANTONIO ESCOTO RODRÍGUEZ, del cargo de miembro de seguridad y vigilancia del Departamento de Servicios Generales del Poder Judicial. CONSIDERANDO (4): Que el señor NOEL ANTONIO ESCOTO RODRÍGUEZ, compareció en formalización del recurso expresando que existe una vulneración al principio constitucional del derecho de defensa, al debido proceso, y el principio de legalidad, en su perjuicio; en vista a que el Consejo de la Carrera Judicial, mediante la citada resolución, le violentó los derechos consagrados en los artículos 72, 304 y 321 de la Constitución de la República, al aplicarle de forma ilegal el precepto contenido en el artículo 64 letras b) y c) de la Ley de la Carrera Judicial, referidos a: 1. La producción de un auto de prisión en contra del empleado por crimen o simple delito, procediendo el despido si la sentencia no se produjere, dentro de los seis meses siguientes a la comisión de los hechos delictivos. 2. La concurrencia de inhabilidad o ineficiencia manifiesta en el desempeño del cargo; al corroborarse que, a la fecha de producirse la cancelación de su cargo, ya no tenía ningún proceso penal vigente; en vista haber finalizado el proceso penal contra él incoado, a través de la Carta de Libertad Definitiva extendida el dos noviembre de dos mil veintiuno, propuesta como medio de prueba. En directa relación a lo expresado, señala el amparista lo normativizado en el artículo 187 b) del Reglamento de la Ley de la Carrera Judicial, el cual transcribe, de donde se desprendería que el tratamiento y alcance que la ley da a esta causa de despido, se relaciona a la detención judicial decretada cuando se extienda más allá de seis meses; lo cual no ocurrió en el presente caso, al decretársele medidas cautelares distintas a la prisión preventiva y reincorporarse inmediatamente a sus labores dentro del poder judicial. CONSIDERANDO (5): Que, en un segundo motivo, fundamenta el amparista el de prescripción, la cual operaba al momento de producirse la cancelación de su cargo por la presidencia de la Corte Suprema de Justicia; con citación a lo estipulado en el artículo 83 de la Ley de Carrera Judicial. Destaca en este motivo de impugnación, que la resolución objeto del presente amparo, no fue objeto de una correcta motivación y fundamentación jurídica, según se desprende del considerando cuatro de tal Resolución, la cual se limita a rechazarla bajo la siguiente consideración: “… En cuanto a la prescripción alegada por el reclamante, la acción sancionadora no está prescrita, esto por el mandato expreso del artículo 64 literales b) de la Ley de la Carrera Judicial, relacionado con el artículo 187 literales b) de su Reglamento, ya que la cancelación del servidor surte efecto de pleno derecho sin responsabilidad para el poder judicial”. Por todo lo cual, se solicita dictar sentencia concediendo y otorgando el amparo interpuesto en contra del Consejo de la Carrera Judicial, al declarar sin lugar un reclamo administrativo interpuesto para impugnar el Acuerdo de Cancelación Número 52, dictado por la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia. CONSIDERANDO (6): Que, en el dictamen vertido por la Fiscal del Despacho, Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez, se manifiesta en su apreciación jurídica de los hechos controvertidos, que no procedería un pronunciamiento de fondo sobre la resolución dictada por el CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL en fecha nueve (9) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), mismo que declaró sin lugar un reclamo administrativo para impugnar el acuerdo No. 052 dictado por la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, en fecha de fecha dieciocho (18) de marzo de dos mil veintiuno (2021); mediante el cual se canceló al amparista, señor Noel Antonio Escoto Rodríguez, del cargo de miembro de seguridad y vigilancia del Departamento de Servicios Generales del Poder Judicial. Lo anterior, en razón a lo normado en el artículo 31, último párrafo, del Reglamento Interno del Consejo de la Carrera Judicial, el cual establece que contra las resoluciones definitivas que emita el Consejo, no cabrá recurso alguno, ordinario ni extraordinario; de lo cual colige el Dictamen, apertura expedita al reclamante de la vía Contencioso Administrativa, con relación a lo prescrito en el literal c) del artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, para formular su reclamo; siendo esta Jurisdicción la encargada de conocer de todas las pretensiones que se deduzcan, en relación con los actos de carácter particular o general, de la administración pública sujetos al derecho administrativo y también para conocer de las resoluciones que se adopten en aplicación de la Ley de la Carrera Judicial y que tengan por objeto reintegros o el pago de indemnizaciones. Por todo lo cual, fue opinión del Ministerio Público, que se sobresea la presente acción de amparo, en virtud de concurrir la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 46, numeral 8), de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (7): Que, observa detenidamente la Sala de lo Constitucional, los plausibles argumentos efectuados por la Fiscal del Despacho, Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez, esgrimiendo lo normado en el artículo 31, último párrafo, del Reglamento Interno del Consejo de la Carrera Judicial, el cual establece que contra las resoluciones definitivas que emita el Consejo, no cabrá recurso alguno, ordinario ni extraordinario; disposición también recogida, a texto expreso, en la parte dispositiva de la resolución administrativa bajo estudio constitucional. Sin embargo, la garantía de amparo, normativizada en los artículos 183 y 316.1 de la Constitución de la República, atribuye a la Sala de lo Constitucional el conocer de los recursos habeas corpus o exhibición personal, habeas data, amparo, inconstitucionalidad y revisión: “… de conformidad con esta Constitución y la ley”; lo cual no resiste contradicción alguna, por fuerza activa o pasiva, de fuentes normativas de rango inferior, tal como es el caso de la vía reglamentaria; lo que está implícito, además, en el principio de jerarquía normativa, que tiene máxima expresión en el principio de supremacía constitucional, el cual esta Sala de lo Constitucional deviene obligada a salvaguardar y mantener.[1] Por lo cual, resuelve esta Sala de lo Constitucional que sí procedería afirmativamente pronunciarse, en derecho congruente y de fondo, sobre la petición garantista que se ha promovido ante su conocimiento y competencia jurisdiccional.[2]CONSIDERANDO (8): Que, en tal virtud, se tiene por jurisprudencia pacífica de la Sala que las sentencias deben de ser claras, precisas y congruentes con las demandas y demás pretensiones deducidas oportunamente en los pleitos y fundadas, entre otros requisitos que informan el debido proceso legal; en considerandos en los que han de apreciarse los puntos de hecho que señalan las partes y consignarse las razones y fundamentos legales que se estimen procedentes o adecuados al fallo que deba de dictarse. Tal principio se estaría inobservando por la autoridad recurrida, al omitir pronunciarse sobre un aspecto o elemento esencial planteado por el impetrante, en ejercicio del derecho de petición y al debido proceso que le garantizan los artículos 80, 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (9): Que al estudiarse la foliada, y específicamente la resolución dictada por EL CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL, en fecha NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, que declaró sin lugar el reclamo administrativo para impugnar el ACUERDO NÚMERO 052, emitido por la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, que destituyó del cargo de miembro de seguridad y vigilancia del Departamento de Servicios Generales del Poder Judicial al señor NOEL ANTONIO ESCOTO RODRÍGUEZ por incumplimiento o violación grave o reiterada de lo establecido en los Capítulos XIV y XIII de la Ley de la Carrera Judicial, particularmente, en los artículos 64 literal b) y 187 literal b), al habérsele dictado, en fecha 24 de septiembre de 2018, auto de formal procesamiento; se aprecia que en ninguno de los acápites de la resolución impugnada realiza una valoración jurídica de la objeción de prescripción de la acción formulada por el amparista, limitándose, en el acápite o Considerando (4) de la misma, a realizar enunciados redundantes con respecto a la sanción prevista en el ordenamiento jurídico y sus efectos; incurriendo, inclusive, en una suerte de razonamiento tautológico, al pretender resolver, sin justificar fáctica ni jurídicamente, porque la acción sancionadora impugnada estaría vigente y no prescrita. CONSIDERANDO (10): Que la libertad del Juez, y en el caso particular, de los integrantes del Consejo de la Carrera Judicial, al emitir sus fallos y resoluciones concretan el juicio de racionalidad jurídica que subsumen los hechos del caso, por lo cual, no pueden y no deben ser dictados sin motivación congrua y suficiente, pues tal es la manera de justificar cómo se valoran los hechos y el criterio jurídico seguido para resolver el caso. [3] No significa, por supuesto, que la eficacia de la motivación dependa de lo extenso del texto de la resolución (probablemente una proposición o argumentación corta desarrolle suficientemente la tesis jurídica del caso), pero sí que, en todo caso, sea correlativa para con lo pretendido por las partes. De allí que la parte considerativa de la resolución, es llamada a la racionalización del fallo, o parte resolutiva, la cual no puede ser de carácter voluntarista o netamente decisorio; lo cual tiene una enorme importancia en la justicia constitucional, a efecto de tutelar que la actividad administrativa del Consejo de la Carrera Judicial se sujete a la supremacía de la Constitución de la República y sus leyes, así como a la primacía de los Tratados Internacionales. CONSIDERANDO (11): Que la garantía del debido proceso se establece en nuestra Constitución, tutelando que, para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso, sea de orden jurisdiccional o en materia sancionatoria administrativa, de conformidad a Ley.[4] El derecho de defensa, se incardina, entonces, a la garantía del debido proceso, lo cual implica, en forma enunciativa, mas no limitativa: el derecho a ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el o las partes o entre una parte y el Estado mismo, ante el órgano jurisdiccional competente, regular e imparcial, con imputación y tipificación correcta; así como a formular alegatos e imponer cuantos recursos estime pertinentes, de conformidad a Ley; conjunto homogéneo de garantías que busca, en suma, asegurar a quienes han acudido ante los órganos jurisdiccionales, o ante la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO (12): Que, por todo lo expresado, esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Consejo de la Carrera Judicial, objeto del recurso en estudio, no se ajusta a las disposiciones constitucionales y legales aplicables; por constatarse en el expediente examinado la vulneración a los derechos fundamentales del derecho de defensa y al debido proceso del amparista; mediante las falencias de argumentación lógico jurídicas que se han puesto de manifiesto, al no brindar la resolución adoptada cobertura total a los alegatos expuestos, en sustanciación de la impugnación administrativa; es decir, que no se realizó una atención y respuesta concreta a puntos que debió atender, tales como el argumento legal de que los términos de prescripción de la acción de despido estaban caducados administrativamente, al momento de dictarse la resolución por parte de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Por todo ello, y de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe otorgar el amparo demandado, a efectos de reenvío ante el Honorable Consejo de la Carrera Judicial, para que se dicte una resolución apegada a los principios constitucionales y convencionales relacionados en la presente sentencia. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos de sus miembros; haciendo aplicación de los artículos 1 y 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 4, 59, 60, 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316, 319 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: OTORGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito, a efecto que se dicte una resolución apegada a los principios constitucionales y convencionales que se han relacionado en la presente sentencia. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan las diligencias al tribunal de procedencia para los efectos legales consiguientes. - NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes de agosto de dos mil veintitrés, certificación del fallo de fechas diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo registrado en este Tribunal con el número SCO-0422-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] En similar tesitura, la posición manifestada por parte del Estado de Honduras en la sentencia López Lone y Otros vs. Honduras (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en fecha 5 de octubre de 2015. Párr. 244. (Asequible vía internet, en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_302_esp.pdf ).

[2] Asimismo, en interpretación extensiva a la admisibilidad de la garantía de amparo, concurre, por razón pro homine, lo relacionado por el Profesor Raúl Gustavo Ferreira, en la obra Notas sobre derecho constitucional y garantías. (Buenos Aires. EDIAR, 2008. Pág. 308), con cita jurisprudencial del caso “Mases de Díaz Colodrero”, en el cual la Suprema Corte de Justicia de la Argentina deja asentado que la exclusión del amparo, por existir otros medios ordinarios para la solución de las controversias, no puede fundarse en una apreciación meramente ritualista: “… toda vez que la institución tiene por objeto una efectiva protección de derechos, más que una ordenación de competencias”.

[3] “Ruggiero enseña que no solo se interpretan las normas obscuras o ambiguas, sino también las claras. Si la aplicación de la norma, por prístina que sea, implica una labor intelectual para resolver el caso particular y concreto con la formula general y abstracta dada por el legislador, resulta evidente que no es posible aplicar la norma sin su previa interpretación”. Moncada Silva, Efraín. Interpretación y Reforma de la Constitución. Tegucigalpa: Edigrafic. Serie Estudios de Derecho Público Hondureño. Tegucigalpa, 2003. Pág. 9.

[4] Ver: Sentencia Ricardo Canese vs. Paraguay, párr. 176. (Ficha técnica asequible en: https://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=218) Asimismo, resulta relevante enunciar el párrafo 177 de la sentencia, que establece, a la sazón: “En un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respectivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”.