Sentencia AA-413-21 — Registro 19127
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo interpuesto por contra la resolución No SO-075-2020 que resolvió una solicitud de clasificación de información pública como reservada, contenido en el Acuerdo No. FGR-007-2018. El Instituto de Acceso a la Información Pública, justifica la denegatoria de la reserva de información porque no se puede declarar como reservada una información que no se conoce, que se generará en el futuro, pues en relación a lo señalado en el artículo 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no se podría determinar su procedencia, al no poder determinarse que el daño que pueda producirse, es mayor que el interés público de conocer dicha información. Por ello la denegatoria de reserva de este punto es lo procedente.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (15): Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales, así mismo a las instancias administrativas, en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; Se debe señalar que el recurrente en amparo expone la vulneración del derecho al debido proceso, trasgresiones que no se observan, ya que fue escuchado al recurrente en sus pretensiones, recibió respuestas a sus peticiones, ha tenido acceso a los recursos que la ley pone a su disposición, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas tanto administrativas como jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales. CONSIDERANDO (16): Que la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma se encuentra ajustada a derecho, pues se ha respetado el debido proceso, con fundamente en lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ha motivado y fundamentado, dando respuesta con ello a cada petición contenida en el Acuerdo N° FGR-007-2018 con relación a la Clasificación de Información Reservada del Ministerio Público. CONSIDERANDO (17): Que para concluir esta Sala de lo Constitucional estima que en el caso en estudio, se han respetado los derechos que le asisten al impetrante, como ser el principio de legalidad y debido proceso, derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República y en la normativa internacional. CONSIDERANDO (18): Que aunado a ello, en materia recursiva no debe considerarse una violación a las garantías constitucionales, cuando la respuesta que se obtiene es adversa a la pretensión del recurrente. En el caso de estudio se observa la aplicación de la Ley, lo que difiere de ser considerado una vulneración del debido proceso, por lo que se estima procedente denegar el recurso de amparo de mérito.”
Legislación citada
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, art. 13 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, art. 24 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
… “Argumento del Instituto de Acceso a la Información Pública: No se otorga. Dichos fondos forman parte del presupuesto institucional. Toda información concerniente a fondos públicos debe publicarse. Fundamento Jurídico. Artículo 13 numeral 8 y 18 de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública. Argumento del Ministerio Publico en el amparo: La información está relacionada con los procesos de investigación y si esta información se hace pública, se facilitaría una herramienta para conocer los talleres donde se adquieren insumos durante los procedimientos de vigilancia o actividades encubiertas, pudiendo planificar y contrarrestar los procedimientos y estrategias, poniendo en precario no solo el éxito de la investigación, sino la vida de los investigadores y fiscales. Dicha petición cumple con la excepcionalidad requerida en el artículo 17 numerales 1, 2, 3, y 4 para declarar la reserva. Apreciación de la Sala Constitucional: El artículo 13 numerales 8 y 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dispone: “INFORMACION QUE DEBE SER DIFUNDIDA DE OFICIO. Toda Institución obligada está en el deber de difundir de oficio y actualizar periódicamente a través de medios electrónicos o instrumentos computarizados; a falta de estos, por los medios escritos disponibles, la información siguiente: 1) …; 2) …; 3) …; 4) …; 5) …; 6) …; 7) …; 8) Los presupuestos, un informe trimestral y otro anual de la ejecución presupuestaria, que incluya el detalle de las transferencias, los gastos, la inversión física y financiera, la deuda y la morosidad; … 18) Las instituciones respectivas, publicarán además las estadísticas y la información relativa al comportamiento macroeconómico y financiero del Estado que generen o manejen: ….”; De las normas transcritas y aplicables al caso en concreto esta Sala aprecia que la denegatoria de la reserva solicitada es lo procedente, por considerar que la información de la cual se pide reserva es información pública que debe ser difundida de oficio. k)La información contenida en el VAM (Visual Account Mate) o el programa de gestión administrativa utilizado en el futuro, relacionado con procesos de investigación que vinculen directa o indirectamente a estos sujetos. Argumento del Instituto de Acceso a la Información Pública: No se otorga. No se puede clasificar como reservada una información que se generará en el futuro. Argumento del Ministerio Publico en el amparo: Debe entenderse que la información del VAM, continuará generando información relacionada a las actividades administrativas indispensables para el buen funcionamiento de las operaciones de investigación, independientemente de su denominación en el futuro. Por lo tanto, no está demás que se autorice su reserva con fundamento en el principio de reserva contenido en la ley del IAIP. Apreciación de la Sala Constitucional: Como bien lo señala en la resolución impugnada el Instituto de Acceso a la Información Pública, no se puede declarar como reservada una información que no se conoce, que se generará en el futuro, pues en relación a lo señalado en el artículo 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no se podría determinar su procedencia, al no poder determinarse que el daño que pueda producirse, es mayor que el interés público de conocer dicha información. Por ello la denegatoria de reserva de este punto es lo procedente.”
Legislación citada
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, art. 13 numerales 8 y 18 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, art. 17 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de diciembre de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO, en su condición de Fiscal General Adjunto de la República, a favor del MINISTERIO PUBLICO, contra la resolución No SO-075-2020 dictada por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAIP), en fecha nueve de octubre de dos mil veinte, que resolvió una solicitud de clasificación de información pública como reservada, contenido, en el Acuerdo No. FGR-007-2018 de fecha seis de abril de dos mil dieciocho, promovida por el Abogado OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS en su condición de Fiscal General de la Republica. Estima el recurrente que con la resolución emitida se ha violentado en perjuicio de su representada los artículos 70 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1)Que en fecha once de junio de dos mil dieciocho, la Abogada ALEJANDRA DEL CID MORAZAN, mediante Oficio No. OTAIP-2018, de la División Legal de la Fiscalía General de la República, compareció ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, a fin de dar seguimiento en cuanto a la solicitud y al proceso de revisión del Acuerdo de Clasificación de Información Reservada del Ministerio Público FGR-007-2018, en el cual tiene por objeto, garantizar la clasificación atinente a los diferentes procesos penales, estableciéndose entre otros los siguientes: Artículo 2. Clasificación o Reserva de Información Administrativa Relacionada con la Actividad Fiscal e Investigativa que Desarrolla el Ministerio Público; Artículo 3. Clasificación o Reserva de Información Relacionada con la Actividad Fiscal e Investigativa Desarrolla el Ministerio Público; Artículo 4. Clasificación o Reserva de Información Administrativa relacionada con Personas Particulares o Sujetos del Proceso, que Directa o Indirectamente se vean Vinculados con la Actividad Fiscal e Investigativa que Desarrolla el Ministerio Público; Artículo 5. Cumplimiento al Acuerdo de Reserva por la Autoridades Institucionales; Artículo 6. Atención a los Entes Contralores e Investigativos del Estado. (Folios 1 al 10 de la pieza de antecedentes) 2)Que en fecha tres de julio de dos mil dieciocho, el Instituto de Acceso a la Información Pública, tuvo por admitida la Solicitud de Clasificación de Información como Reservada. (Folio 13 de la pieza de antecedentes) 3)Que seguido el procedimiento, el Instituto de Acceso a la Información Pública, mediante resolución No. SO-075-2020, de fecha nueve de octubre de dos mil veinte, resolvió lo siguiente: “PRIMERO: Declarar CON LUGAR PARCIALMENTE la solicitud de CLASIFICACION DE INFORMACION PUBLICA COMO RESERVADA, presentada por el Abogado OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS, actuando en su condición de FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA, en el acuerdo No. FGR-007-2018, de fecha seis (06) de abril del dos mil dieciocho (2018). SEGUNDO: Se DECLARA CON LUGAR por un plazo de diez años la información referente a: “Articulo 2: CLASIFICACION O RESERVA DE INFORMACION ADMINISTRATIVA RELACIONADA CON LA ACTIVIDAD FISCAL E INVESTIGATIVA QUE DESARROLLA EL MINISTERIO PUBLICO. e) Planes de seguridad interna de las instalaciones que comprenden Ministerio Publico…” Artículo 3. CLASIFICACIÓN O RESERVA DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA ACTIVIDAD FISCAL E INVESTIGATIVA DESARROLLA EL MINISTERIO PÚBLICO: a) Información Personal de los denunciantes, ofendidos/víctimas, testigos, personas e instituciones investigadas, personal que realiza las investigaciones, informantes y colaboradores; en cuanto a este punto dicha información será de acceso restringido y solo será de acceso a las partes involucradas. e) Planes y órdenes de operaciones programadas; f) Información e Instrucciones sobre operaciones, allanamientos, operaciones conjuntas; g) De las investigaciones que estén en curso, situación y estado en que se encuentra mientras sus resultados no sean presentados ante los órganos jurisdiccionales; h) Protocolos, Dictámenes, Actas de Levantamiento, informes periciales y resultados de las pericias que se encuentran en etapa investigativa, es decir, mientras no estén judicializados; j) Información de mapas delictivos, estrategias de Operaciones e inteligencia; en cuanto a los incisos e), f) g) h) y j) se otorga siempre y cuando no se hayan llevado a cabo, una vez realizadas esta información deberá divulgarse. k) Detalles de inspecciones e intervención, escuchas, rastreos telefónicos; en cuanto a este punto dicha información será de acceso restringido y solo será de acceso a las partes involucradas. TERCERO: Declarar SIN LUGAR lo referente a: Articulo 2: CLASIFICACION O RESERVA DE INFORMACION ADMINISTRATIVA RELACIONADA CON LA ACTIVIDAD FISCAL E INVESTIGATIVA QUE DESARROLLA EL MINISTERIO PUBLICO. a) Procesos de selección de los servidores e información de los aspirantes a ingresar a la institución; este punto no se otorga la reserva en virtud de que la Institución al momento de existir una solicitud de información debe realizar una versión pública de dicha documentación; b) Hoja de servicios/trabajo; c) Expedientes clínicos; d) Padrón fotográfico de las personas que se encuentren en la base de datos del Ministerio Público; en cuanto a los incisos b c y d ya la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública lo establece como Dato Personal Confidencial, e) Planes de seguridad interna de las instalaciones que comprenden el Ministerio Público; g) Puntos de control interno de zonas críticas; h) Inventario, distribución y detalle de armas (tipo, cantidad, serie, código) e información del registro de armas de fuego y control de explosivos de la Secretaría de Seguridad, equipos especiales (sistemas de inteligencia computarizado, equipo logístico, binoculares y otros), municiones, pertrechos, chalecos antibalas, placas, chapas de identificación, uniforme, seudónimos o distintivos, asignaciones, bitácoras, roles de servicios, sistemas de comunicación, cualquier otro medio de protección y seguridad que se utilice, asimismo los números de elementos que forman parte de las diferentes oficinas regionales; en cuanto a los puntos g) y h) ya fueron otorgados a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad mediante resolución No. SO-139-2018 de fecha diecisiete (17) de julio de dos mil dieciocho (2018); i) Medios o unidades de transporte (características, colores, series, placa) utilizados por el Ministerio Público a nivel nacional; j) Información y detalle sobre equipo técnico especializado para la ejecución de Operaciones, vestimenta táctica, uniformes con que cuenta la institución; k) Información relativa al entrenamiento, capacitación y formación especial que reciben los servidores de la institución, asimismo detalle de la profesionalización que imparta la escuela de Formación y Capacitación “Orlan Arturo Chávez”; l) Formación de dictámenes que se utilizan en la Dirección de Medicina Forense; en cuanto a los puntos i), j), k) y l) no se otorga la clasificación de información en virtud que es información pública; n) Información que revele puntos estratégicos que puedan significar debilidad en la seguridad interna y externa de los edificios donde se encuentran ubicadas las oficinas del Ministerio Público; o) Manuales de Procedimientos especiales; en cuanto a este punto es información pública; p) Procedimientos de Archivos, Almacenes de Evidencia y Seguridad de los mismos; En cuanto a este punto se recomienda apegarse a los establecido en el artículo 21 de los Lineamientos de Archivo emitidos por el Instituto de Acceso a la Información Pública; q) Las Bases de Datos de la institución; la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública lo establece como un Dato Personal Confidencial; r) Detalle de los números fijos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN) en cuanto a este punto los números de teléfono institucionales son públicos, siendo únicamente datos personales confidenciales los relacionados al número telefónico particular, s) Contratos de Compra-venta, comodato y arrendamiento de bienes muebles e inmuebles de la institución, es información pública según lo establecido en los artículos 4 y 13 numeral 9 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; t) Datos e información de los expedientes personales de los servidores del Ministerio Público; ya la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública determina lo relacionado a Dato Personal Confidencial siendo estos de acceso restringido; u) La Jornada laboral y registro de entrada y salida del personal de la institución; ya que es de interés público conocer la jornada laboral de la institución obligada, y finalmente, y) Expedientes administrativos y procesos disciplinarios de los servidores del Ministerio Público, ya que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que es de acceso restringido. Artículo 3. CLASIFICACIÓN O RESERVA DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA ACTIVIDAD FISCAL E INVESTIGATIVA DESARROLLA EL MINISTERIO PÚBLICO: b) Información personal de las autoridades que han intervenido en las diligencias procesales en los diferentes niveles del proceso penal; es decir; fiscales, policías, detectives, agentes, peritos; c) Bases de datos del SIGEFI (Sistema de Gestión Fiscal) y del Sistema de Alerta de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico; en cuanto a los incisos b) y c) ya la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública lo establece con un Dato Personal Confidencial; d) Información de Operativos, estrategias de seguridad, técnicas de investigación y toda actividad de prevención, persecución de delitos e impartición de justicia; la Institución Obligada no fundamenta que el daño que pueda producirse, es mayor que el interés público de conocer la misma, i) Los libros de registro de entrada y salida de los casos, así como los que son objeto de pericia; es información pública de interés de la ciudadanía; l) Las bases de datos de la Dirección de Medicina Forense, y la Agencia Técnica de Investigación Criminal, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública lo establece como un Dato Personal Confidencial; Artículo 4. CLASIFICACIÓN O RESERVA DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA RELACIONADA CON PERSONAS PARTICULARES O SUJETOS DEL PROCESO QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE VEAN VINCULADAS CON LA ACTIVIDAD FISCAL E INVESTIGATIVA QUE DESARROLLA EL MINISTERIO PUBLICO: a) Datos e información personal de los denunciantes, testigos, víctimas informantes; b) Información personal de los ciudadanos, contenidas en las diferentes bases de datos o concentrada en los sistemas de información; c) Información personal de los menores de edad detenidos y casos en los que se involucren su interés jurídicamente tutelado; la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública ya establece la protección de los Datos Personales Confidenciales de igual manera y con relación al inciso c) la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece la restricción del acceso a la información personal de los menores de edad artículo 17 numeral 2) d) Detalle de los investigadores/personal que participe en los operativos; la institución obligada no es clara y precisa en lo que solicitan, e) Detalle del costo de las giras, destino de viaje, viáticos/nombres de los beneficiarios y operativos en relación a quien participe en ellos; f) Detalle del objeto del gasto, nombres de los beneficiarios, proveedores, compras efectuadas en la armería y otros que suplan los suministros de seguridad, comunicaciones y dispositivos de vigilancia; en relación a los apartados e) y f) la información solicitada como reservada son fondos públicos, por lo tanto no es objeto defensa; g) Contratos de compraventa, arrendamiento o comodato de las instalaciones físicas (inmuebles) que sean utilizados por la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC, Dirección de la Lucha contra el Narcotráfico y de las del Programa de Protección a Testigos Protegidos; h) Contratos con personas naturales y jurídicas que nos brinden servicios en materia de Seguridad; i) Detalle de los pagos por proveedor para atender procesos relacionados con las investigaciones que vinculen directa o indirectamente a estos sujetos;; en cuanto a los numerales g), h) y i) es información pública por ser cubiertos y financiados con recursos del erario público; j) Informes de Caja Chica y fondos reintegrables relacionados con procesos de investigación que vinculen directa o indirectamente a estos sujetos; la Institución Obligada no acredita el daño causaría la divulgación de esta información, asimismo es importante señalar que dichos fondos forman parte del presupuesto institucional, por lo que toda información concerniente a fondos públicos deben publicarse, y finalmente k) La información contenida en VAM (Visual Account Mate) o el Programa de Gestión Administrativa utilizado en el futuro, relacionados con procesos de investigación que vinculen directa o indirectamente a estos sujetos, este Instituto no puede clasificar como reservada una información que se generará a futuro, en tal caso si la Institución Obligada al momento de implementar el programa VAM (Visual Account Mate) considera que la información en éste contenida deberá ser clasificada como reservada, se recomienda que en este momento realice la solicitud de reserva de la misma. CUARTO: Se instruye al Abogado OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS, en su condición de FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA proceder a anular el Acuerdo de Clasificación de Información como reservada No. FGR-007-2018, de fecha seis (06) de abril del dos mil dieciocho (2018), en virtud de tener que apegarse a la Resolución emitida por este Instituto, tal como lo establece el Artículo 18 párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. QUINTO: Que se proceda a la emisión del Acuerdo de Clasificación de Información Pública de conformidad a los puntos otorgados en la presente Resolución. SEXTO: Se instruye al Abogado OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS, en su condición de FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA, adoptar todas las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y evitar su alteración, perdida, transmisión y acceso no autorizado conforme a lo dispuesto en el 25 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA el cual establece que los datos personales serán protegidos siempre y articulo 41, numeral 6) del REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, por ser responsable de los datos personales confidenciales que se encuentra bajo su custodia. (Folios del 53 al 66 de la pieza de antecedentes).4)Que mediante correo electrónico de fecha diecinueve de noviembre de dos mil veinte, el Abogado DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO, actuando en su condición de Fiscal General Adjunto de la República, interpuso recurso de reposición contra la Resolución No. SO-075-2020, dictada por el Instituto de Acceso a la Información Pública, de fecha nueve de octubre de dos mil veinte, de la que se ha hecho relación. (Folios 70 al 95 de la pieza de antecedentes)5)Que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), al conocer del recurso de reposición del que se hace referencia en el numeral que antecede, mediante Resolución No. SO-115-2021, de fecha diecisiete de marzo de dos mil veintiuno en el cual resolvió: “PRIMERO: Declarar CON LUGAR PARCIALMENTE el Recurso de Reposición presentado por el Abogado DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO, quien actúa en su condición de FISCAL GENERAL ADJUNTO DEL MINISTERIO PUBLICO contra la Resolución No. SO-075-2020 de fecha nueve (09) de octubre de dos mil veinte (2020). SEGUNDO: Se MODIFICA la Resolución No. SO-075-2020 de fecha nueve (09) de octubre de dos mil veinte (2020), en la parte resolutiva específicamente en el numeral segundo donde se otorga clasificar como información reservada además de la ya otorgada, la siguiente: Declara CON LUGAR: los incisos e) Planes de seguridad interna de las instalaciones que comprenden el Ministerio Público; g) Puntos de Control interno d zonas críticas; n) Información que revele puntos estratégicos que puedan significar debilidad en la seguridad interna y externa de los edificios donde se encuentran ubicadas las oficinas del Ministerio Público; y en cuanto al inciso p) solo se concede lo relacionado a los Almacenes de Evidencias y Seguridad de los mismos. TERCERO: Se MODIFICA la Resolución No. SO-075-2020 de fecha nueve (09) de octubre de dos mil veinte (2020), en el numeral tercero DECLARANDO SIN LUGAR lo relacionado a: “Artículo 2: CLASIFICACIÓN O RESERVA DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA RELACIONADA CON LA ACTIVIDAD FISCAL E INVESTIGATIVA QUE DESARROLLA EL MINISTERIO PUBLICO. a) Procesos de selección de servidores información de los aspirantes a ingresar a la institución; este punto no se otorga la reserva en virtud de que la Institución al momento de existir una solicitud de información debe realizar una versión pública de dicha documentación; SE CONFIRMA lo resuelto en este punto en vista que el proceso de selección se enmarca en lo establece el Artículo 13 numeral 9, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, información que debe ser difundida de oficio, asimismo se determina que la publicidad de dicha información procede en vista del principio de máxima divulgación de la información y transparencia en los actos de las Instituciones Obligadas, no contrastando con lo alegado en cuanto a lo que establece el artículo 275 del Código Procesal Penal y el artículo 7 de la Ley del Ministerio Público ya que ambos artículos son propios del desarrollo de los procesos investigativos realizados por dicha Institución Obligada y no se refieren al proceso administrativo realizado para la contratación de personal, en conclusión lo resuelto por este Instituto está conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Administración Pública. b) Hoja de servicios/trabajo; c) Expedientes Clínicos; d) Padrón fotográfico de las personas que se encuentran en las bases de datos del Ministerio Público; en cuanto a los incisos b c y d ya la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública lo establece como Dato Personal Confidencial. SE CONFIRMA lo resuelto en estos puntos de vista que cuando este Instituto resolvió que es un Dato Personal Confidencial nos fundamentamos en las restricciones que la misma Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece, ya que su acceso es restringido, por lo que no es necesario que lo contenga una resolución ya que la misma Ley le otorga dicha reserva, en este punto en específico la supra referida norma contempla la restricción de la información, por lo tanto el otorgar dicha reserva sería un acto redundante, porque ya misma Ley de Transparencia y Acceso a la Administración Pública determina la naturaleza de la misma (Artículo 16 numeral 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública) h) Inventario, distribución, detalle de armas (tipo, cantidad, serie, código) e información del registro de armas de fuego, control de explosivos de la Secretaría de Seguridad, equipos especiales (sistemas de inteligencia computarizado, equipo logístico, binoculares y otros), municiones, pertrechos/chalecos antibalas, placas, chapas de identificación, uniforme, seudónimos o distintivos, asignaciones, bitácoras, roles de servicios, sistemas de comunicación, cualquier otro medio de protección y seguridad que se utilice, asimismo los números de elementos que forman parte de las diferentes oficinas regionales; en cuanto a los puntos g) y h) ya fueron otorgados a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad mediante resolución No. SO-139-2018 de fecha diecisiete (17) de julio de dos mil dieciocho (2018). SE MODIFICA en cuanto a lo relacionado a los puntos e) y g) se otorgan en reserva en la presente resolución, y; en cuanto al punto h) SE CONFIRMA en vista que está solicitando reserva de información que pertenece a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad tal como el mismo Ministerio Público lo manifestó en la solicitud de reserva, en el acuerdo y en el escrito de Recurso de Reposición, y no es información que se encuentra contemplada en la resolución No. SO-139-2018 de fecha diecisiete (17) de julio de dos mil dieciocho (2018), de clasificación de Información otorgada a la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD. i) Medios o unidades de transporte (características, colores, series, placa), utilizados por el Ministerio Público a nivel nacional; j) Información y detalle sobre equipo técnico especializado para la ejecución de Operaciones, vestimenta táctica, uniformes con que cuenta la institución, k) Información relativa al entrenamiento, capacitación y formación especial que reciben los servidores de la institución, asimismo detalle de la profesionalización que imparta la Escuela de Formación y Capacitación “Orlan Arturo Chávez”; l) Formatos de dictámenes que se utilizan en la Dirección de Medicina Forense; en cuanto a los puntos i), j), k), y l) no se otorga la clasificación de la información en virtud que es información pública. SE CONFIRMA lo resuelto en este punto en vista que los alegatos presentados por el Ministerio Público no proporciona nuevos elementos que justifique la Clasificación de la Información como reservada y no demuestran que el daño que pueda producirse sea mayor que el interés público de conocer la misma, o que su divulgación ponga en riesgo o perjudique las actividades con las que se pretende fortalecer a la institución en su lucha contra la criminalidad, debilitando el accionar y generando vulnerabilidad por la decisión emitida por este instituto, en este mismo sentido se puede hacer referencia a lo que se determina en los Principios globales sobre seguridad nacional y el derecho a la información (“Principios de Tshwane”), los cuales determinan de forma clara y precisa que corresponde a la autoridad pública que pretenda que no se divulgue determinada información demostrar la legitimidad de cualquier restricción que se aplique, el derecho a la información debería aplicarse en sentido amplio, mientras que la interpretación de las restricciones debería ser acotada, y al demostrar esta legitimidad, no bastará con que la autoridad pública simplemente afirme que existe riesgo de perjuicio; sino que debe proporcionar razones específicas y sustanciales que respalden sus afirmaciones. Hechos que no se demuestra en el punto de objeto de estudio. o) Manuales de Procedimientos especiales; en cuanto a este punto es información pública SE CONFIRMA lo resuelto en este punto en vista que los alegatos presentados por el Ministerio Público no proporciona nuevos elementos que justifique la Clasificación de la información como reservada y no demuestran que el daño que pueda producirse sea mayor que el interés público de conocer la misma, o que su divulgación ponga en riesgo o perjudique las actividades con las que se pretende fortalecer a la institución en su lucha contra la criminalidad, debilitando el accionar y generando vulnerabilidad por la decisión emitida por este instituto. p) Procedimientos de Archivos, SE CONFIRMA este punto y se recomienda apegarse a lo establecido en el artículo 21 de los Lineamientos de Archivo emitidos por el Instituto de Acceso a la Información Pública. q) Las bases de datos de la institución; la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública lo establece como un Dato Personal Confidencial. SE CONFIRMA lo resuelto en este punto en vista que cuando este Instituto resolvió que es un Dato Personal Confidencial, nos fundamentamos en las restricciones que la misma Ley de Transparencia y Acceso a la Administración Pública establece, ya que su acceso es restringido, por lo que no es necesario que lo contenga una resolución ya que la misma Ley le otorga dicha reserva, en este punto específico la supra referida norma contempla la restricción de la información, por lo tanto el otorgar dicha reserva sería un acto redundante, porque ya la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública determina la naturaleza de la misma. (Artículo 16 numeral 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública). s) Contratos de Compra-venta, comodato y arrendamiento de bienes muebles, e inmuebles de la institución, es información pública según lo establecido en los artículos 4 y 13 numeral 9 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. SE CONFIRMA lo resuelto en este punto en vista que los alegatos presentados por el Ministerio Público no proporcionan nuevos elementos que justifique la Clasificación de la información como reservada y no demuestran que el daño que pueda producirse sea mayor que el interés público de conocer la misma, o que su divulgación ponga en riesgo o perjudique las actividades con las que se pretende fortalecer a la institución en su lucha contra la criminalidad, debilitando el accionar y generando vulnerabilidad por la decisión emitida por este instituto. t) Datos e información de los expedientes personales de los servidores del Ministerio Público; ya la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública determina lo relacionado a Dato Personal Confidencial siendo estos de acceso restringido. SE CONFIRMA lo resuelto en este punto en vista que cuando este Instituto resolvió que es un Dato Personal Confidencial, nos fundamentamos en las restricciones que la misma Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece y no es un supuesto como lo manifiesta el Ministerio Público, ya que su acceso es restringido, por lo que no es necesario que lo contenga una resolución ya que la misma Ley le otorga dicha reserva, en este punto específico la supra referida norma contempla la restricción de la información, por lo tanto otorgar dicha reserva sería un acto redundante, porque ya la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública determina la naturaleza de la misma. (Artículo 16 numeral 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública). u) La jornada laboral y registro de entrada y salida del personal de la institución; ya que es de interés público conocer la jornada laboral de la institución obligada. SE CONFIRMA lo resuelto en este punto en vista que los alegatos presentados por el Ministerio Público no proporciona nuevos elementos que justifique la Clasificación de la Información como reservada y no demuestran que el daño que pueda producirse sea mayor que el interés público de conocer la misma, o que su divulgación ponga en riesgo o perjudique las actividades con las que se pretende fortalecer a la institución en su lucha contra la criminalidad, debilitando el accionar y generando vulnerabilidad por la decisión emitida por este instituto. y) Expedientes administrativos y procesos disciplinarios de los servidores Ministerio Público, ya que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que es de acceso restringido. SE CONFIRMA lo resuelto en este punto en vista de que cuando este instituto resolvió que su acceso es restringido, nos fundamentamos las restricciones que la misma Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece y no en un supuesto como lo manifiesta el Ministerio Público, ya que su acceso es restringido, por lo que no es necesario por lo que no es necesario que lo contenga una resolución ya que la misma Ley le otorga dicha reserva, en este punto específico la supra referida norma contempla la restricción de la información, por lo tanto otorgar dicha reserva sería un acto redundante, porque ya la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública determina la naturaleza de la misma. (Artículo 16 numeral 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública). Artículo 3 CLASIFIACIÓN O RESERVA DE INFORMACION RELACIONADA CON LA ACTIVIDAD FISCAL E INVESTIGATIVA QUE DESARROLLA EL MINISTERIO PÚBLICO. b) Información personal de las autoridades que han intervenido en las diligencias procesales en los diferentes niveles del proceso penal; es decir: fiscales, policías, detectives, agentes, peritos; c) Bases de datos del SIGEFI (Sistema de Gestión Fiscal) y el Sistema de Alerta de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico; en cuanto a los incisos b) y c) ya la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública lo establece como un Dato Personal Confidencial; SE CONFIRMA lo resuelto en este punto en vista de que cuando este instituto resolvió que su acceso es restringido, nos fundamentamos en las restricciones que la misma Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece y no en un supuesto como lo manifiesta el Ministerio Público, ya que su acceso es restringido, por lo que no es necesario por lo que no es necesario que lo contenga una resolución ya que la misma Ley le otorga dicha reserva, en este punto específico la supra referida norma contempla la restricción de la información, por lo tanto otorgar dicha reserva sería un acto redundante, porque ya la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública determina la naturaleza de la misma. (Artículo 16 numeral 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública). d) Información de operativos, estrategias de seguridad, técnicas de investigación y toda actividad de prevención, persecución de delitos e impartición de justicia; la Institución Obligada no fundamenta que el daño que pueda producirse, es mayor que el interés público de conocer la misma. SE CONFIRMA lo resuelto en este punto en vista que los alegatos presentados por el Ministerio Público no proporciona nuevos elementos que justifique la Clasificación de la Información como reservada y no demuestran que el daño que pueda producirse sea mayor que el interés público de conocer la misma, o que su divulgación ponga en riesgo o perjudique las actividades con las que se pretende fortalecer a la institución en su lucha contra la criminalidad, debilitando el accionar y generando vulnerabilidad por la decisión emitida por este instituto, en este mismo sentido se puede hacer referencia a lo que se determina en los Principios globales sobre seguridad nacional y el derecho a la información (“Principios de Tshwane”), los cuales determinan de forma clara y precisa que corresponde a la autoridad pública que pretenda que no se divulgue determinada información demostrar la legitimidad de cualquier restricción que se aplique, el derecho a la información debería aplicarse en sentido amplio, mientras que la interpretación de las restricciones debería ser acotada, y al demostrar esta legitimidad, no bastará con que la autoridad pública simplemente afirme que existe riesgo de perjuicio; sino que debe proporcionar razones específicas y sustanciales que respalden sus afirmaciones. Hechos que no se demuestra en el punto de objeto de estudio. l) Las bases de datos de la Dirección de Medicina Forense y la Agencia Técnica de Investigación Criminal, La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública lo establece como un Dato Personal Confidencial. SE CONFIRMA lo resuelto en este punto en vista de que cuando este instituto resolvió que su acceso es restringido, nos fundamentamos en las restricciones que la misma Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece y no en un supuesto como lo manifiesta el Ministerio Público, ya que su acceso es restringido, por lo que no es necesario por lo que no es necesario que lo contenga una resolución ya que la misma Ley le otorga dicha reserva, en este punto específico la supra referida norma contempla la restricción de la información, por lo tanto otorgar dicha reserva sería un acto redundante, porque ya la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública determina la naturaleza de la misma. (Artículo 16 numeral 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública). Artículo 4. CLASIFICACIÓN O RESERVA DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA RELACIONADA CON PERSONAS PARTICULARES O SUJETOS DEL PROCESO QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE VEAN VINCULADOS CON LA ACTIVIDAD FISCAL INVESTIGATIVA QUE DESARROLLA EL MINISTERIO PUBLICO. a) Datos en información personal de los denunciantes, testigos, víctimas, informantes; b) Información personal de los ciudadanos contenidas en las diferentes bases de datos o concentrada en los sistemas de información. c) Información personal de los menores de edad detenidos y casos en que se involucren su interés jurídicamente tutelado; La Ley de ya establece protección de los Datos Personales Confidenciales, de igual manera y con relación al inciso c) la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece la restricción del acceso a la información personal de los menores de edad (artículo 17 numeral 2). SE CONFIRMA lo resuelto en este punto en vista que cuando este Instituto resolvió que es un Dato Personal Confidencial, nos fundamentamos en las restricciones que la misma Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece y no es un supuesto como lo manifiesta el Ministerio Público, ya que su acceso es restringido, por lo que no es necesario que lo contenga una resolución ya que la misma Ley le otorga dicha reserva, en este punto específico la supra referida norma contempla la restricción de la información, por lo tanto otorgar dicha reserva sería un acto redundante, porque ya la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública determina la naturaleza de la misma. (Artículo 16 numeral 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública), de igual manera y con relación al inciso c) la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece la restricción del acceso a la información personal de los menores de edad (artículo 17 numeral 2). d) Detalle de los investigadores/personal que participe en los operativos; la institución obligada no es clara y precisa en lo que solicitan. SE CONFIRMA lo resuelto en este punto en vista que los alegatos presentados por el Ministerio Público siguen siendo ambiguos, no claros ni precisos en lo que pretenden reservar, no proporcionando nuevos elementos que justifique la Clasificación de la información como reservada y no demuestran que el daño que pueda producirse sea mayor que el interés público de conocer la misma, o que su divulgación ponga en riesgo o perjudique las actividades con las que se pretende fortalecer a la institución en su lucha contra la criminalidad, debilitando el accionar y generando vulnerabilidad por la decisión emitida por este instituto. Asimismo, cuando se refieren al “Detalle de los investigadores/personal que participe en los operativos” en este punto ya se ha hecho referencia que todo lo relacionado a DATO PERSONAL CONFIDENCIAL nos fundamentos en las restricciones que la misma Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece, ya que su acceso es restringido, por lo que no es necesario que lo contenga una resolución ya que la misma Ley le otorga dicha reserva, en este punto específico la supra referida norma contempla la restricción de la información, por lo tanto otorgar dicha reserva sería un acto redundante, porque ya la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública determina la naturaleza de la misma. (Artículo 16 numeral 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública), de igual manera el Ministerio Público no ha solicitado la Clasificación de la Información de los operativos, como hace mención en el Recurso de Reposición. e) Detalle del costo de las giras, destino de viaje, viáticos/nombres de los beneficiarios y Operativos en relación a quien participa en ellos; SE CONFIRMA lo resuelto en este punto en vista que la información solicitada por el Ministerio Público se enmarca en lo que establece en el Artículo 13 numerales 7 y 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, información que debe ser difundida de oficio, en conclusión, lo resuelto por este Instituto está conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. f) Detalle del objeto gasto, nombres de beneficiarios, proveedores, compras efectuadas en la armería y otros que suplan suministros de seguridad, comunicaciones y dispositivos de vigilancia; En relación a los apartados e) y f) la información solicitada como reservada son fondos públicos, por lo tanto, no es objeto de reserva. SE CONFIRMA lo resuelto en estos puntos en vista que la información solicitada por el Ministerio Público se enmarca en que establece en el Artículo 13 numerales 7, 8 y 9 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, información que debe ser difundida de oficio, en conclusión, lo resuelto por este Instituto está conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. g) Contratos de compraventa, arrendamientos o comodato de instalaciones físicas (inmuebles) que sean utilizados por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Dirección de Lucha contra el Narcotráfico y las del Programa de Protección a Testigos Protegidos; h) Contratos con personas naturales y jurídicas que nos brinden servicios en materia de seguridad, i) Detalle de los pagos por proveedor para atender procesos relacionados con las investigaciones que vinculen directa o indirectamente a estos sujetos; en cuanto a los numerales g), h) y i) es información pública por ser cubiertos y financiados con recursos del erario público. SE CONFIRMA lo resuelto en estos puntos en vista que la información solicitada por el Ministerio Público se enmarca en lo que se establece en el Articulo 13 numerales 7, 8 y 9 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, información que debe ser difundida de oficio, en conclusión, lo resuelto por este Instituto está conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. j) Informes de caja chica y fondos reintegrables relacionados con procesos de investigación que vinculen directa o indirectamente a estos sujetos; la Institución Obligada no acredita el daño que causaría la divulgación de esta información, asimismo es importante señalar que dichos fondos forman parte del presupuesto institucional, por lo que toda información concerniente a fondos públicos deben publicarse. SE CONFIRMA lo resuelto en estos puntos en vista que la información solicitada por el Ministerio Público se enmarca en lo que se establece en el Artículo 13 numerales 8 y 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública información que debe ser difundida de oficio, en conclusión, lo resuelto por este Instituto está conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. k) la información contenida en el VAM (Visual Account Mate) o el Programa de Gestión Administrativa utilizado en el futuro, relacionados con procesos de investigación que vinculen directa o indirectamente a estos sujetos; este Instituto no puede clasificar como reservada una información que se generará a futuro, en tal caso si la Institución Obligada al momento de la implementación del programa VAM (Visual Account Mate) considera que la información este contenida deberá de ser clasificada como reservada, se recomienda que este momento realice la solicitud de reserva de la misma. SE CONFIRMA lo resuelto en este punto en vista que la información solicitada no es clara y precisa, y en los alegatos presentados en el Recurso de Reposición, tampoco amplían las razones del por qué se debe de conceder la reserva en este acápite, “ya que al manifestar que no está demás que se autorice su reserva con fundamento en principio de reserva contenido en la Ley”, no es justificación válida y fundamental para que el Instituto otorgue la reserva. CUARTO: Se RATIFICA el plazo otorgado de diez (10) años. QUINTO: Se RATIFICA la instrucción al Abogado OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS, en su condición de FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA a que proceda a modificar el Acuerdo de Clasificación de Información como reservada No. FGR-007-2018, de fecha seis (06) de abril del dos mil dieciocho (2018), en virtud de tener que apegarse a la Resolución emitida por este Instituto, tal como lo establece el Artículo 18 párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. SEXTO: Que se proceda a la emisión del Acuerdo de Clasificación de Información Pública de conformidad a los puntos otorgados en la Resolución No. SO-075-2020 y en la presente Resolución. SEPTIMO: Se ratifica la instrucción para que el MINISTERIO PUBLICO, adopte todas las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y evitar su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado conforme a lo dispuesto en el Artículo 25 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, por ser el MINISTERIO PUBLICO el responsable de los datos personales confidenciales que se encuentren bajo su custodia….” (Folios 118 al 141 de la pieza de antecedentes) 6)Que el recurrente, Abogado DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO, actuando en su condición antes indicada, compareció ante este Tribunal, en fecha cinco de mayo de dos mil veintiuno, interponiendo recurso de amparo a favor del MINISTERIO PUBLICO, por considerar que la resolución emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública, de fecha nueve de octubre de dos mil veinte, ha violentado los artículos 70 y 90 de la Constitución de la República.7)Que la Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito en fecha cuatro de junio de dos mil veintiuno, omitiéndose la vista de los antecedentes al Fiscal de Despacho de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Publico. CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que del examen de las diligencias, que forman los antecedentes, se observa, que el caso traído a esta Sala y por el cual se está solicitando garantía constitucional de Amparo, tiene su origen en el Acuerdo de Clasificación de Información Reservada del Ministerio Público emitida mediante Acuerdo N° FGR-007-2018 por el Fiscal General de la República OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS, acuerdo presentado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, para su revisión y clasificación de Reserva, el cual fue declarado parcialmente Con Lugar.CONSIDERANDO (3): Que en fecha cinco de mayo del año dos mil veintiuno, compareció ante este Alto Tribunal, el Abogado DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO, interponiendo Acción de Amparo a favor del MINISTERIO PUBLICO, contra la Resolución No.SO-075-2020 de fecha nueve de octubre del año dos mil veinte, ratificada mediante resolución No. SO-115-2021 el diecisiete de marzo del dos mil veintiuno, emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública, que resuelve Declarar CON LUGAR PARCIALMENTE la Solicitud de CLASIFICACION DE INFORMACION PUBLICA COMO RESERVADA presentada por el Abogado OSCAR FERNANDO CHINCILLA BANEGAS, actuando en su condición de FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA, en el acuerdo No.FGR-007-2018, de fecha seis de abril del dos mil dieciocho; considera el recurrente en amparo que la resolución impugnada es violatoria del principio del debido proceso, consagrados en los artículos 70 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (4): Que, en la interposición de la acción constitucional promovida, el recurrente argumenta que conforme al principio de reserva de Ley contenido en el artículo 70 de la Constitución de la República, ninguna persona (natural o jurídica), estará obligada a hacer lo que no estuviere legalmente prescrito, ni impedido de ejecutar lo que la ley no le prohíbe. Tal es el caso, que conforme a lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución de la República, la decisión de la autoridad delegada en materia de acceso a la información pública, debe observar como límite a sus facultades, los procedimientos determinados en la materia de su competencia (en este caso reserva penal), vinculando las disposiciones adjetivas que rigen dentro del proceso penal, que declara la reserva en los procesos en que se encuentren en investigación, so pena de incurrir en el delito de violación de secretos la autoridad que infrinja tal prohibición, previo a tomar una decisión (juzgar) aplicando su facultad legal delegada. Pues tal como lo expresa el artículo 321 de la Constitución, las facultades de los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública, tienen como limite la correcta aplicación de la ley, mismo límite que en caso de ser excedido, vuelve nulas sus actuaciones, pues tal y como la arbitrariedad de sus actos no obliga a los fiscales del Ministerio Público a omitir el estricto cumplimiento de la prohibición establecida por el artículo 275 del Código Procesal Penal, relacionado con el artículo 7 de la Ley del Ministerio Publico. Argumenta que al denegarse la reserva de la información en materia de archivos personales de los servidores y funcionarios y sus familiares, testigos protegidos y sus familiares, estrategias investigativas, se ponen en riesgo la vida, la integridad física, síquica y moral de nuestros servidores, vulnerando con ello los artículos 65 y 68 de la Constitución de la República, pues al excederse en sus facultades la autoridad recurrida, denegando la reserva de información tan sensible, nos pone a merced del crimen común y organizado, al obligarnos a dar los datos personales de estos ciudadanos y la planificación que son parte fundamental del proceso penal y quienes ni siquiera en el desarrollo y utilización de sus estrategias de investigación pueden tener certeza de que se garantiza la reserva, pues el Instituto de Acceso a la Información Pública, yendo más allá de sus facultades, obviando nuestro deber de reserva de estos procesos penales, pretende que cualquier persona tenga acceso a esta información sensible, incluidas las casas de los testigos protegidos del proceso penal, los informes, los planes de gira y operaciones especiales de las entidades de investigación. El Instituto de Acceso a la Información Pública con el acto reclamado propicia un medio idóneo, para que bien el crimen común o el crimen organizado, obtenga información estratégica de como el Ministerio Público maneja su planificación operativa cotidiana, brindándole a estos una herramienta idónea para evadir la acción de la persecución penal pública y en el peor de los casos, proporcionarle la información requerida para atentar contra los servidores y funcionarios que les combaten a diario.- Siendo un acto arbitrario que propicia el fracaso de los procesos investigativos y con ello el de la persecución penal pública; pues en forma precipitada, carente de reflexión y evidentemente de sensibilidad humana, pone en riesgo la vida, la integridad física, síquica y moral de nuestros servidores y funcionarios, de las victimas del delito, de los testigos, al igual que de los familiares de todos estos actores del proceso penal. CONSIDERANDO (5): Que el impetrante señala que en la resolución No. SO-075-2020, de fecha 09 de octubre del 2020, el Instituto de Acceso a la Información Pública, pretende denegar parcialmente la petición de reserva omitiendo cualquier referencia, análisis o inferencia relacionado al contenido de los artículos 275 del Código Procesal Penal que dispone: “Obligaciones de las autoridades encargadas de la investigación preliminar. En la práctica de toda diligencia investigativa, las autoridades encargadas de la investigación preliminar, guardarán el más absoluto respeto a los derechos individuales consagradas por la Constitución de la República, por los convenios internacionales relativos a derechos humanos de los que Honduras forma parte y por este Código. Las informaciones obtenidas solo podrán utilizarse para las finalidades investigativas propias de las autoridades referidas, debiendo guardarse la más absoluta reserva para cualquier otro efecto so pena de incurrir en el delito de violación de secretos.”; y el artículo 7 de la Ley del Ministerio Publico que dispone: “Los servidores y funcionarios del Ministerio Publico no podrán divulgar bajo ninguna circunstancia información sobre los asuntos que estén conociendo, salvo cuando la misma sea solicitada por alguien del mando jerárquico o tenga para ello la debida autorización del Fiscal General de la República. El incumplimiento de esta disposición constituye falta grave.”; con los cuales se puede desarrollar una labor de contraste en la resolución recurrida. Por lo cual solicita se declare la violación al debido proceso establecido en el artículo 90 de la Constitución de la República y como su consecuencia de los artículos 65 y 68 de la Constitución, al omitir el proceso de reserva establecido en el artículo 275 del Código Procesal Penal. Pues el Instituto de Acceso a la Información Pública a omitido reconocer porque el Acuerdo FGR-007-2018, si cumple con la excepcionalidad determinada en el artículo 17 numerales 1), 2), 3) y 4) de la ley de Transparencia y Acceso a la Información y los citados estándares básicos contenidos en la Declaración de Principios Sobre Libertad de Expresión, Declaración conjunta de 2004 de los Relatores para la Libertad de Expresión de la ONU, la OEA y la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea. En tal sentido, al haberse omitido el análisis a la legalidad por razones de excepcionalidad para solicitar la reserva conforme al artículo 275 del Código Procesal Penal, norma que determina las razones de excepcionalidad, por lo cual no debe olvidarse que el proceso penal y su fase de investigación involucra no solo a los sujetos del delitos, sino que a las partes involucradas en el proceso de investigación, como ser fiscal, agentes, personal auxiliar y administrativo, que son quienes custodian esas informaciones, por lo cual al cumplirse los parámetros de excepcionalidad determinados en el artículo 17 numerales 1), 2), 3), 4) de la Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública, debe reconocerse la pertinencia de la reserva en todos los casos planteados, pues de la misma depende no solo el éxito de las investigaciones, sino es indispensable a fin de garantizar la vida, la seguridad y la salud del personal del Ministerio Publico, de los testigos del proceso y de sus familiares. Con la reserva solicitada se garantiza el interés protegido por la Constitución de la República y las leyes, que es el desarrollo oficioso de la actividad del Ministerio Público, pues declarar esta reserva es la única manera de generar una ventaja en el combate contra la criminalidad. En tal sentido el acuerdo de reserva es fundado en los artículos 275 del Código Procesal Penal y 7 de la ley del Ministerio Publico, por ende están enmarcadas dentro de los criterios de razonabilidad que manda el artículo 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información, en sus numerales 1; 2; 3; 4); en virtud del cual el bienestar o interés particular de quien solicite información que concierne exclusivamente a las investigaciones del Ministerio Público, debe considerar la seguridad individual de sus agentes y las estrategias desarrolladas por éstos para asegurar que el Estado cumpla con sus fines de seguridad nacional, garantizando el interés protegido por nuestra Constitución. CONSIDERANDO (6): Que el pedidor de la presente acción constitucional de Amparo, arguye violación al debido proceso por la denegatoria por el Instituto de Acceso a la Información Pública, de 38 supuestos contenidos en la Acuerdo N°FGR-007-2018, los cuales detalla y argumenta de la siguiente manera: Artículo 2. CLASIFICACION O RESERVA DE INFORMACION ADMINISTRATIVA RELACIONADA CON LA ACTIVIDAD FISCAL E INVESTIGATIVA QUE DESARROLLA EL MINISTERIO PUBLICO. Procesos de selección de los servidores e información de los aspirantes a ingresar a la institución. Argumenta el pedidor que el Instituto de Acceso a la Información Pública, no considera la legalidad contenida en los artículos 7 de la ley del Ministerio Publico y 275 del Código Procesal Penal, se omitió un pronunciamiento sobre la vinculación que el personal que participa en los procesos de selección tendrá con las labores de investigación y persecución penal que desarrolla el Ministerio Publico. Fundamenta la petición en el artículo 17 numerales 1, 2, 3, y 4 para declarar la reserva. Hoja de servicios/trabajo. Argumenta el pedidor que el Instituto de Acceso a la Información Pública no considera la legalidad contenida en los artículos 7 de la ley del Ministerio Publico y 275 del Código Procesal Penal, se omitió un pronunciamiento sobre la reserva que debe tenerse, sin perjuicio de que los entes contralores puedan acceder a esta información, pues todo el personal tiene vinculación directa o indirecta con las labores de investigación y persecución penal que desarrolla el Ministerio Publico. Fundamenta la petición en el artículo 17 numerales 1, 2, 3, y 4 para declarar la reserva. Expedientes clínicos. Argumenta el pedidor que este supuesto dentro del Ministerio Publico tiene diferentes vinculaciones, entre ellas la información contenida en los expedientes formados por medicina forense para los diferentes procesos de investigación e igualmente a los expedientes formados por la División de recursos humanos para las pruebas de evaluación mental, poligráfica y toxicológica. Fundamenta su petición en los artículos 7 Ley del Ministerio Público y 275 del Código Procesal Penal. Fundamenta la petición en el artículo 17 numerales 1, 2, 3, y 4 para declarar la reserva. Padrón fotográfico de las personas que se encuentran en la base de datos del Ministerio Público. Argumenta el pedidor que el objetivo es que el Ministerio Publico tenga un instrumento propio, que garantice su reserva en casos específicos. Si existe la reserva en la ley no está de más que se autorice su reserva con base en la ley de Transparencia y acceso a la información pública. g) Puntos de control interno de zonas críticas; Inventario, distribución y detalle de armas (tipo, cantidad, serie, código), e información del Registro de Armas de Fuego y control de explosivos de la Secretaría de Seguridad, equipos especiales (sistema de inteligencia computarizado, equipo logístico, binoculares y otros) municiones, pertrechos/chalecos antibalas, placas, chapas de identificación, uniformes, seudónimos o distintivos, asignaciones, bitácoras, roles de servicio, sistemas de comunicación, cualquier otro medio de protección y seguridad que se utilice, asimismo los números de elementos que forman parte de las diferentes Oficinas Regionales; En cuanto a estos dos puntos argumenta el pedidor que si la reserva existe en otra resolución, debe recordarse que sus razonamientos dan respuesta a un caso particular, por lo cual la petición del Ministerio Público queda sin respuesta concreta, pues esta información debe manejarse en forma reservada por el Ministerio Público y no por la Secretaría de Seguridad. Fundamenta la petición en el artículo 17 numerales 1, 2, 3, y 4 para declarar la reserva. i) Medios o unidades de transporte (características, colores, series, placa), utilizados por el Ministerio Publico a nivel nacional; j) Información y detalle sobre equipo técnico especializado para la ejecución de operaciones, vestimenta táctica, uniformes con que cuenta la institución; k) Información relativa al entrenamiento, capacitación y formación especial que reciben los servidores de la institución, asimismo detalle de la profesionalización que imparta la Escuela de Formación y Capacitación “Orlan Arturo Chavez”; Argumenta el Pedidor que si esta información se hace pública se facilitaría una herramienta para planificar y contrarrestar los mecanismos técnicos, estrategias, desarrollo de capacidades humanas en tácticas de combate al narcotráfico, crimen organizado y delincuencia común. Esta denegatoria de reserva tendría consecuencias lamentables para las unidades encubiertas de combate a la criminalidad y trastocaría la planificación de las direcciones de investigación y fiscalía, además podría afectar la vida, la seguridad y la salud del personal y los testigos que se transportan en ellos. Funda la petición en el artículo 17 numerales 1, 2, 3, y 4 para declarar la reserva. n) Información que revele puntos estratégicos que puedan significar debilidad en la seguridad interna y externa de los edificios donde se encuentran ubicadas oficinas del Ministerio Público; Argumenta el pedidor que, si no se concede la reserva y se hace pública, se facilitaría una herramienta para planificar y perpetrar atentados contra sus instalaciones físicas. Arguye también que se tienen casas seguras donde se albergan a testigos protegidos, informantes, y agentes de investigación que desarrollan actividades encubiertas y la no reserva solo favorece al debilitamiento de la institucionalidad y podrían afectar la vida, la seguridad y salud del personal. Funda la petición en el artículo 17 numerales 1, 2, 3, y 4 para declarar la reserva. o) Manuales de procedimientos especiales; Argumenta el pedidor que si esta información se hace pública se facilitaría una herramienta para planificar y contrarrestar los mecanismos técnicos, estrategias, desarrollo de capacidades humanas en tácticas de combate al narcotráfico, crimen organizado y delincuencia común. Esta denegatoria de reserva tendría consecuencias lamentables para las unidades encubiertas de combate a la criminalidad y trastocaría la planificación de las direcciones de investigación y fiscalía, además podría afectar la vida, la seguridad y la salud del personal, el éxito de las investigaciones, la persecución delictiva y el procesamiento del delito y la persecución penal oficiosa. Funda su petición en el artículo 17 numerales 1, 2, 3, y 4 para declarar la reserva. p) Procedimientos de archivos, almacenes de evidencia y seguridad de los mismos; Argumenta el pedidor que los lineamientos del archivo del Instituto de Acceso a la Información Pública, no contienen mecanismos que permitan manejar la custodia de evidencias biológicas, químicas, de sustancias controladas, de objetos del delito, drogas y armas. Funda su petición en el artículo 17 numerales 1, 2, 3, y 4 para declarar la reserva. q) Las bases de datos de la institución; Argumenta el pedidor que la base de datos del Ministerio Publico custodia información sensible y relacionada a los procesos de investigación que salvaguarda como secreto (Art. 275 del CPP y 7 de Ley del MP), por lo cual, y hasta tanto no se determine por el Congreso nacional una causa de inculpabilidad para develar los secretos del proceso penal, esta información no puede ser develada sin incurrir en delito, por quien facilite su acceso. Funda la petición en el artículo 17 numerales 1, 2, 3, y 4 para declarar la reserva. s) Contratos de compraventa, comodato y arrendamientos de bienes muebles e inmuebles de la institución; Argumenta el pedidor que si se hace pública esta información, se facilitaría una herramienta para planificar y perpetrar contra las instalaciones físicas, debe recordad el Instituto de Acceso a la Información Pública, que además de las instalaciones públicas donde operan nuestros despachos, cuyos planos y sistemas de seguridad requieren reserva, también tenemos casas seguras donde se albergan víctimas de delitos y testigos protegidos y agentes de investigación que desarrollan su actividad a partir de operaciones encubiertas de combate a la criminalidad. De develarse esta información se expone la ubicación de las instalaciones físicas y se arriesga a testigos e información protegida. Funda la petición en el artículo 17 numerales 1, 2, 3, y 4 para declarar la reserva. t) Datos e información de los expedientes personales de los servidores del Ministerio público; Argumenta el pedidor que, si la reserva existe en la ley, no está demás que se autorice su reserva con fundamento en el principio de reserva contenido a Ley de Acceso y Transparencia. u) La jornada laboral y registro de entrada y salida del personal de la institución; Argumenta el pedidor que la seguridad del personal se rige por el principio de unidad de actuaciones, el combate a la criminalidad y la defensa de los intereses generales de la sociedad debe ser de interés público, por lo cual es de sumo interés para los grupos criminales conocer los turnos laborales, pues dicho personal maneja información sensible relacionada a los procesos de investigación que salvaguarda como secreto el artículo 275 del Código Procesal Penal y 7 de Ley del Ministerio Público. Funda la petición en el artículo 17 numerales 1, 2, 3, y 4 para declarar la reserva. y) Expedientes administrativos y procesos disciplinarios de los servidores del Ministerio Publico. Argumenta el pedidor que, si la reserva existe en la ley, es urgente que se autorice su reserva con fundamento en el principio de reserva contenido en la Ley de Transparencia y Acceso.En relación al Artículo 3. CLASIFICACION O RESERVA DE INFORMACION RELACIONADA CON LA ACTIVIDAD FISCAL E INVESTIGATIVA QUE DESARROLLA EL MINISTERIO PUBLICO. b) Información personal de las autoridades que han intervenido en las diligencias procesales en los diferentes niveles del proceso penal, es decir, fiscales, policías, detectives, agentes, peritos; Argumenta el pedidor que, si la reserva existe en la ley, es urgente que se autorice con fundamento en el principio de reserva contenido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El personal del Ministerio Público recibe, procesa y custodia información sensible y relacionada a los procesos de investigación que salvaguarda como secreto el artículo 275 del Código Procesal Penal y 7 de la Ley del Ministerio Público. Funda la petición en el artículo 17 numerales 1, 2, 3, y 4 para declarar la reserva. c) Base de datos del SIGEFI (Sistema de Gestión Fiscal) y el Sistema de Alerta de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico; Argumenta el pedidor que, si la reserva existe en la ley, es urgente que se autorice con fundamento en el principio de reserva contenido en la ley, por la vinculación de este sistema con el manejo de la información reservada en el artículo 275 del Código Procesal Penal. d) Información de operativos, estrategias de seguridad, técnicas de investigación y toda actividad de prevención, persecución de delitos e impartición de justicia; Argumenta el pedidor que el Instituto de Acceso a la Información Pública afirma en la resolución recurrida que el Ministerio Publico “no fundamenta que el daño que pueda producirse, es mayor que el interés público de conocer la misma…” al excluir el IAIP de su análisis la reserva que manda el artículo 275 del Código Procesal Penal y 7 de la Ley del Ministerio Público, es imposible desarrollar tal ponderación. Los operativos, las estrategias de seguridad, las técnicas de investigación y las actividades de prevención, persecución de delitos e impartición de justicia, forman parte de un todo dentro del proceso de investigación, el éxito de todo ello, depende de la reserva. Funda la petición en el artículo 17 numerales 1, 2, 3, y 4 para declarar la reserva. l) Las bases de datos de la Dirección de medicina forense y la Agencia Técnica de investigación Criminal. Argumenta el pedidor que, si la reserva existe en la ley, es necesario que se autorice su reserva, con fundamento en el principio de reserva contenido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por la vinculación de esta base de datos con el manejo de la información reservada que manda el artículo 275 del Código Procesal Penal. En relación al Artículo 4. CLASIFICACION O RESERVA DE INFORMACION ADMINISTRATIVA RELACIONADA CON PERSONAS PARTICULARES O SUJETOS DEL PROCESO, QUE DIRECTA O INDIRENTAMENTE SE VEAN VINCULADOS CON LA ACTIVIDAD FISCAL E INVESTIGATIVA QUE DESARROLLA EL MINISTERIO PUBLICO. a) Datos e información personal de los denunciantes, testigos, víctimas, informantes; b) Información personal de los ciudadanos contenidas en las diferentes bases de datos o concentrada en los sistemas de información; c) Información personal de los menores de edad detenidos y casos en que se involucre su interés jurídicamente tutelado; Argumenta el pedidor que si la reserva existe en la ley, es necesario que se autorice su reserva, con fundamento en el principio de reserva con tenido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por la vinculación del personal con los procesos de investigación y procesamiento criminal. d) Detalle de los investigadores/personal que participe en los operativos; Argumenta el pedidor que, si esta información se hace pública, se facilitaría una herramienta a la criminalidad para planificar y contrarrestar los procedimientos y estrategias desarrolladas en estos operativos. Funda la petición en el artículo 17 numerales 1, 2, 3, y 4 para declarar la reserva. e) Detalle del costo de las giras, destino de viaje, viáticos/nombre de beneficiarios y operativos en relación a quien participa en ellos; Argumenta el pedidor que la información está relacionada con los operativos que se desarrollan y si esta información se hace pública, se facilitaría una herramienta a la criminalidad para planificar y contrarrestar los procedimientos y estrategias desarrolladas en estos operativos. Fundamenta la petición en el artículo 17 numerales 1, 2, 3, y 4 para declarar la reserva. f) Detalle del objeto del gasto, nombres de beneficiarios, proveedores, compras efectuadas en la armería y otros que suplan suministros de seguridad, comunicaciones y dispositivos de vigilancia; Argumenta el pedidor que, si esta información se hace pública, se facilitaría una herramienta a la criminalidad para planificar y contrarrestar los mecanismos y herramientas que se utilizan para neutralizar la respuesta de la criminalidad. Fundamenta la petición en el artículo 17 numerales 1, 2, 3, y 4 para declarar la reserva. g) Contratos de compraventa, arrendamiento o comodato de instalaciones físicas (inmuebles) que sean utilizados por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Dirección de Lucha contra el Narcotráfico y las del programa de Protección a testigos protegidos; h) Contratos con personas naturales y jurídicas que nos brinden servicios en materia de seguridad; i) Detalle de los pagos por proveedor para atender procesos relacionados con las investigaciones que vinculen directa o indirectamente a estos sujetos; Argumenta el pedidor que la información pertinente a las instalaciones físicas del Ministerio Público que son en virtud de contrato de comodato o arrendamiento, debe manejase en forma reservada. Si esta información se hace pública, se facilitaría una herramienta a la criminalidad para planificar y perpetrar atentados contra las instalaciones físicas del Ministerio Publico y además se estaría exponiendo el nombre de las personas naturales o jurídicas con las que se contrata, a quienes se podría poner en peligro. Fundamenta la petición en el artículo 17 numerales 1, 2, 3, y 4 para declarar la reserva. j) Informes de caja chica y fondos reintegrables relacionados con procesos de investigación que vinculen directa o indirectamente a estos sujetos; Argumenta el pedidor que la información está relacionada con los procesos de investigación y si esta información se hace pública, se facilitaría una herramienta para conocer los talleres donde se adquieren insumos durante los procedimientos de vigilancia o actividades encubiertas, pudiendo planificar y contrarrestar los procedimientos y estrategias, poniendo en precario no solo el éxito de la investigación, sino la vida de los investigadores y fiscales. Funda su petición en el artículo 17 numerales 1, 2, 3, y 4 para declarar la reserva. k) La información contenida en el VAM (Visual Account Mate) o el programa de gestión administrativa utilizado en el futuro, relacionado con procesos de investigación que vinculen directa o indirectamente a estos sujetos. Argumenta el pedidor que debe entenderse que la información del VAM, continuará generando información relacionada a las actividades administrativas indispensables para el buen funcionamiento de las operaciones de investigación, independientemente de su denominación en el futuro. Por lo tanto, no está demás que se autorice su reserva con fundamento en el principio de reserva contenido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. CONSIDERANDO (7): Que del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional advierte que la recurrente muestra su inconformidad con la Resolución No. SO-075-2020 de fecha nueve de octubre del dos mil veinte ratificada mediante resolución No. SO-0115-2021 de fecha diecisiete de marzo del dos mil veintiuno emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública, que declara parcialmente con lugar la solicitud de CLASIFICACION DE INFORMACIÓN PUBLICA COMO RESERVADA presentada por el Abogado OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS, actuando en su condición de FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA en el Acuerdo FGR.007-2018 de fecha seis de abril del año dos mil dieciocho. CONSIDERANDO (8): Que habiendo identificado el asunto esencial por el cual el recurrente muestra su inconformidad y acude en amparo, es importante para esta Sala de lo Constitucional y de observancia obligatoria en respeto al debido proceso y principio de legalidad, lo establecido en el artículo 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a saber: “NATURALEZA Y FINALIDAD DE LA LEY. Esta Ley es de orden público e interés social. Tiene por finalidad el desarrollo y ejecución de la política nacional de transparencia, así como el ejercicio del derecho de toda persona al acceso a la información pública para el fortalecimiento del Estado de Derecho y consolidación de la democracia mediante la participación ciudadana.”. en ese orden de ideas, el artículo 3 numeral 4) de la ley relacionada establece: “Instituciones obligadas: a)El Poder Legislativo, el Poder judicial, el Poder Ejecutivo, las instituciones autónomas, las municipalidades y los demás órganos e instituciones del Estado; b) Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG´S), las Organizaciones Privadas de Desarrollo (OPD´S) y en general todas aquellas personas naturales o jurídicas que a cualquier título reciban o administren fondos públicos, cualquiera que sea su origen, sea nacional o extranjero o sea por si misma o a nombre del Estado o donde éste haya sido garante, y todas aquellas organizaciones gremiales que reciban ingresos por la emisión de timbres, por la retención de bienes o que estén exentos del pago de impuestos;…”.CONSIDERANDO (9): En ese orden de ideas el artículo 17 de la Ley de Transparencia dispone: “CLASIFICACION DE LA INFORMACIÓN COMO RESERVADA. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley sobre secretividad de datos y procesos y confidencialidad de datos personales y de información entregada por particulares al Estado bajo reserva; la clasificación de la información pública como reservada procede cuando el daño que puede producirse, es mayor que el interés publico de conocer la misma o cuando la divulgación de la información ponga en riesgo o perjudique: 1) La seguridad del Estado; 2) La vida, la seguridad y la salud de cualquier persona, la ayuda humanitaria, los intereses jurídicamente tutelados a favor de la niñez y de otras personas o por la garantía de Habeas Data; 3) El desarrollo de investigaciones reservadas en materia de actividades de prevención, investigación o persecución de los delitos o de la impartición de justicia; 4) El interés protegido por la Constitución y las leyes; 5) La conducción de las negociaciones y las relaciones internacionales; y 6) La estabilidad económica, financiera o monetaria del país o la gobernabilidad.”; así el artículo 18 establece: “ACUERDO DE CLASIFICACION DE LA INFORMACION COMO RESERVADA. Para clasificar la información como reservada, en base a cualquiera de las causales enumeradas en el artículo anterior, el titular de cualquier órgano público, deberá elevar la petición por medio de la instancia de máxima jerarquía de la institución a la cual pertenezca, quien, de considerarlo pertinente, emitirá el respectivo acuerdo de clasificación de la información debidamente motivado y sustentado. El titular respectivo debe remitir copia de la petición al Instituto de Acceso a la Información Pública. Cuando éste considere que la información cuya clasificación se solicita no se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo anterior, lo hará del conocimiento del superior respectivo y este denegará la solicitud del inferior. Si, contrariando esta opinión, se emitiere el acuerdo de clasificación, éste será nulo de pleno derecho.”; por ultimo el artículo 19 dispone: “DURACION DE LA RESERVA. La información clasificada como reservada, tendrá este carácter mientras subsista la causa que dio origen a la reserva, fuera de esta circunstancia, la desclasificación de la reserva solo tendrá lugar, una vez que se haya cumplido un término de diez (10) años, contados a partir de la declaratoria de reserva, salvo que exista una orden judicial, en cuyo caso, la reclasificación se circunscribirá al caso especifico y para uso exclusivo de la parte interesada, es decir bajo reserva de uso público.” CONSIDERANDO (10): Que en fecha 6 de diciembre del año 2004, se adoptó la Declaración Conjunta sobre el acceso a la información; dicha declaración recoge lineamientos generales que deben ser observados por los Estados, reconociendo la importancia fundamental del acceso a la información para la participación democrática, la rendición de cuentas en los gobiernos y el control de la corrupción, así como para la dignidad personal y la eficiencia en los negocios; observando asimismo el reconocimiento cada vez mayor del derecho fundamental al acceso a la información en poder de las autoridades –al que a veces se hace referencia como el derecho a la libertad de información-. La declaración relacionada, establece inter alia lo siguiente: a. El derecho de acceso a la información en poder de las autoridades públicas es un derecho humano fundamental que debería aplicarse a nivel nacional a través de legislación global (por ejemplo, las leyes de libertad de acceso a información) basada en el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda la información es accesible, sujeto solamente a un sistema restringido de excepciones; b. Las autoridades públicas deberán tener la obligación de publicar en forma dinámica, incluso en la ausencia de solicitud, toda una gama de información de interés público; c. El acceso a la información es un derecho de los ciudadanos. Como resultado, el proceso para acceder a la información deberá ser simple, rápido y gratuito o de bajo costo; d. El derecho de acceso a la información deberá estar sujeto a un sistema restringido de excepciones cuidadosamente adoptado para proteger los intereses públicos y privados preponderantes, incluida la privacidad. Las excepciones se aplicarán solamente cuando exista el riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos y cuando ese daño sea mayor que el interés público en general de tener acceso a la información; e) Aquellos que soliciten información deberán tener la posibilidad de apelar cualquier denegación de divulgación de información ante un órgano independiente con plenos poderes para investigar y solucionar dichos reclamos.CONSIDERANDO (11): Que El Principio de Máxima Divulgación ha sido reconocido en el sistema interamericano como un principio rector del derecho a buscar, recibir y difundir informaciones, contenido en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este sentido, la Corte Interamericana ha establecido en su jurisprudencia que, “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación” de modo que “toda la información en poder del Estado se presuma pública y accesible, sometida a un régimen limitado de excepciones”. En idéntico sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha explicado que, en virtud del artículo 13 de la Convención Americana, el derecho de acceso a la información se debe regir por el principio de la máxima divulgación. Asimismo, el numeral 1 de la Resolución CJI/RES.147 (LXXIII-O/08) (“Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información”) del Comité Jurídico Interamericano ha establecido que, “[t]oda información es accesible en principio. El acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto sólo a un régimen limitado de excepciones”. CONSIDERANDO (12): Que es importante mencionar que el Poder Legislativo creó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la que se encuentra vigente desde el año dos mil siete. Al momento de su creación los legisladores hicieron hincapié en que la transparencia y la rendición de cuentas son garantías para un mejor desempeño del servidor público y del gobierno en general y además, condiciones necesarias para una efectiva participación ciudadana en la construcción de una auténtica democracia; sostuvieron asimismo, que el derecho de acceso a la información pública es garantía de transparencia para que los ciudadanos puedan fiscalizar y exigir cuentas a los servidores públicos, a cada paso del proceso y en cualquier momento y además, constituye un medio eficaz contra la corrupción. Sin olvidar que el Estado ha ratificado la Convención Interamericana contra la Corrupción. Los artículos de la Ley que se cuestionan inconstitucionales, se fundamenta en lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que señala en su párrafo segundo, que la clasificación de la información pública como reservada procede cuando el daño que puede producirse, es mayor que el interés público de conocer la misma o cuando la divulgación de la información ponga en riesgo o perjudique inter alia, la seguridad del Estado. CONSIDERANDO (13): Que la limitación al principio de máxima divulgación, deberá estar sujeto a un sistema restringido de excepciones cuidadosamente adoptado para proteger los intereses públicos y privados preponderantes, incluida la privacidad. En consecuencia las excepciones se aplicarán solamente cuando exista el riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos y cuando ese daño sea mayor que el interés público en general de tener acceso a la información; en palabras de Gilma Agurcia Valencia “Para que la autoridad pueda reservar la información debe señalar las razones de la reserva de modo claro y convincente, a estos argumentos se les llama “prueba de daño” o sea como lo señala nuestra Ley “cuando el daño que puede producirse es mayor que el interés público de conocer la información”. CONSIDERANDO (14): Que el Acuerdo de Reserva No. FGR-007-2018 emitida por el Abogado OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS, en su condición de Fiscal General de la República, fue declarado parcialmente con lugar por el Instituto de Acceso a la Información Pública mediante resolución No. SO-075-2020 de fecha nueve de octubre del año dos mil veinte y ratificada mediante resolución No. SO-0115-2021 que resuelve recurso de reposición en fecha diecisiete de marzo del año dos mil veintiuno, contiene diferentes peticiones de reserva que se detallan a continuación:Artículo 2. CLASIFICACION O RESERVA DE INFORMACION ADMINISTRATIVA RELACIONADA CON LA ACTIVIDAD FISCAL E INVESTIGATIVA QUE DESARROLLA EL MINISTERIO PUBLICO. a) Procesos de selección de los servidores e información de los aspirantes a ingresar a la institución; Argumento del Instituto de Acceso a la Información Pública: No se otorga en virtud que la institución al momento de existir una solicitud de información debe de realizar una versión publica de dicha documentación. En base al principio de máxima divulgación, la información debe ser difundida de oficio. No contrasta la petición con lo establecido en los artículos 275 del Código Procesal Penal y 7 de la Ley del Ministerio Publico, ambos artículos son propios del desarrollo de los procesos investigativos. Fundamento Jurídico. Artículo 13 numeral 9 de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública. Argumento del Ministerio Publico en el amparo: El Instituto de Acceso a la Información Pública, no considera la legalidad contenida en los artículos 7 de la ley del Ministerio Publico y 275 del Código Procesal Penal, se omitió un pronunciamiento sobre la vinculación que el personal que participa en los procesos de selección tendrá con las labores de investigación y persecución penal que desarrolla el Ministerio Publico. Dicha petición cumple con la excepcionalidad requerida en el artículo 17 numerales 1, 2, 3, y 4 para declarar la reserva, caso contrario podría propiciar el fracaso de los procesos de investigación y persecución pública y se pone en riesgo la vida, integridad física, psíquica y moral de los servidores y funcionarios. Apreciación de la Sala Constitucional: El Artículo 275 del Código Procesal Penal y 7 de la Ley del Ministerio Publico, no son aplicables al caso concreto, pues los mismos están referidos a la reserva en la investigación preliminar en los procesos penales y no a los procesos administrativos de selección de servidores del Ministerio Publico, por lo que esta Sala Constitucional aprecia que el argumento por medio del cual se deniega la reserva solicitada se encentra fundamentada en normativa legal aplicable al caso en concreto. b) Hoja de servicios/trabajo; Argumento del Instituto de Acceso a la Información Pública: Argumento para los incisos b), c), d). Ya la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública lo establece como dato personal confidencial, es de acceso restringido por la misma ley, no es necesario que lo contenga una resolución, pues la misma ley le otorga la reserva. Otorgarlo sería un acto redundante. Argumento del Ministerio Publico en el amparo: El Instituto de Acceso a la Información Pública no considera la legalidad contenida en los artículos 7 de la ley del Ministerio Publico y 275 del Código Procesal Penal, se omitió un pronunciamiento sobre la reserva que debe tenerse, sin perjuicio de que los entes contralores puedan acceder a esta información, pues todo el personal tiene vinculación directa o indirecta con las labores de investigación y persecución penal que desarrolla el Ministerio Publico. Dicha petición cumple con la excepcionalidad requerida en el artículo 17 numerales 1, 2, 3, y 4 para declarar la reserva, caso contrario podría propiciar el fracaso de los procesos de investigación y persecución pública y se pone en riesgo la vida, integridad física, psíquica y moral de los servidores y funcionarios. C) Expedientes clínicos; Argumento del Instituto de Acceso a la Información Pública: En relación a los incisos b), c), d), ya la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública lo establece como dato personal confidencial, es de acceso restringido por la misma ley, no es necesario que lo contenga una resolución, pues la misma ley le otorga la reserva. Otorgarlo sería un acto redundante. Argumento del Ministerio Publico en el amparo: Este supuesto dentro del Ministerio Publico tiene diferentes vinculaciones, entre ellas la información contenida en los expedientes formados por medicina forense para los diferentes procesos de investigación e igualmente a los expedientes formados por la División de recursos humanos para las pruebas de evaluación mental, poligráfica y toxicológica. Fundamenta su petición en los artículos 7 Ley del Ministerio Público y 275 del CPP. Dicha petición cumple con la excepcionalidad requerida en el artículo 17 numerales 1, 2, 3, y 4 para declarar la reserva, caso contrario podría propiciar el fracaso de los procesos de investigación y persecución pública y se pone en riesgo la vida, integridad física, psíquica y moral de los servidores y funcionarios. d) Padrón fotográfico de las personas que se encuentran en la base de datos del Ministerio Público; Argumento del Instituto de Acceso a la Información Pública: En relación a los incisos b), c), d), ya la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública lo establece como dato personal confidencial, es de acceso restringido por la misma ley, no es necesario que lo contenga una resolución, pues la misma ley le otorga la reserva. Otorgarlo sería un acto redundante. Fundamento Jurídico. Artículo 16 numeral 2 de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública. Argumento del Ministerio Publico en el amparo: El objetivo es que el Ministerio Publico tenga un instrumento propio, que garantice su reserva en casos específicos. Si existe la reserva en la ley no está de más que se autorice su reserva con base en la ley de Transparencia y acceso a la información pública.Apreciación de la Sala Constitucional: El Artículo 3 inciso 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica señala como Datos personales confidenciales: “Los relativos al origen étnico o racial, características físicas, morales o emocionales, domicilio particular, número telefónico particular, dirección electrónica particular, participación, afiliación a una organización política, ideología política, creencias religiosas o filosóficas, estados de salud, físicos o mentales, el patrimonio personal o familiar y cualquier otro relativo al honor, la intimidad personal, familiar o la propia imagen.”; en ese sentido el artículo 24 de la misma ley, dispone. “SISTEMATIZACION DE ARCHIVOS PERSONALES Y SU ACCESO. Los datos personales serán protegidos siempre. El interesado o en su caso El comisionado Nacional de los Derechos Humanos por o en representación de la parte afectada y el Ministerio Publico podrán incoar las acciones legales necesarias para su protección. El acceso a los datos personales únicamente procederá por decreto judicial o a petición de la persona cuyos datos personales se contienen en dicha información o de sus representantes o sucesores.”, lo anterior en armonía con lo establecido en el artículo 16 numeral 2 que dispone: “RESTRICCION DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN. El ejercicio del derecho de acceso a la información pública estará restringido cuando: 1)…; 2) Se reconozca como información reservada o confidencial de acuerdo con el Artículo 3 numerales 7) y 9) de la presente Ley; 3) …; y, 4) ….”. Esta Sala advierte que la resolución que deniega la reserva solicitada está fundada en las normas citadas en este acapice, pues ya la ley establece que la información solicitada se declare en reserva, es de uso restringido y confidencial. Por ello la denegatoria de tal petición es lo procedente. e) Planes de seguridad interna de las instalaciones que comprender Ministerio Público; Se Otorga reserva. f)Planos, ubicación de las instalaciones físicas (inmuebles), viviendas seguras y medidas de seguridad de cada edificio del Ministerio Público; Argumento del Instituto de Acceso a la Información Pública: Se Otorga reserva solo en relación a las viviendas seguras (planos, ubicación de las instalaciones físicas y medidas de seguridad). g)Puntos de control interno de zonas críticas; Se Otorga reserva. h) Inventario, distribución y detalle de armas (tipo, cantidad, serie, código), e información del Registro de Armas de Fuego y control de explosivos de la Secretaría de Seguridad, equipos especiales (sistema de inteligencia computarizado, equipo logístico, binoculares y otros) municiones, pertrechos/chalecos antibalas, placas, chapas de identificación, uniformes, seudónimos o distintivos, asignaciones, bitacoras, roles de servicio, sistemas de comunicación, cualquier otro medio de protección y seguridad que se utilice, asimismo los números de elementos que forman parte de las diferentes Oficinas Regionales; Argumento del Instituto de Acceso a la Información Pública: No se otorga en vista que está solicitando reserva de información que pertenece a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, tal como el Ministerio Publico lo manifiesta. Información otorgada mediante resolución No. SO-139-2018 (17-07-2018) Clasificación de información otorgada a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. Argumento del Ministerio Publico en el amparo: Si la reserva existe en otra resolución, debe recordarse que sus razonamientos dan respuesta a un caso particular, por lo cual la petición del Ministerio Público queda sin respuesta concreta, pues esta información debe manejarse en forma reservada por el Ministerio Publico y no por la Secretaría de seguridad. Dicha petición cumple con la excepcionalidad requerida en el artículo 17 numerales 1, 2, 3, y 4 para declarar la reserva. Apreciación de la Sala Constitucional: Analizado esta petición, advierte esta Sala que, en la petición de este punto en específico, la misma institución que solicita la reserva, establece que es información que pertenece a la Secretaría de Seguridad. Por ello la declaratoria de la reserva es lo procedente. I) Medios o unidades de transporte (características, colores, series, placa), utilizados por el Ministerio Publico a nivel nacional; j) Información y detalle sobre equipo técnico especializado para la ejecución de operaciones, vestimenta táctica, uniformes con que cuenta la institución; k)Información relativa al entrenamiento, capacitación y formación especial que reciben los servidores de la institución, asimismo detalle de la profesionalización que imparta la Escuela de Formación y Capacitación “Orlan Arturo Chavez”; i) Formatos de dictámenes que se utilizan en la Dirección de medicina Forense; Argumento del Instituto de Acceso a la Información Pública: En cuanto a los puntos i), j), k), l) No se otorga. Es información pública. De acuerdo a los principios globales sobre seguridad nacional y el derecho a la información (principios de Tshwane), corresponde a la autoridad pública que pretenda que no se divulgue determinada información demostrar la legitimidad de cualquier restricción que se aplique. El Ministerio Público no proporcionó nuevos elementos que justifiquen la solicitud y que demuestren que el daño que pueda producir sea mayor que el interés público. Argumento del Ministerio Publico en el amparo: Si esta información se hace pública se facilitaría una herramienta para planificar y contrarrestar los mecanismos técnicos, estrategias, desarrollo de capacidades humanas en tácticas de combate al narcotráfico, crimen organizado y delincuencia común.Esta denegatoria de reserva tendría consecuencias lamentables para las unidades encubiertas de combate a la criminalidad y trastocaría la planificación de las direcciones de investigación y fiscalía, además podría afectar la vida, la seguridad y la salud del personal y los testigos que se transportan en ellos. Dicha petición cumple con la excepcionalidad requerida en el artículo 17 numerales 1, 2, 3, y 4 para declarar la reserva. Apreciación de la Sala Constitucional: En cuanto a los puntos i), j), k), l), la Sala aprecia que la información contenida en los acápites señalados y de los cuales se pide reserva, es información pública según lo dispone el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Así también de la revisión de la pieza principal se puede apreciar que la institución que solicita la reserva de esta información, no proporcionó elementos que justifiquen la solicitud de reserva y que demuestren que el daño que pueda producir sea mayor que el interés público, demostrando con ello la legitimidad de la petición tal como se señala en los Principios globales sobre seguridad nacional y el derecho a la información (“Principios de Tshwane”), que en el principio 4 se señala que no basta con que la autoridad pública afirme que existe un riesgo, sino que debe proporcionar razones específicas y sustanciales que respalden sus afirmaciones. Por ello considera la Sala que la denegatoria de reserva de los puntos i), j), k), l), es procedente. M)Registros de las cámaras de seguridad; Se Otorga Reserva. únicamente el registro de las cámaras de seguridad establecidas en las oficinas del Ministerio público. h) Información que revele puntos estratégicos que puedan significar debilidad en la seguridad interna y externa de los edificios donde se encuentran ubicadas oficinas del Ministerio Público; Se Otorga Reserva. o) Manuales de procedimientos especiales; Argumento del Instituto de Acceso a la Información Pública: No se otorga. Es información Pública. El Ministerio Publico no proporciona nuevos elementos que justifiquen la petición. Argumento del Ministerio Publico en el amparo: Si esta información se hace pública se facilitaría una herramienta para planificar y contrarrestar los mecanismos técnicos, estrategias, desarrollo de capacidades humanas en tácticas de combate al narcotráfico, crimen organizado y delincuencia común. Esta denegatoria de reserva tendría consecuencias lamentables para las unidades encubiertas de combate a la criminalidad y trastocaría la planificación de las direcciones de investigación y fiscalía, además podría afectar la vida, la seguridad y la salud del personal, el éxito de las investigaciones, la persecución delictiva y el procesamiento del delito y la persecución penal oficiosa.Dicha petición cumple con la excepcionalidad requerida en el artículo 17 numerales 1, 2, 3, y 4 para declarar la reserva. Apreciación de la Sala Constitucional: En cuanto a este punto la Sala aprecia que la información de la cual se pide reserva, es información pública según lo dispone el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Asimismo, de la revisión de la pieza principal se puede apreciar que la institución que solicita la reserva de esta información, no proporcionó medios de prueba que justifiquen la solicitud de reserva y que demuestren que el daño que pueda producir sea mayor que el interés público, demostrando con ello la legitimidad de la petición tal como se señala en los Principios globales sobre seguridad nacional y el derecho a la información (“Principios de Tshwane”). Por ello considera la Sala que la denegatoria de reserva del punto en comento, es procedente. P) Procedimientos de archivos, almacenes de evidencia y seguridad de los mismos; Se otorga reserva. Solo se otorga lo relacionado a los almacenes de evidencia y seguridad de los mismos. En relación a los procedimientos de archivos no se otorga y se recomienda apegarse a lo establecido en los lineamientos de archivo emitidos por el IAIP. Argumento del Ministerio Publico en el amparo: Los lineamientos del archivo del Instituto de Acceso a la Información Pública, no contienen mecanismos que permitan manejar la custodia de evidencias biológicas, químicas, de sustancias controladas, de objetos del delito, drogas y armas. Dicha petición cumple con la excepcionalidad requerida en el artículo 17 numerales 1, 2, 3, y 4 para declarar la reserva. Apreciación de la Sala Constitucional: Analizada la petición, misma que se centra en señalar que los lineamientos establecidos en los manuales e instructivos de procedimiento para la clasificación, archivo, custodia y protección de la información pública, no contienen mecanismos que permitan manejar la custodia de evidencias biológicas, químicas, de sustancias controladas, de objetos del delito, drogas y armas. Advierte esta Sala que este alegato no es de recibo, pues en la resolución impugnada se puede apreciar que se otorga reserva en lo relacionado a los almacenes de evidencia y seguridad de los mismos. En relación a los procedimientos de archivos, se recomienda a la Institución solicitante apegarse a lo establecido en los lineamientos de archivo emitidos por el Instituto de Acceso a la Información Pública, ente facultado para la creación de dichos lineamientos, en observancia al artículo 11 numeral 2 de la Ley de Transparencia y Accesos a la Información Pública.q)Las bases de datos de la institución; Argumento del Instituto de Acceso a la Información Pública: No se otorga. La Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública lo establece como dato personal confidencial, es de acceso restringido por la misma ley, no es necesario que lo contenga una resolución, pues la misma ley le otorga la reserva. Otorgarlo sería un acto redundante. Fundamento Jurídico. Artículo 16 numeral 2 de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública. Argumento del Ministerio Publico en el amparo: La base de datos del Ministerio Publico custodia información sensible y relacionada a los procesos de investigación que salvaguarda como secreto (Art. 275 del CPP y 7 de Ley del MP), por lo cual y hasta tanto no se determine por el Congreso nacional una causa de inculpabilidad para develar los secretos del proceso penal, esta información no puede ser develada sin incurrir en delito, por quien facilite su acceso. Dicha petición cumple con la excepcionalidad requerida en el artículo 17 numerales 1, 2, 3, y 4 para declarar la reserva. Apreciación de la Sala Constitucional: El Artículo 3 inciso 7, 16 Numeral 2 y 24 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, citados líneas arriba, son el sustento legal para la denegatoria de la reserva solicitada, pues ya la ley establece que la información que se solicita sea declarada en reserva, es de uso restringido, por ello la denegatoria de la reserva de este punto en comento es conforme a las normas citadas. r)Detalle de los números fijos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN);Argumento del Instituto de Acceso a la Información Pública: No se otorga. Los números de teléfono institucionales son públicos, siendo únicamente datos personales confidenciales los relacionados al número telefónico particular.La denegatoria a este punto no es cuestionada por el Ministerio Público, pues no hay pronunciamiento alguno en el amparo. S)Contratos de compraventa, comodato y arrendamientos de bienes muebles e inmuebles de la institución; Argumento del Instituto de Acceso a la Información Pública: No se otorga. Es información pública. El Ministerio Público no proporciono nuevos elementos que justifiquen la solicitud y que demuestren que el daño que pueda producir sea mayor que el interés público. Fundamento Jurídico. Artículo 4 y 13 numeral 9 de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública. Argumento del Ministerio Publico en el amparo: Si se hace pública esta información, se facilitaría una herramienta para planificar y perpetrar contra las instalaciones físicas, debe recordad el IAIP, que además de las instalaciones públicas donde operan nuestros despachos, cuyos planos y sistemas de seguridad requieren reserva, también tenemos casas seguras donde se albergan víctimas de delitos y testigos protegidos y agentes de investigación que desarrollan su actividad a partir de operaciones encubiertas de combate a la criminalidad. De develarse esta información se expone la ubicación de las instalaciones físicas y se arriesga a testigos e información protegida. Dicha petición cumple con la excepcionalidad requerida en el artículo 17 numerales 1, 2, 3, y 4 para declarar la reserva. Apreciación de la Sala Constitucional: El artículo 4 y 13 numeral 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública, por su orden disponen: “DEBER DE INFORMAR Y DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. Todas las instituciones obligadas, deberán publicar la información relativa a su gestión o, en su caso, brindar toda la información concerniente a la aplicación de los fondos públicos que administren o hayan sido garantizados por el Estado. Sin perjuicio de lo previsto en la Ley de Contratación del Estado en relación con las publicaciones, todos los procedimientos de selección de contratistas y los contratos celebrados, se divulgarán obligatoriamente en el sitio de internet que administre la oficina normativa de contratación y adquisiciones (ONCAE). A este efecto, los titulares de los órganos o instituciones públicas quedan obligadas a remitir la información respectiva….”; “INFORMACION QUE DEBE SER DIFUNDIDA DE OFICIO. Toda Institución obligada esta en el deber de difundir de oficio y actualizar periódicamente a través de medios electrónicos o instrumentos computarizados; a falta de estos, por los medios escritos disponibles, la información siguiente: 1)…; 2) …; 3) …; 4) …; 5) …; 6) …; 7) …; 8) …; 9) Las contrataciones, concesiones, ventas, subastas de obras, convocatorias a concurso, licitación de obras públicas y suministros, los contratos de consultoría, las actas de apertura de ofertas y adjudicación, ampliaciones, prorrogas y declaratorias de compras directas, así como de sus resultados; …”. Las normas citadas son el sustento legal para la denegatoria de la reserva solicitada, pues la información de la que se pide se declare en reserva es información pública.t) Datos e información de los expedientes personales de los servidores del Ministerio público; Argumento del Instituto de Acceso a la Información Pública: No se otorga. La Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública lo establece como dato personal confidencial, es de acceso restringido por la misma ley, no es necesario que lo contenga una resolución, pues la misma ley le otorga la reserva. Otorgarlo sería un acto redundante. Fundamento Jurídico. Artículo 16 numeral 2 de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública. Argumento del Ministerio Publico en el amparo: Si la reserva existe en la ley, no está demás que se autorice su reserva con fundamento en el principio de reserva contenido a Ley de Acceso y Transparencia. Apreciación de la Sala Constitucional: El Artículo 3 inciso 7, 16 Numeral 2 y 24 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, citados líneas arriba, son el sustento legal para la denegatoria de la reserva solicitada, pues ya la ley establece que la información que se solicita sea declarada en reserva, es de uso restringido, por ello la denegatoria de la reserva de este punto en comento es conforme a las normas citadas. U) La jornada laboral y registro de entrada y salida del personal de la institución; Argumento del Instituto de Acceso a la Información Pública: No se otorga. Esta información es de interés público. El Ministerio Público no proporciono nuevos elementos que justifiquen la solicitud y que demuestren que el daño que pueda producir sea mayor que el interés público. Argumento del Ministerio Publico en el amparo: La seguridad del personal se rige por el principio de unidad de actuaciones, el combate a la criminalidad y la defensa de los intereses generales de la sociedad debe ser de interés público, por lo cual es de sumo interés para los grupos criminales conocer los turnos laborales, pues dicho personal maneja información sensible relacionada a los procesos de investigación que salvaguarda como secreto el artículo 275 del CPP y 7 de Ley del Ministerio Publico. Dicha petición cumple con la excepcionalidad requerida en el artículo 17 numerales 1, 2, 3, y 4 para declarar la reserva. Apreciación de la Sala Constitucional: Del análisis de la pieza del antecedente, esta Sala puede apreciar que el peticionario no proporciona ningún elemento de prueba que legitimen tal petición y que demuestren que el daño que pueda producir sea mayor que el interés público, por ello esta Sala advierte la procedencia de la denegatoria de la reserva solicitada. V)Expedientes administrativos y procesos disciplinarios de los servidores del Ministerio Publico. Argumento del Instituto de Acceso a la Información Pública: No se otorga. La Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública lo establece como dato personal confidencial, es de acceso restringido por la misma ley, no es necesario que lo contenga una resolución, pues la misma ley le otorga la reserva. Otorgarlo sería un acto redundante. Fundamento Jurídico. Artículo 16 numeral 2 de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública. Argumento del Ministerio Publico en el amparo: Si la reserva existe en la ley, es urgente que se autorice su reserva con fundamento en el principio de reserva contenido en la Ley de Transparencia y Acceso. Apreciación de la Sala Constitucional: El Artículo 3 inciso 7, 16 Numeral 2 y 24 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, citados líneas arriba, son el sustento legal para la denegatoria de la reserva solicitada, pues ya la ley establece que la información que se solicita sea declarada en reserva, es de uso restringido, por ello la denegatoria de la reserva de este punto en comento es conforme a las normas citadas. Artículo 3. CLASIFICACION O RESERVA DE INFORMACION RELACIONADA CON LA ACTIVIDAD FISCAL E INVESTIGATIVA QUE DESARROLLA EL MINISTERIO PUBLICO. a)Información personal de los denunciantes, ofendidos/victimas, testigos, personas e instituciones investigadas, personal que realiza las investigaciones, informantes y colaboradores; Argumento del Instituto de Acceso a la Información Pública: Se otorga. Información de acceso restringido, solo será de acceso entre las partes involucradas. b)Información personal de las autoridades que han intervenido en las diligencias procesales en los diferentes niveles del proceso penal, es decir, fiscales, policías, detectives, agentes, peritos; Argumento del Instituto de Acceso a la Información Pública: No se otorga los incisos b) y c) ya la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública lo establece como dato personal confidencial, es de acceso restringido por la misma ley, no es necesario que lo contenga una resolución, pues la misma ley le otorga la reserva. Otorgarlo sería un acto redundante. Fundamento Jurídico. Artículo 16 numeral 2 de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública. Argumento del Ministerio Publico en el amparo: Si la reserva existe en la ley, es urgente que se autorice con fundamento en el principio de reserva contenido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.El personal del Ministerio Público recibe, procesa y custodia información sensible, relacionada a los procesos de investigación que salvaguarda como secreto el artículo 275 del Código Procesal Penal y 7 Ley del Ministerio Público. Dicha petición cumple con la excepcionalidad requerida en el artículo 17 numerales 1, 2, 3, y 4 para declarar la reserva. Apreciación de la Sala Constitucional: El Artículo 3 inciso 7, 16 Numeral 2 y 24 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, citados líneas arriba, son el sustento legal para la denegatoria de la reserva solicitada, pues ya la ley establece que la información que se solicita sea declarada en reserva, es de uso restringido, por ello la denegatoria de la reserva de este punto en comento es conforme a las normas citadas. c)Base de datos del SIGEFI (Sistema de Gestión Fiscal) y el Sistema de Alerta de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico; Argumento del Instituto de Acceso a la Información Pública: No se otorga lo relacionado a los incisos b) y c). Ya la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública lo establece como dato personal confidencial, es de acceso restringido por la misma ley, no es necesario que lo contenga una resolución, pues la misma ley le otorga la reserva. Otorgarlo sería un acto redundante. Fundamento Jurídico. Artículo 16 numeral 2 de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública. Argumento del Ministerio Publico en el amparo: Si la reserva existe en la ley, es urgente que se autorice con fundamento en el principio de reserva contenido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por la vinculación de este sistema con el manejo de la información reservada en el artículo 275 del Código Procesal Penal.Apreciación de la Sala Constitucional: El Artículo 3 inciso 7, 16 Numeral 2 y 24 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, citados líneas arriba, son el sustento legal para la denegatoria de la reserva solicitada, pues ya la ley establece que la información que se solicita sea declarada en reserva, es de uso restringido, por ello la denegatoria de la reserva de este punto en comento es conforme a las normas citadas. d)Información de operativos, estrategias de seguridad, técnicas de investigación y toda actividad de prevención, persecución de delitos e impartición de justicia; Argumento del Instituto de Acceso a la Información Pública: No se otorga. La institución obligada no fundamenta que el daño que pueda producirse sea mayor que el interés público. Debe proporcionar razones específicas y sustanciales. Argumento del Ministerio Publico en el amparo: Se afirma en la resolución recurrida que el Ministerio Publico “no fundamenta que el daño que pueda producirse, es mayor que el interés público de conocer la misma…” al excluir el IAIP de su análisis la reserva que manda el artículo 275 del CPP y 7 de Ley del MP, es imposible desarrollar tal ponderación. Los operativos, las estrategias de seguridad, las técnicas de investigación y las actividades de prevención, persecución de delitos e impartición de justicia, forman parte de un todo dentro del proceso de investigación, el éxito de todo ello, depende de la reserva. Dicha petición cumple con la excepcionalidad requerida en el artículo 17 numerales 1, 2, 3, y 4 para declarar la reserva. Apreciación de la Sala Constitucional: Analizada la pieza del antecedente, esta Sala advierte que efectivamente el peticionario de esta reserva, no aporta elementos o razones especificas que justifiquen que el daño que pueda producirse sea mayor que el interés público, por ello procedía sin lugar la solicitud de información en reserva. e)Planes y ordenes de operativos programadas; Se otorga Reserva f)Información e instrucciones sobre operativos, allanamientos, operaciones conjuntas; Se otorga Reserva. g) De las investigaciones que están en curso, situación y estado, situación y estado en que se encuentra mientras sus resultados no sean presentados ante los órganos jurisdiccionales; Se otorga Reserva h)Protocolos, Dictámenes, Actas de Levantamiento, informe periciales y resultados de las pericias que se encuentran en etapa investigativa, es decir, mientras no estén judicializados; Se otorga Reserva. Los incisos e), f), g), h), j) se otorgan siempre y cuando, no se hayan llevado a cabo, una vez realizada, deberá divulgarse. i)Los libros de registro de entrada y salida de casos, así como los que son objeto de pericia; Argumento del Instituto de Acceso a la Información Pública: No otorga. Es información pública, de interés de la ciudadanía. La negatoria de reserva a este punto, es aceptada por el Ministerio Publico, por cuanto no hay pronunciamiento en la garantía de amparo. j) Información de mapas delictivos, estrategias de operaciones e inteligencia; Se otorga Reserva k)Detalles de inspecciones e intervención, escuchas y rastreos telefónicos; Se otorga Reserva l) Las bases de datos de la Dirección de medicina forense y la Agencia Técnica de investigación Criminal.Argumento del Instituto de Acceso a la Información Pública: No se otorga. La Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública lo establece como dato personal confidencial, es de acceso restringido por la misma ley, no es necesario que lo contenga una resolución, pues la misma ley le otorga la reserva. Otorgarlo sería un acto redundante. Fundamento Jurídico. Artículo 16 numeral 2 de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública. Argumento del Ministerio Publico en el amparo: Si la reserva existe en la ley, es necesario que se autorice su reserva, con fundamento en el principio de reserva contenido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por la vinculación de esta base de datos con el manejo de la información reservada que manda el artículo 275 del Código Procesal Penal. Apreciación de la Sala Constitucional: El Artículo 3 inciso 7, 16 Numeral 2 y 24 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, citados líneas arriba, son el sustento legal para la denegatoria de la reserva solicitada, pues ya la ley establece que la información que se solicita sea declarada en reserva, es de uso restringido, por ello la denegatoria de la reserva de este punto en comento es conforme a las normas citadas. Artículo 4. CLASIFICACION O RESERVA DE INFORMACION ADMINISTRATIVA RELACIONADA CON PERSONAS PARTICULARES O SUJETOS DEL PROCESO, QUE DIRECTA O INDIRENTAMENTE SE VEAN VINCULADOS CON LA ACTIVIDAD FISCAL E INVESTIGATIVA QUE DESARROLLA EL MINISTERIO PUBLICO. a)Datos e información personal de los denunciantes, testigos, víctimas, informantes;Argumento del Instituto de Acceso a la Información Pública: No se otorga lo peticionado en los incisos a) y b) pues la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública lo establece como dato personal confidencial, es de acceso restringido por la misma ley, no es necesario que lo contenga una resolución, pues la misma ley le otorga la reserva. Otorgarlo sería un acto redundante. Fundamento Jurídico. Artículo 16 numeral 2 de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública. b) Información personal de los ciudadanos contenidas en las diferentes bases de datos o concentrada en los sistemas de información; Argumento del Instituto de Acceso a la Información Pública: No se otorga lo peticionado en los incisos a) y b) pues la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública lo establece como dato personal confidencial, es de acceso restringido por la misma ley, no es necesario que lo contenga una resolución, pues la misma ley le otorga la reserva. Otorgarlo sería un acto redundante. Fundamento Jurídico. Artículo 16 numeral 2 de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública. c)Información personal de los menores de edad detenidos y casos en que se involucre su interés jurídicamente tutelado;Argumento del Instituto de Acceso a la Información Pública: No se otorga La Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública lo establece la restricción del acceso a la información personal de menores. Fundamento Jurídico. Artículo 17 numeral 2 de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública. Argumento del Ministerio Publico en el amparo:Si la reserva existe en la ley, es necesario que se autorice su reserva, con fundamento en el principio de reserva con tenido en la ley de Transparencia y Accesos a la Información Pública, por la vinculación del personal con los procesos de investigación y procesamiento criminal. Apreciación de la Sala Constitucional: El Artículo 3 inciso 7, 16 Numeral 2 y 24 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, citados líneas arriba, son el sustento legal para la denegatoria de la reserva de los puntos a), b) y c), pues ya la ley establece que la información que se solicita sea declarada en reserva, es de uso restringido, por ello la denegatoria de la reserva de los incisos a), b) y c) es conforme a las normas citadas. d)Detalle de los investigadores/personal que participe en los operativos; Argumento del Instituto de Acceso a la Información Pública: No se otorga. La institución obligada no es clara y precisa en lo que solicita. La Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública lo establece como dato personal confidencial, es de acceso restringido por la misma ley, no es necesario que lo contenga una resolución, pues la misma ley le otorga la reserva. Otorgarlo sería un acto redundante. Fundamento Jurídico. Artículo 16 numeral 2 de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública. Argumento del Ministerio Publico en el amparo: Si esta información se hace pública, se facilitaría una herramienta a la criminalidad para planificar y contrarrestar los procedimientos y estrategias desarrolladas en estos operativos. Dicha petición cumple con la excepcionalidad requerida en el artículo 17 numerales 1, 2, 3, y 4 para declarar la reserva. Apreciación de la Sala Constitucional: El Artículo 3 inciso 7, 16 Numeral 2 y 24 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, citados líneas arriba, son el sustento legal para la denegatoria de la reserva solicitada, pues ya la ley establece que la información que se solicita sea declarada en reserva, es de uso restringido, por ello la denegatoria de la reserva de este punto en comento es conforme a las normas citadas. e) Detalle del costo de las giras, destino de viaje, viáticos/nombre de beneficiarios y operativos en relación a quien participa en ellos; Argumento del Instituto de Acceso a la Información Pública: No se otorga. Son fondos públicos. Es información pública que debe ser difundida de oficio. Fundamento Jurídico. Artículo 13 numeral 7 y 8 de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública. Argumento del Ministerio Publico en el amparo:La información está relacionada con los operativos que se desarrollan y si esta información se hace pública, se facilitaría una herramienta a la criminalidad para planificar y contrarrestar los procedimientos y estrategias desarrolladas en estos operativos. Dicha petición cumple con la excepcionalidad requerida en el artículo 17 numerales 1, 2, 3, y 4 para declarar la reserva.Apreciación de la Sala Constitucional: El artículo 13 numerales 7 y 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dispone: “INFORMACION QUE DEBE SER DIFUNDIDA DE OFICIO. Toda Institución obligada esta en el deber de difundir de oficio y actualizar periódicamente a través de medios electrónicos o instrumentos computarizados; a falta de estos, por los medios escritos disponibles, la información siguiente: 1) …; 2) …; 3) …; 4) …; 5) …; 6) …; 7) La remuneración mensual de los servidores públicos por puesto, incluyendo otros pagos asociados al desempeño del puesto; 8) Los presupuestos, un informe trimestral y otro anual de la ejecución presupuestaria, que incluya el detalle de las transferencias, los gastos, la inversión física y financiera, la deuda y la morosidad; ….”; De las normas transcritas y aplicables al caso en concreto esta Sala aprecia que la denegatoria de la reserva solicitada es lo procedente, pues es información que debe ser difundida de oficio tal como lo señala la norma citada. f) Detalle del objeto del gasto, nombres de beneficiarios, proveedores, compras efectuadas en la armería y otros que suplan suministros de seguridad, comunicaciones y dispositivos de vigilancia; Argumento del Instituto de Acceso a la Información Pública: No se otorga. e) y f) son fondos públicos, no son objeto de reserva. Fundamento Jurídico. Artículo 13 numeral 7, 8 y 9 de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública. Argumento del Ministerio Publico en el amparo: Si esta información se hace pública, se facilitaría una herramienta a la criminalidad para planificar y contrarrestar los mecanismos y herramientas que se utilizan para neutralizar la respuesta de la criminalidad. Dicha petición cumple con la excepcionalidad requerida en el artículo 17 numerales 1, 2, 3, y 4 para declarar la reserva. Apreciación de la Sala Constitucional: El artículo 13 numerales 7 y 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dispone: “INFORMACION QUE DEBE SER DIFUNDIDA DE OFICIO. Toda Institución obligada esta en el deber de difundir de oficio y actualizar periódicamente a través de medios electrónicos o instrumentos computarizados; a falta de estos, por los medios escritos disponibles, la información siguiente: 1) …; 2) …; 3) …; 4) …; 5) …; 6) …; 7) La remuneración mensual de los servidores públicos por puesto, incluyendo otros pagos asociados al desempeño del puesto; 8) Los presupuestos, un informe trimestral y otro anual de la ejecución presupuestaria, que incluya el detalle de las transferencias, los gastos, la inversión física y financiera, la deuda y la morosidad; ….”; De las normas transcritas y aplicables al caso en concreto esta Sala aprecia que la denegatoria de la reserva solicitada es lo procedente, pues la información que se pide sea declarada en reserva, es información que debe ser difundida de oficio. g) Contratos de compraventa, arrendamiento o comodato de instalaciones físicas (inmuebles) que sean utilizados por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Dirección de Lucha contra el Narcotráfico y las del programa de Protección a testigos protegidos; Argumento del Instituto de Acceso a la Información Pública: No se otorga. Es información pública por ser cubiertos y financiados con recursos del erario público. Fundamento Jurídico. Artículo 13 numeral 7, 8 y 9 de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública. h) Contratos con personas naturales y jurídicas que nos brinden servicios en materia de seguridad; Argumento del Instituto de Acceso a la Información Pública: No se otorga. Es información pública por ser cubiertos y financiados con recursos del erario público. Fundamento Jurídico. Artículo 13 numeral 7, 8 y 9 de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública. i) Detalle de los pagos por proveedor para atender procesos relacionados con las investigaciones que vinculen directa o indirectamente a estos sujetos; Argumento del Instituto de Acceso a la Información Pública: No se otorga. Es información pública por ser cubiertos y financiados con recursos del erario público. Fundamento Jurídico. Artículo 13 numeral 7, 8 y 9 de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública. Argumento del Ministerio Publico en el amparo: En relación a los incisos g), h), i), la información pertinente a las instalaciones físicas del Ministerio Público, que son en virtud de contrato de comodato o arrendamiento, debe manejase en forma reservada. Si esta información se hace pública, se facilitaría una herramienta a la criminalidad para planificar y perpetrar atentados contra las instalaciones físicas del MP y además se estaría exponiendo el nombre de las personan naturales o jurídicas con las que se contrata, a quienes se podría poner en peligro. Dicha petición cumple con la excepcionalidad requerida en el artículo 17 numerales 1, 2, 3, y 4 para declarar la reserva. Apreciación de la Sala Constitucional: El artículo 13 numerales 7, 8 y 9 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dispone: “INFORMACION QUE DEBE SER DIFUNDIDA DE OFICIO. Toda Institución obligada está en el deber de difundir de oficio y actualizar periódicamente a través de medios electrónicos o instrumentos computarizados; a falta de estos, por los medios escritos disponibles, la información siguiente: 1) …; 2) …; 3) …; 4) …; 5) …; 6) …; 7) La remuneración mensual de los servidores públicos por puesto, incluyendo otros pagos asociados al desempeño del puesto; 8) Los presupuestos, un informe trimestral y otro anual de la ejecución presupuestaria, que incluya el detalle de las transferencias, los gastos, la inversión física y financiera, la deuda y la morosidad; 9) Las contrataciones, concesiones, ventas, subastas de obras, convocatorias a concurso, licitación de obras públicas y suministros, los contratos de consultoría, las actas de apertura de ofertas y adjudicación, ampliaciones prorrogas y declaraciones de compras directas, así como sus resultados; ….”; De las normas transcritas y aplicables al caso en concreto esta Sala aprecia que la denegatoria de la reserva solicitada es lo procedente, ello en virtud que la información de la cual se pide reserva es información que debe ser difundida de oficio. j)Informes de caja chica y fondos reintegrables relacionados con procesos de investigación que vinculen directa o indirectamente a estos sujetos; Argumento del Instituto de Acceso a la Información Pública: No se otorga. Dichos fondos forman parte del presupuesto institucional. Toda información concerniente a fondos públicos debe publicarse. Fundamento Jurídico. Artículo 13 numeral 8 y 18 de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública. Argumento del Ministerio Publico en el amparo: La información está relacionada con los procesos de investigación y si esta información se hace pública, se facilitaría una herramienta para conocer los talleres donde se adquieren insumos durante los procedimientos de vigilancia o actividades encubiertas, pudiendo planificar y contrarrestar los procedimientos y estrategias, poniendo en precario no solo el éxito de la investigación, sino la vida de los investigadores y fiscales. Dicha petición cumple con la excepcionalidad requerida en el artículo 17 numerales 1, 2, 3, y 4 para declarar la reserva. Apreciación de la Sala Constitucional: El artículo 13 numerales 8 y 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dispone: “INFORMACION QUE DEBE SER DIFUNDIDA DE OFICIO. Toda Institución obligada está en el deber de difundir de oficio y actualizar periódicamente a través de medios electrónicos o instrumentos computarizados; a falta de estos, por los medios escritos disponibles, la información siguiente: 1) …; 2) …; 3) …; 4) …; 5) …; 6) …; 7) …; 8) Los presupuestos, un informe trimestral y otro anual de la ejecución presupuestaria, que incluya el detalle de las transferencias, los gastos, la inversión física y financiera, la deuda y la morosidad; … 18) Las instituciones respectivas, publicarán además las estadísticas y la información relativa al comportamiento macroeconómico y financiero del Estado que generen o manejen: ….”; De las normas transcritas y aplicables al caso en concreto esta Sala aprecia que la denegatoria de la reserva solicitada es lo procedente, por considerar que la información de la cual se pide reserva es información pública que debe ser difundida de oficio. k)La información contenida en el VAM (Visual Account Mate) o el programa de gestión administrativa utilizado en el futuro, relacionado con procesos de investigación que vinculen directa o indirectamente a estos sujetos. Argumento del Instituto de Acceso a la Información Pública: No se otorga. No se puede clasificar como reservada una información que se generará en el futuro. Argumento del Ministerio Publico en el amparo: Debe entenderse que la información del VAM, continuará generando información relacionada a las actividades administrativas indispensables para el buen funcionamiento de las operaciones de investigación, independientemente de su denominación en el futuro. Por lo tanto, no está demás que se autorice su reserva con fundamento en el principio de reserva contenido en la ley del IAIP. Apreciación de la Sala Constitucional: Como bien lo señala en la resolución impugnada el Instituto de Acceso a la Información Pública, no se puede declarar como reservada una información que no se conoce, que se generará en el futuro, pues en relación a lo señalado en el artículo 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no se podría determinar su procedencia, al no poder determinarse que el daño que pueda producirse, es mayor que el interés público de conocer dicha información. Por ello la denegatoria de reserva de este punto es lo procedente. CONSIDERANDO (15): Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales, así mismo a las instancias administrativas, en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; Se debe señalar que el recurrente en amparo expone la vulneración del derecho al debido proceso, trasgresiones que no se observan, ya que fue escuchado al recurrente en sus pretensiones, recibió respuestas a sus peticiones, ha tenido acceso a los recursos que la ley pone a su disposición, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas tanto administrativas como jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales. CONSIDERANDO (16): Que la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma se encuentra ajustada a derecho, pues se ha respetado el debido proceso, con fundamente en lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ha motivado y fundamentado, dando respuesta con ello a cada petición contenida en el Acuerdo N° FGR-007-2018 con relación a la Clasificación de Información Reservada del Ministerio Público. CONSIDERANDO (17): Que para concluir esta Sala de lo Constitucional estima que en el caso en estudio, se han respetado los derechos que le asisten al impetrante, como ser el principio de legalidad y debido proceso, derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República y en la normativa internacional. CONSIDERANDO (18): Que aunado a ello, en materia recursiva no debe considerarse una violación a las garantías constitucionales, cuando la respuesta que se obtiene es adversa a la pretensión del recurrente. En el caso de estudio se observa la aplicación de la Ley, lo que difiere de ser considerado una vulneración del debido proceso, por lo que se estima procedente denegar el recurso de amparo de mérito.POR TANTO: La sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 80, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3.4, 13,, 16, 17, y 24 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1 y 78 numeral 5 de a Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 5, 41, 42, 54, 63, de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO promovido por el Abogado DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO, en su condición de Fiscal General Adjunto a favor del MINISTERIO PUBLICO, contra la Resolución No.SO-075-2020 de fecha nueve de octubre del año dos mil veinte, dictada por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y confirmada mediante resolución No.SO-115-2021 de fecha diecisiete de marzo del año dos mil veintiuno. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias a la institución de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.- NOTIFÌQUESE. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de abril de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha catorce de diciembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo registrado en este Tribunal con el número SCO-0413-2021
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL