Sentencia AA-1746-22 — Registro 18611
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra la resolución que confirmó la resolución dictada por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, mediante la cual denegó la solicitud de tener a la vista el expediente investigativo instruido para determinar la presunta participación en el delito de Asesinato en perjuicio de la señora Bertha Isabel Cáceres. Estiman los recurrentes que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado, el artículo 82 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “III. Esta Sala debe manifestar, teniendo como base las propias argumentaciones de los peticionarios, que, efectivamente, resulta innegable que el señor ATALA MIDENCE es involucrado en la investigación del hecho denunciado, al punto de alegarse por el ente fiscal que tuvo participación en el pago que se hizo a personas denominadas como “informantes”, quienes tenían a su cargo reportar sobre la ubicación de la ahora occisa señora Berta Cáceres. Esta Sala advierte que esta información está claramente encaminada a establecer que el señor ATALA MIDENCE forma parte de las investigaciones del hecho y que por tal razón le asiste—en principio—el derecho de conocer aspectos relacionados con la investigación iniciada en su contra, no obstante, la Sala no puede desconocer que existen supuestos en los que puede justificarse la reserva de actuaciones o diligencias investigativas cuando las circunstancias así lo exijan, para el caso, cuando sea necesario salvaguardar la identidad—y con ello la vida—de testigos potenciales y/o la protección de las fuentes y de los elementos de prueba para fundar el proceso, motivos que guardan estricta relación con la eficacia del proceso penal, como lo ha señalado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia así: “…es admisible que en ciertos casos exista reserva de las diligencias adelantadas durante la investigación preliminar en el proceso penal para garantizar la eficacia de la administración de justicia, y esta potestad debe ser garantizada adoptando las medidas necesarias compatibles con el ejercicio de los derechos procesales de las víctimas…”. Como ya ha sido afirmado en previas decisiones, la Sala asiente con esta postura, al considerar que el acceso irrestricto al expediente investigativo podría, en determinados casos, obstaculizar las investigaciones, afectar la regular obtención y preservación de la prueba, así como también la protección de sus fuentes, menoscabándose con ello el objeto mismo del proceso penal que se insta en favor de la sociedad, cuyo interés prevalece frente a restricciones de índole estrictamente procesal que pudieran afectar temporalmente a las personas imputadas por violaciones a la ley penal. De igual forma, se ha sostenido por parte de la Sala que cualquier determinación que restringa o avale este acceso debe hacerse de manera tal que asegure la eficacia de los derechos procesales de las partes, por cuanto en el ámbito de la vigencia del Estado de Derecho, ninguna persona o autoridad puede actuar al margen de la ley, al igual que en el ejercicio de sus potestades, siendo que todas las autoridades se encuentran sometidas al ordenamiento jurídico e igual condición se exige a los ciudadanos. IV. En este mismo sentido, la Sala ha declarado que, cuando una autoridad como el Ministerio Público ejerce su función de investigar conductas relacionadas con la comisión de delitos, y en determinados casos decide, bajo parámetros legales y razonables, restringir el acceso a ciertas investigaciones con el afán de asegurar la eficacia del proceso mismo—o en este caso la protección de la vida de testigos—podemos decir que actúa dentro de su mandato constitucional y no lo contrario, como pretenden hacerlo ver los reclamantes, no advirtiéndose por ello violación al derecho a un debido proceso legal. V. Con respecto a las alegadas violaciones al derecho de defensa, diremos que esta Sala ha declarado en el pasado que para que se produzca una situación de indefensión, debe tratarse inter alia, de una privación real, efectiva y actual de los medios de alegación o prueba e imputable exclusivamente de modo inmediato y directo al órgano jurisdiccional—o administrativo en este caso—es decir, no provocada ni consentida por el afectado con algún tipo de pasividad, impericia o negligencia. Del examen de las actuaciones de mérito esta Sala no aprecia vulneración al derecho de defensa, por los mismos razonamientos que hemos expuesto ya, en tanto que las acciones ejercidas por el Ministerio Público, encaminadas a limitar el acceso de los defensores del investigado a diligencias cuyo conocimiento podría comprometer la integridad del proceso y sobre todo la seguridad y la vida de personas que podrían presentarse a atestiguar en la causa, no podrían considerarse en sí mismas como una violación al derecho de defensa, pues la restricción de acceso a la investigación se ha hecho, según entiende esta Sala, estimando la proporcionalidad de la medida restrictiva, que, como sabemos, comprende la ponderación de tres aspectos esenciales: la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en estrictu sensu. VI. Entendemos que toda limitación a un derecho debe obedecer a un fin constitucionalmente válido y solamente si resulta indispensable para el cumplimiento de una finalidad legitima y desde esta óptica se aprecia su idoneidad. En el caso que nos ocupa, la finalidad constitucional de una medida limitativa al derecho de acceso a las investigaciones por la persona que se considera sospechosa de participar en un crimen, la vemos vinculada al texto constitucional, primeramente derivada del deber estatal de hacer valer los derechos de cada persona, limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por justas exigencias del bienestar general, además, debemos recordar por medio de este tipo de medidas, por supuesto debidamente justificadas, amparadas en ley y en los principios que rigen el proceso penal y nuestra Constitución, se asegura la efectividad de la función constitucional del Ministerio Público, quien actúa en salvaguarda y defensa de los intereses de la sociedad con el propósito de ejercer a futuro—de ser así pertinente—la acción penal pública para la persecución y castigo de las personas que resulten responsables por la muerte violenta de la ciudadana BERTA CÁCERES, siendo deber del ente fiscal dictar medidas oportunas para la protección las fuentes de prueba, ostentando particular importancia, como seguimos insistiendo, el resguardar la vida de personas que han cooperado con la investigación y la integridad de éstas, siendo además justificada y necesaria para alcanzar la finalidad del proceso. VII. Por su parte, la proporcionalidad en sentido estricto de las medidas restrictivas, como lo es la limitación de acceder a un expediente investigativo, es entendida por esta Sala en cuanto a que la gravedad de la medida debe corresponder con la gravedad del daño que se busca evitar o el derecho que se procura proteger con la imposición de la medida de restricción de acceso a las investigaciones, lo cual, según criterio de esta Sala resulta oportuno, legítimo y pertinente en este caso, por las razones que ya hemos dejado relacionadas. VIII. En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Sala aprecia que la decisión emanada de la Dirección General de Fiscalías, que hemos discutido y examinado en este fallo, ha sido acordada sin que se logre observar arbitrariedad o agravio derivado del quebrantamiento a los derechos constitucionales denunciados como transgredidos; por el contrario, se observa sus apreciaciones, corresponden con sus facultades legales, sin que se anteceda un menoscabo de sus principios o formas esenciales. IX. En conclusión y por las razones anteriormente explicadas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales en perjuicio de la supuesta agraviada por parte de la autoridad, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por los impetrantes y así debe declararse.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El fallo y la Resolución que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de noviembre del año dos mil veintitrés. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por los Abogados Eduardo Jair López Zúniga y Celeste Aida Cerrato Chinchilla, a favor del señor Daniel Eduardo Atala Midence, contra la resolución dictada por la Dirección General de Fiscalías del Ministerio Público, en fecha ocho de agosto de dos mil veintidós, que confirmó la resolución dictada por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, en fecha dieciocho de abril de dos mil veintidós, mediante la cual denegó una solicitud de tener a la vista el expediente investigativo instruido contra el señor Daniel Eduardo Atala Midence, por su participación en la sociedad mercantil Desarrollos Energéticos S. A. (DESA) para determinar su presunta participación en el delito de Asesinato en perjuicio de la señora Bertha Isabel Cáceres. Estiman los recurrentes que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado, el artículo 82 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1. Que en fecha uno de diciembre de dos mil veintidós, comparecieron ante esta Sala, los Abogados Eduardo Jair López Zúniga y Celeste Aida Cerrato Chinchilla, interponiendo acción de amparo a favor del señor Daniel Eduardo Atala Midence, contra la resolución dictada por la Dirección General de Fiscalías del Ministerio Público, en fecha ocho de agosto de dos mil veintidós, que confirmó la resolución dictada por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, en fecha dieciocho de abril de dos mil veintidós y mediante la cual denegó una solicitud de tener a la vista el expediente investigativo instruido contra el señor Daniel Eduardo Atala Midence, a quien, según los impetrantes, se le vincula con el asesinato de la señora Bertha Isabel Cáceres por su participación en la sociedad mercantil Desarrollos Energéticos S. A. (DESA). Estiman los recurrentes que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado, el artículo 82 de la Constitución de la República. (Folios 1-13 del expediente de mérito). 2. Que en fecha seis de enero de dos mil veintitrés, este alto Tribunal, admitió el recurso de amparo interpuesto por los Abogados Eduardo Jair López Zúniga y Celeste Aida Cerrato Chinchilla, a favor del señor Daniel Eduardo Atala Midence. (Folio 15 del expediente de mérito). 3. Esta sala tuvo por recibidos los antecedentes solicitados a la autoridad recurrida, que contienen el informe emitido por la Sub Dirección General de Fiscales, a través del Abogado Roger Ludovico Matus Zelaya, desprendiéndose del mismo lo siguiente: “…1. En fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil veintiuno (2022), la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, mediante auto motivado decretó en reserva las diligencias de investigación de causa que se instruye para investigar la muerte de Berta Isabel Cáceres Flores, en vista que el expediente investigativo contiene declaraciones testificales a quienes se les ha otorgado protección conforme a la Ley de Protección de Testigos, por lo que de hacerse pública la información, se corre el riesgo que de que sean identificados, poniendo en peligro sus vidas o integridad corporal. Por lo que considera la Dirección General de Fiscalía, que la decisión de decretar reserva de las investigaciones, se hace con el fin de salvaguardas vidas humanas, así como fuentes de prueba susceptibles de destrucción u ocultamiento, lo que pondría en riesgos los resultados del proceso. de conformidad al artículo 101 del Código Procesal Penal, la persona que sea objeto de investigación por el Ministerio Publico, aunque no tenga la condición de imputada, tendrá derecho a presentarse, para que se le informe sobre los hechos que se le atribuyen y para que se le escuche, dentro de los derechos que tiene una persona investigada no existe estamento legal o convencional, que establezca que el Ministerio Publico este obligado a poner a disposición del investigado, las actuaciones investigativas, así como copia de las mismas, para ejercer el derecho de defensa, habida cuenta que la causa se encuentra en etapa preliminar del proceso 2. En fecha ocho (8) de febrero del año dos mil veintidós (2022), la defensa técnica del investigado Daniel Eduardo Atala Midence solicitó copias y tener acceso al expediente que contiene las diligencias preliminares que el Ministerio Público realiza, dicha solicitud fue planteada, esta petición fue resuelta y declarada Sin Lugar en fecha veintitrés (23) de febrero del año dos mil veintidós (2022), resolución fiscal que fue notificado a los comparecientes en fecha tres (3) de marzo del año del año dos mil veintidós (2022). 3. En fecha cuatro (4) de abril del año dos mil veintidós (2022), la defensa del denunciado presentó escrito de impugnación sobre la resolución de fecha veintitrés (23) de febrero del año dos mil veintidós (2022), misma que fue declarado Sin Lugar por extemporánea, en vista que la resolución objeto de la impugnación fue notificada a los recurrentes en fecha tres (3) de marzo del año dos mil veintidós (2022). Esta resolución que fue notificada a los apoderados legales en fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil veintidós (2022). 4. En fecha cuatro (04) de abril del año dos mil veintidós (2022), la defensa del investigado presentó impugnación en contra de la resolución de fecha veintitrés (23) de febrero del año dos mil veintidós (2022) en donde se declara Sin Lugar la solicitud que, de manera inmediata vista y copias fotostáticas del expediente investigativo, misma que fue resuelta en fecha dieciocho (18) del año dos mil veintidós (2022), impugnación que se declara Sin Lugar. 5. En fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil veintidós (2022), la defensa del investigado presentó impugnación ante la Dirección General de Fiscalía, en contra de la resolución de fecha dieciocho (18) del año dos mil veintidós (2022), la cual fue declarado Sin Lugar mediante resolución DGF- 422-2022 el veintisiete (27) de junio del año dos mil veintidós (2022) y notificada el veintiuno (21) de julio del año dos mil veintidós (2022). 6. En fecha veintisiete (27) de junio del 2022 del año dos mil veintidós e022), presento recurso de reposición, misma que en fecha ocho (08) de agosto del año dos mil veintidós (2022), mediante resolución DGF 530-2022, fue declarado Sin Lugar, y notificada el doce (12) de agosto del año dos mil veintidós (2022) …”. (Folio 18-20 del expediente de mérito). 4. En fecha veintinueve de mayo de dos mil veintitrés se tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito por parte de los Abogados Eduardo Jair López Zúniga y Celeste Aida Cerrato Chinchilla, omitiéndose dar vista de los antecedentes al Fiscal del despacho por constituir la autoridad recurrida en la presente acción de amparo. (Folio 39 del expediente de mérito). DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL 5. La garantía de amparo es una garantía constitucional reconocida por nuestro Estado de conformidad con el artículo 183 de la Constitución de la República, el cual establece que toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. 6. La acción de amparo se encuentra regulada en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la cual tiene por objeto, según dispone su artículo 1º, desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional. De conformidad con la ley, la acción de amparo se substanciará con a arreglo a los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso. 7. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la acción de amparo procede contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. 8. En el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. 9. A la Sala de lo Constitucional le corresponde la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, y, de conformidad con lo que manda el artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, esta Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, en tanto que, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer y resolver el recurso de amparo por violación de los derechos fundamentales que fueran cometidas por funcionarios con autoridad en toda la República, que es el caso de la Dirección General de Fiscalías del Ministerio Público. OBJETO DEL RECURSO Y ALEGACIONES DE LOS ACCIONANTES 10. El acto reclamado por vía de la acción constitucional de amparo promovida por los impetrantes lo constituye la precitada resolución emanada de la Dirección General de Fiscalías del Ministerio Público en fecha dieciocho de mayo de dos mil veintidós, mediante la que se declaró no ha lugar la impugnación promovida por los referidos quejosos, contra la decisión de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida de declarar en reserva las diligencias de investigación de la muerte de la señora Berta Isabel Cáceres Flores, fundamentándose en la Ley de Protección de Testigos, al considerar que de hacerse pública dicha información, se pondría en peligro la vida de personas que declararon como testigos en el procedimiento referido. 11. La decisión de la autoridad recurrida se denuncia de ser violatoria a garantías y derechos constitucionales del supuesto agraviado, en especial el derecho de defensa que reconoce nuestra Constitución y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. 12. Los impetrantes pretenden que, restituyendo el derecho de defensa del presunto agraviado, el Ministerio Público permita la vista y copia del expediente investigativo, pues solamente así podrá asegurarse una defensa efectiva al señor Atala Midence. 13. Los amparistas han citado jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que ha enfatizado en el deber que tienen los Estados de garantizar el derecho de contar con el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa, señalando inter alia que debe permitirse al inculpado acceso al conocimiento del expediente llevado en su contra, en resguardo de su derecho fundamental a la defensa. 14. Por su parte, la Dirección General de Fiscalías, por medio del Sub-Director, como ente denunciado en la presente acción constitucional, informó a esta Sala que la decisión de decretar la reserva de las investigaciones se hace con el fin de salvaguardar vidas humanas, así como fuentes de prueba susceptibles de destrucción u ocultamiento, lo cual pondría en riesgo los resultados del proceso. A su vez, el ente fiscal argumentó que: “…no existe estamento legal o convencional que establezca que el Ministerio Público está obligado a poner a disposición del investigado las actuaciones investigativas, así como la copia de las mismas para ejercer el derecho de defensa, habida cuenta que la causa se encuentra en etapa preliminar del proceso...”. RAZONAMIENTO DE LA SALA I. Esta Sala ha establecido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión. II. En el caso objeto de examen, se afirma por parte de los reclamantes que la resolución emitida por la Dirección General de Fiscalías violenta el derecho a la defensa que asiste al señor DANIEL EDUARDO ATALA MIDENCE, siendo que no se le permite acceso al expediente investigativo, como ya queda dicho. III. Esta Sala debe manifestar, teniendo como base las propias argumentaciones de los peticionarios, que, efectivamente, resulta innegable que el señor ATALA MIDENCE es involucrado en la investigación del hecho denunciado, al punto de alegarse por el ente fiscal que tuvo participación en el pago que se hizo a personas denominadas como “informantes”, quienes tenían a su cargo reportar sobre la ubicación de la ahora occisa señora Berta Cáceres. Esta Sala advierte que esta información está claramente encaminada a establecer que el señor ATALA MIDENCE forma parte de las investigaciones del hecho y que por tal razón le asiste—en principio—el derecho de conocer aspectos relacionados con la investigación iniciada en su contra, no obstante, la Sala no puede desconocer que existen supuestos en los que puede justificarse la reserva de actuaciones o diligencias investigativas cuando las circunstancias así lo exijan, para el caso, cuando sea necesario salvaguardar la identidad—y con ello la vida—de testigos potenciales y/o la protección de las fuentes y de los elementos de prueba para fundar el proceso, motivos que guardan estricta relación con la eficacia del proceso penal, como lo ha señalado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia así: “…es admisible que en ciertos casos exista reserva de las diligencias adelantadas durante la investigación preliminar en el proceso penal para garantizar la eficacia de la administración de justicia, y esta potestad debe ser garantizada adoptando las medidas necesarias compatibles con el ejercicio de los derechos procesales de las víctimas…”. Como ya ha sido afirmado en previas decisiones, la Sala asiente con esta postura, al considerar que el acceso irrestricto al expediente investigativo podría, en determinados casos, obstaculizar las investigaciones, afectar la regular obtención y preservación de la prueba, así como también la protección de sus fuentes, menoscabándose con ello el objeto mismo del proceso penal que se insta en favor de la sociedad, cuyo interés prevalece frente a restricciones de índole estrictamente procesal que pudieran afectar temporalmente a las personas imputadas por violaciones a la ley penal. De igual forma, se ha sostenido por parte de la Sala que cualquier determinación que restringa o avale este acceso debe hacerse de manera tal que asegure la eficacia de los derechos procesales de las partes, por cuanto en el ámbito de la vigencia del Estado de Derecho, ninguna persona o autoridad puede actuar al margen de la ley, al igual que en el ejercicio de sus potestades, siendo que todas las autoridades se encuentran sometidas al ordenamiento jurídico e igual condición se exige a los ciudadanos. IV. En este mismo sentido, la Sala ha declarado que, cuando una autoridad como el Ministerio Público ejerce su función de investigar conductas relacionadas con la comisión de delitos, y en determinados casos decide, bajo parámetros legales y razonables, restringir el acceso a ciertas investigaciones con el afán de asegurar la eficacia del proceso mismo—o en este caso la protección de la vida de testigos—podemos decir que actúa dentro de su mandato constitucional y no lo contrario, como pretenden hacerlo ver los reclamantes, no advirtiéndose por ello violación al derecho a un debido proceso legal. V. Con respecto a las alegadas violaciones al derecho de defensa, diremos que esta Sala ha declarado en el pasado que para que se produzca una situación de indefensión, debe tratarse inter alia, de una privación real, efectiva y actual de los medios de alegación o prueba e imputable exclusivamente de modo inmediato y directo al órgano jurisdiccional—o administrativo en este caso—es decir, no provocada ni consentida por el afectado con algún tipo de pasividad, impericia o negligencia. Del examen de las actuaciones de mérito esta Sala no aprecia vulneración al derecho de defensa, por los mismos razonamientos que hemos expuesto ya, en tanto que las acciones ejercidas por el Ministerio Público, encaminadas a limitar el acceso de los defensores del investigado a diligencias cuyo conocimiento podría comprometer la integridad del proceso y sobre todo la seguridad y la vida de personas que podrían presentarse a atestiguar en la causa, no podrían considerarse en sí mismas como una violación al derecho de defensa, pues la restricción de acceso a la investigación se ha hecho, según entiende esta Sala, estimando la proporcionalidad de la medida restrictiva, que, como sabemos, comprende la ponderación de tres aspectos esenciales: la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en estrictu sensu. VI. Entendemos que toda limitación a un derecho debe obedecer a un fin constitucionalmente válido y solamente si resulta indispensable para el cumplimiento de una finalidad legitima y desde esta óptica se aprecia su idoneidad. En el caso que nos ocupa, la finalidad constitucional de una medida limitativa al derecho de acceso a las investigaciones por la persona que se considera sospechosa de participar en un crimen, la vemos vinculada al texto constitucional, primeramente derivada del deber estatal de hacer valer los derechos de cada persona, limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por justas exigencias del bienestar general, además, debemos recordar por medio de este tipo de medidas, por supuesto debidamente justificadas, amparadas en ley y en los principios que rigen el proceso penal y nuestra Constitución, se asegura la efectividad de la función constitucional del Ministerio Público, quien actúa en salvaguarda y defensa de los intereses de la sociedad con el propósito de ejercer a futuro—de ser así pertinente—la acción penal pública para la persecución y castigo de las personas que resulten responsables por la muerte violenta de la ciudadana BERTA CÁCERES, siendo deber del ente fiscal dictar medidas oportunas para la protección las fuentes de prueba, ostentando particular importancia, como seguimos insistiendo, el resguardar la vida de personas que han cooperado con la investigación y la integridad de éstas, siendo además justificada y necesaria para alcanzar la finalidad del proceso. VII. Por su parte, la proporcionalidad en sentido estricto de las medidas restrictivas, como lo es la limitación de acceder a un expediente investigativo, es entendida por esta Sala en cuanto a que la gravedad de la medida debe corresponder con la gravedad del daño que se busca evitar o el derecho que se procura proteger con la imposición de la medida de restricción de acceso a las investigaciones, lo cual, según criterio de esta Sala resulta oportuno, legítimo y pertinente en este caso, por las razones que ya hemos dejado relacionadas. VIII. En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Sala aprecia que la decisión emanada de la Dirección General de Fiscalías, que hemos discutido y examinado en este fallo, ha sido acordada sin que se logre observar arbitrariedad o agravio derivado del quebrantamiento a los derechos constitucionales denunciados como transgredidos; por el contrario, se observa sus apreciaciones, corresponden con sus facultades legales, sin que se anteceda un menoscabo de sus principios o formas esenciales. IX. En conclusión y por las razones anteriormente explicadas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales en perjuicio de la supuesta agraviada por parte de la autoridad, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por los impetrantes y así debe declararse. PARTE RESOLUTIVA POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos: 79, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8, 10 y 20 de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 y 15 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, numeral 2), 7, 8, 9 numeral 3), 41 No.2, 45, 48, 63 último párrafo, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: ÚNICO: DENEGANDO la acción de amparo interpuesta por los Abogados Eduardo Jair López Zúniga y Celeste Aida Cerrato Chinchilla, a favor del señor Daniel Eduardo Atala Midence, contra la resolución dictada por la Dirección General de Fiscalías del Ministerio Público, en fecha ocho (8) de agosto de dos mil veintidós (2022), de la que se ha hecho mérito Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada VILLELA ZAVALA. - NOTIFÍQUESE. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., veintinueve de enero del año dos mil veinticuatro. PARA RESOLVER el recurso de reposición interpuesto por los Abogados Eduardo Jair López Zúniga y Celeste Aída Cerrato Chinchilla, contra la sentencia dictada por esta Sala en fecha ocho de noviembre de dos mil veintitrés, en el recurso de amparo interpuesto a favor del señor Daniel Eduardo Atala Midence, contra actuaciones del Ministerio Público, en procedimiento de investigación por su presunta participación en el delito de asesinato en perjuicio de la señora Bertha Isabel Cáceres. CONSIDERANDO: Que esta Sala observa que en la resolución contra la cual se recurre, se han pronunciado en forma motivada las razones por las que se consideró procedente la denegatoria de la acción de amparo promovida por los impetrantes. CONSIDERANDO: Que esta Sala aprecia que tales razonamientos se encuentran apegados a derecho y no advierte que de la resolución emitida o de las alegaciones del impetrante puedan establecerse razones de fondo o de forma para proceder a su enmienda, por lo que resulta oportuno declarar sin lugar el recurso de reposición que se ha interpuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS y en aplicación de los artículos 80, 184, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que se dé cumplimiento a lo ordenado en la resolución recurrida y se proceda al archivo de las presentes actuaciones. CÚMPLASE. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de enero de dos mil veinticinco, certificación del fallo de fecha ocho de noviembre del dos mil veintitrés, y de la Resolución de fecha veintinueve de enero del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo registrado en este Tribunal con el número SCO-1746-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL