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Sentencia AA-172-23 — Registro 17761

Resumen

Resolución declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó resolución en Demanda ordinaria para que se declare la ilegalidad y nulidad parcial de un acto administrativo de carácter general promovida por recurrente contra el Instituto de la Propiedad; La Autoridad recurrida considera que la resolución apelada se refiere a la pretensión de nulidad la que es extemporánea por lo que está apegada a derecho

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"revisado el acto reclamado en relación a los alegatos del recurrente, del cual se advierte que la autoridad recurrida procedió a confirmar la resolución del A-quo al coincidir en aplicar al caso concreto el termino dispuesto en el artículo 30 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo..."..."esta Sala advierte del escrito de interposición que el recurrente realiza una amplia exposición de incidencias por las cuales indica interpone la acción de amparo, sin embargo, de las circunstancias que expone no fue posible determinar el perjuicio que denuncia, apreciando que las cuestiones planteadas por el compareciente fueron resueltos en los términos y bajo las formalidades exigidas por la ley, aplicando el ordenamiento jurídico vigente, garantizando los derechos constitucionales que hoy se invoca como violados, por cuanto, se estima que dicha resolución fue emitida dentro del marco legal aplicable, resultando procedente denegar la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito..."..."ésta Sala en el caso sub judice observa que de los agravios no se aprecia el perjuicio por el que ataca la resolución censurada, contraviniendo así normas procesales de cumplimiento obligatorio, por cuanto la resolución dictada por el ente denunciado no vulnera los derechos contenidos en la norma fundamental..."..."los alegatos de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente declarar inadmisible el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"revisado el acto reclamado en relación a los alegatos del recurrente, del cual se advierte que la autoridad recurrida procedió a confirmar la resolución del A-quo al coincidir en aplicar al caso concreto el termino dispuesto en el artículo 30 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo..."..."esta Sala advierte del escrito de interposición que el recurrente realiza una amplia exposición de incidencias por las cuales indica interpone la acción de amparo, sin embargo, de las circunstancias que expone no fue posible determinar el perjuicio que denuncia, apreciando que las cuestiones planteadas por el compareciente fueron resueltos en los términos y bajo las formalidades exigidas por la ley, aplicando el ordenamiento jurídico vigente, garantizando los derechos constitucionales que hoy se invoca como violados, por cuanto, se estima que dicha resolución fue emitida dentro del marco legal aplicable, resultando procedente denegar la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito..."..."ésta Sala en el caso sub judice observa que de los agravios no se aprecia el perjuicio por el que ataca la resolución censurada, contraviniendo así normas procesales de cumplimiento obligatorio, por cuanto la resolución dictada por el ente denunciado no vulnera los derechos contenidos en la norma fundamental..."..."los alegatos de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente declarar inadmisible el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de mayo del año dos mil veintitrés.-VISTO el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSÉ MARÍA JUAREZ PACHECO, a favor de PAOLA MARÍA PADILLA GUERRERO y de su hijo SEBASTIAN SALVADOR CASTRILLO PADILLA, contra la resolución dictada en fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil veintitrés, por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCIÓN A NIVEL NACIONAL, que resuelve un recurso de apelación interpuesto contra la resolución emitida en fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil diecinueve, por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN TEGUCIGALPA, relacionado a la demanda ordinaria para que se declare la ilegalidad y nulidad parcial de un acto administrativo de carácter general emitido por el instituto de la Propiedad por no estar ajustado a derecho.- se reconozca la situación jurídica individualizada para el pago de daños y perjuicios promovida por PAOLA MARÍA PADILLA GUERRERO y de su hijo SEBASTIAN SALVADOR CASTRILLO PADILLA en contra del ESTADO DE HONDURAS a través del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.-CONSIDERANDO: Que el recurrente señala su inconformidad con la resolución proferida por la Ad-quem, alegando que ésta viola el debido proceso contenido en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, al compartir el criterio del A-quo en cuanto a que la pretensión de nulidad que intenta se encuentra extemporánea y estimar el impugnante que la Alzada ha realizado una errada interpretación de la ley.-CONSIDERANDO: Que revisado el acto reclamado en relación a los alegatos del recurrente, del cual se advierte que la autoridad recurrida procedió a confirmar la resolución del A-quo al coincidir en aplicar al caso concreto el termino dispuesto en el artículo 30 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.-CONSIDERANDO: Que esta Sala advierte del escrito de interposición que el recurrente realiza una amplia exposición de incidencias por las cuales indica interpone la acción de amparo, sin embargo, de las circunstancias que expone no fue posible determinar el perjuicio que denuncia, apreciando que las cuestiones planteadas por el compareciente fueron resueltos en los términos y bajo las formalidades exigidas por la ley, aplicando el ordenamiento jurídico vigente, garantizando los derechos constitucionales que hoy se invoca como violados, por cuanto, se estima que dicha resolución fue emitida dentro del marco legal aplicable, resultando procedente denegar la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito.-CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la doctrina Constitucional, la legitimación procesal en lo relativo a la garantía de amparo está determinada por la titularidad que pudiese tener el recurrente de los derechos subjetivos que protegen tanto nuestra Constitución como los tratados internacionales, y específicamente en la aptitud para ser parte en un proceso concreto, lo que es determinado por la posición en que se encuentran las partes respecto a una pretensión procesal en un procedimiento determinado.-CONSIDERANDO: Que los recursos son medios de control que la ley le concede a quien se estime agraviado para objetar una resolución judicial injusta.-CONSIDERANDO: Que los recursos tienen un procedimiento y formalidades legalmente establecidos y entre las exigencias reguladas que se hacen es la concerniente a que los recurrentes deben expresar agravios, lo cual equivale a indicar el perjuicio sufrido con la resolución que se interpela, indicando el vicio o error del que adolece, para determinar si corresponde corregir o enmendar la resolución que se pide sea reexaminada, sin embargo, ésta Sala en el caso sub judice observa que de los agravios no se aprecia el perjuicio por el que ataca la resolución censurada, contraviniendo así normas procesales de cumplimiento obligatorio, por cuanto la resolución dictada por el ente denunciado no vulnera los derechos contenidos en la norma fundamental.-CONSIDERANDO: Que en este ámbito, es necesario recalcar que los actos que se aleguen como violatorios y que son objeto de la garantía de amparo, deben ser susceptibles de originar perjuicio al que se considera como agraviado y de allí, resulta imperativo que el acto que genera la acción constitucional sea real.-CONSIDERANDO: Que conforme lo establecen, tanto el artículo 183 de la Constitución de la República, como el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer el recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la constitución establece. Sin embargo, en lo atinente a la acción de mérito, al haberse acreditado la falta de legitimación del recurrente, por no existir una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales del afectado, toda vez que aun cuando el recurrente ha invocado la vulneración de derechos específicos por la autoridad recurrida a través del acto que impugna, sin embargo, esta Sala después de analizada la resolución denunciada no observa quebrantamiento a la norma primaria por los motivos ya expuestos.-CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad.-CONSIDERANDO: Que los alegatos de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente declarar inadmisible el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad.-POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 80, 183, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4, 9, 41, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: PRIMERO: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSÉ MARÍA JUAREZ PACHECO, a favor de PAOLA MARÍA PADILLA GUERRERO y de su hijo SEBASTIAN SALVADOR CASTRILLO PADILLA, contra la resolución dictada en fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil veintitrés, por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCIÓN A NIVEL NACIONAL, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se archiven las presentes diligencias. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogada SONIA MARLINA DUBON VILLEDA .- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.- WAGNER VALLECILLO PAREDES .- FRANCISCA VILLELA ZAVALA.- ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los diecinueve (19) días el mes de junio del año dos mil veintitrés (2023), Certificación de la Resolución de fecha diez (10) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), recaída en el Amparo Contencioso Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0172-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL