Sentencia AA-1627-22 — Registro 15671
Resumen
Acto recurrido contra actuaciones del Ministerio Publico; relacionada según el recurrente a la petición formulada por un Fiscal del Ministerio Público, en el sentido de que el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, realizara nombramiento y juramentación de testigos como prueba anticipada.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Que el artículo 90 constitucional al disponer la formalidad que la ley establece expresamente como una de las conditio sine qua non para ser juzgado, así como que el juzgamiento proceda de Juez o Tribunal competente, está configurando constitucionalmente la garantía de jurisdiccionalidad para los habitantes de la República, la cual es inherente al debido proceso..." ..." Que el caso de mérito que se presenta ante esta Sala de lo Constitucional se desprende de los documentos acompañados, que el ciudadano DANIEL ALBERTO OTERO MUÑOZ, al momento de interponer el presente recurso de amparo acompaño una constancia donde fue electo como Diputado Suplente del Parlamento Centroamericano, constancia que fue extendida por el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL y conforme al principio de derecho procesal tempus regit actum esta norma legal es de observancia obligatoria; por lo que lo actuado por el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, ordenando mediante auto de fecha tres de noviembre de dos mil veintidós, en el que resolvió admitir la solicitud planteada por el Abogado LUIS JAVIER SANTOS, Fiscal del Ministerio Público, Procediendo a recibir bajo la modalidad de Prueba Anticipada la declaración testifical con la formalidad de prueba anticipada del TESTIGO PROTEGIDO IDENTIFICADO con clave TP-MP1, y ordenando darle la protección establecida en el artículo 237 del Código Procesal Penal, resulta legalmente inaplicable y violatorio de los derechos del recurrente; además se debe seguir el procedimiento que establece el libro quinto de los Procedimientos Especiales, capitulo III del procedimiento para conocer de los procesos incoados a los más altos funcionarios del estado, contenidos en los artículos 414, 415, 416, 417 y 421 del Código Procesal Penal, formalidad que no puede ser obviada sin lesionar el derecho fundamental al debido proceso del imputado; además debe de cumplirse con el requisito de la intervención previa del Tribunal Superior de Cuentas antes del enjuiciamiento por vía penal, no hacerlo violenta el debido proceso del recurrente. CONSIDERANDO (16): Que visto lo anterior es procedente declarar que se violenta el artículo 90 de la Constitución de la República, referente al debido proceso, al no observarse la preminencia de ley especial del Tribunal Superior de Cuentas y que tratándose de que las diligencias se pretenden contra un Diputado al Parlamento Centroamericano en aplicación del artículo 421 del Código Procesal Penal, solo puede hacerse conforme a lo que establece el CAPITULO III de este mismo Código, “DEL PROCEDIMIENTO PARA CONOCER DE LOS PROCESOS INCOADOS A LOS MAS ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO”. En consecuencia, procede otorgar el Amparo reclamado..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MICHAEL BLEDEMIR CASILDO VELASQUEZ a favor del señor DANIEL ALBERTO OTERO MUÑOZ, contra actuaciones del MINISTERIO PUBLICO; relacionada según el recurrente a la petición formulada por un Fiscal del Ministerio Público, en el sentido de que el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, realizara nombramiento y juramentación de testigos como prueba anticipada; en relación a la causa instruida contra el señor DANIEL ALBERTO OTERO MUÑOZ y OTROS. ANTECEDENTES 1) Que en fecha nueve de noviembre de dos mil veintidós, compareció ante la Sala de lo Constitucional, el Abogado MICHAEL BLEDEMIR CASILDO VELASQUEZ, interponiendo recurso de amparo a favor del señor DANIEL ALBERTO OTERO MUÑOZ, contra actuaciones del MINISTERIO PUBLICO; relacionada según el recurrente a la petición formulada por un Fiscal del Ministerio Público, en el sentido de que el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, realizara nombramiento y juramentación de testigos como prueba anticipada; en relación a la causa instruida contra el señor DANIEL ALBERTO OTERO MUÑOZ y OTROS. 2) Que en fecha diez de febrero de dos mil veintidós la Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, y ordena librar comunicación al Ministerio Público, a efecto de que remitiera los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del mismo. (Folio 27 del recurso). 3) Que en fecha trece de enero de dos mil veintitrés, el Ministerio Público a través de su Secretario General remitió el informe correspondiente, en virtud de lo ordenado por la Sala de lo Constitucional. (Folios 39-45) 4) Que en fecha dieciocho de enero de dos mil veintitrés, la Sala tuvo por formalizada en tiempo y forma la acción constitucional de amparo de que se ha hecho mérito, y omite dar vista de los autos al Fiscal del Despacho de conformidad a lo establecido en el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 308 del recurso). CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3): Que el acto contra el cual se reclama son las actuaciones realizadas por el Ministerio Público y el Juzgado Letras Penal con competencia Territorial de San Pedro Sula, Cortés, al admitir y resolver la solicitud mediante auto de fecha tres de noviembre de dos mil veintidós.- Dicha solicitud planteada por el Abogado LUIS JAVIER SANTOS, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, referente a recibir bajo la modalidad de Prueba Anticipada la declaración testifical del TESTIGO PROTEGIDO IDENTIFICADO con clave TP-MP1, quien además aplicó medidas de protección a su favor, y ordenó darle la protección establecida en el artículo 237 del Código Procesal Penal. En relación al proceso de investigación realizado contra los ciudadanos DANIEL ALBERTO OTERO MUÑOZ, quien se desempeña como Diputado Suplente del Parlamento Centroamericano, tal como lo establece la constancia extendida por el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (CNE), y según Gaceta numero 35,803 de fecha veintiuno de diciembre del año dos mil veintiuno, INGMAR GONZÁLEZ FIGUEROA Y OTROS, diligencias registradas con orden de ingreso numero 94-2022, respecto a la investigación que se realiza por parte de la Unidad Especializada contra Redes de Corrupción (UFERCO), por medio del fiscal Abogado LUIS JAVIER SANTOS, por suponerlos responsables de la comisión de los delitos de FRAUDE, COHECHO, LAVADO DE ACTIVOS Y OTROS, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO (4): Que el recurrente en la interposición de la Acción de amparo, manifiesta entre otras cosas que en fecha tres de octubre del año dos mil veintidós, el Fiscal Luis Javier Santos presentó de manera ilegal la solicitud de declaración de testigo dejando en estado de indefensión a su cliente y haciéndolo ante un Tribunal que no tiene la competencia correcta, por lo cual establece el recurrente que se le ha violentado el debido proceso, generando indefensión, a su representado. Continúa manifestando el recurrente que, a través de terceros, su representado se enteró que había acciones del Ministerio Público, que de manera premeditada fueron presentadas por el Agente Fiscal Luis Javier Santos, en la cual solicitó la declaración de un testigo bajo la modalidad de prueba anticipada, misma que se realizó en fecha cuatro de noviembre del año dos mil veintidós, nombrando un defensor publico sin el consentimiento de su representado. Además, que dicho testigo fue manipulado por el Vice Alcalde de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, OMAR MENJIVAR, acto que le fue permitido debido a la amistad intima que goza con el Fiscal Luis Javier Santos. Declaración testifical que fue realizada con el propósito de que el Ministerio Publico una vez concluida la etapa investigativa, presente la acción penal publica en contra del señor ROBERTO CONTRERAS, y este sea suspendido en el cargo de Alcalde Municipal de la ciudad de San Pedro Sula, favoreciendo al señor OMAR MENJIVAR, quien lo sustituiría en el cargo. CONSIDERANDO (5): El recurrente en su escrito de formalización alega que el Juzgado de Letras Penal con competencia Territorial de San Pedro Sula, Cortés, señaló como fecha para la práctica de las pruebas el día viernes cuatro de noviembre del año dos mil veintidós, a las nueve de la mañana (9:00 a.m.), desconociendo que su representado, actualmente es Diputado Suplente al Parlamento Centroamericano, según acuerdo número 22-2021 emitido por el Consejo Nacional Electoral, por lo que se encuentra revestido de la investidura a que se refieren los artículos 414, 415 y 416 del Código Procesal Penal, en consonancia con el artículo 22 inciso a), del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, lo que conlleva a que cualquier actuación en su contra debe ser conocida por un órgano jurisdiccional competente. Asimismo, sigue describiendo en su formalización que a su representado se le han violentado derechos establecidos en la Constitución de la República, como ser DERECHO DE DEFENSA, consagrado por el artículo 82 de la Constitución de la República, DERECHO DEL DEBIDO PROCESO, contemplado en el artículo 90 de la Carta Fundamental del Estado y el PRINCIPIO DE LEGALIDAD, establecido en los artículos 321 y 323 de la Carta Magna. Es así que en fecha cuatro de noviembre del año dos mil veintidós, se celebró la AUDIENCIA DE DECLARACIÓN TESTIFICAL CON LAS FORMALIDADES DE PRUEBA ANTICIPADA, con el propósito de escuchar la declaración del testigo protegido identificado con clave TP-MP1, sobre los hechos que se investigan en contra del señor DANIEL ALBERTO OTERO MUÑOZ, INGMAR GONZALES FIGUEROA Y OTROS, a quienes se les supone responsables de la comisión de los delitos de FRAUDE, COHECHO, LAVADO DE ACTIVOS Y OTROS, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS, alegando que la audiencia a todas luces estuvo viciada por ser celebrada por un órgano incompetente, y en virtud de que el testigo protegido identificado con clave TP-MP1, fue manipulado y adoctrinado antes y durante la referida audiencia por el señor Omar Menjívar, acción que fue permitida y promovida por el Agente de Tribunales del Ministerio Publico Luis Javier Santos, debido al notorio grado de amistad que han venido cosechando desde que ambos eran compañeros de trabajo en el Ministerio Publico. Extremos que quedaron evidenciados con los documentos que se acompañaron en la formalización y que consisten en la copia del folio número noventa y uno (91) del libro de entrada del Juzgado Penal de San Pedro Sula, el Instrumento Publico número trescientos veintiséis (326) de fecha dieciocho (18) de noviembre del año dos mil veintidós (2022), contentivo del acta notarial, autorizada por el Notario Público EUGENIO EDGARDO RIVERA ALCANTARA, y el video de las cámaras de seguridad del Edificio del Poder Judicial de San Pedro Sula, que demuestran no solo el interés directo y personal en forma de contubernio y colusión de los señores LUIS JAVIER SANTOS Y OMAR MENJIVAR en el proceso penal instruido en contra de su representado, sino que también la manipulación realizada al testigo protegido, constituyendo esto en un plan preconcebido de fabricación de pruebas encaminado a afectar no solo a su representado, sino que también al actual Alcalde Municipal de San Pedro Sula, quien al verse inmerso en un proceso penal, sería suspendido de su cargo, lo cual daría paso a que el señor OMAR MENJÍVAR lo sustituya como Alcalde Municipal. Continúa manifestando el recurrente que se refleja la flagrante violación al debido proceso, principio deber que constituye la nave insignia de la juricidad hondureña y que nuestra Constitución de la República, consagra en el artículo 90.- El debido proceso cuya violación denunciamos, es un derecho fundamental que tiene una aplicación concreta en las actuaciones realizadas por el MINISTERIO PÚBLICO, ante el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA. CONSIDERANDO (6): El recurrente continúa manifestando que el artículo 313 numeral segundo de la Constitución de la República, dispone: “…La Corte Suprema de Justicia, tendrá las atribuciones siguientes: 1…2. Conocer los procesos incoados a los más altos funcionarios del Estado y los Diputados…” De igual manera, el artículo 415 del Código Procesal Penal, señala lo siguiente: “…La Corte Suprema de Justicia conocerá del requerimiento, acusación o querella que promueva la autoridad competente o la víctima en su caso contra la persona a que se refiere el artículo anterior…”. De acuerdo a lo establecido en las dos normas arriba reproducidas, es competencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia, conocer sobre todas las diligencias encaminadas a determinar la culpabilidad o no del ciudadano Daniel Alberto Otero Muñoz y Otros, no del Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, como está ocurriendo en el caso objeto de estudio, donde mediante auto de fecha tres de noviembre del año dos mil veintidós, se admitió a tramite la solicitud de prueba anticipada, olvidando que su representado esta revestido de la investidura a que se refieren los artículos 414, 415 y 416 del Código Procesal Penal, los cuales señalan y definen el procedimiento para conocer las causas instruidas em contra de los altos funcionarios y diputados. CONSIDERANDO (7): De la misma manera manifiesta que conforme lo autoriza el artículo 273.3 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público está facultado para ordenar y practicar pericias, sin embargo, en el caso concreto, se encuentra ante dos circunstancias, que requieren especial atención, a efecto de evitar disminución o privación de derechos fundamentales, como ser, que por la naturaleza propia de la fuente probatoria del Ministerio Publico, le corresponde su CONOCIMIENTO PREVIO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, cuya preeminencia debe prevalecer sobre cualquier otra ley general o especial que verse sobre la misma materia, en tenor de lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas. Asimismo, en razón de tratarse de un proceso penal, en el cual se encuentran inmersos un Diputado al Parlamento Centroamericano, y dos miembros de la Corporación Municipal de San Pedro Sula, debe preceder a cualquier actuación investigativa, tendiente a producir prueba, la autorización referida en el artículo 414 del Código Procesal Penal. También establece que los hechos que originaron la solicitud de declaración de testigo protegido mediante las formalidades de prueba anticipada, presentada en fecha tres de noviembre del año dos mil veintidós por el Ministerio Publico, se reducen a los procesos de licitación que se describen a continuación: 1. Contrato de servicios suscrito entre las sociedades mercantiles, SULAMBIENTE S.A. y Servicios Logísticos S. A., para llevar a cabo servicios de limpieza vial; el cual se deriva de la adjudicación de la Licitación Pública Internacional número PR-L-DS/01-2001 relacionada al “Contrato para la Prestación de los Servicios de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos y de Limpieza Vial”, suscrito entre la Municipalidad de San Pedro Sula y Sulambiente, S.A., y aprobado por el Soberano Congreso Nacional según Decreto Legislativo número 29-2015. 2. Licitación Pública Nacional MSPS/GMA-01/2021 relacionada al contrato de “Mantenimiento Profesional de Áreas Verdes en la Vía Pública y Limpieza de Solares Baldíos Privados Acorde al Plan de Arbitrios”. Dicha licitación fue adjudicada a la empresa Sulambiente, S.A. De este contrato se derivó un contrato privado entre Sulambiente, S.A. y Aseo y Limpieza, S.A., para la subcontratación parcial de ciertos servicios. El contrato venció el 31 de diciembre del año 2021. 3. Licitación Privada Nacional MSPS/GMA-01/2021 relacionada al contrato de “Corte de Maleza y Limpieza de Áreas Públicas y Solares Baldíos Privados”. Dicha licitación fue adjudicada a Sulambiente, S.A. De este contrato se derivó un contrato privado entre la empresa Sulambiente, S.A. y Aseo y Limpieza, S.A., para la subcontratación parcial de ciertos servicios. El contrato venció el 31 de diciembre del año 2022. Y desprendiéndose lo anterior, el conocimiento de los hechos objeto de investigación, corresponden previamente al Tribunal Superior de Cuentas, órgano que: “…como ente rector del sistema de control, tiene como función constitucional la fiscalización a posteriori de los fondos, bienes y recursos administrados por los poderes del Estado, instituciones descentralizadas y desconcentradas, incluyendo los bancos estatales o mixtos, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, las Municipalidades…”[1]. Por lo que se arriba a la conclusión que después de haber realizado un análisis de cada uno de los hechos que motivan la solicitud de declaración de testigo protegido mediante las formalidades de prueba anticipada, presentada en fecha tres de noviembre por el Agente de Tribunales del Ministerio Público Luis Javier Santos, ante el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, de la Sección Judicial de San Pedro Sula, los cuales, son propios del control financiero, de gestión y resultados, que por mandado constitucional le corresponde exclusivamente al Tribunal Superior de Cuentas, de conformidad a lo establecido en el artículo 222 de la Constitución de la República, relacionado con los artículos 37, 42 y 45 numerales 1) de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas. CONSIDERANDO (8): Que el artículo 321 de la Constitución de la República establece que “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.” Asimismo, el Artículo 323 establece que “Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Ningún funcionario o empleado, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes ilegales o que impliquen la comisión de delito.” De igual manera el artículo 313 establece que “La Corte Suprema de Justicia, tendrá las atribuciones siguientes: 1... 2. Conocer los procesos incoados a los más altos funcionarios del Estado y los Diputados;” Que en los artículos 321 y 323 Constitucionales citados, descansa el principio de legalidad o competencia reglada, la cual en síntesis significa que el funcionario solamente puede hacer lo que la ley manda y que lo que haga fuera de ese mandato es nulo, en ese sentido señalamos que la labor fiscalizadora a posteriori de los bienes y fondos públicos, corresponde al Tribunal Superior de Cuentas, ya que es una atribución que la Constitución de la República, le otorga a este; “Articulo.- 222.- El Tribunal Superior de Cuentas es el ente rector del sistema de control de los recursos públicos, con autonomía funcional y administrativa de los Poderes del Estado, sometido solamente al cumplimiento de la Constitución y las leyes, será responsable ante el Congreso Nacional de los actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones.- El Tribunal Superior de Cuentas tiene como función la fiscalización a posteriori de los fondos, bienes y recursos administrados por los Poderes del Estado, instituciones descentralizadas y desconcentradas, incluyendo los bancos estatales o mixtos, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, las municipalidades y de cualquier otro órgano especial o ente público o privado que reciba o administre recursos públicos de fuentes internas o externas.- En el cumplimiento de su función deberá realizar el control financiero, de gestión y de resultados, fundados en la eficiencia y eficacia, economía, equidad, veracidad y legalidad. Le corresponde, además, el establecimiento de un sistema de transparencia en la gestión de los servidores públicos, la determinación del enriquecimiento ilícito y el control de los activos, pasivos y en general, del patrimonio del Estado, para cumplir con su función el Tribunal Superior de Cuentas tendrá las atribuciones que determine su Ley Orgánica.” Y el artículo 230 Constitucional establece que al determinarse en la labor fiscalizadora del Tribunal Superior de Cuentas la responsabilidad Civil procederá la Procuraduría General de la República, con la acción que corresponda, es así que hasta que se concluye la Labor fiscalizadora del Tribunal Superior de Cuentas y se determine si la infracción es administrativa, civil o penal que procede la actuación de la Procuraduría General de la República o el Ministerio Público ante el Poder Judicial, dependiendo de cual fuese la acción que corresponda. CONSIDERANDO (9): Que esta Sala de lo Constitucional ya se ha pronunciado en sentencias analizando la procedencia de la intervención previa del Tribunal Superior de Cuentas, en sentencias recaídas en los AP 567, 569, 571, 573, 574, 577, 578, 648-2018, mediante la cual en su parte conducente deja establecido lo siguiente: “En el caso de autos, los encausados deben responder de sus actos u omisiones ante el Tribunal de Cuentas, por ser esta la entidad dispuesta constitucionalmente para verificar el cumplimiento de las obligaciones”, en lo que compete a los funcionarios públicos, el hecho de haberse prescindido de este procedimiento ante el Tribunal Superior de Cuentas, supone en contra de los actuales encausados, la privación del derecho a ser sometidos a un debido proceso, al habérseles disminuido el derecho que tienen a la defensa. Entre otros aspectos, el derecho a la defensa se conculca sí, existiendo como ocurre en el presente caso, la oportunidad de someterse a un régimen procesal menos gravoso se omite deliberadamente éste, agravándole su situación y en el caso de mérito es evidente que las imputaciones del caso nacen de contratos: 1. Contrato de servicios suscrito entre dos sociedades mercantiles, SULAMBIENTE S.A. y Servicios Logísticos S. A., para llevar a cabo servicios de limpieza vial; el cual se deriva de la adjudicación de la Licitación Pública Internacional número PR-L-DS/01-2001 relacionada al “Contrato para la Prestación de los Servicios de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos y de Limpieza Vial”, suscrito entre la Municipalidad de San Pedro Sula y Sulambiente, S.A., y aprobado por el Soberano Congreso Nacional según Decreto Legislativo número 29-2015. 2. La Licitación Pública Nacional MSPS/GMA-01/2021 relacionada al contrato de “Mantenimiento Profesional de Áreas Verdes en la Vía Pública y Limpieza de Solares Baldíos Privados Acorde al Plan de Arbitrios” y 3. La Licitación Privada Nacional MSPS/GMA-01/2021 relacionada al contrato de “Corte de Maleza y Limpieza de Áreas Públicas y Solares Baldíos Privados”. Dichas licitaciones fueron adjudicadas a Sulambiente, S.A. Los cuales son competencia del Tribunal Superior de Cuentas quien tiene dentro de sus atribuciones la de fiscalizar a posteriori, los fondos y bienes del Estado y luego determinar si existe responsabilidad civil, administrativa o penal, para que sea el órgano competente, si fuese el caso, quien ejerza la función penal correspondiente, por lo que en el caso objeto de estudio, se le está violentando el derecho de defensa y debido proceso al recurrente pues no se ha agotado el procedimiento administrativo dispuesto por la ley. CONSIDERANDO (10): Derivado de las consideraciones anteriores, esta Sala advierte, que, en el caso concreto, al haber admitido a trámite las actuaciones realizadas por el Ministerio Público, mediante las cuales solicita el recibimiento de la declaración testifical bajo la modalidad de la prueba anticipada, ante el Juzgado de Letras Penal con competencia Territorial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, no se ha observado la preminencia de ley especial del Tribunal Superior de Cuentas. Y además, por tratándose de que las diligencias se pretenden contra un diputado suplente del Parlamento Centroamericano, en aplicación del artículo 421 del Código Procesal Penal, solo puede hacerse conforme a lo que establece el CAPITULO III de este mismo Código, “DEL PROCEDIMIENTO PARA CONOCER DE LOS PROCESOS INCOADOS A LOS MAS ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO”. CONSIDERANDO (11): Que el Código Procesal Penal reformado en su artículo 414 y subsiguientes establecen: “Los altos funcionarios del Estado y diputados contra quienes se pretenda proceder para deducirles responsabilidad criminal, solo podrán ser enjuiciados de conformidad a lo establecido en los artículos siguientes. Artículo 415: La Corte Suprema de Justicia conocerá del requerimiento, acusación o querella que promueva la autoridad competente o la víctima en su caso contra las personas a que se refiere el artículo anterior, debiendo acompañarse los documentos en que se funde, y si no es posible su presentación, se indicará el lugar o la oficina en que se encuentren para los efectos investigativos pertinentes. Artículo 416: La Corte Suprema de Justicia, designará a uno (a) de sus Magistrados(as) para que conozca del proceso en las etapas preparatorias e intermedia. Para conocer del juicio oral y público integrará el Tribunal de Sentencia, con cuatro (4) de sus Magistrados(as); los tres primeros actuarán en el juicio y el ultimo será el sustituto. De los tres (3) jueces titulares se designará uno para que actúe como presidente, quien dirigirá el proceso, que se desarrollará de conformidad a lo establecido con el Código Procesal Penal. Similar designación se hará para conocer el recurso de apelación cuando procediere. Cuando en la Comisión de un delito intervengan personas que ostenten aquellas calidades, una vez declarado admisible el requerimiento, acusación o querella, conocerá del proceso en relación a todo los (as) imputado (as) los(as) Magistrados (as) designados (as) como jueces en los términos mencionados en éste mismo artículo”[2]. CONSIDERANDO (12): Que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo y dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público, y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, al derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc. CONSIDERANDO (13): Que a estos efectos la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, bajo el aforismo latino “Iura novit curia” que significa “El juez conoce el derecho“y ante el surgimiento de un conflicto de competencia para conocer de este caso en particular señala: Que el Código Civil en su artículo 4 establece: “Articulo 4.- Las disposiciones contenidas en los Códigos de Comercio, de Minería y demás especiales, se aplicaran con preferencia a las de este Código.” Este artículo de nuestro Código Civil, plasma el Axioma jurisprudencial de que las leyes especiales se aplican con preferencia a las generales. Siendo así se señala que mediante Decreto legislativo Nº 228-93, de fecha 13 de diciembre de 1993, se promulgó la Ley del Ministerio Público que en su artículo 16 numeral 6 y 12 dice: “Articulo 16.- Son atribuciones del Ministerio Publico. . . .6. Promover las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, penal, administrativa o disciplinaria en que hubieren incurrido los funcionarios o empleados públicos, civiles o militares con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones y empleos, con excepción de las que competen a la Procuraduría General de la Republica conforme la Constitución; . . .12. Comprobar la legalidad y regularidad de las licitaciones, concursos, subastas y demás procedimientos de selección del contratante del Estado; así como el correcto cumplimiento de los contratos administrativos, y en caso contrario, informar a la Procuraduría General de la República, para los mismos efectos de los dos numerales anteriores; . . .”. Que el Código Civil en sus artículos 42, 43 y 44 dice: “Articulo 42.- La Ley puede ser derogada total o parcialmente por otra ley.” “Articulo 43.- La derogación de la ley puede ser expresa o tácita. Es expresa, cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la anterior. Es tacita, cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior.” “44.- La derogación expresa será total o parcial, según lo manifieste la ley derogatoria. La tacita deja vigente en la ley anterior todo aquello que no pugne con las disposiciones de la nueva ley, aunque ambas versen sobre la misma materia.” Los autores señalan que para que una ley anterior se considere tácitamente derogada, deben ser las disposiciones incompatibles con la nueva ley, de tal manera que no pueda ejecutarse la segunda ley sin destruir la primera, de lo contrario ambas disposiciones deben considerarse subsistentes. Y conforme a esta tesis es que el articulo 44 declara que la derogación tacita deja vigente en la ley anterior todo aquello que no pugne con las disposiciones de la nueva ley, aunque ambas versen sobre la misma materia. Mediante Decreto legislativo No.10-2002-E publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 29,990 de fecha 20 de enero de 2003, se promulgó la Ley del Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas que en su artículo 4 y 31.3 determina: “Articulo 4.- PREEMINENCIA NORMATIVA. Las disposiciones de esta ley constituyen un régimen especial que por su naturaleza, fines y competencia tiene preeminencia sobre cualquier otra ley general o especial que verse sobre la misma materia.” “Articulo 31. ADMINISTRACION DEL TRIBUNAL. Para el cumplimiento de sus objetivos institucionales el Tribunal tendrá las funciones administrativas siguientes: 1. . ..- 2. . ..- 3.- Conocer de las irregularidades que den lugar a responsabilidad administrativa civil o penal y darles el curso legal correspondiente; 4. . .”, Es así que en este caso concreto, compete al Tribunal Superior de Cuentas, por atribución constitucional, desarrollada en su Ley Orgánica, en aplicación al debido proceso, determinar la responsabilidad Administrativa, Civil o penal, que se pretende. CONSIDERANDO (14): Que el artículo 90 constitucional al disponer la formalidad que la ley establece expresamente como una de las conditio sine qua non para ser juzgado, así como que el juzgamiento proceda de Juez o Tribunal competente, está configurando constitucionalmente la garantía de jurisdiccionalidad para los habitantes de la República, la cual es inherente al debido proceso. CONSIDERANDO (15): Que el caso de mérito que se presenta ante esta Sala de lo Constitucional se desprende de los documentos acompañados, que el ciudadano DANIEL ALBERTO OTERO MUÑOZ, al momento de interponer el presente recurso de amparo acompaño una constancia donde fue electo como Diputado Suplente del Parlamento Centroamericano, constancia que fue extendida por el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL y conforme al principio de derecho procesal tempus regit actum esta norma legal es de observancia obligatoria; por lo que lo actuado por el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, ordenando mediante auto de fecha tres de noviembre de dos mil veintidós, en el que resolvió admitir la solicitud planteada por el Abogado LUIS JAVIER SANTOS, Fiscal del Ministerio Público, Procediendo a recibir bajo la modalidad de Prueba Anticipada la declaración testifical con la formalidad de prueba anticipada del TESTIGO PROTEGIDO IDENTIFICADO con clave TP-MP1, y ordenando darle la protección establecida en el artículo 237 del Código Procesal Penal, resulta legalmente inaplicable y violatorio de los derechos del recurrente; además se debe seguir el procedimiento que establece el libro quinto de los Procedimientos Especiales, capitulo III del procedimiento para conocer de los procesos incoados a los más altos funcionarios del estado, contenidos en los artículos 414, 415, 416, 417 y 421 del Código Procesal Penal, formalidad que no puede ser obviada sin lesionar el derecho fundamental al debido proceso del imputado; además debe de cumplirse con el requisito de la intervención previa del Tribunal Superior de Cuentas antes del enjuiciamiento por vía penal, no hacerlo violenta el debido proceso del recurrente. CONSIDERANDO (16): Que visto lo anterior es procedente declarar que se violenta el artículo 90 de la Constitución de la República, referente al debido proceso, al no observarse la preminencia de ley especial del Tribunal Superior de Cuentas y que tratándose de que las diligencias se pretenden contra un Diputado al Parlamento Centroamericano en aplicación del artículo 421 del Código Procesal Penal, solo puede hacerse conforme a lo que establece el CAPITULO III de este mismo Código, “DEL PROCEDIMIENTO PARA CONOCER DE LOS PROCESOS INCOADOS A LOS MAS ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO”. En consecuencia, procede otorgar el Amparo reclamado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45 y 62 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 414, 415, 416, 417 y 421 del Código Procesal Penal, 22 inciso a, del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano. FALLA: PRIMERO: OTORGANDO el Recurso de Amparo por las motivaciones desarrolladas en los considerandos de esta sentencia, el que fue interpuesto por el abogado MICHAEL BLADEMIR CASILDO VELASQUEZ a favor del señor DANIEL ALBERTO OTERO MUÑOZ, contra las actuaciones efectuadas por parte del MINISTERIO PUBLICO, referidos a la solicitud hecha ante el Juzgado de Letras Penal con competencia Territorial de San Pedro Sula, Cortés, para recibir bajo la modalidad de Prueba Anticipada la declaración testifical del TESTIGO PROTEGIDO IDENTIFICADO con clave TP-MP1. SEGUNDO: El otorgamiento de esta acción de Amparo implica dejar sin valor y efecto tanto las diligencias de parte del Ministerio Público, como también las actuaciones del Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, que dieron paso a la solicitud de nombramiento, juramentación y declaración de un testigo protegido. Lo anterior en virtud de ser órganos con falta de competencia, vulnerando el debido proceso ya que se pretende juzgar al señor DANIEL ALBERTO OTERO MUÑOZ Y OTROS, por un Tribunal con falta de competencia, no solo por ser ALTO FUNCIONARIO, sino que también por estar inmerso en el proceso de investigación que prima facie, le corresponde en este caso concreto, por la concurrencia del principio de prejudicialidad y la preeminencia constitucional, su conocimiento al Tribunal Superior de Cuentas, al tenor de lo establecido en el numeral 3 del artículo 31 de su Ley Orgánica, cuya aplicación prevalece sobre cualquier otra ley general o especial que verse sobre la misma materia, según lo refiere el artículo 4 de dicho precepto jurídico, en relación al artículo 222 Constitucional, en los que se establece que el Tribunal Superior de Cuentas, es el órgano encargado de poner en conocimiento del Ministerio Publico o la Procuraduría General de la República, según sus hallazgos, las acciones administrativas, civiles o penales que en derecho procedan. TERCERO: Determinar que las actuaciones por parte del Ministerio Público se encuentran fuera de la jurisdicción territorial de las empresas Sulambiente, S.A., Servicios Logísticos, S.A., y Aseo y Limpieza, S.A., en virtud de que los hechos investigados por dicho ente se derivan de la relación contractual existente entre ellas, las cuales renunciaron al fuero local y convinieron nombrar un tribunal de arbitraje internacional para dirimir cualquier controversia existente.- Y MANDA: Que con la certificación de la presente sentencia se remitan los antecedentes al lugar de procedencia para los efectos legales pertinentes. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de enero de dos mil veintitrés, certificación de la Sentencia de fecha diecinueve de enero de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo registrado en este Tribunal bajo el número SCO-1627-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] Artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas.
[2] Artículo 414. Reformado por Decreto No.195-2004 de fecha 17 de diciembre de 2004, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.30,584 de fecha 30 de diciembre de 2004.
Artículo 415. Reformado por Decreto No.195-2004 de fecha 17 de diciembre de 2004, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.30,584 de fecha 30 de diciembre de 2004.