Sentencia AA-1414-22 — Registro 18454
Resumen
Acuerdo CLD-S-1199-2016 cancela a demandante de su cargo de Secretaría de la Administración Regional de Aduanas; La Corte de Apelaciones sobreseyó la acción de amparo por considerar que la resolución que desestimó las defensas previas son irrecurribles, y contra ésta no cabe recurso alguno; establece que no hay violación alguna contra recurrente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."en relación a la segunda defensa previa invocada por el amparista se determina que la demandante recibió el pago de de sus prestaciones laborales debidamente cálculadas en la cantidad de L. 329,381.18 que el Estado le ha cancelado en su totalidad y la demandante se presentó ante la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) ahora Servicio de Administración de Rentas (SAR), a su cobro correspondiente y acredita defensa previa que también fue desestimada por el a quo. Alega que el Estado le validó y pagó sus derechos laborales de forma inmediata y asegura que a la fecha no tiene ningún saldo pendiente de pago tal concepto a favor de la demandante, con ello el Estado ha cumplido con su obligación como empleador y que se demostró que la demandante ha consentido dicho pago, haciendo efectivo, sus obligaciones que tenia pendiente con el INJUPEMP y BANCO ATLANTIDA S.A. y la diferencia ha sido utilizada por la misma, demostrando que ha sido consentido de su parte no habiendo mas responsabilidad del Estado para con la demandante..."..."El Artículo 90 constitucional se cita el Artículo 31 inciso a), 63 y 80 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo , en relación al Artículo 3 del Código Procesal Civil, que indica que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, y que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilación. En tal sentido, también estos artículos han sido violentados en la resolución dictada por el juzgado a quo, concluyendo que la resolución venida en amparo vulnera el derecho constitucional contenido en el Artículo 90 relacionado al debido proceso, siendo procedente revocar la sentencia venida en consulta y se otorga amparo que se conoce en consulta interpuesto..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 31 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 80 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Procedimiento Administrativo, art. 146 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
..."en relación a la segunda defensa previa invocada por el amparista se determina que la demandante recibió el pago de de sus prestaciones laborales debidamente cálculadas en la cantidad de L. 329,381.18 que el Estado le ha cancelado en su totalidad y la demandante se presentó ante la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) ahora Servicio de Administración de Rentas (SAR), a su cobro correspondiente y acredita defensa previa que también fue desestimada por el a quo. Alega que el Estado le validó y pagó sus derechos laborales de forma inmediata y asegura que a la fecha no tiene ningún saldo pendiente de pago tal concepto a favor de la demandante, con ello el Estado ha cumplido con su obligación como empleador y que se demostró que la demandante ha consentido dicho pago, haciendo efectivo, sus obligaciones que tenia pendiente con el INJUPEMP y BANCO ATLANTIDA S.A. y la diferencia ha sido utilizada por la misma, demostrando que ha sido consentido de su parte no habiendo mas responsabilidad del Estado para con la demandante..."..."El Artículo 90 constitucional se cita el Artículo 31 inciso a), 63 y 80 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo , en relación al Artículo 3 del Código Procesal Civil, que indica que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, y que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilación. En tal sentido, también estos artículos han sido violentados en la resolución dictada por el juzgado a quo, concluyendo que la resolución venida en amparo vulnera el derecho constitucional contenido en el Artículo 90 relacionado al debido proceso, siendo procedente revocar la sentencia venida en consulta y se otorga amparo que se conoce en consulta interpuesto..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 31 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 80 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Procedimiento Administrativo, art. 146 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
..."en relación a la segunda defensa previa invocada por el amparista se determina que la demandante recibió el pago de de sus prestaciones laborales debidamente cálculadas en la cantidad de L. 329,381.18 que el Estado le ha cancelado en su totalidad y la demandante se presentó ante la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) ahora Servicio de Administración de Rentas (SAR), a su cobro correspondiente y acredita defensa previa que también fue desestimada por el a quo. Alega que el Estado le validó y pagó sus derechos laborales de forma inmediata y asegura que a la fecha no tiene ningún saldo pendiente de pago tal concepto a favor de la demandante, con ello el Estado ha cumplido con su obligación como empleador y que se demostró que la demandante ha consentido dicho pago, haciendo efectivo, sus obligaciones que tenia pendiente con el INJUPEMP y BANCO ATLANTIDA S.A. y la diferencia ha sido utilizada por la misma, demostrando que ha sido consentido de su parte no habiendo mas responsabilidad del Estado para con la demandante..."..."El Artículo 90 constitucional se cita el Artículo 31 inciso a), 63 y 80 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo , en relación al Artículo 3 del Código Procesal Civil, que indica que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, y que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilación. En tal sentido, también estos artículos han sido violentados en la resolución dictada por el juzgado a quo, concluyendo que la resolución venida en amparo vulnera el derecho constitucional contenido en el Artículo 90 relacionado al debido proceso, siendo procedente revocar la sentencia venida en consulta y se otorga amparo que se conoce en consulta interpuesto..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 31 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 80 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Procedimiento Administrativo, art. 146 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Civil, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."en relación a la segunda defensa previa invocada por el amparista se determina que la demandante recibió el pago de de sus prestaciones laborales debidamente cálculadas en la cantidad de L. 329,381.18 que el Estado le ha cancelado en su totalidad y la demandante se presentó ante la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) ahora Servicio de Administración de Rentas (SAR), a su cobro correspondiente y acredita defensa previa que también fue desestimada por el a quo. Alega que el Estado le validó y pagó sus derechos laborales de forma inmediata y asegura que a la fecha no tiene ningún saldo pendiente de pago tal concepto a favor de la demandante, con ello el Estado ha cumplido con su obligación como empleador y que se demostró que la demandante ha consentido dicho pago, haciendo efectivo, sus obligaciones que tenia pendiente con el INJUPEMP y BANCO ATLANTIDA S.A. y la diferencia ha sido utilizada por la misma, demostrando que ha sido consentido de su parte no habiendo mas responsabilidad del Estado para con la demandante..."..."El Artículo 90 constitucional se cita el Artículo 31 inciso a), 63 y 80 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo , en relación al Artículo 3 del Código Procesal Civil, que indica que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, y que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilación. En tal sentido, también estos artículos han sido violentados en la resolución dictada por el juzgado a quo, concluyendo que la resolución venida en amparo vulnera el derecho constitucional contenido en el Artículo 90 relacionado al debido proceso, siendo procedente revocar la sentencia venida en consulta y se otorga amparo que se conoce en consulta interpuesto..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 31 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 80 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Procedimiento Administrativo, art. 146 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Civil, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."en relación a la segunda defensa previa invocada por el amparista se determina que la demandante recibió el pago de de sus prestaciones laborales debidamente cálculadas en la cantidad de L. 329,381.18 que el Estado le ha cancelado en su totalidad y la demandante se presentó ante la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) ahora Servicio de Administración de Rentas (SAR), a su cobro correspondiente y acredita defensa previa que también fue desestimada por el a quo. Alega que el Estado le validó y pagó sus derechos laborales de forma inmediata y asegura que a la fecha no tiene ningún saldo pendiente de pago tal concepto a favor de la demandante, con ello el Estado ha cumplido con su obligación como empleador y que se demostró que la demandante ha consentido dicho pago, haciendo efectivo, sus obligaciones que tenia pendiente con el INJUPEMP y BANCO ATLANTIDA S.A. y la diferencia ha sido utilizada por la misma, demostrando que ha sido consentido de su parte no habiendo mas responsabilidad del Estado para con la demandante..."..."El Artículo 90 constitucional se cita el Artículo 31 inciso a), 63 y 80 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo , en relación al Artículo 3 del Código Procesal Civil, que indica que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, y que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilación. En tal sentido, también estos artículos han sido violentados en la resolución dictada por el juzgado a quo, concluyendo que la resolución venida en amparo vulnera el derecho constitucional contenido en el Artículo 90 relacionado al debido proceso, siendo procedente revocar la sentencia venida en consulta y se otorga amparo que se conoce en consulta interpuesto..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 31 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 80 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Procedimiento Administrativo, art. 146 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
..."en relación a la segunda defensa previa invocada por el amparista se determina que la demandante recibió el pago de de sus prestaciones laborales debidamente cálculadas en la cantidad de L. 329,381.18 que el Estado le ha cancelado en su totalidad y la demandante se presentó ante la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) ahora Servicio de Administración de Rentas (SAR), a su cobro correspondiente y acredita defensa previa que también fue desestimada por el a quo. Alega que el Estado le validó y pagó sus derechos laborales de forma inmediata y asegura que a la fecha no tiene ningún saldo pendiente de pago tal concepto a favor de la demandante, con ello el Estado ha cumplido con su obligación como empleador y que se demostró que la demandante ha consentido dicho pago, haciendo efectivo, sus obligaciones que tenia pendiente con el INJUPEMP y BANCO ATLANTIDA S.A. y la diferencia ha sido utilizada por la misma, demostrando que ha sido consentido de su parte no habiendo mas responsabilidad del Estado para con la demandante..."..."El Artículo 90 constitucional se cita el Artículo 31 inciso a), 63 y 80 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo , en relación al Artículo 3 del Código Procesal Civil, que indica que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, y que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilación. En tal sentido, también estos artículos han sido violentados en la resolución dictada por el juzgado a quo, concluyendo que la resolución venida en amparo vulnera el derecho constitucional contenido en el Artículo 90 relacionado al debido proceso, siendo procedente revocar la sentencia venida en consulta y se otorga amparo que se conoce en consulta interpuesto..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 31 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 80 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Procedimiento Administrativo, art. 146 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – SALACONSTITUCIONAL Tegucigalpa,Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de octubre de del años do mil veintitrés.VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia del trece de septiembre de dos mil veintidós, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURIDICCIÓN NACIONAL, que Sobreseyó el recurso de amparo interpuesto por la Abogada DACIL PAOLA GANDOUR PERDOMO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, a través de la Comisión Liquidadora de la Dirección Ejecutiva de Ingresos SEFIN-DEI, contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES; en relación a la demanda promovida por la señora ANA ELIZABETH RODRIGUEZ MALDONADO, contra el ESTADO DE HONDURAS, Comisión Liquidadora de la Dirección Ejecutiva de Ingresos SEFIN-DEI. Estimando la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado el Artículo 90 de la Constitución de la República.ANTECEDENTES 1)Que en fecha seis de abril de dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la señora ANA ELIZABETH RODRIGUEZ MALDONADO, actuando en su condición personal, promoviendo demanda para que se declare la nulidad e ilegalidad de un acto administrativo consistente en el Acuerdo CLD-S-1199-2016, mediante el cual fue despidida de su cargo de Secretaría de la Administración Regional de Aduanas, por no ser conforme a derecho y haberse emitido con infracción al ordenamiento jurídico, demanda que interpuso contra el Estado de Honduras, en la que solicita el pago de los salarios dejados de percibir, aumentos, aguinaldos, pago por vacaciones, a partir de la notificación del acto administrativo que contiene el despido, hasta la fecha de la resolución judicial que declare firme la sentencia, y que se le reintegre a su puesto de Trabajo. (Folios 03-07 de la pieza de Primera Instancia)2)Que en fecha dieciocho de enero de dos mil veintiuno, el Abogado ILDER DASARY ESCOBAR URBINA, actuando en su condición de Procurador Judicial del Estado de Honduras, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, alegando Defensas Previas, por existir causales de inadmisibilidad. (Folios 02-04 de la Pieza Separada de Defensas Previas)3)Que en Audiencia celebrada el uno de junio de dos mil veintidós, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, resolvió: DESESTIMAR las Defensas Previas interpuestas por la representación judicial del Estado de Honduras, el 18 de enero del año 2021, por considerar que la demanda incoada reúne todos los requisitos señalados en el Artículo 46 acompañando todos los documentos exigidos por el Artículo 47, ambos señalados en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; ….” (Folios 20-22 de la pieza Separada de Defensas Previas).4)Que en fecha veintinueve de junio de dos mil veintidós, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción Nacional, la Abogada DACIL PAOLA GANDOUR PERDOMO, interponiendo recurso de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, a través de la Comisión Liquidadora de la Dirección Ejecutiva de Ingresos SEFIN-DEI, contra la resolución del uno de junio de dos mil veintidós, dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, por considerar la recurrente que la misma vulnera el debido proceso contenido en el Artículo 90 de la Constitución de la República. (Folios 01 al 04 de la pieza de la Corte de Apelaciones). 5)Que en fecha 6 de septiembre de 2022, la abogada TANIA LETICIA CANO VEGA, en su calidad de Fiscal del Ministerio Público rindió dictamen (folios 21-27) en el que concluye que se otorgue el amparo solicitado en virtud de haberse admitido una demanda que no reúne los requisitos de admisibilidad por haber adquirido el acto reclamado carácter de firme, al ser consentido por la demandante, cuando aceptó el pago de sus prestaciones laborales con todos sus derechos legales, por lo que las defensas previas alegadas por el impetrante son válidas, y considera que se ha violentado las garantías consignadas en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.6)Que seguido el trámite de ley que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, dictó sentencia el trece de septiembre de dos mil veintidós, mediante la que: “…FALLA: SOBRESEER la acción de amparo interpuesta por la Abogada DACIL PAOLA GANDOUR PERDOMO, en su condición de Apoderada Legal Sustituta del Estado de Honduras, a través de la COMISIÓN LIQUIDADORA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS SEFIN-DEI.…” (Folios 31 al 37 de la pieza de la Corte de Apelaciones.7)Que el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO UNO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.CONSIDERANDO DOS (2): Que, habiéndose presentado Defensas previas por parte del Abogado ILDER DASARY ESCOBAR URBINA, actuando en su condición de Procurador Judicial del Estado de Honduras, en las que se sustentó dos causales de inadmisibilidad de la misma en virtud de que la pretensión no se encuentra comprendida dentro del Procedimiento Especial en Materia personal, debido a que no cumple con los presupuestos de cancelación o separación de un servidor público, en ese sentido no estaba exenta la demandante de agotar la vía administrativa previa, señalado en el Artículo 146 de la ley de Procedimiento administrativo, y la segunda causa de inadmisibilidad, es que el acto fue consentido por la demandante, y dado que la demandante se presentó ante la Comisión liquidadora de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), ahora SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR), a presentar la documentación requerida para el pago de sus prestaciones laborales, mismas que fueron calculadas y canceladas por medio de pago de L. 329,381.18, restando la cantidad de L. 61,997.70 para pago al INJUPEMP por préstamo y L. 78,240.09 como pago al Banco Atlántida, depositándole en su cuenta el remanente de L. 189,143.39 por medio de transferencia bancaria a favor de la demandante, y ésta no opuso ningún rechazo a la misma. CONSIDERANDO TRES (3): Que, el uno (1) de Junio del año dos mil veintidós (2022), el juzgado a quo celebró audiencia de evacuación de las defensas previas interpuestas por parte del Abogado ILDER DASARY ESCOBAR URBINA, durante la cual el juzgado decidió desestimar las defensas previas por considerarla improcedente que la demanda. La resolución aludida, se dicta en base al Artículo 64 de la Ley de la Jurisdicción de lo contencioso administrativo, y en vista de que esta resolución no cabe recurso alguno, la Abogada DACIL PAOLA GANDOUR PERDOMO, en su condición de Apoderada Legal Sustituta del Estado de Honduras, a través de la COMISIÓN LIQUIDADORA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS SEFIN-DEI promueve el presente recurso de amparo.CONSIDERANDO CUATRO (4): Que, el tribunal a quem el trece de septiembre de dos mil veintidós, dictó resolución mediante la que: “…FALLA: SOBRESEER la acción de amparo interpuesta por la Abogada DACIL PAOLA GANDOUR PERDOMO, en su condición de Apoderada Legal Sustituta del Estado de Honduras, a través de la COMISIÓN LIQUIDADORA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS SEFIN-DEI. Literalmente la palabra SOBRESEER invocada por este tribunal, significa terminar el asunto dado que la resolución dictada por el juzgado a quo desestimando las defensas previas son irrecurribles, y contra ésta no cabe recurso alguno, además, manifiesta en su resolución que al impetrante no se le han violentado garantía constitucional alguna. CONSIDERANDO CINCO (5): Que el Ministerio Público el 6 de septiembre de 2022, por intermedio de la abogada TANIA LETICIA CANO VEGA, rindió dictamen (folios 21-27) en el cual concluye que se otorgue el amparo solicitado, en virtud de haberse admitido una demanda que no reúne los requisitos de admisibilidad señalados en las defensas previas invocadas, por haber adquirido el acto reclamado carácter de firme al ser consentido por la demandante, cuando aceptó el pago de sus prestaciones laborales con todos sus derechos legales, también es procedente la defensa previa de agotar la vía administrativa ex antes, por lo que considera que se ha violentado las garantías consignadas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, y artículo 146 de la ley de Procedimiento administrativo, señaladas por el impetrante. CONSIDERANDO SEIS (6): Que, el Artículo 90 de la Constitución de la República, señala “Nadie podrá ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. CONSIDERANDO SIETE (7): Que Después de un exhaustivo examen de las actuaciones llevadas a cabo, tanto en el tribunal a quo como el ad quem, se desprende que en efecto, se ha violentado la garantía constitucional antes señalada, al desestimar las defensas previas consignadas en el articulo 63 de la Ley de lo Contencioso administrativo que en su letra dice: “Los demandados y coadyuvantes podrán alegar, dentro de los cinco dias hábiles siguientes al emplazamiento, cualquiera de las siguientes defensas previas: a)… b)(….., y c) la falta de agotamiento de la via administrativa …., en tal sentido esta sala aprecia que el impetrante presentó en tiempo y forma la alegación de sus defensas previas apoyado también en al articulo 31 de le Ley en comento que dice: no se admitirá la acción contencioso administrativa respecto de: los actos que sean firmes es decir, aquello que no hubieren sido recurridos en tiempo y forma o que hubieren sido consentidos expresamente…..,” en adicion al articulo 146 de la Ley de Procediemieto Administrativo “No se podrá demandar judicialmente, en materia de derecho privado, al estado, a las Instituciones Autónomas y a las Municipalidades, sin previo reclamo administrativo presentado ante el titular del Organo o entidad respectiva”. CONSIDERANDO OCHO (8): Que en ese orden de ideas el Juez a quo debió valorar el hecho que no se cumplió por parte de la demandante con el agotamiento de esta reclamación previa, contra la cual, si recayera resolución desfavorable, la Ley citada le concede la facultad de incoar la respectiva demanda tal y como lo señala el párrafo segundo del articulo 148 de la Ley citada. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que al no haberse cumplido este requisito, el juzgador no debió anadmitir la demanda. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que en relación a la segunda defensa previa invocada por el amparista se determina que la demandante recibió el pago de de sus prestaciones laborales debidamente cálculadas en la cantidad de L. 329,381.18 que el Estado le ha cancelado en su totalidad y la demandante se presentó ante la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) ahora Servicio de Administración de Rentas (SAR), a su cobro correspondiente y acredita defensa previa que también fue desestimada por el a quo. Alega que el Estado le validó y pagó sus derechos laborales de forma inmediata y asegura que a la fecha no tiene ningún saldo pendiente de pago tal concepto a favor de la demandante, con ello el Estado ha cumplido con su obligación como empleador y que se demostró que la demandante ha consentido dicho pago, haciendo efectivo, sus obligaciones que tenia pendiente con el INJUPEMP y BANCO ATLANTIDA S.A. y la diferencia ha sido utilizada por la misma, demostrando que ha sido consentido de su parte no habiendo mas responsabilidad del Estado para con la demandante. CONSIDERANDO ONCE (11): El Artículo 90 constitucional se cita el Artículo 31 inciso a), 63 y 80 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo , en relación al Artículo 3 del Código Procesal Civil, que indica que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, y que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilación. En tal sentido, también estos artículos han sido violentados en la resolución dictada por el juzgado a quo, concluyendo que la resolución venida en amparo vulnera el derecho constitucional contenido en el Artículo 90 relacionado al debido proceso, siendo procedente revocar la sentencia venida en consulta y se otorga amparo que se conoce en consulta interpuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos números: 1, 2, 4, 82, 90, 110, 183, 303, 304, 305, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, 35, 63 y 80 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, 3 del Código Procesal Civil FALLA: REVOCANDO la sentencia venida en consulta de fecha trece de septiembre del año dos mil veintidós, Y OTORGA la garantía de amparo promovida por la Abogada DACIL PAOLA GANDOUR PERDOMO, en su condición de Apoderada Legal Sustituta del Estado de Honduras, a través de la COMISIÓN LIQUIDADORA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS SEFIN-DEI, contra la resolución de fecha uno de junio de dos mil veintidós, dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, por considerar la recurrente que la misma vulnera el debido proceso contenido en el Artículo 90 de la Constitución de la República.- Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia. NOTIFIQUESE. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de agosto de dos mil veinticuatro, certificación del fallo once de octubre de dos mil veintitres, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-1414-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL