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Sentencia AA-1358-21 — Registro 16803

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución emitida por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), relacionado a un incidente de nulidad del Pliego de Responsabilidad Civil No. 01-068-2009-DCSD/862/2015-SG-TSC, que se emitió contra el señor Jorge Méndez (Q.D.D.G.), y se sustancia en contra de los herederos antes mencionados. Considerando el peticionario que el acto reclamado es violatorio del derecho de defensa de sus representados, derecho contenido en el artículo 82 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (11): Que la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma se encuentra ajustada a derecho, ello es así porque se ha respetado el derecho a la defensa que invoca el recurrente como vulnerado, observando la aplicación de la ley al caso concreto, al fundamentar la resolución recurrida en Amparo, en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, misma que establece: “RESOLUCIÓN FIRME O EJECUTORIADA. Se entenderá firme o ejecutoriada la resolución cuando el o los afectados se conformaren o no interpongan el recurso de reposición ante el Tribunal ni promovieren la demanda ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, dentro de los plazos legales”; de la foliada de los antecedentes, no se advierte vulneración al derecho de defensa, pues el peticionario de Amparo, compareció interponiendo incidente de nulidad de la Resolución No. 862/2015-SG-TSC, una vez firme la misma y cuando ya se habían remitido las diligencias a la Procuraduría General de la República; aunado a ello, existió en las diligencias de mérito, actos de procuración en defensa de las pretensiones del señor Jorge Méndez, asimismo sus herederos se personaron a través de su Apoderado Legal, quien fue notificado de la resolución que ahora se recurre en Amparo, de lo que se colige la participación de los recurrentes durante la fase del procedimiento administrativo ante el Tribunal Superior de Cuentas. CONSIDERANDO (12): Que para concluir esta Sala de lo Constitucional estima que, en el caso en estudio, se ha respetado el derecho de defensa que le asiste al recurrente, derecho fundamental reconocido en la Constitución de la República y en la normativa internacional. Ello como corolario de lo expuesto en el presente libelo, en fundamento a lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas. En el caso de estudio se observa la aplicación de la Ley al caso concreto, lo que difiere de ser considerado una vulneración de los derechos señalados, por lo que se estima procedente denegar el recurso de amparo de mérito.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de junio del año dos mil veintitrés. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSÉ ANTONIO TAIXES LÓPEZ, a favor de los herederos del señor JORGE MÉNDEZ (Q.D.D.G.), la señora DORA IVELISE CATILLO BROWN, viuda del señor Jorge Méndez (Q.D.D.G.), quien actúa en su condición personal y a su vez, actúa en condición de representante de los siguientes herederos: SOFIA ALEJANDRA MÉNDEZ CASTILLO, ETHEL NINOSKA MÉNDEZ CASTILLO, JORGE ISAAC MÉNDEZ CASTILLO, ARMANDO MENDEZ, FRANCISCO MENDEZ, TELMA MENDEZ, GERARDO MÉNDEZ, IDALIA MÉNDEZ PEÑA, GLORIA ONDINA MÉNDEZ, ARTURO PEÑA MÉNDEZ Y FRESIA MARLYN BONILLA DOMÍNGUEZ, contra la resolución de fecha veintiocho de septiembre del año dos mil veintiuno, emitida por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), relacionado a un incidente de nulidad del Pliego de Responsabilidad Civil No. 01-068-2009-DCSD/862/2015-SG-TSC, que se emitió contra el señor Jorge Méndez (Q.D.D.G.), y se sustancia en contra de los herederos antes mencionados. Considerando el peticionario que el acto reclamado es violatorio del derecho de defensa de sus representados, derecho contenido en el artículo 82 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintiséis de noviembre del año dos mil veintiuno, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, el Abogado JOSÉ ANTONIO TAIXES LÓPEZ, interponiendo recurso de amparo a favor de los herederos del señor JORGE MÉNDEZ (Q.D.D.G.), la señora DORA IVELISE CATILLO BROWN, viuda del señor Jorge Méndez (Q.D.D.G.), quien actúa en su condición personal y a su vez, actúa en su condición de representante de los herederos: SOFIA ALEJANDRA MÉNDEZ CASTILLO, ETHEL NINOSKA MÉNDEZ CASTILLO, JORGE ISAAC MÉNDEZ CASTILLO, ARMANDO MENDEZ, FRANCISCO MENDEZ, TELMA MENDEZ, GERARDO MÉNDEZ, IDALIA MÉNDEZ PEÑA, GLORIA ONDINA MÉNDEZ, ARTURO PEÑA MÉNDEZ Y FRESIA MARLYN BONILLA DOMÍNGUEZ, contra la resolución de fecha veintiocho de septiembre del año dos mil veintiuno, emitida por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), relacionado a un incidente de nulidad del Pliego de Responsabilidad Civil No. 01-068-2009-DCSD/862/2015-SG-TSC que se emitió contra el señor Jorge Méndez (Q.D.D.G.), y se sustancia en contra de los herederos antes relacionados. (Folios del 1-4 de los autos) 2) Esta Sala, en fecha ocho de diciembre del año dos mil veintiuno, tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenando librar comunicación con las inserciones de estilo a la autoridad recurrida para que dentro del término de dos (2) días hábiles remitiera los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del mismo. (Folio 49fv de los autos) 3) En fecha quince de marzo del año dos mil veintidós, esta Sala tuvo por recibidos los antecedentes solicitados a la autoridad recurrida, que contienen el auto de fecha veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, objeto del presente recurso, emitido por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), el que literalmente dice: (Sic) “Por recibido el escrito que antecede, presentado por el Abogado JOSE ANTONIO TAIXES LOPEZ en su condición de Apoderado Legal de la ciudadana DORA IVELISE CASTILLO BROWN, quien a su vez actúa en su condición personal y en representación de los señores: SOFÍA ALEJANDRA MÉNDEZ CASTILLO, ETHEL NINOSKA MÉNDEZ CASTILLO, JORGE ISAAC MÉNDEZ CASTILLO, ARMANDO MÉNDEZ, FRANCISCO MÉNDEZ, TELMA MÉNDEZ, GERARDO MÉNDEZ, IDALIA MÉNDEZ PEÑA, GLORIA ONDINA MÉNDEZ, ARTURO PEÑA MÉNDEZ Y FRESIA MARLYN BONILLA DOMÍNGUEZ en las presentes diligencias; en cuanto a lo solicitado sin lugar por improcedente, en virtud de los extremos ya establecidos en la providencia de fecha 05 de marzo de 2019,. Artículos 94 y 95 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas y Articulo 96 del Reglamento General de la Ley Orgánica. - CÚMPLASE.” (Folio 22 de la pieza de antecedentes del TSC) 4) En fecha ocho de junio del año dos mil veintidós, se tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito, ordenándose dar vista de los antecedentes al Fiscal del despacho, por el término de cuarenta y ocho (48) horas, a efecto de emitir el dictamen correspondiente. (Folio 61 de los autos) 5) Que en fecha uno de septiembre del año dos mil veintidós, la Fiscal del Despacho, se abstuvo de emitir dictamen, peticionando se soliciten a la Procuraduría General de la República, los antecedentes del caso, a fin de realizar el análisis de los mismos y emitir el dictamen correspondiente, en atención a que el Tribunal Superior de Cuentas había remitido las diligencias a aquel órgano a efecto de continuar con las acciones civiles correspondientes. (Folios del 64-67 de los autos) 6) Mediante providencia de fecha siete se septiembre del año dos mil veintidós, este Alto Tribunal ordenó librar comunicación a la Procuraduría General de la República, a efecto que, en plazo de cinco días hábiles, procediera a remitir a esta Sala el expediente contentivo de los pliegos de responsabilidad civil número 01-068-2009-DCSD/862-2015-SG-TSC, emitidos contra el causante Jorge Mendez. (Folio 69 de los autos) 7) Esta Sala, en fecha diez de marzo del año dos mil veintitrés, tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Despacho Abogada Sandra Lorena Zuniga García y por emitido su dictamen, desprendiéndose de la apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: “… En atención a lo antes expuesto y revisadas las diligencias, se evidencia a folio 102, Cédula de Notificación de Pliego de Responsabilidad Civil, efectuada en el mes de Febrero del 2011, al señor Jorge Méndez, posteriormente en fecha 04 de abril del 2011, compareció el Abogado Carlos Alberto Zamora, ante el Tribunal Superior de Cuentas ejerciendo actos de procuración en defensa del señor Méndez (ver folio 104 al 131 del expediente PGR-2031-2018), y es en fecha 19 de enero del 2016, que el Abogado Darwin Manfredo Moncada, presentó escrito Personándose en el proceso, en su condición de apoderado de los herederos del causante Jorge Méndez, (folio 232), apreciándose que en fecha 22 de mayo del 2018, dicho profesional del derecho se notificó de manera personal de la Resolución No. 862/2015-SG-TSC, que contiene la confirmación del Pliego de Responsabilidad en contra del señor Jorge Méndez, advirtiéndose de ésta manera que el argumento del recurrente en torno que se prescindió de citar a los herederos para conocer el resultado de la investigación, no tiene sustento ya actuaron en el procedimiento administrativo a través de su apoderado legal que quien tuvo conocimiento de las resultas del caso en investigación, por lo que no avizoramos vulneración a los derechos invocados por el recurrente. En cuanto a la petición de nulidad presentada en fecha 28 de febrero del 2019, la que se resolvió con la fórmula "Cúmplase", no se aprecia que quebrante normas constitucionales como lo plantea el recurrente, en virtud que a folio 284 del expediente administrativo, consta la remisión de la resolución 862/2015-SG-TSC, a la Procuraduría General de República, al haber quedado firme la resolución impugnada, lo que significa que la vía administrativa quedó agotada, por consiguiente no existe perjuicio alguno al recurrente al no ser posible retrotraer el proceso. III.CONCLUSIÓN Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer que SE DECLARE SIN LUGAR la acción de amparo presentada, al no existir vulneración a derechos ni garantías constitucionales.” (Folios del 81-83 de los autos) CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que del examen de las diligencias, que forman los antecedentes, se observa, que el caso traído a esta Sala y por el cual se está solicitando garantía constitucional de Amparo, tiene su origen en fecha veintiocho de febrero del año dos mil diecinueve, fecha en la que compareció ante el Tribunal Superior de Cuentas, el abogado JOSE ANTONIO TAIXES LOPEZ, en su condición representante procesal de la señora DORA IVELISE CASTILLO BROWN, quien a su vez actúa en su condición personal y en representación de los señores SOFIA ALEJANDRA MENDEZ CASTILLO, ETHEL NINOSKA MENDEZ CASTILLO, JORGE ISAAC MENDEZ CASTILLO, ARMANDO MENDEZ, FRANCISCO MENDEZ, TELMA MENDEZ, GERARDO MENDEZ, IDALIA MENDEZ PEÑA, GLORIA ONDINA MENDEZ, ARTURO PEÑA MENDEZ Y FRESIA MARLYN BONILLA DOMINGUEZ, interponiendo incidente de nulidad contra el auto de fecha dieciocho de junio del año dos mil dieciocho, emitido por el Tribunal Superior de Cuentas, que resuelve rechazar el recurso de reposición por extemporáneo; recurso de reposición promovido contra la Resolución No. 862/2015-SG-TSC de fecha 30 de abril del año 2015. CONSIDERANDO (3): Que en fecha veintiséis de noviembre del año dos mil veintiuno, compareció ante este Alto Tribunal, el Abogado JOSE ANTONIO TAIXES LOPEZ, interponiendo Acción de Amparo a favor de los herederos del señor JORGE MÉNDEZ (Q.D.D.G.), la señora DORA IVELISE CATILLO BROWN, viuda del señor Jorge Méndez (Q.D.D.G.), quien actúa en su condición personal y a su vez, actúa en condición de representante de los siguientes herederos: SOFIA ALEJANDRA MÉNDEZ CASTILLO, ETHEL NINOSKA MÉNDEZ CASTILLO, JORGE ISAAC MÉNDEZ CASTILLO, ARMANDO MENDEZ, FRANCISCO MENDEZ, TELMA MENDEZ, GERARDO MÉNDEZ, IDALIA MÉNDEZ PEÑA, GLORIA ONDINA MÉNDEZ, ARTURO PEÑA MÉNDEZ Y FRESIA MARLYN BONILLA DOMÍNGUEZ, contra la resolución de fecha veintiocho de septiembre del año dos mil veintiuno, emitida por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), relacionado a un incidente de nulidad del Pliego de Responsabilidad Civil No. 01-068-2009-DCSD/ 862/2015-SG-TSC, que se emitió contra el señor Jorge Méndez (Q.D.D.G.); estima el peticionario que el acto reclamado es violatorio del derecho de defensa de sus representados, derecho contenido en el artículo 82 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (4): Que en la interposición de la acción constitucional promovida, el recurrente argumenta haciendo alusión a lo establecido en el artículo 107 del Reglamento de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, se vulnera el derecho a la defensa a sus representados, en atención a que sus representados nunca fueron citados para que comparecieran el día, hora y lugar para proceder conforme a ley, sino que fueron notificados del pliego de responsabilidad civil ya resuelto, sin la audiencia referida por el artículo antes mencionado. A criterio del peticionado de Amparo, al haberse coartado el derecho a comparecer a sus representados, se les ha dejado en completa indefensión, independientemente que les hayan notificado el pliego de responsabilidad civil posteriormente, ya que esa resolución nunca tuvo que haberse emitido sin haber sido oído a los herederos. Que, como consecuencia de ello, esa defensa técnica legal, interpuso un escrito de nulidad, donde se manifestó los extremos mencionados, que el haber emitido un pliego de responsabilidad civil contra el causante es nulo, ya que obviaron el mandamiento que indica la ley a los herederos para que compareciesen en el día, hora y lugar para proceder conforme a Ley. Pero el Tribunal Superior de Cuentas declaró sin lugar y con la fórmula “CUMPLASE”, es decir que no tramito la nulidad referida conforme a Ley sin la fórmula “NOTIFÍQUESE” para poder hacer uso de los recursos que indica la ley. CONSIDERANDO (5): Que, del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional advierte que el recurrente muestra su inconformidad con la Resolución de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), emitida por el Tribunal Superior de Cuentas, que resuelve declarar improcedente la solicitud de nulidad absoluta de actuaciones en contra de la Resolución No. 862/2015-SG-TSC, en virtud de los extremos ya establecidos en la providencia de fecha 05 de marzo de 2019. (Folio 22 de la pieza de antecedentes del TSC) CONSIDERANDO (6): Que habiendo identificado el asunto esencial por el cual el recurrente muestra su inconformidad y acude en amparo, es importante para esta Sala de lo Constitucional lo establecido en el artículo 7 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, que a la letra dispone: “SUSTANCIACIÓN DE LAS ACCIONES EN CASO DE DECESO. Las acciones en caso de muerte de las personas objeto de responsabilidad se substanciarán con los herederos o curadores del causante quienes serán citados para que comparezcan en el día, hora y lugar que se designe para conocer de los resultados de una investigación o intervención fiscalizadora para que puedan proceder conforme a derecho”. De la lectura del relacionado precepto, que el recurrente invoca como inobservado y vulnerando con ello el derecho a la defensa, se deriva que en caso de fallecimiento de la persona a quien se le esta siguiendo procedimiento en relación a la administración de recursos públicos, las acciones se substanciarán con los herederos o curadores del acusante; el término substanciar según la Real Academia Española tiene dos acepciones a saber: 1. Llevar a cabo y hacer material un proyecto, una idea o un sentimiento, etc. 2. Tramitar un asunto o un juicio hasta que quede resuelto en una sentencia. CONSIDERANDO (7): Que conforme lo establece la Constitución de la República, el Tribunal Superior de Cuentas es el ente rector del sistema de control de los recursos públicos, con autonomía funcional y administrativa de los Poderes del Estado, sometido solamente al cumplimiento de la Constitución y las leyes; el Tribunal Superior de Cuentas tiene como función la fiscalización a posteriori de los fondos, bienes y recursos administrados por los Poderes del Estado, instituciones descentralizadas y desconcentradas, incluyendo los bancos estatales o mixtos, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, las municipalidades y de cualquier otro órgano especial o ente público o privado que reciba o administre recursos públicos de fuentes internas o externas. En el cumplimiento de su función deberá realizar el control financiero, de gestión y de resultados, fundados en la eficiencia y eficacia, economía, equidad, veracidad y legalidad. Le corresponde, además, el establecimiento de un sistema de transparencia en la gestión de los servidores públicos, la determinación del enriquecimiento ilícito y el control de los activos, pasivos y, en general, del patrimonio del Estado. CONSIDERANDO (8): Que el derecho a la defensa, es el derecho fundamental de una persona, sea esta física o jurídica a defenderse ante un tribunal de justicia de los cargos que se imputan con plenas garantías de igualdad e independencia, se trata de un derecho que se da en todos los órdenes jurisdiccionales y administrativos, que aplica en todas las fases del proceso; así en el proceso penal en las etapas de instrucción, intermedia y juicio oral y en el proceso civil en las alegaciones, prueba y conclusiones de las partes en contienda. Asimismo, se impone a los tribunales de justicia el deber de evitar desequilibrios en la posición procesal de ambas partes e impedir que las limitaciones de alguna de las partes puedan desembocar en una situación de indefensión, lo que forma parte inseparable. El derecho de defensa encuentra reconocimiento constitucional en el artículo 82 de la norma fundamental en cuyo texto se lee: “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes”. CONSIDERANDO (9): Que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a la defensa “obliga al estado a tratar al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del proceso, en el mas amplio sentido de este concepto, y no simplemente como objeto del mismo”. Al respecto, la Corte Interamericana ha resaltado que el derecho a la defensa, necesariamente, debe “poder ejercerse desde que se señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible y solo culmina cuando finaliza el proceso, incluyendo, en su caso, la etapa de ejecución de la pena”. De acuerdo con el Tribunal, “sostener lo opuesto implicaría supeditar las garantías convencionales que protegen el derecho a la defensa, […], a que el investigado se encuentre en determinada fase procesal, dejando abierta la posibilidad de que con anterioridad se afecte un ámbito de sus derechos a través de actos de la autoridad que desconoce o a los que no puede controlar u oponerse con eficacia, lo cual es evidentemente contrario a la Convención”. En relación al numeral 2) del artículo 8 de la Convención, la Corte ha señalado que si bien la redacción del artículo se refiere al derecho de “toda persona culpable de delito” y por ende sujeta a un enjuiciamiento penal en sus distintas etapas -investigación, acusación, juzgamiento y condena-, conforme a la jurisprudencia del Tribunal, las garantías mínimas establecidas en el numeral 2 del artículo 8 se aplican mutatis mutandis en lo que corresponda a otros órdenes distintos al penal, esto es, al civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Subrayado añadido-CONSIDERANDO (10): Se debe señalar que el recurrente en amparo expone la vulneración del derecho de defensa, trasgresión que no se observa, ello es así, porque como bien lo indica la Fiscal del Despacho en su dictamen, a folio No. 102, de la copia de la pieza de antecedentes del Tribunal Superior de Cuentas, se observa cédula de notificación de Pliego de Responsabilidad Civil, al señor Jorge Méndez, la que fue recibida en el mes de febrero del año dos mil once, seguidamente a folio 103 la comparecencia del Abogado Carlos Alberto Zamora Bautista, en su condición de Apoderado Legal del Ingeniero Jorge Méndez, ejerciendo actos de procuración en defensa de las pretensiones de su representado, realizando peticiones, interponiendo recursos legales etc.; en fecha diecinueve de enero del año dos mil dieciséis y visible a folio 230, se encuentra agregado personamiento del Abogado Darwin Manfredo Moncada Ponce, como apoderado legal de los sucesores del señor Jorge Méndez, quien realiza actuaciones posteriores, notificándose de la Resolución No. 862/2015-SG-TSC; declarándose firme la resolución en comento, mediante providencia de fecha dieciséis de julio del año dos mil dieciocho, ordenando trasladar el expediente a la Procuraduría General de la República, a fin de que se proceda a entablar la demanda de ejecución de título correspondiente ante el órgano jurisdiccional competente. –Folio 270fv de la pieza de antecedentes del TSC- CONSIDERANDO (11): Que la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma se encuentra ajustada a derecho, ello es así porque se ha respetado el derecho a la defensa que invoca el recurrente como vulnerado, observando la aplicación de la ley al caso concreto, al fundamentar la resolución recurrida en Amparo, en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, misma que establece: “RESOLUCIÓN FIRME O EJECUTORIADA. Se entenderá firme o ejecutoriada la resolución cuando el o los afectados se conformaren o no interpongan el recurso de reposición ante el Tribunal ni promovieren la demanda ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, dentro de los plazos legales”; de la foliada de los antecedentes, no se advierte vulneración al derecho de defensa, pues el peticionario de Amparo, compareció interponiendo incidente de nulidad de la Resolución No. 862/2015-SG-TSC, una vez firme la misma y cuando ya se habían remitido las diligencias a la Procuraduría General de la República; aunado a ello, existió en las diligencias de mérito, actos de procuración en defensa de las pretensiones del señor Jorge Méndez, asimismo sus herederos se personaron a través de su Apoderado Legal, quien fue notificado de la resolución que ahora se recurre en Amparo, de lo que se colige la participación de los recurrentes durante la fase del procedimiento administrativo ante el Tribunal Superior de Cuentas. CONSIDERANDO (12): Que para concluir esta Sala de lo Constitucional estima que, en el caso en estudio, se ha respetado el derecho de defensa que le asiste al recurrente, derecho fundamental reconocido en la Constitución de la República y en la normativa internacional. Ello como corolario de lo expuesto en el presente libelo, en fundamento a lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas. En el caso de estudio se observa la aplicación de la Ley al caso concreto, lo que difiere de ser considerado una vulneración de los derechos señalados, por lo que se estima procedente denegar el recurso de amparo de mérito. POR TANTO: La sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 80, 82, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316, 321 y 323 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 94 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas; 1 y 78 numeral 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 5, 41, 42, 54, 56, 63, 67, de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO promovido por el Abogado JOSE ANTONIO TAIXES LOPEZ, a favor de los herederos del señor JORGE MÉNDEZ (Q.D.D.G.), la señora DORA IVELISE CATILLO BROWN, viuda del señor Jorge Méndez (Q.D.D.G.), quien actúa en su condición personal y a su vez, actúa en condición de representante de los siguientes herederos: SOFIA ALEJANDRA MÉNDEZ CASTILLO, ETHEL NINOSKA MÉNDEZ CASTILLO, JORGE ISAAC MÉNDEZ CASTILLO, ARMANDO MENDEZ, FRANCISCO MENDEZ, TELMA MENDEZ, GERARDO MÉNDEZ, IDALIA MÉNDEZ PEÑA, GLORIA ONDINA MÉNDEZ, ARTURO PEÑA MÉNDEZ Y FRESIA MARLYN BONILLA DOMÍNGUEZ, contra la resolución de fecha veintiocho de septiembre del año dos mil veintiuno, emitida por el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC), relacionado a un incidente de nulidad del Pliego de Responsabilidad Civil, No. 862/2015-SG-TSC. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes.-Redactó la Magistrada VILLELA ZAVALA.- NOTIFÌQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de septiembre de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha nueve de junio de dos mil veintitrés, recaídas en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-1358-2021.CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL