Sentencia AA-1316-22 — Registro 17526
Resumen
Resolución SO-240-2022 resolvió recurso de revisión interpuesto por solicitante contra la Autoridad recurrida; Dicha Autoridad considera que la información se suministró incompleta al no proporcionar los petitorios 1 y 2 de la solicitud (poder identificar las pertenencias en poder de la OABI de cada uno de los imputados), y la recurrente al negar la información, interpretó erróneamente la normativa aplicable, ya que la Autoridad recurrida considera que lo solicitado es información de dominio público y los bienes incautados pasan a formar parte del patrimonio del Estado de Honduras
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"esta Sala de lo Constitucional ha reiterado en diversidad de sentencias que el Debido Proceso, en su dimensión adjetivo o formal, se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración..."..."esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) contiene la adecuada motivación que fija la normativa constitucional y legal para garantizar la efectividad del derecho material. En ese sentido, para lo relativo al caso subjudice, no se ha derivado en un irrespeto al debido proceso ni a ningún otro derecho constitucional y convencional. El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) brindó una debida motivación en virtud de haber justificado adecuadamente la resolución, y en ese sentido, ésta aparece como una posición contraria a la de la amparista. De conformidad con lo esgrimido por la amparista en la acción de amparo bajo examen, se ha planteado el problema en torno al alcance de la información solicitada en tanto que dicha información, según la amparista, debe entenderse como datos personales confidenciales. Cabe decir que dicho término se encuentra definido en el artículo 3 numeral 7) y que debe tenerse en consideración para la aplicación del artículo 25 de la Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública. No obstante, hay que explicitar que, en el caso de mérito, la información solicitada no puede ser considerada como datos personales confidenciales en la medida en que se trata de datos que forman parte de un expediente público; por ende, estos expedientes contienen información pública. De ello debe inferirse que los datos de bienes incautados no son datos personales y por ende debe aplicarse toda la normativa que deriva de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en consonancia con lo ordenado por dicha Ley. De forma tal que la resolución en cuestión emitida por Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) no resulta en una que devenga en una vulneración de derechos y, por tanto, las alegaciones señaladas por la recurrente no son de recibo puesto que la Administración Pública ha plasmado en su decisión la motivación adecuada de conformidad con la normativa emanada de la Constitución y en las leyes..."..."esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución denunciada por la amparista no vulnera derecho constitucional alguno. En consecuencia, se procede a denegar el presente recurso de amparo..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46.9 (Rango Constitucional)
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, art. 25 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
…"esta Sala de lo Constitucional ha reiterado en diversidad de sentencias que el Debido Proceso, en su dimensión adjetivo o formal, se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración..."..."esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) contiene la adecuada motivación que fija la normativa constitucional y legal para garantizar la efectividad del derecho material. En ese sentido, para lo relativo al caso subjudice, no se ha derivado en un irrespeto al debido proceso ni a ningún otro derecho constitucional y convencional. El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) brindó una debida motivación en virtud de haber justificado adecuadamente la resolución, y en ese sentido, ésta aparece como una posición contraria a la de la amparista. De conformidad con lo esgrimido por la amparista en la acción de amparo bajo examen, se ha planteado el problema en torno al alcance de la información solicitada en tanto que dicha información, según la amparista, debe entenderse como datos personales confidenciales. Cabe decir que dicho término se encuentra definido en el artículo 3 numeral 7) y que debe tenerse en consideración para la aplicación del artículo 25 de la Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública. No obstante, hay que explicitar que, en el caso de mérito, la información solicitada no puede ser considerada como datos personales confidenciales en la medida en que se trata de datos que forman parte de un expediente público; por ende, estos expedientes contienen información pública. De ello debe inferirse que los datos de bienes incautados no son datos personales y por ende debe aplicarse toda la normativa que deriva de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en consonancia con lo ordenado por dicha Ley. De forma tal que la resolución en cuestión emitida por Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) no resulta en una que devenga en una vulneración de derechos y, por tanto, las alegaciones señaladas por la recurrente no son de recibo puesto que la Administración Pública ha plasmado en su decisión la motivación adecuada de conformidad con la normativa emanada de la Constitución y en las leyes..."..."esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución denunciada por la amparista no vulnera derecho constitucional alguno. En consecuencia, se procede a denegar el presente recurso de amparo..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46.9 (Rango Constitucional)
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, art. 25 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de noviembre del dos mil veintitrés. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Vanessa Jasmín Zamora, a favor de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), contra la resolución SO-240-2022 dictada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en fecha ocho de junio de dos mil veintidós, que resolvió un recurso de revisión interpuesto por el señor Yony David Bustillo Centeno, contra la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representada el derecho consagrado en el artículo 182 numeral 2 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES1) Que en fecha veintinueve de agosto de dos mil veintidós, la Abogada Vanessa Jasmín Zamora, compareció ante esta Sala, interponiendo recurso de amparo a favor de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), contra la resolución SO-240-2022 dictada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en fecha ocho de junio de dos mil veintidós, que resolvió un recurso de revisión interpuesto por el señor Yony David Bustillo Centeno, contra la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representada, el derecho consagrado en el artículo 182 numeral 2 de la Constitución de la República. (Folios 1-3 del amparo de mérito). 2) Que en fecha once de octubre de dos mil veintidós, este alto Tribunal, admitió el recurso de amparo interpuesto por la Abogada Vanessa Jasmín Zamora, a favor de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). (Folio 88 del recurso) 3) Ésta sala tuvo por recibidos los antecedentes solicitados a la autoridad recurrida, que contienen la resolución No. SO-240-2022 de fecha ocho de junio de dos mil veintidós, objeto del presente recurso, emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), desprendiéndose de su parte resolutiva lo siguiente: “…PRIMERO: Que la Secretaria General del Instituto de Acceso a la Información Pública, proceda a notificar al ciudadano YONY DAVID BUSTILLO CENTENO, quien actúa en su condición personal, y simultáneamente a la OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI). SEGUNDO: Extiéndase Certificación Íntegra de esta Resolución, a la parte interesada, una vez que acredite la cantidad de DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 200.00) conforme al artículo conforme al Artículo 49, inciso 8), de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público y remítase copia de esta a la OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI), para los efectos legales correspondientes. TERCERO: Se emite hasta la fecha la presente resolución, por la alta carga de trabajo que tiene el Instituto de Acceso a la Información Pública. Y, para los fines legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.” (Folio 249-253 de los antecedentes). 4) Que en fecha treinta de enero de dos mil veintitrés, Remitidos y estudiados que fueron los antecedentes, concédase vista por el término de cuarenta y ocho horas (48) al recurrente para que formalice su petición por escrito. (Folio 95 del recurso de mérito). 5) En fecha veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo por admitido el escrito presentado por la Abogada Vanessa Jasmín Zamora, teniéndose por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito, ordenándose dar vista de los antecedentes al fiscal por el término de cuarenta y ocho horas (48) para que emitiera el dictamen correspondiente. (Folio 100 del recurso de mérito). 6) Esta Sala, en fecha veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, desprendiéndose de su apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: “…Del examen de las diligencias, se aprecia que la solicitud de información fue presentada el once (11) de octubre del año 2021, y a la cual se le dio respuesta el veintiuno (21) de octubre del año 2021, es decir, dentro del término de diez (10) días que señala el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin embargo, el IAIP cuestiona que dicha información fue proporcionada de manera incompleta, al no proporcionar los petitorios 1 y 2 de la solicitud, los cuales refieren a que la información se detalle por cada uno de los nombres de la lista en mención, con el fin de poder identificar las pertenencias en poder de la OABI de cada uno de los imputados, y que el fundamento para negar dicha información fue interpretado de manera errónea por parte de la OABI, ya que lo solicitado es información de dominio público y los bienes incautados pasan a formar parte del patrimonio del Estado de Honduras. Siguiendo este orden de ideas, es de importancia resaltar que la OABI fundamenta su respuesta en la prohibición establecida en el artículo 25 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en cuanto señala "Ninguna persona podrá obligar a otra a proporcionar datos personales que puedan originar discriminación o causar daños o riesgos patrimoniales o morales de las personas", debiendo entenderse por Datos personales confidenciales, los relativos al patrimonio personal o familiar de una persona, conforme lo establecido en el artículo 3 numeral 7 de la precitada Ley, en armonía con lo dispuesto en el artículo 33 y 50 de su reglamento, que prohíbe a las instituciones obligadas a proporcionar o divulgar datos personales confidenciales, ya que estos son de carácter personalismo y, por lo tanto, irrenunciables, intransferibles e indelegables. Que aplicando las disposiciones normativas antes relacionadas al caso en estudio, esta representación fiscal estima que la OABI, como institución obligada, tiene una prohibición legal a proporcionar o divulgar información relativa al patrimonio personal o familiar de los nombres de la lista en mención, en tanto la misma ley señala que dicha información se encuentra comprendido dentro de lo que define como dato personal confidencial; de tal suerte que si dicha información fue divulgada en varias ocasiones y por diversos medios de comunicación, esta no es una justificante que habilita a la entidad recurrida a inobservar una prohibición legal. Sumado a lo antes expuesto, la suscrita no comparte el razonamiento del IAIP, en cuanto señala que los bienes incautados pasan a formar parte del patrimonio del Estado de Honduras, en virtud de confunde la medida precautoria de la incautación con el comiso o decomiso, conforme lo define la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bines de Origen Ilícito, en cuyo artículo 3 numeral 6 dispone que la Incautación es una prohibición temporal a cargo de la autoridad competente, para privar de la posesión, uso o movilización de bienes, productos, instrumentos u objetos utilizados o sobre los cuales hubiere indicio que se han de utilizar, en la comisión de las actividades ilícitas; por lo que, como bien lo señala el amparista, a la OABI solo le compete la adecuada guarda, custodia y administración de los bienes incautados, como medida precautoria ordenada por el órgano jurisdiccional competente, los cuales aún no forman parte del patrimonio del Estado de Honduras. Que conforme a lo antes expuesto, el Ministerio Público considera que lo resuelto por el Instituto de Acceso a la Información Pública, no realiza un estudio exhaustivo de los hechos y normas jurídicas aplicables al caso en concreto, estimando de manera desacertada que la institución obligada no dio respuesta a la solicitud de información dentro del plazo legalmente establecido y a la vez incompleta, en tanto consta en autos que la OABI proporciono la información dentro del plazo para entregar la información solicitada, en los límites y condiciones establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que esta fue facilitada de tal manera que no se violenta la prohibición impuesta en la misma ley. Es por ello por lo que se estime que la resolución impugnada no fue sometida a un análisis riguroso del caso en concreto, trastocando el debido proceso establecido en los estamentos jurídicos antes relacionados. IV. OPINIÓN: El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina que SEOTORGUE la presente acción de Amparo, por existir vulneración del derecho constitucional al debido proceso.” (Folios 103-109 del recurso) CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario. En virtud de esta, cualquier persona agraviada o cualquiera en su nombre tiene derecho a interponerla con el fin de objeto mantener o restituir en el goce y disfrute los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que de conformidad con el artículo 183 constitucional, relacionado con el artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, la acción de amparo puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que la acción recurrida del Recurso de Amparo es contra el contra la resolución SO-240-2022 dictada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en fecha ocho de junio de dos mil veintidós que resolvió un recurso de revisión interpuesto por el señor Yony David Bustillo Centeno, contra la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). CONSIDERANDO (4): Que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en fecha ocho de junio del dos, en resolución No. SO-240-2022 en su parte resolutiva determina lo siguiente: “…PRIMERO: Que la Secretaria General del Instituto de Acceso a la Información Pública, proceda a notificar al ciudadano YONY DAVID BUSTILLO CENTENO, quien actúa en su condición personal, y simultáneamente a la OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI). SEGUNDO: Extiéndase Certificación Íntegra de esta Resolución, a la parte interesada, una vez que acredite la cantidad de DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 200.00) conforme al artículo conforme al Artículo 49, inciso 8), de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público y remítase copia de esta a la OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI), para los efectos legales correspondientes […]”. CONSIDERANDO (5): El Amparista señala que se han violado o amenazados los derechos y garantías constitucionales contemplados en el artículo 182 numeral 2) de la Constitución de la República. Señala la amparista que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en la resolución denunciada vulnera el derecho constitucional antes mencionado en el sentido de que el acceso a la información de datos personales o familiares que constan en los archivos, registros públicos únicamente puede promoverla la persona o familiares de cuyos datos consten en dichos soportes. CONSIDERANDO (6): Que el Ministerio Público al emitir su dictamen se pronuncia en el sentido de que se debe otorgar el amparo en virtud que se ha vulnerado el derecho constitucional relativa al debido proceso planteando que “el Ministerio Público considera que lo resuelto por el Instituto de Acceso a la Información Pública, no realiza un estudio exhaustivo de los hechos y normas jurídicas aplicables al caso en concreto, estimando de manera desacertada que la institución obligada no dio respuesta a la solicitud de información dentro del plazo legalmente establecido y a la vez incompleta, en tanto consta en autos que la OABI proporciono la información dentro del plazo para entregar la información solicitada, en los límites y condiciones establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que esta fue facilitada de tal manera que no se violenta la prohibición impuesta en la misma ley. Es por ello por lo que se estime que la resolución impugnada no fue sometida a un análisis riguroso del caso en concreto, trastocando el debido proceso establecido en los estamentos jurídicos antes relacionados” (Folio 108 del recurso). CONSIDERANDO (7): Que, para el análisis de la cuestión traída en amparo, se debe reflexionar someramente en torno a la naturaleza de los derechos en nuestro actual sistema constitucional. Es de relativa evidencia encontrar que todos los derechos coexisten entre sí y cuya validez se sostiene por su propia naturaleza constitucional y convencional. CONSIDERANDO (8): Que, con respecto a la naturaleza de los derechos humanos, aplicado al Debido Proceso, esta Sala de lo Constitucional ha reiterado en diversidad de sentencias que el Debido Proceso, en su dimensión adjetivo o formal, se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración. Por esta razón, el Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del Debido Proceso en toda persona la cual tendrá un alcance determinado para todas Instituciones del Estado. CONSIDERANDO (9): Que los órganos e instituciones del Estado están obligados a someterse a todas las condiciones que permitan materializar el Debido Proceso. Esto tiene como consecuencia que las resoluciones administrativas necesariamente deben estar motivadas. En virtud de que se trata del Instituto de Acceso a la Información Pública, dicha motivación deberá realizarse de conformidad con lo establecido en los Artículos del 22 al 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo. De acuerdo con lo ahí establecido, los actos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable. Como se dijo en supra, la motivación de los actos es obligatoria; dentro de esta motivación se debe expresar, sucintamente, los hechos antecedentes y fundamentos de derecho. CONSIDERANDO (10): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) contiene la adecuada motivación que fija la normativa constitucional y legal para garantizar la efectividad del derecho material. En ese sentido, para lo relativo al caso subjudice, no se ha derivado en un irrespeto al debido proceso ni a ningún otro derecho constitucional y convencional. El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) brindó una debida motivación en virtud de haber justificado adecuadamente la resolución, y en ese sentido, ésta aparece como una posición contraria a la de la amparista. De conformidad con lo esgrimido por la amparista en la acción de amparo bajo examen, se ha planteado el problema en torno al alcance de la información solicitada en tanto que dicha información, según la amparista, debe entenderse como datos personales confidenciales. Cabe decir que dicho término se encuentra definido en el artículo 3 numeral 7) y que debe tenerse en consideración para la aplicación del artículo 25 de la Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública. No obstante, hay que explicitar que, en el caso de mérito, la información solicitada no puede ser considerada como datos personales confidenciales en la medida en que se trata de datos que forman parte de un expediente público; por ende, estos expedientes contienen información pública. De ello debe inferirse que los datos de bienes incautados no son datos personales y por ende debe aplicarse toda la normativa que deriva de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en consonancia con lo ordenado por dicha Ley. De forma tal que la resolución en cuestión emitida por Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) no resulta en una que devenga en una vulneración de derechos y, por tanto, las alegaciones señaladas por la recurrente no son de recibo puesto que la Administración Pública ha plasmado en su decisión la motivación adecuada de conformidad con la normativa emanada de la Constitución y en las leyes. CONSIDERANDO (11): Que por todas las razones antes expuestas esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución denunciada por la amparista no vulnera derecho constitucional alguno. En consecuencia, se procede a denegar el presente recurso de amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos números: 82, 90, 183, 301, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 41, 46 numeral 9, y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGAR EL RECURSO DE AMPARO interpuesto por la Abogada Vanessa Jasmín Zamora contra la resolución SO-240-2022 dictada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada Bustillo Hernandez.NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDOPADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELABUSTILLO HERNANDEZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de abril de dos mil veinticuatro, certificación de la Sentencia de fecha ocho de noviembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo No. SCO-1316-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LASALA DE LO CONSTITUCIONAL