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Sentencia AA-1210-22 — Registro 16274

Resumen

En Consulta las diligencias que contienen la sentencia que denegó la acción de amparo en relación a la demanda promovida contra el estado de Honduras. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se infringen los derechos al debido proceso legal y defensa, consignados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

... "7. En la sentencia que resolvió el recurso de amparo referido, la Alzada fue del parecer porque los incidentes de nulidad planteados no tenían razones válidas para alegarse, encontrando del estudio de lo actuado que efectivamente existió malicia en la promoción del incidente, de ahí que ratificase lo actuado por el A Quo, al no advertir violación a ningún derecho fundamental en el trámite del incidente de mérito. 8. Esta Sala asiente con las consideraciones externadas por el Tribunal de Alzada en la sentencia objeto de examen, en tanto que, efectivamente, los incidentes de nulidad planteados por la parte demandante resultaron inocuos e injustificados, limitándose el juez A Quo a la aplicación de la normas inherentes a la cuestión que le fue planteada y en tal virtud, siendo que la garantía constitucional al debido proceso comporta inter alia el deber de los jueces de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, ello conlleva a que todas las decisiones emanadas de una autoridad jurisdiccional deban ser dictadas en consonancia con el ordenamiento jurídico, no observa esta Sala disminución alguna de los derechos y garantías fundamentales que se han invocado como transgredidas. 9. En virtud de lo anterior, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia revisada, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma, comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, quedando evidenciado para esta Sala que la Alzada, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, con lo cual ha hecho valer la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República. En consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala, CONFIRMAR en todas y cada una de sus partes la sentencia venida en consulta y así debe declararse."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de marzo del año dos mil veintitrés.- EN CONSULTA las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, de fecha veintisiete (27) de julio del dos mil veintidós (2022), que denegó la acción de amparo interpuesto por el Abogado CESAR ARTURO HELLER PORTILLO, a favor del señor ANTONY FERNANDO DIAZ ZÚNIGA, contra actuaciones del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, en relación a la demanda promovida por el señor ANTONY FERNANDO DIAZ ZÚNIGA contra EL ESTADO DE HONDURAS A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se infringen los derechos al debido proceso legal y defensa, consignados en los artículo 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1. En fecha seis (06)de abril del año dos mil veintidós (2022), compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, el Abogado CESAR ARTURO HELLER PORTILLO, interponiendo Recurso de Amparo a favor del señor ANTONY FERNANDO DIAZ ZÚNIGA, contra actuaciones del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la Ciudad de Tegucigalpa, en relación a la demanda promovida por el señor ANTONY FERNANDO DIAZ ZÚNIGA contra EL ESTADO DE HONDURAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD.- (Folio 1 al 6 de la pieza de los Antecedentes). 2. En fecha veintisiete (27) de julio del año dos mil veintidós (2022), LA CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCIÓN A NIVEL NACIONAL, RESOLVIÓ: “…DENEGAR LA ACCIÓN DE AMPARO interpuesta por el Abogado CESAR ARTURO HELLER PORTILLO, en su condición de representante procesal del demandante señor ANTONY FERNANDO DIAZ ZÚNIGA…”. (Folio 47 al 54 de la pieza de Corte de apelaciones). 3. En fecha ocho (8) de agosto del año dos mil veintidós (2022), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS El Estado reconoce la garantía de amparo, consecuentemente, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo: 1) Para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2) Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga, al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. 1. La acción de amparo procede contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. 2. En el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. 3. Es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS 4. Se revisa en el presente trámite una sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo que conoció de un recurso de amparo interpuesto contra una resolución de fecha 29 de marzo de 2022, recaída en el proceso de una demanda en materia de personal presentada por el señor ANTONY FERNANDO DÍAZ ZÚNIGA, en contra del ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. 5. La resolución reclamada por vía de amparo rechazaba de plano una cuestión de nulidad planteada por el representante procesal de la parte demandante, al tiempo que le imponía una multa por evidente malicia en la promoción del incidente de nulidad presentado, explicando el Juzgado de Instancia que el recurrente había intentado promover el incidente de nulidad en reiteradas ocasiones por situaciones íntimamente relacionadas, entendiendo el juzgador que su propósito no era otro que causar la dilación del proceso. 6. El referido auto fue recurrido vía amparo ante la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, argumentando el impetrante que la multa impuesta resultaba ser injusta y violatoria del derecho de petición y el de defensa, y que su pretensión siempre fue la agilización del proceso, no su dilación. 7. En la sentencia que resolvió el recurso de amparo referido, la Alzada fue del parecer porque los incidentes de nulidad planteados no tenían razones válidas para alegarse, encontrando del estudio de lo actuado que efectivamente existió malicia en la promoción del incidente, de ahí que ratificase lo actuado por el A Quo, al no advertir violación a ningún derecho fundamental en el trámite del incidente de mérito. 8. Esta Sala asiente con las consideraciones externadas por el Tribunal de Alzada en la sentencia objeto de examen, en tanto que, efectivamente, los incidentes de nulidad planteados por la parte demandante resultaron inocuos e injustificados, limitándose el juez A Quo a la aplicación de la normas inherentes a la cuestión que le fue planteada y en tal virtud, siendo que la garantía constitucional al debido proceso comporta inter alia el deber de los jueces de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, ello conlleva a que todas las decisiones emanadas de una autoridad jurisdiccional deban ser dictadas en consonancia con el ordenamiento jurídico, no observa esta Sala disminución alguna de los derechos y garantías fundamentales que se han invocado como transgredidas. 9. En virtud de lo anterior, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia revisada, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma, comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, quedando evidenciado para esta Sala que la Alzada, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, con lo cual ha hecho valer la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República. En consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala, CONFIRMAR en todas y cada una de sus partes la sentencia venida en consulta y así debe declararse. PARTE RESOLUTIVA En atención a las anteriores hechos y consideraciones de derecho LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; F A L L A ÚNICO: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, de fecha veintisiete (27) de julio del dos mil veintidós (2022), que denegó la acción de amparo interpuesta por el Abogado CESAR ARTURO HELLER PORTILLO, a favor del señor ANTONY FERNANDO DIAZ ZÚNIGA, contra actuaciones del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada.- VILLELA ZAVALA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de marzo de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha dos de marzo de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta bajo el número SCO-1210-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL