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Sentencia AA-1146-21 — Registro 17938

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó auto resolutivo de liquidación de sentencia dictado por Juzgado de Instancia, declaró con lugar la oposición a la liquidación de la sentencia definitiva, fijó la cantidad a liquidar que deberá pagar el Hospital Escuela a través de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que deberá pagar al demandante (recurrente) en concepto de daños y perjuicios, daño moral derivada de la mala praxis en base al estudio técnico actuarial, en Demanda de nulidad de acto administrativo promovido por recurrente contra el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud; La Autoridad recurrida concluyó que los agravios son insuficientes y demasiado vagos ya que ataca cuestiones que no están plasmadas en el auto resolutivo, no especificó la razón por el cual el acto administrativo no es un acto firme y consentido

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"de la lectura de los autos se desprende que el amparo se dirige en contra de la sentencia definitiva emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de fecha veintiocho (28) de junio de dos mil veintiuno (2021), la que conociendo en apelación un auto de primera instancia que resolvió una solicitud de liquidación de sentencia definitiva, es del criterio (considerando 11) que los agravios expuestos por el recurrente son insuficientes, ya que según el Ad-Quem, no cumplen la función de convencer a ese tribunal para tomar una decisión, pues son totalmente 7insuficientes y demasiado vagos, al atacar otras cuestiones que no se encuentran plasmadas en el auto resolutivo que se apela, continua refiriendo que el apelante no aborda ni mucho menos ataca la resolución que el mismo apelo, sino que hace alusión a otras situaciones que no cumplen con las expectativas de agravios contra una resolución en particular, extremo que cambia la pretensión de la demanda, por tal motivo no concreta ni especifica porque considera que el acto administrativo que se impugna no constituye ser un acto firme y consentido. En ese sentido, y siendo un deber de la Corte Suprema de Justicia juzgar y ejecutar lo juzgado, dentro de la ejecución siempre se encontrara la posibilidad de liquidar todas aquellas sentencias que contengan cantidades liquidas a favor de las partes demandantes que han visto reconocidas sus pretensiones; Por consiguiente de la lectura y revisión del caso de mérito no se desprende ninguna violación al derecho de defensa, en vista que el recurrente ha tenido la posibilidad de oponerse en primera instancia contra la liquidación de sentencia solicitada, igualmente ha podido recurrir en apelación la decisión del Tribunal A-Quo. Tampoco se encuentra violación al debido proceso, tomando en cuenta que el recurrente no es claro en desarrollar esta violación, apreciándose a simple vista que el Juzgado de primera instancia ha cumplido a plenitud lo dispuesto en el artículo 884 del Código Procesal Civil, que dispone el proceso a seguir para liquidación de cantidades de dinero...esta Sala de lo Constitucional no evidencia que el tribunal de apelación haya actuado contrario a la Ley, sino que sencillamente en función de su competencia ha resuelto un recurso de apelación tal y como lo permite la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y el Código Procesal Civil, por tal razón se debe denegar el recurso de amparo interpuesto por Rigoberto Chimilio, como apoderado del señor Lucio Osorto..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El fallo que literalmente dicen “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado RIGOBERTO CHIMILIO, a favor del Señor LUCIO OSORTO contra el auto resolutivo dictado por la CORTE DE APELACIONES DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha veintiocho de junio de dos mil veintiuno, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRTIO CENTRAL, con relación a la demanda de nulidad de acto administrativo promovida por el señor SANTOS EVANGELISTO OSORTO contra el ESTADO DE HONDURAS. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se ha violentado en perjuicio de su representada el derecho consignado en los artículos 80, 183 numeral 1, 228 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES1).- Que en fecha diecinueve (19) de agosto de dos mil nueve (2009), compareció ante el Juzgado de Letras de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo con sede en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el Abogado RIGOBERTO CHIMILIO, actuando en condición de Apoderado Legal del Señor SANTOS EVANGELISTO OSORTO, incoando demanda para la nulidad de un acto administrativo por no ser conforme a derecho, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento y reconocimiento que se opte como medida necesaria condenar al Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud a pagar una justa indemnización compensatoria en concepto de daños y perjuicios, derivados de una mala praxis por negligencia médica en un hospital estatal. (Folios 01–12 del Tomo I de la Pieza del A-Quo). 2).- Que seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha dos (02) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), el citado Juzgado dictó auto resolutivo de liquidación de sentencia en la cual Resolvió: (SIC): “PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR la Oposición a la Liquidación de Sentencia Definitiva, liquidación que en su momento fue solicitada por la parte incidentista. SEGUNDO: Liquidar la sentencia definitiva emitida por este Tribunal en fecha 10 de abril del año 2014 en la cantidad de un millón quinientos setenta y dos mil y seiscientos seis lempiras con sesenta y ocho centavos (l.1,572,606.78) que Rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en uso de las facultades delgadas por el señor presidente Constitucional de la república, mediante acuerdo ejecutivo PCM-24-2012 convenio interinstitucional de fecha 13 de julio del año 2012 EL HOSPITAL ESCUELA A TRAVES DE LA UNIVRSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS le deberá de pagar al demandante señor SANTOS EVANGELISTO OSORTO, en concepto de daños y perjuicios así como daño moral derivados de una mala praxis, en base al estudio técnico actuarial GESEA-IN-5/2017 registrado de actuarios CNBS RA-C.23. Actuario ARIEL DAVID ORTEGA AMADOR. TERCERO: Que contra la presente resolución procede la interposición del Recurso de Apelación dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, debiendo a su vez de expresar los respectivos agravios.” (Folios 70–72 de la Pieza del A-Quo).3).- Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado RIGOBERTO CHIMILIO, actuando en condición de Apoderado Legal del Señor SANTOS EVANGELISTO OSORTO, contra la auto resolutivo de fecha dos (02) de noviembre de dos mil dieciocho (2018); asimismo, la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en fecha veintiocho (28) de junio de dos mil veintiuno (2021), dicto sentencia en la cual Falló: (SIC): “PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por el Abogado RIGOBERTO CHIMILIO, en su condición de Representante Procesal del señor LUCIO OSORTO heredero Ab intestato del SANTOS EVANGELISTO OSORTO (DIFUNTO). SEGUNDO: Se CONFIRMA el Auto Resolutivo de fecha dos (02) de noviembre de dos mil dieciocho (2018); rectificación del Auto Resolutivo de fecha diecinueve (19) días del mes de noviembre de dos mil dieciocho (2018); De oficio la rectificación de fecha veintiséis (26) días del mes de noviembre de dos mil dieciocho (2018) del Auto Resolutivo de fecha dos de noviembre del año 2018, emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en la pieza principal de autos con orden de ingreso Número 0801-2009-240 Materia Ordinaria, de la demanda promovida por el Abogado RIGOBERTO CHIMILIO, en su condición de Representante Procesal del señor LUCIO OSORTO heredero Ab intestato del SANTOS EVANGELISTO OSORTO (DIFUNTO), contra LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, SIN COSTAS.” (Folios 09-17 de la Pieza del Ad-Quem).4).- Que el Abogado RIGOBERTO CHIMILIO, vía correo electrónico presento ante este Tribunal en fecha veinticinco (25) de octubre de dos mil veintiuno (2021), interponiendo acción de amparo a favor del Señor LUCIO OSORTO heredero Ab intestato del SANTOS EVANGELISTO OSORTO (DIFUNTO), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de fecha veintiocho (28) de junio de dos mil veintiuno (2021), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha dieciséis (16) de mayo de dos mil veintidós (2022). (Folios 01–04 y 36 del presente Recurso).5).- Que en fecha quince (15) de agosto de dos mil veintidós (2022), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “SE OTORGUE la presente Acción de Amparo, por existir las vulneraciones constitucionales invocadas por el amparista.” (Folios 39–43 y 45 del presente Recurso).CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se esta conociendo la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado RIGOBERTO CHIMILIO, a favor del Señor LUCIO OSORTO contra el auto resolutivo dictado por la CORTE DE APELACIONES DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha veintiocho de junio de dos mil veintiuno, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRTIO CENTRAL, con relación a la demanda de nulidad de acto administrativo promovida por el señor SANTOS EVANGELISTO OSORTO contra el ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente aduce, que que se le han violado los derechos constitucionales del Debido proceso, defensa y legalidad, al señalar que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en la resolución de fecha veintiocho (28) de junio de dos mil veintiuno (2021), le causo un perjuicio a su representado, en vista que en ningún momento se valoró el informe actuarial elaborado por el señor Renán Vásquez Gabri, por lo que se apegó en su totalidad al informe actuarial presentado por la parte demandada otorgando a su representado una liquidación paupérrima, escueta y espuria de L.1,572,606.68, producto de la negligencia médica y mala praxis practicada a su representado Santos Evangelista Osorto, llevándolo a la muerte, argumentado que esa condena no valora algo tan trascendental como lo es la vida humana, la cual no tiene precio y por esa razón considera que lo justo era condenar a la cantidad que él había solicitado que era de L.14,310,257.39, que se encontraba sustentada y justificada a través del informe actuarial presentado por su parte. Refiere que en la resolución apelada no se observa un argumento dentro del marco legal del motivo por el cual el A-Quo decide plegarse al estudio técnico actuarial de una manera parcial y evidente, realizado por el señor Ariel David Ortega Amador y presentado por parte del Estado de Honduras, tampoco es una justificación del porque no escoge y omitió el obligado análisis del otro estudio actuarial presentado por la parte demandante, para sopesar el alcance de ambos y así proferir su sentencia de una manera objetiva e imparcial. Aspectos que debieron ser exhaustivamente analizados por el Juez, como director del proceso, para despojar dicha resolución de cualquier vicio de nulidad o arbitrariedad, legitimando y protegiendo su actuación basada en consideraciones validas, acuciosamente estudiadas y decididas en forma correcta en apego a la Ley. CONSIDERANDO CINCO (5): Que una vez realizado el traslado que conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió dictamen en fecha diez (10) de agosto del dos mil veintidós (2022), en el sentido que se otorgue la presente acción de amparo, al compartir el razonamiento vertido en el voto particular, de anular la sentencia venida en apelación, pues se advierte que la misma carece de valoración probatoria y jurídica que sustente su decisión, lo anterior de acuerdo a los alcances de la decisión de apelación que señala el artículo 715 numeral 2) de la norma procesal en comento, razón está que hace que la resolución venida en amparo, violenta derechos y garantías fundamentales establecidas en la Constitución de la República. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado, sin embargo debemos entender que esta obligación tiene que ser dentro de la legalidad; y esta Sala es la interprete ultima de la Constitución. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, conforme lo establecen los Artículos 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en relación con los Artículos 200, 207 y 208 del Código Procesal Civil; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que de la revisión de la presente acción de amparo se desprende que los derechos constitucionales que el recurrente considera violados son: El derecho al debido proceso contenido en el artículo 90 Constitucional; El derecho a la legalidad contenida en los artículos 51 y 321 de la Constitución de la República; El derecho a la defensa comprendido en el artículo 82 Constitucional.- Que de la lectura de los autos se desprende que el amparo se dirige en contra de la sentencia definitiva emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de fecha veintiocho (28) de junio de dos mil veintiuno (2021), la que conociendo en apelación un auto de primera instancia que resolvió una solicitud de liquidación de sentencia definitiva, es del criterio (considerando 11) que los agravios expuestos por el recurrente son insuficientes, ya que según el Ad-Quem, no cumplen la función de convencer a ese tribunal para tomar una decisión, pues son totalmente insuficientes y demasiado vagos, al atacar otras cuestiones que no se encuentran plasmadas en el auto resolutivo que se apela, continua refiriendo que el apelante no aborda ni mucho menos ataca la resolución que el mismo apelo, sino que hace alusión a otras situaciones que no cumplen con las expectativas de agravios contra una resolución en particular, extremo que cambia la pretensión de la demanda, por tal motivo no concreta ni especifica porque considera que el acto administrativo que se impugna no constituye ser un acto firme y consentido. En ese sentido, y siendo un deber de la Corte Suprema de Justicia juzgar y ejecutar lo juzgado, dentro de la ejecución siempre se encontrara la posibilidad de liquidar todas aquellas sentencias que contengan cantidades liquidas a favor de las partes demandantes que han visto reconocidas sus pretensiones; Por consiguiente de la lectura y revisión del caso de mérito no se desprende ninguna violación al derecho de defensa, en vista que el recurrente ha tenido la posibilidad de oponerse en primera instancia contra la liquidación de sentencia solicitada, igualmente ha podido recurrir en apelación la decisión del Tribunal A-Quo. Tampoco se encuentra violación al debido proceso, tomando en cuenta que el recurrente no es claro en desarrollar esta violación, apreciándose a simple vista que el Juzgado de primera instancia ha cumplido a plenitud lo dispuesto en el artículo 884 del Código Procesal Civil, que dispone el proceso a seguir para liquidación de cantidades de dinero. Igualmente las violaciones del artículo 321 Constitucional, si bien es cierto dicho artículo contiene el derecho a la legalidad, en el sentido que los servidores del Estado solo pueden hacer lo que la Ley le permite, esta Sala de lo Constitucional no evidencia que el tribunal de apelación haya actuado contrario a la Ley, sino que sencillamente en función de su competencia ha resuelto un recurso de apelación tal y como lo permite la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y el Código Procesal Civil, por tal razón se debe denegar el recurso de amparo interpuesto por Rigoberto Chimilio, como apoderado del señor Lucio Osorto. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO ONCE (11): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 51, 82, 90, 183, 303, 304 y 321 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 7, 8, 9 y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 884 del Código Procesal Civil; 1, 69, 95, 132 y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó la Magistrada BUSTILLO HERNANDEZ.- NOTIFIQUESE. – SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Corte Suprema de Justicia Sala de lo Constitucional Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de junio de dos mil veintitrés.VISTO: el recurso de reposición interpuesto por el Abogado RIGOBERTO CHIMILIO, en su condición de apoderado de del señor LUCIO OSORTO; contra la sentencia dictada por esta Sala en fecha veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, que falla DENEGANDO la acción de amparo interpuesta por el Abogado RIGOBERTO CHIMILIO, a favor del Señor LUCIO OSORTO contra el auto resolutivo dictado por la CORTE DE APELACIONES DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha veintiocho de junio de dos mil veintiuno, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRTIO CENTRAL, con relación a la demanda de nulidad de acto administrativo promovida por el señor SANTOS EVANGELISTO OSORTO contra el ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO: Que consta de los antecedentes y de la revisión del presente recurso, que el Abogado RIGOBERTO CHIMILIO, en su condición de apoderado de del señor LUCIO OSORTO, compareció ante esta Sala en fecha veinticinco (25) de octubre de dos mil veintiuno (2021), interponiendo acción de Amparo. Una vez efectuado el trámite que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, se dictó sentencia en fecha veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023), denegando dicho Recurso de Amparo. CONSIDERANDO: Que el recurrente, Abogado RIGOBERTO CHIMILIO, en su condición de apoderado del señor LICIO OSORIO, en fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, eleva a conocimiento de esta Sala, recurso de reposición contra la sentencia que emitiera este Alto Tribunal, por no compartir el criterio jurídico expresado, insiste en que se ha violentado el debido proceso, en vista que la pretensión en esta causa es la obtención de una justa y equitativa indemnización compensatoria, por el daño causado a su representado y no como se resolvió tanto por el Juzgado como por la Corte que confirmo el auto mediante el cual se establece la cantidad a pagar, en base a un informe actuarial sin sustento presentado por el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Salud, sin considerar el estudio actuarial presentado por la parte demandante, el cual fue realizado por un profesional competente en materia actuarial y debidamente sustentado en base a los términos de referencia. CONSIDERANDO: Que las pretensiones expuestas por el recurrente, en el recurso de reposición no son de recibo ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal que corre agregado en autos, se señala que el Recurso de Amparo se dirige en contra de la sentencia definitiva emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de fecha veintiocho (28) de junio de dos mil veintiuno (2021), la que conociendo en apelación un auto de primera instancia que resolvió una solicitud de liquidación de sentencia definitiva, es del criterio (considerando 11) que los agravios expuestos por el recurrente son insuficientes, ya que según el Ad-Quem, no cumplen la función de convencer a ese tribunal para tomar una decisión, pues son totalmente insuficientes y demasiado vagos, al atacar otras cuestiones que no se encuentran plasmadas en el auto resolutivo que se apela, continua refiriendo que el apelante no aborda ni mucho menos ataca la resolución que el mismo apelo, sino que hace alusión a otras situaciones que no cumplen con las expectativas de agravios contra una resolución en particular, extremo que cambia la pretensión de la demanda, por tal motivo no concreta ni especifica porque considera que el acto administrativo que se impugna no constituye ser un acto firme y consentido. En ese sentido, y siendo un deber de la Corte Suprema de Justicia juzgar y ejecutar lo juzgado, dentro de la ejecución siempre se encontrara la posibilidad de liquidar todas aquellas sentencias que contengan cantidades liquidas a favor de las partes demandantes que han visto reconocidas sus pretensiones; Por consiguiente de la lectura y revisión del caso de mérito no se desprende ninguna violación al derecho de defensa, en vista que el recurrente ha tenido la posibilidad de oponerse en primera instancia contra la liquidación de sentencia solicitada, igualmente ha podido recurrir en apelación la decisión del Tribunal A-Quo. Tampoco se encuentra violación al debido proceso, tomando en cuenta que el recurrente no es claro en desarrollar esta violación, apreciándose a simple vista que el Juzgado de primera instancia ha cumplido a plenitud lo dispuesto en el artículo 884 del Código Procesal Civil, que dispone el proceso a seguir para liquidación de cantidades de dinero. Igualmente las violaciones del artículo 321 Constitucional, si bien es cierto dicho artículo contiene el derecho a la legalidad, en el sentido que los servidores del Estado solo pueden hacer lo que la Ley le permite, esta Sala de lo Constitucional no evidencia que el tribunal de apelación haya actuado contrario a la Ley, sino que sencillamente en función de su competencia ha resuelto un recurso de apelación tal y como lo permite la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y el Código Procesal Civil. Por las razones anteriormente expuestas, la Sala mediante sentencia emitida el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, denegó la acción de amparo, por considerar que la decisión emitida por el Ad-Quem se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias, no existiendo las violaciones alegadas, decisión que aún mantiene en relación con el presente Recurso de Reposición. CONSIDERANDO: Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 Nº 7 Y Nº 8, 119, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado RIGOBERTO CHIMILIO, por las razones que se dejan ya señaladas y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto a la recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- NOTIFIQUESE. – SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de septiembre de dos mil veintitrés, certificación del fallo de fecha veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés y reposición de fecha veinte de junio de dos mil veintitrés recaída en el Recurso de Amparo contencioso Administrativo registrado en este Tribunal con el número SCO-1146-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL

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