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Sentencia AA-1106-21 — Registro 16002

Resumen

Sentencia en consulta sobreseyó acción de amparo a favor de recurrente contra resolución que desestimó defensas previas alegadas en Demanda para que se declare no ser conforme a derecho y la anulación de actos administrativos de carácter particular contra la Resolución No.SS 700/29-04-2013 y Resolución No.SS1950/30-09-2013 emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) promovida por Mapfre/Seguros Honduras S A anteriormente denominada Aseguradora Hondureña S A y Aseguradora Hondureña Mundial S A; La Autoridad recurrida advirtió que recurrente únicamente transcribe el contenido de las normas que según él son de fundamento pero consta en autos causal de inadmisibilidad consistente en alegatos de mera legalidad por lo que no existe vulneración de garantías constitucionales

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio jurídico plasmado en la misma, al observar que se ha respetado el debido proceso y el derecho de defensa, pues como ya lo ha referido esta Sala en reiteradas sentencias, el debido proceso implica una serie de derechos, mismos que se han observado en la tramitación del proceso traído en estudio, pues la recurrente ha tenido la oportunidad de concurrir a los tribunales de la República a efecto de exponer sus pretensiones en el caso concreto, de igual forma se le ha dado respuesta a sus peticiones en los plazos señalados en la ley, así mismo se ha hecho valer el principio de igualdad de partes, al recurrir a la interposición de los recursos que franquea la Ley, a efecto que tribunales de Alzada revisen las actuaciones de los órganos jurisdiccionales inferiros..."..."esta Sala de lo Constitucional aprecia que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, se encuentra dictada conforme a derecho, al haberse detectado dentro del procedimiento una causal de inadmisibilidad del recurso de amparo, en consecuencia las diligencias deben ser sobreseídas, como en efecto lo ha hecho la Corte de Apelaciones en la sentencia que se revisa, resolución que se fundamenta en lo establecido en el numeral 1 del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que señala: “Es inadmisible el recurso de amparo: 1).Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad.” El Tribunal de Alzada ratifica la resolución emitida por el A-quo, al arribar a la conclusión que el mismo en su resolución de defensas previas de fecha diecinueve de marzo del dos mil veintiuno, tiene su procedimiento y formalidades legalmente establecidas en la ley, que del examen de la resolución dictada por el A-quo, no existe violación a las garantías constitucionales alegadas por la recurrente, en virtud que el A-quo le dio el trámite correspondiente a su solicitud, con las formalidades exigidas por las leyes aplicables, pues al desestimar las Defensas Previas interpuestas, lo hizo en aplicación de la Ley. Argumenta el Tribunal de Alzada que las cuestiones alegadas deben ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, como acontece en el caso de autos que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, explicando el órgano jurisdiccional recurrido motivadamente y en forma razonada las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. Por lo anterior esta Sala de lo Constitucional, siendo evidente que la recurrente plantea cuestiones de mera legalidad, cuyo conocimiento corresponde a los tribunales de instancia y que fueron resueltas y debidamente motivadas por el A-Quo, ello porque su exposición en el recurso de amparo se limita a reproducir los alegatos que desarrolló en las Defensas Previas y a transcribir los artículos que considera lesionados, sin especificar, en que forma, el que las mismas hayan sido declaradas sin lugar lesiona o vulnera el derecho de defensa y debido proceso que invoca, ante lo cual se debe confirmar la sentencia dictada por el Ad-Quem..."..."esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de septiembre del año dos mil veintiuno, que por Unanimidad de Votos, falla Sobreseyendo el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Karen Jamileth Antúnez Escobar..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de enero del año dos mil veintitrés. VISTAS: En consulta las diligencias que contienen la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCION A NIVEL NACIONAL CON SEDE EN TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), que SOBRESEE la acción de amparo interpuesta por la abogada KAREN JAMILETH ANTUNEZ ESCOBAR, a favor del ESTADO DE HONDURAS a través de la COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS), contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), en relación a un Incidente de defensas previas alegado en la demanda promovida por la Sociedad Mercantil MAPFRE/SEGUROS HONDURAS, S.A. anteriormente denominada ASEGURADORA HONDUREÑA S.A y ASEGURADORA HONDUREÑA MUNDIAL S.A. Manifestando la recurrente, que el acto recurrido ha violentado en perjuicio de su representada, los derechos contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que el abogado ALDO F. COSENZA BUNGENER, actuando en su condición de apoderado legal Sociedad Mercantil MAPFRE/SEGUROS HONDURAS, S.A. anteriormente denominada ASEGURADORA HONDUREÑA, S.A y ASEGURADORA HONDUREÑA MUNDIAL S.A., compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de noviembre del año dos mil trece, promoviendo Demanda para la declaración de no ser conforme a derecho y la anulación de actos administrativos de carácter particular, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, contra la resolución NºSS 700/29-04-2013 de fecha veintinueve de abril del año dos mil trece, y resolución NºSS 1950/30-09-2013 de fecha treinta de septiembre del año dos mil trece, emitidas ambas por la Demandada COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS), por no estar apegada a derecho, contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS. (Folios 01 al 16 de la primera pieza de los antecedentes). 2) Que en fecha seis (06) de agosto del año dos mil quince (2015), compareció ante el A-quo el abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, en su condición de Procurador General de la República, alegando y oponiendo Defensas Previas. 3) Que en fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), el Tribunal de primera instancia falla: (SIC) “PRIMERO: DESESTIMAR POR IMPROCEDENTES las Defensas Previas alegadas por la parte Incidentista, por no existir las causas de Inadmisibilidad alegadas. SEGUNDO: contra el presente auto resolutivo que desestima las Defensas Previas no procede recurso alguno. TERCERO: Que la Secretaría del Despacho notifique en legal y debida forma el presente auto y haga constar sus incidencias en la pieza principal de autos. SIN COSTAS. - NOTIFIQUESE.” (Folios del 373 al 376 de la pieza de Defensa Previas). 4) Que la abogada KAREN JAMILETH ANTUNEZ ESCOBAR, en su condición de Procuradora Judicial del Estado de Honduras, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, promoviendo Recurso de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de marzo del año dos mil veintiuno, alegando la recurrente que con esos actos se violentan los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), la Corte de Apelaciones citada, dictó sentencia mediante la cual, RESUELVE: (SIC) “UNICO: SOBRESEER LA ACCION DE AMPARO interpuesta por la Abogada KAREN JAMILETH ANTUNEZ ESCOBAR, en su condición de Procuradora Judicial del ESTADO DE HONDURAS a través de la COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS contra la resolución en el INCIDENTE DE DEFENSAS PREVIAS DICTADA POR EL JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO en fecha diecinueve (19) de marzo el año dos mil veintiuno (2021), al advertirse que en autos consta la causal de inadmisibilidad Artículos 46 numeral 1 y párrafo final de la Ley Sobre Justicia Constitucional consistente en alegatos de mera legalidad.” (Folios del 36 al 42 de la pieza de Amparo). 6) Que en fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil veintiuno (2021), recibimos en este Alto Tribunal, para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada KAREN JAMILETH ANTUNEZ ESCOBAR. CONSIDERANDO (1): Que se conoce la Acción de Amparo Administrativo venida en consulta, decidida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, interpuesta por la Abogada KAREN JAMILETH ANTUNEZ ESCOBAR, contra la resolución de fecha diecinueve de marzo del año dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, que Desestima las Defensas Previas, promovidas por la parte demandada, en relación a la Demanda ordinaria para que se declare no ser conforme a derecho y anulación de actos administrativos de carácter particular y reconocimiento de una situación jurídica individualizada; promovida por la Sociedad Mercantil denominada MAPFRE/SEGUROS HONDURAS, S.A., anteriormente denominada ASEGURADORA HONDUREÑA, S.A y ASEGURADORA HONDUREÑA MUNDIAL S.A., contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS). CONSIDERANDO (2): Que la recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada, que el acto contra el cual se reclama, de fecha diecinueve de marzo del año dos mil veintiuno, dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, es violatoria de los derechos constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República, los desarrolla expresando lo siguiente: “En el presente caso, es evidente la violación a los derechos y garantías constitucionales consagrados en los artículos 82 y 90, por la inobservancia e interpretación errónea del artículo 31 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso administrativo que establece: “…No se admitirá la acción contenciosos-administrativo respecto de: a) “Los actos firmes, es decir, aquellos que no hubieren sido recurridos en tiempo y forma o que hubieren sido consentidos expresamente, y los confirmatorios de los actos firmen consentidos, así como los que sean reproducción de otros anteriores ya definidos o firmes”. De igual manera el artículo 80 literal b) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso administrativo que establece: “Se declarará la inadmisibilidad en los casos siguientes: Apreciados de oficio por el Juez: a)… b) Que se hubiere interpuesto por persona incapaz, no representada debidamente o no legitimada.” El artículo 14 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso administrativo que establece: “Si además de la declaración de ilegalidad o nulidad se pretendiere el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y su restablecimiento, únicamente estará legitimado el titular de un derecho subjetivo derivado del ordenamiento que se considere infringido por el acto impugnado”. Arguye que a pesar de habérsele explicado ampliamente tanto en el escrito, como en la audiencia de defensas previas, que el demandante pretende impugnar resoluciones consecuentes o confirmatorias de actos que ya fueron firmes y consentidos, en virtud que no existe impugnación ante los Tribunales competentes de conformidad con el artículo 48 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el A-quo obvió lo ordenado en el artículo 31 literal a) señalado. Continúa argumentando la pedidora, que el A-Quo omitió la aplicación de los artículos 3, 7, 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil, para efectos de emitir un fallo congruente, preciso y conforme a las pretensiones demandadas, violando con ello el debido proceso. Argumento que no es desarrollado por la pedidora, únicamente transcribe el contenido de las normas por ella aludidas. CONSIDERANDO (3): Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley. CONSIDERANDO (4): Que como lo ha expresado esta sala de lo constitucional, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República; asimismo la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado en relación a que, la posibilidad de impugnar es un derecho prestacional que el Estado otorga en aras de garantizar el derecho de defensa, con el propósito de que un superior enmiende los errores del inferior. Pero se ha aclarado que ese derecho al recurso no es absoluto, sino que está condicionado a varias reglas de obligatorio cumplimiento, una de ellas es que la acción debe plantearse por vulneración a derechos y garantías reconocidos constitucionalmente o en tratados o convenciones internacionales, no así alegatos enfocados en cuestiones de mera legalidad, cuyo conocimiento y resolución corresponde a los tribunales de instancia. CONSIDERANDO (5): Que el Ministerio Público por conducto de la Fiscal Elisa Patricia Amador emitió Dictamen en fecha treinta de agosto del año dos mil veintiuno, a través del cual es del criterio que NO SE OTORGUE el recurso de amparo interpuesto por la Abogada Karen Jamileth Antúnez Escobar, a razón que no se le han violentado las garantías al debido proceso y derecho de defensa. (Folios del 29 al 32 de la pieza de antecedentes de Amparo) CONSIDERANDO (6): Que vista la sentencia que se revisa, esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio jurídico plasmado en la misma, al observar que se ha respetado el debido proceso y el derecho de defensa, pues como ya lo ha referido esta Sala en reiteradas sentencias, el debido proceso implica una serie de derechos, mismos que se han observado en la tramitación del proceso traído en estudio, pues la recurrente ha tenido la oportunidad de concurrir a los tribunales de la República a efecto de exponer sus pretensiones en el caso concreto, de igual forma se le ha dado respuesta a sus peticiones en los plazos señalados en la ley, así mismo se ha hecho valer el principio de igualdad de partes, al recurrir a la interposición de los recursos que franquea la Ley, a efecto que tribunales de Alzada revisen las actuaciones de los órganos jurisdiccionales inferiros. CONSIDERANDO (7): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, se encuentra dictada conforme a derecho, al haberse detectado dentro del procedimiento una causal de inadmisibilidad del recurso de amparo, en consecuencia las diligencias deben ser sobreseídas, como en efecto lo ha hecho la Corte de Apelaciones en la sentencia que se revisa, resolución que se fundamenta en lo establecido en el numeral 1 del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que señala: “Es inadmisible el recurso de amparo: 1). Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad.” El Tribunal de Alzada ratifica la resolución emitida por el A-quo, al arribar a la conclusión que el mismo en su resolución de defensas previas de fecha diecinueve de marzo del dos mil veintiuno, tiene su procedimiento y formalidades legalmente establecidas en la ley, que del examen de la resolución dictada por el A-quo, no existe violación a las garantías constitucionales alegadas por la recurrente, en virtud que el A-quo le dio el trámite correspondiente a su solicitud, con las formalidades exigidas por las leyes aplicables, pues al desestimar las Defensas Previas interpuestas, lo hizo en aplicación de la Ley. Argumenta el Tribunal de Alzada que las cuestiones alegadas deben ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, como acontece en el caso de autos que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, explicando el órgano jurisdiccional recurrido motivadamente y en forma razonada las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. Por lo anterior esta Sala de lo Constitucional, siendo evidente que la recurrente plantea cuestiones de mera legalidad, cuyo conocimiento corresponde a los tribunales de instancia y que fueron resueltas y debidamente motivadas por el A-Quo, ello porque su exposición en el recurso de amparo se limita a reproducir los alegatos que desarrolló en las Defensas Previas y a transcribir los artículos que considera lesionados, sin especificar, en que forma, el que las mismas hayan sido declaradas sin lugar lesiona o vulnera el derecho de defensa y debido proceso que invoca, ante lo cual se debe confirmar la sentencia dictada por el Ad-Quem. CONSIDERANDO (8): Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de septiembre del año dos mil veintiuno, que por Unanimidad de Votos, falla Sobreseyendo el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Karen Jamileth Antúnez Escobar. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 80, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 46.4, 48, 63, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de febrero de dos mil veintitrés, certificación de la Sentencia de fecha trece de enero de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo venido en consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-1106-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

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