Sentencia AA-11-22 — Registro 17455
Resumen
Autoridad recurrida ordena subastar vehículo propiedad de recurrente; La Sala concluyó que la intención de la Autoridad en vender dicho bien radica en que se estaba deteriorando por el paso del tiempo y el desuso, por lo que el proceder se encuentra apegado a derecho conforme al ordenamiento jurídico
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"se está conociendo la garantía Constitucional de Amparo promovida por la Abogada ERIKA MARIA PEREZ GOMEZ, a favor del señor MARIO CRUZ PEREZ CUELLAR, Contra actuaciones de LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE BIENES INCAUTADOS (OABI), relacionadas según el recurrente a la orden de subastar un vehículo sin que exista resolución alguna de autoridad, cuyas características son camioneta de lujo marca Toyota, Modelo Sequoia, año 2010, placa HAL 7111, COLOR BLANCO, VIN5TDDY5G12AS032890, identificado como Lote 164, propiedad del señor MARIO CRUZ PEREZ CUELLAR..."..."del estudio de la presente causa y sobre todo de lo referido en el Recurso de Amparo, el artículo 71 reformado de la Ley de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, contempla la posibilidad de enajenar, subastar o vender de forma anticipada todos aquellos bienes que corran el riesgo de perecer, perderse, depreciarse, desvalorizarse, que su administración entrañe perjuicios, costos desproporcionados para el Estado al momento de devolverlos o que se proyecten inservibles al instante en que se dicte la sentencia de privación de dominio; entendiéndose por tanto, que lo único que cuenta para vender un bien mueble de manera anticipada, es que se encuentre en uno de los requisitos establecidos en el artículo 71 reformado de la Ley de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, como ser, que corran el riesgo de perecer, perderse, depreciarse, desvalorizarse, que su administración entrañe perjuicios, costos desproporcionados para el Estado al momento de devolverlos o que se proyecten inservibles al instante en que se dicte la sentencia de privación de dominio; por consiguiente no habiendo más requisitos que estos, es meritorio enlazarlos con los actos discrecionales que tiene la Administración Pública en el artículo 19 de la Ley de Procedimiento Administrativo, el cual establece, que cuando se trata de este tipo de actos, se procederá dentro de los límites de las mismas en función del fin para el que hubieran sido atribuidas, es decir que esta discrecionalidad únicamente se encuentra en el artículo 71 reformado de la Ley de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito y que los únicos requisitos a observar son los ya referidos.- En el presente caso de autos de acuerdo a la intensión que tuvo la oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) al vender, era que el bien se estaba deteriorando, entendiéndose por el paso del tiempo y por el desuso (folio 17 de la primera pieza de autos), cumpliendo con ello el requisito establecido en la Ley de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito para proceder a venderlo de manera anticipada, por lo tanto y no habiendo más requisitos se entiende que el procedimiento de venta ha sido llevado a cabo de manera legal y no procede otorgar la garantía de amparo alegada por el recurrente, al no observar esta Sala ninguna violación a un derecho constitucional..."
Legislación citada
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 86 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley de Procedimiento Administrativo, art. 19 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, art. 71 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ERIKA MARIA PEREZ GOMEZ, a favor del señor MARIO CRUZ PEREZ CUELLAR, Contra actuaciones de LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE BIENES INCAUTADOS (OABI), relacionadas según el recurrente a la orden de subastar un vehículo sin que exista resolución alguna de autoridad, cuyas características son camioneta de lujo marca Toyota, Modelo Sequoia, año 2010, placa HAL 7111, COLOR BLANCO, VIN5TDDY5G12AS032890, identificado como Lote 164, propiedad del señor MARIO CRUZ PEREZ CUELLAR.- Manifiesta la Recurrente que con la resolución impetrada se consideran violentados derechos constitucionales fundamentales consagrados en los artículos 80,103 Y 105 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES: 1).- Que en fecha diez (10) de enero del año dos mil veintidós (2022), la Oficina Administradora de Bienes Incautados, a través de la Unidad de Administración Financiera (UAF), dispuso: Promover la venta del bien: La venta del inmueble según avaluó de fecha 13 de diciembre del año 2021, por un valor total de L. 332,000.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS, a la OABI correspondería la cantidad del 5 del monto de la venta por administración que corresponde a la cantidad de L. 16,600,00 (CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS). El monto resultante de esta operación es la cantidad de L. 315,400.00 (TRESCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS) , el cual producirán intereses mensuales por la cantidad de L788.50 (SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100), una tasa de interés del mercado actual de 3.00 %, en un periodo de 12 meses, se proyecta un monto total de L 9,462.00 (NUEVE MIL CUATROSCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS), del total de los intereses, a la OABI le corresponden un porcentaje, en base a la tasa en Cuentas de Ahorro Promedio Ponderado, según reporte del Banco Central de Honduras BCH. (Folio 16 de los antecedentes).-2).- En fecha cuatro (4) de enero del año dos mil veintidós (2022), la Licenciada ERIKA MARIA PEREZ GOMEZ, en su condición de Administradora del señor MARIO CRUZ PEREZ CUELLAR, compareció ante la Secretaría de la Sala Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia interponiendo Recurso de Amparo, contra actuaciones de LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE BIENES INCAUTADOS (OABI), (Folio del 1 al 3 de la pieza de amparo).-3).- En fecha veintiocho (28) de abril del año dos mil veintidós (2022), se recibieron en la Secretaría de la Sala Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia, los antecedentes del caso de mérito (Folio 50 de la pieza de los antecedentes).-4).- Que en fecha uno (1) de agosto del año dos mil veintidós (2022), esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de Amparo, ordenándose dar vista al Fiscal del Despacho de los antecedentes por el término de cuarenta y ocho horas a fin de que emitiera su dictamen. (Folios 59 de la pieza de amparo).-5).- Que en fecha diez (10) de octubre del año dos mil veintidós (2022), la Sala de lo Constitucional, tuvo por Abstenida de emitir su Dictamen a la Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA, en su condición de Fiscal del Despacho, al ser parte el Ministerio Público promotor de las diligencias incoadas en la causa de mérito y en aplicación del Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. - (Folio 61 al 63de la pieza de amparo).-CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación con el Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO TRES (3): Que se está conociendo la garantía Constitucional de Amparo promovida por la Abogada ERIKA MARIA PEREZ GOMEZ, a favor del señor MARIO CRUZ PEREZ CUELLAR, Contra actuaciones de LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE BIENES INCAUTADOS (OABI), relacionadas según el recurrente a la orden de subastar un vehículo sin que exista resolución alguna de autoridad, cuyas características son camioneta de lujo marca Toyota, Modelo Sequoia, año 2010, placa HAL 7111, COLOR BLANCO, VIN5TDDY5G12AS032890, identificado como Lote 164, propiedad del señor MARIO CRUZ PEREZ CUELLAR.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente aduce, en sus escritos de interposición y de formalización del Recurso de Amparo, que se le ha violentado el derecho a la propiedad, en vista que la decisión de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), contiene vulneraciones a derechos constitucionales, ya que nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de sentencia judicial, y solo se admite la expropiación por causas de utilidad pública o de interés social, que será determinada en cada caso por ley. Esta garantizara el previo pago de una justa indemnización, establecida convencionalmente o por decisión judicial (Artículos 103 y 105 Constitucionales). Refiere que el Estado está obligado a brindar protección al uso y goce de la propiedad de bienes inmuebles de sus propiedades respecto de cualquier tipo de despojo, a cualquier título y por cualquier motivo, por parte de terceros ajenos, y asistirá en todo lo que corresponda a los afectados para lograr su más pronta restitución. Asimismo, de acuerdo con la Constitución de la República, la administración no interferirá de manera alguna en la administración y menos aún expropiara, embargara o establecerá por algún mecanismo la obligación o inducirá a que se le traspase la propiedad o titularidad de los bienes de manera forzosa.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que al habérsele concedido traslado al Ministerio Público para que emitiera su dictamen, este lo presento en fecha veintiuno de septiembre de dos mil veintidós pero absteniéndose, en vista de existir una vinculación de la acción de incoada, con un asunto promovido por el Ministerio Público.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que los órganos de la Administración Pública están en la obligación de motivar sus resoluciones administrativa y en el caso en particular del Instituto de Acceso a la Información Pública, conforme lo establece los Artículos del 22 al 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los actos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; y la motivación de los actos es obligatoria, expresándose sucintamente, como ya se dijo los hechos antecedentes y fundamentos de derecho.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que del estudio de la presente causa y sobre todo de lo referido en el Recurso de Amparo, el artículo 71 reformado de la Ley de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, contempla la posibilidad de enajenar, subastar o vender de forma anticipada todos aquellos bienes que corran el riesgo de perecer, perderse, depreciarse, desvalorizarse, que su administración entrañe perjuicios, costos desproporcionados para el Estado al momento de devolverlos o que se proyecten inservibles al instante en que se dicte la sentencia de privación de dominio; entendiéndose por tanto, que lo único que cuenta para vender un bien mueble de manera anticipada, es que se encuentre en uno de los requisitos establecidos en el artículo 71 reformado de la Ley de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, como ser, que corran el riesgo de perecer, perderse, depreciarse, desvalorizarse, que su administración entrañe perjuicios, costos desproporcionados para el Estado al momento de devolverlos o que se proyecten inservibles al instante en que se dicte la sentencia de privación de dominio; por consiguiente no habiendo más requisitos que estos, es meritorio enlazarlos con los actos discrecionales que tiene la Administración Pública en el artículo 19 de la Ley de Procedimiento Administrativo, el cual establece, que cuando se trata de este tipo de actos, se procederá dentro de los límites de las mismas en función del fin para el que hubieran sido atribuidas, es decir que esta discrecionalidad únicamente se encuentra en el artículo 71 reformado de la Ley de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito y que los únicos requisitos a observar son los ya referidos.- En el presente caso de autos de acuerdo a la intensión que tuvo la oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) al vender, era que el bien se estaba deteriorando, entendiéndose por el paso del tiempo y por el desuso (folio 17 de la primera pieza de autos), cumpliendo con ello el requisito establecido en la Ley de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito para proceder a venderlo de manera anticipada, por lo tanto y no habiendo más requisitos se entiende que el procedimiento de venta ha sido llevado a cabo de manera legal y no procede otorgar la garantía de amparo alegada por el recurrente, al no observar esta Sala ninguna violación a un derecho constitucional.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que el Artículo 25 “Protección Judicial” de la CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, establece: “1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.” La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido interpretado que a pesar de que el Artículo 25 mencione el recurso judicial, no solo los recurso judiciales en sentido estricto son los aludidos por el presente Artículo. En efecto, al igual que, si bien el Artículo 8 de la Convención se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino a cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar derechos fundamentales.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que es importante que se respete el procedimiento requerido para la aplicación del acto administrativo, permitiendo un equilibrio en las relaciones que se establecen entre la administración y los particulares, en aras de garantizar decisiones de conformidad con el ordenamiento jurídico por parte de la administración. El debido proceso debe velar por un procedimiento en el que se dé continuamente el derecho de defensa y de contradicción de todas aquellas personas que puedan resultar afectadas con la decisión administrativa. De esta forma, el debido proceso en materia administrativa busca en su realización obtener una actuación administrativa justa sin lesionar a determinado particular. Se busca también un equilibrio permanente en las relaciones surgidas del proceso y procedimiento administrativo, frente al derecho substancial y a los derechos fundamentales de las personas y la comunidad en general.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 19 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1 y 71 reformado de la Ley de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito; FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho merito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó la Magistrada BUSTILLO HERNANDEZ.- NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogada SONIA MARLINA DUBON VILLEDA .- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.- WAGNER VALLECILLO PAREDES .- FRANCISCA VILLELA ZAVALA.- ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dos (2) días del mes de junio del año dos mil veintitrés (2023), Certificación de la Sentencia de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veintitrés (2023) recaída en el Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0011-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL