Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AA-1063-22 — Registro 17029

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución FGR-382-2021 que declaró sin lugar la impugnación interpuesta contra la decisión de inadmitir la denuncia promovida por suponerlo responsable del delito de Estafa. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 59 y 82 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (8): Que la garantía del debido proceso exige que, para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe respetarse el derecho de defensa, el cual implica, entre otros: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba y la equiparación de posiciones entre las partes, ante órgano jurisdiccional competente; conjunto de garantías de orden enunciativo que busca asegurar a quienes acuden ante la Jurisdicción, o ante la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO (9): Que el sistema de justicia penal hondureña obedece a la exigencia constitucional, establecida en los artículos 303 y 304 de la Norma Fundamental, referida a que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y a las leyes; correspondiéndole a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado; preceptiva fundamental, acorde a los parámetros jurídico - constitucionales que normativizan la función auxiliar de los entes operadores de justicia, coadyuvando el ejercicio de la potestad jurisdiccional. CONSIDERANDO (10): Que, en tal sentido, se denota que la decisión adoptada por el Ministerio Público, descrita y referenciada en la presente sentencia, brinda cabal cumplimiento a la sentencia de amparo administrativo, pues ha resuelto en derecho congruente y de fondo la denuncia interpuesta por la representación procesal de la sociedad mercantil Banco Lafise Honduras S.A., contra el señor José Irene Castañeda Ferrera como presidente de la sociedad mercantil Inversiones Ingeniosas S.A. de C.V., por imputarle el delito de Estafa en perjuicio de la sociedad mercantil Banco Lafise Honduras S.A.; teniendo como consecuencia la no procedibilidad judicial de la denuncia sometida a escrutinio fiscal, al carecer de base penal válida, aplicable y objetiva para dar lugar a la presentación del requerimiento fiscal solicitado; declarándola sin lugar el organismo profesional especializado, instituido para la defensa de los intereses generales de la sociedad hondureña. Decisión que, por otra parte, se ha sujetado a una evaluación a posteriori, vía administrativa, y, el franqueo de los recursos que la ley pone a disposición de los interesados; tal como acontece en el presente caso, verificándose la razonabilidad de lo actuado. CONSIDERANDO (11): Que, del examen de las diligencias, se constata que el acto o resolución administrativa reclamada guarda concatenación al imperativo de objetividad del órgano fiscal, según prescrito y regulado en el dispositivo legal antes consignado, lo cual tiene acabado cumplimiento en el presente caso; no siendo de recibo la afirmación de haberse suscitado un proceder o actuación arbitraria, por parte del Ministerio Público, al desestimar la denuncia penal efectuada, por vía respuesta jurídica sustancial y de fondo. Considera, a su vez, la Sala de lo Constitucional, que se ha dado cumplimiento a la tutela judicial efectiva, en forma correlativa, al ejercicio del derecho de petición, efectuado por parte de la representación procesal garantista. CONSIDERANDO (12): Que, por todo lo anteriormente expuesto, de lo Constitucional no observa quebrantamiento alguno, a los derechos constitucionales invocados por la letrada recurrente; procediéndose, en consecuencia, a dictar denegatoria a la presente garantía constitucional de amparo.”

Legislación citada

Sentencia

C E R T I F I C A C I Ó N.

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de octubre del año dos mil veintitrés. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada Karla Patricia García Arita, a favor de la sociedad mercantil Banco Lafise Honduras S.A., contra la resolución FGR-382-2021, dictada por la Fiscalía General de la República, en fecha veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, que declaró sin lugar la impugnación interpuesta contra la decisión de inadmitir la denuncia promovida contra el señor José Irene Castañeda Ferrera como presidente de la sociedad mercantil Inversiones Ingeniosa S.A. de C.V., por suponerlo responsable del delito de Estafa en perjuicio de la sociedad mercantil Banco Lafise Honduras S.A. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 59 y 82 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veinte de julio de dos mil veintidós, compareció ante esta Sala, la abogada Karla Patricia García Arita, interponiendo acción de amparo a favor de Banco Lafise Honduras S.A., contra la resolución FGR-382-2021, dictada por la Fiscalía General de la República, en fecha veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, que declaró sin lugar la impugnación interpuesta contra la decisión de inadmitir la denuncia promovida contra el señor José Irene Castañeda Ferrera como presidente de la sociedad mercantil Inversiones Ingeniosas S.A. de C.V., por suponerlo responsable del delito de Estafa en perjuicio de la sociedad mercantil Banco Lafise Honduras S.A. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los artículos 59 y 82 de la Constitución de la República. (Folios 1-4 del amparo de mérito) 2) Que en fecha dieciocho de agosto de dos mil veintidós, este alto Tribunal, admitió el recurso de amparo interpuesto por la abogada Karla Patricia García Arita, a favor de la sociedad mercantil Banco Lafise Honduras S.A. (Folio 11 del recurso) 3) Ésta Sala tuvo por recibidos los antecedentes solicitados a la autoridad recurrida, que contienen la resolución No. FGR-382-2021 de fecha veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, objeto del presente recurso, emitida por la Fiscalía General de la República de Honduras, desprendiéndose de su parte resolutiva lo siguiente: (Sic) “…1) Declarar SIN LUGAR, la Reconsideración presentada en fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), por la Abogada Karla Patricia García Arita en su condición de Apoderada Legal de la Empresa Mercantil Banco Lafise, en contra de la resolución N° DGF-127-2018 de fecha dieciocho (18) de abril del año dos mil dieciocho (2018), emitida por la Sub Dirección General de Fiscalía. 2) Confirmar la resolución DGF-127-2018 de fecha dieciocho (18) de abril del año dos mil dieciocho (2018), emitida por la Sub Dirección General de Fiscalía…”. (Folio 25-27 del antecedente) 4) Que en fecha veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, se resolvió, remitidos y estudiados que fueron los antecedentes; “… concédase vista por el término de cuarenta y ocho horas (48) al recurrente para que formalice su petición por escrito”. (Folio 32 del recurso de mérito) 5) En fecha veintidós de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo por admitido el escrito presentado por la abogada Karla Patricia García Arita, teniéndose por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito, omitiéndose dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 40 del recurso de mérito) CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que obran como antecedentes necesarios, para el debido conocimiento y resolución de la presente acción de amparo: a) En primer lugar, la resolución emitida por la FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, bajo el número FGR-382-2021, de fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), por la cual dispone declarar sin lugar la impugnación interpuesta, por la parte recurrente, con relación a la desestimatoria de la denuncia penal promovida contra el señor José Irene Castañeda Ferrera como presidente de la sociedad mercantil Inversiones Ingeniosa S.A. de C.V., por suponerlo responsable del delito de Estafa en perjuicio de la sociedad mercantil Banco Lafise Honduras S.A. b) En segundo lugar, que habiéndose declarado sin lugar la denuncia penal, ab initio, se interpuso por la parte interesada una solicitud de RECONSIDERACIÓN DE AUTO DE CIERRE, ante la autoridad reclamada, como es la FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; la fue resuelta bajo la Resolución número FGR-357-2018, de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil dieciocho (2018); declarando la inadmisibilidad de mérito, ante todo, por incurrir en defectos de forma en el planteamiento y/o nominación del medio recursivo empleado, por la parte disconforme. Tal actuación de la Fiscalía General de la República, dio lugar, a su vez, a la promoción de una acción de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por la Abogada Karla Patricia García Arita, a favor de la sociedad mercantil Banco Lafise Honduras S.A.; la cual, tramitada que fue bajo el número registro SCO-0697-2018, se declaró con lugar, como obra de autos; ordenándose a la autoridad recurrida que procediera a emitir nueva resolución, brindando respuesta a la peticionaria sobre el fondo del asunto, según sometido a la entidad superior del Ministerio Público, como es la Fiscalía General de la República. CONSIDERANDO (4): Que según la demanda de amparo formalizada por la garantista, Abogada Karla Patricia García Arita, la resolución FGR-382-2021 de la Fiscalía General de la República, en relación, resulta violatoria a los artículos 59, 82, 90, 321 y 323 de de la República, en sus distintas manifestaciones, que regulan la protección a la dignidad de la persona, la inviolabilidad del derecho a la defensa, y el derecho a la tutela judicial efectiva. Lo anterior al considerar que, la descripta decisión del Ministerio Público, desprecia la vigencia del principio de legalidad, al otorgarle vigencia y aplicabilidad a una norma jurídica ya derogada. Desconocería tal proceder, que el ordenamiento jurídico impone la obligación ineludible de emitir sus resoluciones en estricto apego a derecho, no como un mero acto de voluntad, ni de exposición de interpretaciones doctrinales; sino que como una expresión razonada del hecho y la normativa vigente sometida al conocimiento del decisor; observándose que los hechos denunciados bajo la vigencia del Código Penal contenido en el Decreto Legislativo No. 144-83, podrían calificarse en el tipo penal contenido en el artículo 240-A del Código Penal, contentivo del comportamiento humano conocido como Fraude; en correlativo con la aparición del nuevo Código Penal contenido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en vigencia desde mayo de 2020; del cual no se desprendería la atipicidad de dicha conducta, sino que su sanción bajo el epígrafe de Estafa; lo cual no fue observado en el Considerando Cuarto de la Motivación Fáctica de la Resolución impetrada, de lo cual se colige el irrespeto al principio de legalidad. CONSIDERANDO (5): Que según la demanda de amparo formalizada por la garantista, Abogada Karla Patricia García Arita, la resolución FGR-382-2021 de la Fiscalía General de la República, también resulta lesiva al derecho de defensa y al derecho a la justicia, contenidos en los artículos 59 y 82 de de la República, por cuanto la decisión fiscal cuestionada, al inadmitir la denuncia, vulnera tales derechos y la aspiración a la justicia de la parte denunciante; mediando irregularidades en su formación, sacrificando la posibilidad de ejercer la correspondiente defensa de sus derechos en toda la tramitación del correspondiente trámite. Reiterando, a su vez, la recurrente, que, por la conducta administrativa impugnada en amparo, se ha infringido también la tutela judicial efectiva (artículo 90 de la Constitución de la República); al darle aplicación el Ministerio Público a una norma derogada, en irrespeto de las formalidades que les señala la ley a los funcionarios judiciales, para la formación de sus decisiones. Concluye su formalización de amparo, señalando que, por todo lo expuesto, se ha generado un agravio que amerita de corrección; solicitando de de lo Constitucional se otorgue la presente demanda de amparo, declarando la violación a los derechos constitucionales antes expuestos e invocados. CONSIDERANDO (6): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala de lo Constitucional deviene en la obligación de ajustar sus resoluciones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los Pactos y Convenciones suscritas en materia de derechos humanos. Lo anterior, en observancia y con fundamentación del principio de legalidad constitucional, sin el cual no puede haber lugar a la justicia y a la seguridad jurídica, como valores axiales del ordenamiento jurídico democrático, republicano y representativo. CONSIDERANDO (7): Que, en atinencia al ejercicio del derecho de acción, la jurisdicción penal deberá, en todo caso, atender los límites del derecho subjetivo del Estado para el ejercicio de la punibilidad (principios de subsidiariedad y fragmentariedad), siguiendo los cauces trazados por la ley penal; así como las orientaciones científicas que demarca la interpretación racional del derecho, según desarrollada en la dogmática jurídico – penal. Tal el proceder de la entidad superior del Ministerio Público, como es la Fiscalía General de la República; al determinar la atipicidad del asunto constitutivo de la notitia criminis, conforme a la ley penal atinente al caso; en atención al principio de objetividad que rectora sus actuaciones (Ver: Arts. 93 del Código Procesal Penal, con relación a los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Ley del Ministerio Público. – Decreto No. 228-93) CONSIDERANDO (8): Que la garantía del debido proceso exige que, para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe respetarse el derecho de defensa, el cual implica, entre otros: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba y la equiparación de posiciones entre las partes, ante órgano jurisdiccional competente; conjunto de garantías de orden enunciativo que busca asegurar a quienes acuden ante la Jurisdicción, o ante la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO (9): Que el sistema de justicia penal hondureña obedece a la exigencia constitucional, establecida en los artículos 303 y 304 de la Norma Fundamental, referida a que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y a las leyes; correspondiéndole a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado; preceptiva fundamental, acorde a los parámetros jurídico - constitucionales que normativizan la función auxiliar de los entes operadores de justicia, coadyuvando el ejercicio de la potestad jurisdiccional. CONSIDERANDO (10): Que, en tal sentido, se denota que la decisión adoptada por el Ministerio Público, descrita y referenciada en la presente sentencia, brinda cabal cumplimiento a la sentencia de amparo administrativo, pues ha resuelto en derecho congruente y de fondo la denuncia interpuesta por la representación procesal de la sociedad mercantil Banco Lafise Honduras S.A., contra el señor José Irene Castañeda Ferrera como presidente de la sociedad mercantil Inversiones Ingeniosas S.A. de C.V., por imputarle el delito de Estafa en perjuicio de la sociedad mercantil Banco Lafise Honduras S.A.; teniendo como consecuencia la no procedibilidad judicial de la denuncia sometida a escrutinio fiscal, al carecer de base penal válida, aplicable y objetiva para dar lugar a la presentación del requerimiento fiscal solicitado; declarándola sin lugar el organismo profesional especializado, instituido para la defensa de los intereses generales de la sociedad hondureña. Decisión que, por otra parte, se ha sujetado a una evaluación a posteriori, vía administrativa, y, el franqueo de los recursos que la ley pone a disposición de los interesados; tal como acontece en el presente caso, verificándose la razonabilidad de lo actuado. CONSIDERANDO (11): Que, del examen de las diligencias, se constata que el acto o resolución administrativa reclamada guarda concatenación al imperativo de objetividad del órgano fiscal, según prescrito y regulado en el dispositivo legal antes consignado, lo cual tiene acabado cumplimiento en el presente caso; no siendo de recibo la afirmación de haberse suscitado un proceder o actuación arbitraria, por parte del Ministerio Público, al desestimar la denuncia penal efectuada, por vía respuesta jurídica sustancial y de fondo. Considera, a su vez, la Sala de lo Constitucional, que se ha dado cumplimiento a la tutela judicial efectiva, en forma correlativa, al ejercicio del derecho de petición, efectuado por parte de la representación procesal garantista. CONSIDERANDO (12): Que, por todo lo anteriormente expuesto, de lo Constitucional no observa quebrantamiento alguno, a los derechos constitucionales invocados por la letrada recurrente; procediéndose, en consecuencia, a dictar denegatoria a la presente garantía constitucional de amparo. POR TANTO: de lo Constitucional de de Justicia, como intérprete último y definitivo de de , en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 4, 59, 60, 70, 80, 82, 89, 90, 95, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de de ; 1, 8 y 25 de sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 63 y 120 de de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la presente garantía constitucional de amparo. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes a la Fiscalía General del Estado para los propósitos legales consiguientes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de enero de dos mil veinticuatro, certificación de la sentencia de fecha veinte de octubre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-1063-2022.CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL JP