Sentencia AA-1016-22 — Registro 17464
Resumen
Confirmatoria de otorgamiento de acción de amparo interpuesta contra actos administrativos de cédula de notificación de seguimiento de procedimiento de fiscalización al instarse un procedimiento administrativo fuera de los plazos legalmente establecidos y además omitiendo resolverse las peticiones elevadas al conocimiento de la autoridad estatal por parte de la sociedad agraviada
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Del estudio de los antecedentes se observa que en fecha 3 de enero de 2022 el Banco Atlántida, actuando como obligado tributario, presentó ante el SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS un escrito mediante el que solicitó se declarase la improcedencia del contenido de un mensaje de correo electrónico de fecha 12 de noviembre de 2021 así como el archivo de las actuaciones relacionadas con un trámite de fiscalización originado por la autoridad tributaria porque, según el peticionario, ésta dejó transcurrir el término de ley para concluir con las actuaciones de fiscalización sin haber emitido resolución ni la notificación requerida en el trámite de ley. 2. El reclamo del impetrante se sustenta en el hecho que la autoridad tributaria omitió resolver las peticiones que con ocasión del procedimiento de fiscalización hiciera su representada, situación que consideró como violatoria de los derechos y garantías que asisten al Banco Atlántida, S.A., como su derecho a la defensa y a un debido proceso. A su vez, según el reclamante, la autoridad tributaria nacional transgredió el procedimiento de ley al no llevar a cabo ninguna actuación relacionada con el proceso de fiscalización, lo que provocó, según el quejoso, que el plazo transcurriese y finalizara sin que se emitiera la respectiva resolución. 3. A pesar de ello, y de que no se resolviera la solicitud de archivo de las actuaciones por no haberse emitido la correspondiente resolución y notificación, y sin resolverse tampoco las demás peticiones del afectado, el recurrente expuso que funcionarios del SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS se presentaron a las instalaciones de BANCO ATLÁNTIDA, S.A. a notificar la citación relacionada con el inicio de actuaciones de fiscalización, aludiendo a que todas las pretensiones de la entidad bancarias eran improcedentes. 4. Esta Sala observa que la sentencia que resolvió y otorgó el recurso de amparo referido, la Alzada fue del parecer porque el inicio del proceso de fiscalización que nos ocupa se hizo fuera del plazo establecido por la ley, considerando en su sentencia que la orden de inicio de la fiscalización se dio el 2 de julio de 2019, transcurriendo el plazo de ocho meses dispuesto por el artículo 125.6 del Código Tributario, el 3 de marzo de 2020 sin que se hubiere emitido resolución por parte de la autoridad tributaria. Este Alto Tribunal encuentra que del fallo emitido se entiende que el Tribunal de Alzada estimó que en el caso de autos operó la figura de la prescripción al no haber sido emitida la resolución requerida en el tiempo que otorga la ley tributaria. 5. Esta Sala asiente con el criterio universalmente aceptado de que el transcurso del tiempo—requisito para estimar la prescripción o la caducidad de los plazos legales— consolida situaciones de hecho en los casos expresamente previstos por la ley, siendo un modo de extinguirse un derecho u obligación por la falta de su ejercicio dentro de un plazo establecido y regulado por la ley. 6. Por otro lado, como lo ha señalado esta Sala en reiterada jurisprudencia, la garantía a un debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro de un proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legítimas frente a la autoridad estatal. 7. En tal virtud, siendo que la garantía constitucional al debido proceso comporta inter alia el deber de los jueces y demás autoridades del Estado de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, ello conlleva a que todas las decisiones emanadas de una autoridad jurisdiccional, o incluso administrativa, deban ser dictadas en consonancia con el ordenamiento jurídico, siendo su contravención causa estimable para el otorgamiento de la garantía de amparo, como acontece en el caso de autos y como ha sido declarado por la Alzada en la sentencia que se revisa, al instarse un procedimiento administrativo fuera de los plazos legalmente establecidos y además omitiendo resolverse las peticiones elevadas al conocimiento de la autoridad estatal por parte de la sociedad agraviada.- Esta Sala advierte que la sentencia objeto de examen hace acopio de la normativa aplicable al caso según la materia, es decir que la misma ha sido dictada en consonancia con la ley, respetándose todos los derechos, principios y garantías que reglan el procedimiento conforme con nuestra legislación. 8. Este Tribunal estima además que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material y las defensas del orden jurídico constitucional. 9. En virtud de lo anterior, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia revisada, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma, comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, quedando evidenciado para esta Sala que la Alzada, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, con lo cual ha hecho valer la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República. En consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala, CONFIRMAR en todas y cada una de sus partes la sentencia venida en consulta y así debe declararse"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Código Tributario, art. 125, numeral 6 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
...".- Del estudio de los antecedentes se observa que en fecha 3 de enero de 2022 el Banco Atlántida, actuando como obligado tributario, presentó ante el SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS un escrito mediante el que solicitó se declarase la improcedencia del contenido de un mensaje de correo electrónico de fecha 12 de noviembre de 2021 así como el archivo de las actuaciones relacionadas con un trámite de fiscalización originado por la autoridad tributaria porque, según el peticionario, ésta dejó transcurrir el término de ley para concluir con las actuaciones de fiscalización sin haber emitido resolución ni la notificación requerida en el trámite de ley. 2. El reclamo del impetrante se sustenta en el hecho que la autoridad tributaria omitió resolver las peticiones que con ocasión del procedimiento de fiscalización hiciera su representada, situación que consideró como violatoria de los derechos y garantías que asisten al Banco Atlántida, S.A., como su derecho a la defensa y a un debido proceso. A su vez, según el reclamante, la autoridad tributaria nacional transgredió el procedimiento de ley al no llevar a cabo ninguna actuación relacionada con el proceso de fiscalización, lo que provocó, según el quejoso, que el plazo transcurriese y finalizara sin que se emitiera la respectiva resolución. 3. A pesar de ello, y de que no se resolviera la solicitud de archivo de las actuaciones por no haberse emitido la correspondiente resolución y notificación, y sin resolverse tampoco las demás peticiones del afectado, el recurrente expuso que funcionarios del SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS se presentaron a las instalaciones de BANCO ATLÁNTIDA, S.A. a notificar la citación relacionada con el inicio de actuaciones de fiscalización, aludiendo a que todas las pretensiones de la entidad bancarias eran improcedentes. 4. Esta Sala observa que la sentencia que resolvió y otorgó el recurso de amparo referido, la Alzada fue del parecer porque el inicio del proceso de fiscalización que nos ocupa se hizo fuera del plazo establecido por la ley, considerando en su sentencia que la orden de inicio de la fiscalización se dio el 2 de julio de 2019, transcurriendo el plazo de ocho meses dispuesto por el artículo 125.6 del Código Tributario, el 3 de marzo de 2020 sin que se hubiere emitido resolución por parte de la autoridad tributaria. Este Alto Tribunal encuentra que del fallo emitido se entiende que el Tribunal de Alzada estimó que en el caso de autos operó la figura de la prescripción al no haber sido emitida la resolución requerida en el tiempo que otorga la ley tributaria. 5. Esta Sala asiente con el criterio universalmente aceptado de que el transcurso del tiempo—requisito para estimar la prescripción o la caducidad de los plazos legales— consolida situaciones de hecho en los casos expresamente previstos por la ley, siendo un modo de extinguirse un derecho u obligación por la falta de su ejercicio dentro de un plazo establecido y regulado por la ley. 6. Por otro lado, como lo ha señalado esta Sala en reiterada jurisprudencia, la garantía a un debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro de un proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legítimas frente a la autoridad estatal. 7. En tal virtud, siendo que la garantía constitucional al debido proceso comporta inter alia el deber de los jueces y demás autoridades del Estado de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, ello conlleva a que todas las decisiones emanadas de una autoridad jurisdiccional, o incluso administrativa, deban ser dictadas en consonancia con el ordenamiento jurídico, siendo su contravención causa estimable para el otorgamiento de la garantía de amparo, como acontece en el caso de autos y como ha sido declarado por la Alzada en la sentencia que se revisa, al instarse un procedimiento administrativo fuera de los plazos legalmente establecidos y además omitiendo resolverse las peticiones elevadas al conocimiento de la autoridad estatal por parte de la sociedad agraviada.- Esta Sala advierte que la sentencia objeto de examen hace acopio de la normativa aplicable al caso según la materia, es decir que la misma ha sido dictada en consonancia con la ley, respetándose todos los derechos, principios y garantías que reglan el procedimiento conforme con nuestra legislación. 8. Este Tribunal estima además que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material y las defensas del orden jurídico constitucional. 9. En virtud de lo anterior, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia revisada, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma, comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, quedando evidenciado para esta Sala que la Alzada, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, con lo cual ha hecho valer la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República. En consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala, CONFIRMAR en todas y cada una de sus partes la sentencia venida en consulta y así debe declararse"
Legislación citada
- Código Tributario, art. 125, numeral 6 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de marzo del año dos mil veintitrés. - VISTAS: En consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, de fecha diecisiete (17) de junio del dos mil veintidós (2022), que otorgó el recurso presentado contra actuaciones del SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR) relacionadas según el recurrente, a los actos administrativos de cédula de notificación de fecha seis de enero de dos mil veintidós, donde se notifica la citación número SAR-DGCT-DAT-01-A-2022, derivadas de la orden de inicio de actuaciones de fiscalización número 311-19-8000-79, asimismo notificación de la providencia de fecha seis de enero del dos mil veintidós del expediente número 321-19-12000-1269, realizadas al señor JOSÉ FAUSTINO LAÍNEZ MEJÍA en su condición de representante legal del obligado tributario la sociedad mercantil BANCO ATLÁNTIDA, S.A., manifestando el recurrente que el acto recurrido ha vulnerado los derechos constitucionales contenidos en los artículos 1, 61, 63, 64, 80, 82, 90, 183, 320, 321 y 323 de la Constitución de la República.- A N T E C E D E N T E S 1) En fecha 7 de enero de 2022, compareció ante la Sala de lo Constitucional, el Abogado JULIO CESAR FRANCISCO GÓMEZ SUAZO, en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil BANCO ATLÁNTIDA, S.A., accionando contra actos administrativos de cedula de notificación de fecha 6 de enero de 2022 donde se comunica la citación número SAR-DGCT-DAT-01-2022, derivadas a la orden de inicio de actuaciones de fiscalización número 311-19-8000-79 por el SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR) DIRECCIÓN GRANDES CONTRIBUYENTES DE TEGUCIGALPA, asimismo, notificación de la providencia de fecha 6 de enero de 2022 del expediente número 321-19-12000-1269, realizadas al señor JOSÉ FAUSTINO LAÍNEZ MEJÍA en su condición de representante legal del obligado tributario la sociedad mercantil BANCO ATLÁNTIDA, S.A. (Folios 1-28 de la pieza del Ad Quem).- 2) Que en fecha 17 de junio de 2022, luego de efectuado el trámite que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida CORTE DE APELACIONES dictó sentencia en la que resolvió (SIC): “…SE OTORGA la acción de amparo a favor de la sociedad mercantil BANCO ATLÁNTIDA, S.A., contra las actuaciones del SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS, DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA, declarando que no le es aplicable al amparista el seguimiento del procedimiento de fiscalización iniciado en fecha 12 de julio de 2019 número 311-19-8000-79 contenido en el expediente 321-19-12000-1269 y demás actuaciones que se deriven del mismo procedimiento de fiscalización…”. (Folios 179-187 de la pieza del Ad Quem). 3) Que en fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil veintidós (2022), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folio 01 de 1 la pieza del antecedente).-DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL.-1.- El Estado reconoce la garantía de amparo, consecuentemente, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo: 1) Para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2) Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga, al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República.-2 Procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.-3.En el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. 4. Es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS.- 1.- Del estudio de los antecedentes se observa que en fecha 3 de enero de 2022 el Banco Atlántida, actuando como obligado tributario, presentó ante el SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS un escrito mediante el que solicitó se declarase la improcedencia del contenido de un mensaje de correo electrónico de fecha 12 de noviembre de 2021 así como el archivo de las actuaciones relacionadas con un trámite de fiscalización originado por la autoridad tributaria porque, según el peticionario, ésta dejó transcurrir el término de ley para concluir con las actuaciones de fiscalización sin haber emitido resolución ni la notificación requerida en el trámite de ley. 2. El reclamo del impetrante se sustenta en el hecho que la autoridad tributaria omitió resolver las peticiones que con ocasión del procedimiento de fiscalización hiciera su representada, situación que consideró como violatoria de los derechos y garantías que asisten al Banco Atlántida, S.A., como su derecho a la defensa y a un debido proceso. A su vez, según el reclamante, la autoridad tributaria nacional transgredió el procedimiento de ley al no llevar a cabo ninguna actuación relacionada con el proceso de fiscalización, lo que provocó, según el quejoso, que el plazo transcurriese y finalizara sin que se emitiera la respectiva resolución. 3. A pesar de ello, y de que no se resolviera la solicitud de archivo de las actuaciones por no haberse emitido la correspondiente resolución y notificación, y sin resolverse tampoco las demás peticiones del afectado, el recurrente expuso que funcionarios del SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS se presentaron a las instalaciones de BANCO ATLÁNTIDA, S.A. a notificar la citación relacionada con el inicio de actuaciones de fiscalización, aludiendo a que todas las pretensiones de la entidad bancarias eran improcedentes. 4. Esta Sala observa que la sentencia que resolvió y otorgó el recurso de amparo referido, la Alzada fue del parecer porque el inicio del proceso de fiscalización que nos ocupa se hizo fuera del plazo establecido por la ley, considerando en su sentencia que la orden de inicio de la fiscalización se dio el 2 de julio de 2019, transcurriendo el plazo de ocho meses dispuesto por el artículo 125.6 del Código Tributario, el 3 de marzo de 2020 sin que se hubiere emitido resolución por parte de la autoridad tributaria. Este Alto Tribunal encuentra que del fallo emitido se entiende que el Tribunal de Alzada estimó que en el caso de autos operó la figura de la prescripción al no haber sido emitida la resolución requerida en el tiempo que otorga la ley tributaria. 5. Esta Sala asiente con el criterio universalmente aceptado de que el transcurso del tiempo—requisito para estimar la prescripción o la caducidad de los plazos legales— consolida situaciones de hecho en los casos expresamente previstos por la ley, siendo un modo de extinguirse un derecho u obligación por la falta de su ejercicio dentro de un plazo establecido y regulado por la ley. 6. Por otro lado, como lo ha señalado esta Sala en reiterada jurisprudencia, la garantía a un debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro de un proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legítimas frente a la autoridad estatal. 7. En tal virtud, siendo que la garantía constitucional al debido proceso comporta inter alia el deber de los jueces y demás autoridades del Estado de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, ello conlleva a que todas las decisiones emanadas de una autoridad jurisdiccional, o incluso administrativa, deban ser dictadas en consonancia con el ordenamiento jurídico, siendo su contravención causa estimable para el otorgamiento de la garantía de amparo, como acontece en el caso de autos y como ha sido declarado por la Alzada en la sentencia que se revisa, al instarse un procedimiento administrativo fuera de los plazos legalmente establecidos y además omitiendo resolverse las peticiones elevadas al conocimiento de la autoridad estatal por parte de la sociedad agraviada.- Esta Sala advierte que la sentencia objeto de examen hace acopio de la normativa aplicable al caso según la materia, es decir que la misma ha sido dictada en consonancia con la ley, respetándose todos los derechos, principios y garantías que reglan el procedimiento conforme con nuestra legislación. 8. Este Tribunal estima además que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material y las defensas del orden jurídico constitucional. 9. En virtud de lo anterior, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia revisada, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma, comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, quedando evidenciado para esta Sala que la Alzada, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, con lo cual ha hecho valer la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República. En consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala, CONFIRMAR en todas y cada una de sus partes la sentencia venida en consulta y así debe declararse. - PARTE RESOLUTIVA: POR TANTO, LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: ÚNICO: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por LA CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, de fecha diecisiete (17) de junio del dos mil veintidós (2022), que otorgó el recurso de amparo presentado contra actuaciones del SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR), de la cual se ha hecho mérito; Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada DUBÓN VILLEDA. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- Firmas y Sello. Abogada SONIA MARLINA DUBON VILLEDA.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.- WAGNER VALLECILLO PAREDES.- FRANCISCA VILLELA ZAVALA.- ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ.- Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los diez (10) días del mes de abril de dos mil veintitrés (2023), Certificación de la Sentencia de fecha dos (2) de marzo de dos mil veintitrés (2023), recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 1016-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL