Sentencia RP-995-20 — Registro 14601
Resumen
Sentencia condenatoria dictada por Autoridad recurrida en causa contra recurrente por el delito de extorsión continuada en perjuicio de Testigo Protegido "AB110"; La Sala concluye que es evidente que la nueva ley penal contiene una pena más benigna para aplicarla de forma retroactiva por lo que es procedente otorgar la revisión de la sentencia objeto del recurso
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"esta Sala aprecia que efectivamente los Señores KEVIN JOSUE FLORES PEREZ Y FREDY MOISES BULNES CARIAS, fueron condenados por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, mediante sentencia de fecha quince de febrero de dos mil dieciocho, a una pena principal de VEINTICINCO (25) AÑOS DE RECLUSIÓN y Multa de ochenta y tres (83) salarios mínimos en su nivel más bajo, equivalente a la cantidad de setecientos cuatro mil cinco lempiras con diecisiete centavos (L.704,005.17), equivalente a 83.33 salarios mínimos en su nivel más bajo; así como a las penas accesorias de Inhabilitación absoluta e Interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal..."..."esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos de los impetrantes, que en la sentencia condenatoria firme antes señalada, el Órgano Jurisdiccional competente aplico lo dispuesto en el Artículo 13, 32, 37, 39, 63, 64, 105, 192 y 222.1 del Código Penal, estimando que el condenado cometió el delito Extorsión Continuada..."..."en el presente caso de autos los ahora recurrentes FREDY MOISÉS BULNES CARÍAS y KEVIN JOSUÉ FLORES PEREZ fueron condenados al delito de Extorsión Continuada contenido en el Código Penal creado mediante decreto 144-83 y vigente a partir del 12 marzo de 1985, con la pena de reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos en su nivel más bajo; y con la vigencia del nuevo código penal (publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 10 de mayo de 2019) contempla una pena por el DELITO DE EXTORSION de diez (10) a quince (15) años de prisión y multa de quinientos (500) a mil (1000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados; contemplando en su artículo 53 que el DIA MULTA tendrá un valor no menor de veinte lempiras (L.20) ni mayor de cinco mil (L.5000); y el delito CONTINUADO, lo sanciona con la pena señalada para la infracción más grave que se debe de imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3); razones estás que se marcan dentro de las circunstancias exigidas en el artículo 96.8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y por lo tanto es evidente que la nueva Ley Penal contiene una pena más benigna, que es la condición prevista en la Ley sobre Justicia Constitucional para aplicarla de forma retroactiva; y por consiguiente es procedente otorgar la revisión de la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia con competencia Nacional en materia Extorsión el quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018), para la ejecución de una nueva pena, es decir de doce (12) años, seis (6) meses de prisión, resultante de la infracción más grave de la mitad superior de la pena abstracta que tiene el delito de extorsión (10-15 años de prisión), de conformidad con el artículo 68 párrafo primero del Código Penal y multa de L.666.66 días o su equivalente en lempiras de 13,333.20, al aplicarle la pena menor de día multa (L.20); con abono del tiempo que haya cumplido hasta ajustar la totalidad de la pena en mención, y a la pena accesoria de inhabilitación absoluta..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 95 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 96 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 97 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de abril de dos mil veintidós. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por la Abogada Somay Jamileth Peralta Dávila, a favor de los señores Kevin Josué Flores y Fredy Moisés Bulnes Carías, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, de fecha quince de febrero de dos mil dieciocho, con relación a la causa instruida contra los señores Kevin Josué Flores y Fredy Moisés Bulnes Carías, por el delito Extorsión Continuada en perjuicio de Testigo Protegido “AB110”. ANTECEDENTES 1) Que en fecha tres de marzo de dos mil diecisiete, compareció ante el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada Katia Zerón, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra de los señores Kevin Josué Flores y Fredy Moisés Bulnes Carías, por suponerlos responsables del delito de Extorsión Continuada, en perjuicio de Testigo Protegido “AB110”. (Folios 2-6 del antecedente). 2) Que en fecha quince de febrero de dos mil dieciocho, el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, mediante la cual falló: “…Primero: Que debemos condenar y condenamos a los procesados FREDY MOISÉS BULNES CARÍAS y KEVIN JOSUÉ FLORES PEREZ, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como responsables penalmente en su grado de participación de Autores de un delito de Extorsión Continuada en perjuicio de Testigo Protegido AB-110, a cumplir la pena de Veinticinco (25) años de Reclusión, debiéndose computárseles la misma desde el día en que los acusados fueron aprehendidos por esta causa y el tiempo que hayan permanecido en efectiva reclusión.- Pena que deberán cumplir en la Penitenciaría Nacional MARCO AURELIO SOTO del municipio de Támara Departamento de Francisco Morazán y a pagar una MULTA DE OCHENTA Y TRES (83) SALARIOS MINIMOS equivalente a la cantidad de Setecientos Cuatro Mil Cinco Lempiras con Diecisiete Centavos (LPS 704,005.17) equivalente a 83.33 saliros mínimos en su nivel más bajo, los que debe los que deberán cancelar en la Tesorería General de la República o en la Institución del sistema financiero nacional que la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas haya autorizado para tal fin. Segundo: Que debemos condenar y condenamos a los señores FREDY MOISÉS BULNES CARÍAS y KEVIN JOSUÉ FLORES PEREZ como consecuencia de la pena principal de reclusión, a las accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL a trabajar por el tiempo que dure la condena, en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penal. Tercero: No procede condenar en costas procésales a los señores FREDY MOISÉS BULNES CARÍAS y KEVIN JOSUÉ FLORES PEREZ, ni gastos ocasionados por el juicio. Cuarto: Se declara la Responsabilidad Civil de los condenados. Quinto: No se ordena devolución de evidencias físicas en virtud de que las mismas no fueron puestas a la orden de este Tribunal. MANDA: Que se notifique esta sentencia a las partes procesales y a los encausados; una vez firme se remitan las presentes diligencias al Juzgado de Ejecución competente para su cumplimiento, además de librar copia certificada de la misma a la Unidad de Antecedentes Penales del Poder Judicial para los efectos pertinentes y a la Penitenciaría Nacional MARCO AURELIO SOTO de Támara, lugar en donde los encausados deberán cumplir la pena de reclusión." (Folios 172-181 vuelto del antecedente). 3) Que la Abogada Somay Jamileth Peralta Dávila, compareció ante este Tribunal, en fecha treinta de octubre de dos mil veinte, presentando recurso de revisión penal a favor de los señores Kevin Josué Flores y Fredy Moisés Bulnes Carías, contra la sentencia relacionada en el numera que antecede, solicitando la aplicación principio de retroactividad de la ley, por ser esta más benigna para su representado, mediante la implementación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017). (Folios 1—6 del recurso de mérito). 4) Que en fecha veintiséis de julio de dos mil veintiuno, esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, disponiendo librar comunicación con las inserciones de estilo a: 1) TRIBUNAL DE SENTENCIA EN MATERIA DE EXTORSIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, y; 2) JUZGADO DE EJECUCIÓN CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN, a efecto de que remita dentro del plazo de tres (3) días hábiles, el expediente contentivo de la causa antes indicada. (Folios 71-72 vuelto del recurso de mérito). 5) Que en fecha veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, esta Sala, tuvo por recibidos los antecedentes de la causa instruida contra los señores Kevin Josué Flores y Fredy Moisés Bulnes Carías, en consecuencia, señálese oportunamente la respectiva audiencia. (Folio 83 del recurso de mérito). 6) En fecha veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, habiéndose recibido los antecedentes en este Tribunal cítese a las partes para audiencia que se celebrará el día jueves cuatro(4) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), a las ocho de la mañana con cincuenta minutos (08: 50 a.m.), a efecto de que la parte afectada con la admisión del recurso, se pueda oponer al mismo y ambas partes presenten las pruebas en que se fundan sus pretensiones, debiendo oírse en la misma audiencia la opinión del Fiscal. (Folio 84 del recurso de mérito). 7) En fecha cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por la Magistrada Lidia Álvarez Sagastume, con la comparecencia de la Abogada Diana Elizabeth Rodriguez Corea, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la Abogada Somay Jamileth Peralta Dávila, en su condición de Apoderado Legal de los señores Kevin Josué Flores Perez y Fredy Moisés Bulnes Carías; se le cedió la palabra a la parte recurrente para que hiciera uso de su derecho a réplica, expresando lo siguiente: Ratifico en cada una de las partes de la solicitud de revisión penal presentada en esta sala el 30 de octubre de 2020…El Ministerio Público consideró: …Artículo 616: “CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY PENAL MÁS FAVORABLE.” Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique... El recurrente solicita en representación de los condenados KEVIN JOSUE FLORES PEREZ Y FREDY MOISÉS BULNES CARÍAS, se aplique retroactivamente la nueva legislación penal vigente por ser esta más benigna. Que se establezca la nueva pena y se emita el computo correspondiente tomando en cuenta que la pena por el delito de EXTORSIÓN es de DIEZ (10) A QUINCE (15) años y multa de quinientos 500 a mil 1000 días, por lo que solicita se le imponga a sus representados la pena mínima, por ser más favorable. De lo expuesto por el revisionista el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales, indicando las sanciones correspondientes a los delitos por el cual se condenó a los hoy imputados: En el Código Penal derogado el delito de EXTORSIÓN, se encontraba regulado en el artículo 222, el cual dispone lo siguiente: "Comete el delito de EXTORSIÓN quien con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de terceros, el culpable de extorsión debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos en su nivel más alto, más las que accesorias que correspondan, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física realizados. En el Nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) con relación al delito de EXTORSIÓN se encuentra regulado en el Artículo 373: EXTORSIÓN. Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de un tercero, debe ser castigado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. En el Nuevo Código Penal Vigente el delito continuado se encuentra regulado en el artículo 68.- DELITO CONTINUADO Y DELITO MASA. Quien en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realiza una pluralidad de acciones u omisiones que ofenden a uno o varios sujetos e infringen el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejantes naturaleza, debe ser castigado como autor de un delito o falta continuados con la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3). El Nuevo Código Penal Vigente dispone en el artículo 53.- PENA DE DÍAS MULTA. ...La pena de multa se impone por el sistema de los días multa, salvo que el presente Código disponga otra cosa. Su extensión es de diez (10) a dos mil (2,000) días y cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (L5, 000). De las normas transcritas, se extrae que en el nuevo Código Penal el delito de Extorsión Continuada contempla una pena de 10 a 15 años, la cual por la aplicación del delito continuado se aumenta en 1/3, por lo que la nueva pena abstracta es de 15 a 20 años de reclusión. Aprecia que también se condenó a KEVIN JOSUÉ FLORES PEREZ Y FREDY MOISES BULNES CARIAS por el delito de EXTORSIÓN CONTINUADA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO "AB-110", A LA PENA DE MULTA DE OCHENTA Y TRES (83) SALARIOS MINIMOS EN SU NIVEL MÁS BAJO EQUIVALENTE LA CANTIDAD SETENCIENTOS CUATRO MIL, CINCO LEMPIRAS CON DIECISIETE CENTAVOS (LPS. 704.005.17). En relación a dicha condena de multa con el nuevo Código Penal esta fue modificada a días multa, por lo que al hacer la conversión corresponde también la aplicación de la multa de quinientos (500) a mil (1000) días multa, debiendo aumentarse en un tercio 1/3 por ser delito continuado, por lo que correspondería imponer de 667 a 1333 días, cuyo valor oscila en no menor de veinte lempiras (L.20) ni mayor de cinco mil lempiras (L.5000.00). Por lo que esta representación fiscal, es del criterio que resulta procedente lo solicitado por el revisionista de aplicarle a su representado, la pena más beneficiosa contemplada Decreto 130-2017, en virtud que la solicitud de revisión de la pena invocada por el recurrente en relación al delito de Extorsión se enmarca en lo que dispone el artículo 96 constitucional у 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque SE OTORGUE la presente acción de revisión у se ordene se realice por parte del Juzgado de Ejecución un nuevo computo de la pena. Se le cedió nuevamente la palabra al revisionista para que presentara la prueba que considerara pertinente, exponiendo lo siguiente: Además de los medios de prueba que ya presenté, traigo otros medios de prueba, otras pruebas que señalan que los jóvenes están siendo personas productivas dentro del centro penal, como ser, diplomas, constancias emitidas por el centro penitenciario donde el joven Kevin Josué es facilitador en alfabetización y tras cosas ahí en el centro penal y en cuanto al señor Fredy Bulnes, él trabaja haciendo estructuras metálicas, traigo fotográficas de él trabajando ahí en el centro penal, además de eso, ha aprovechado el tiempo sacando su séptimo, octavo y noveno grado de estudios, cursos, todos en el centro penal…Se le cedió la palabra al Ministerio Público para que manifestara alguna oposición a la prueba presentada por el recurrente o si tenía algún medio de prueba que presentar, manifestando lo siguiente: No tenemos medios de prueba que presentar. La Magistrada manifiesta: En virtud de no haber medios de prueba por evacuar, en este acto se da por suspendida la presente audiencia para efectos de dictar la sentencia que corresponda oportunamente. (Folios 86-89 del recurso de mérito). CONSIDERANDO UNO (1): Que en fecha treinta de octubre de dos mil veinte, compareció ante esta Sala la Abogada Somay Jamileth Peralta Dávila interponiendo Recurso de Revisión Penal a favor de los señores Kevin Josué Flores Pérez y Fredy Moisés Bulnes Carias, contra la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, de fecha quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018), fundamentando su acción en el artículo 96 de la Constitución de la República, 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, asimismo, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017), enmarcándolo en el artículo 373, al referir que establece una pena aplicable al delito de Extorsión de diez (10) a quince (15) años de prisión y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo adopta la garantía Constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte de un proceso penal, pueda practicar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentra firme; en este sentido manda que la Ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir.- En ese orden el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, establece que las sentencias condenatorias penales pueden ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedido de estos, de cualquier persona, del Ministerio Publico o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme, tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO TRES (3): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado Hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5]. CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen sobre los alegatos del Garantista expresados en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho (8) del artículo 96, 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y 186 de la Constitución de la República, que determinan la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. El garantista señala en los antecedentes “La objeción contra la sentencia firme, dictada por el Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa, y de donde resulta el motivo del recurso extraordinario de revisión lo constituye que al hacer estudio de la sanción correspondiente de delito juzgado, con aplicación de una ley vigente al momento de cometerse los hechos pero novada con posterioridad al juzgamiento respetivo, esta resulta por ahora arbitraria y por supuesto violatoria, a la sanción penal establecida en el tipo penal correspondiente, ya que ahora es menor la sanción por ese ilícito penal, por haber sido reducida la misma en el nuevo código penal vigente…” CONSIDERANDO CINCO (5): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. Que en fecha cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, con la comparecencia de la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la Abogada Somay Jamileth Peralta Dávila, en su condición de Apoderado Legal de los señores Kevin Josué Flores Pérez y Fredy Moisés Bulnes Carias; manifestando esta última que siendo que sus representados fueron condenados mediante sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia Extorsión, de fecha quince de febrero de dos mil dieciocho, por el delito de Extorsión continuada imponiéndole una pena de veinticinco (25) años de reclusión y a pagar una multa de ochenta y tres (83) salarios mínimos, equivalentes a 704,005.17, equivalente a 83.33 salarios mínimos en su nivel más bajo, que debe de cancelar en la Tesorería General de la República o en la Institución de Sistema Financiero Nacional que la Secretaria de Finanzas haya autorizado para tal fin, es candidato por la entrada en vigencia del nuevo Código Penal Decreto 130-2017, al contener una considerable modificación en el delito de extorsión tal y como lo contempla el artículo 373 con una pena de diez (10) a quince (15) años de prisión y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados, de acuerdo al Decreto 130-2017, siendo esta pena más benigna para mis representados en comparación a la condena impuesta de veinticinco (25) años de reclusión y a pagar una multa de ochenta y tres (83) salarios mínimos, equivalentes a 704,005.17, equivalente a 83.33 salarios mínimos en su nivel más bajo, argumentado que la acción establecida en los hechos probados en relación a mi representado no tiene ninguna agravante especifica, por lo cual la nueva Ley favorece a mis representados a quienes deberá imponer la pena mínima del delito de extorsión. APRECIACION JURIDICA: El Ministerio Público señala que después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el Revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revea la Sentencia Definitiva de fecha quince (15) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), dictada por el Tribunal de Sentencia con competencia Nacional en materia de Extorsión, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la Ley penal a favor del condenado, estableciendo que de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes contenidas en el nuevo Código Penal, el cual es sancionado con una pena más benigna, por lo que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más le favorezca a su representado, tal como lo dispone el artículo 96, numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1)..., 2)..., 3)..., 4)..., 5)..., 6)..., 7)..., 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna…”, relacionada con los artículos 615 y 616 del nuevo Código Penal, que señalan: Articulo 615: “RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL MAS FAVORABLE”. Los delitos y faltas cometidas hasta el día de entrada en vigencia el presente cogido se juzgan conforme las leyes penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituye delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictara sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutara. Artículo 616: “CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. Para determinar la Ley Penal más favorable se comparara la pena que hubiera corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos normas, tomado en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que le perjudique. El recurrente solicita en representación de los condenados KEVIN JOSUE FLORES PEREZ Y FREDY MOISES BULNES CARIAS se aplique retroactivamente la nueva legislación penal vigente por ser esta más benigna. Que se establezca la nueva pena y se emita el cómputo correspondiente, tomando en cuenta que la pena por el delito de EXTORSION es de DIEZ (10) A QUINCE (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días, por lo que solicita se le imponga a sus representados la pena mínima por ser más favorables. CONCLUSION DEL MINISTERIO PUBLICO: De lo expuesto, el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales indicando las sanciones correspondientes a los delitos por el cual se condeno a los hoy imputados: En el cogido penal derogado el delito de EXTORSION, se encontraba regulado en el articulo 222, el cual dispone lo siguiente: “Comete el delito de extorsión quien con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de terceros, el culpable de extorsión debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos en su nivel más alto mas las accesorias que correspondan. Sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia físicos realizados”. En el nuevo código penal (Decreto 130-2017) con relación al delito EXTORSION se encuentra en el Artículo 373: EXTORSION. Quien con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de terceros, debe ser castigado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días. Sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia físicos o de intimidación realizada”. En el nuevo código penal el delito continuado se encuentra regulado en el artículo 68. DELITO CONTINUADO Y DELITO MASA. Quien en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realiza una pluralidad de acciones u omisiones que ofende a uno o varios sujetos e infringen el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, debe ser castigado como autor de un delito o falta continuados con la pena señalados para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse a una pena superior en un tercio (1/3). El nuevo código penal dispone en su artículo 53. PENA DE DIAS MULTA… La pena de multa se impone por el sistema de los días multa, salvo que el presente código disponga otra cosa. Su extensión es de diez (10) a dos mil (2000) días y cada día multa tiene un valor no menor de veinte lempiras (L.20) ni mayor de cinco mil (L.5000). De las normas transcriptas, se extrae que en el nuevo código penal el delito de extorsión continuada contempla una pena de 10 a 15 años, la cual por la aplicación del delito continuado se aumenta en un tercio 1/3, por lo que la nueva pena abstracta es de 15 a 20 años de reclusión. Al examinar el fallo emitido por el Ad-Quo se aprecia que también se condeno a Kevin Josué Flores y Fredy Moisés Bulnes Carías, por el delito Extorsión Continuada en perjuicio de Testigo Protegido “AB110”, a la pena de multa de ochenta y tres (83) salarios mínimos en su nivel más bajo, equivalente a la cantidad de setecientos cuatro mil cinco lempiras con diecisiete centavos (L. 704,005.17) en relación a dicha condena de MULTA con el nuevo Código Penal esta fue modificada a días multa, por lo que al hacer la conversión corresponde también la aplicación de la multa de quinientos (500) a mil días multa, debiendo aumentarse en 1/3 por ser delito continuado, por lo que correspondería imponer de 667 a 1333 días, cuyo valor oscila en no menor de veinte (L. 20) lempiras ni mayor de cinco mil lempiras (L. 5000). Siendo del criterio que resulta procedente lo solicitado por el revisionista de aplicarle a su representado, la pena más beneficiosa contemplada en el decreto 130-2017, en virtud que la solicitud de revisión de la pena en relación al delito de extorsión, se enmarca en lo que dispone el artículo 96 Constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad, siendo nuestra OPINIÓN: Que SE OTORGUE la presente acción de revisión y se ordene se realice por parte del Juzgado de Ejecución un nuevo computo de la pena. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el Artículo 615 del Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 “Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor… Si se tratare de un concurso medial y en tanto que esa forma concursal ha sido suprimida en el presente Código, la comparación se efectúa entre la pena global impuesta en la sentencia sometida a revisión y la que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo con la nueva Ley. La misma regla se observa en caso de delito continuado. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO SIETE (7): Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO OCHO (8): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO NUEVE(9): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen acerca de la benignidad de la ley, interpretando lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". [6] Por lo tanto, se puntualizan los hechos concretos y probados, esbozados en la sentencia condenatoria así mismo sus penas y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la que sea más favorable. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[7], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[8]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[9]. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[10] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. CONSIDERANDO DOCE (12): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[11]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO TRECE (13): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la República, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la República de Honduras en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO CATORCE (14): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. La Sala hace su exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal I.- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan a la presente garantía constitucional de revisión penal, esta Sala aprecia que efectivamente los Señores KEVIN JOSUE FLORES PEREZ Y FREDY MOISES BULNES CARIAS, fueron condenados por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, mediante sentencia de fecha quince de febrero de dos mil dieciocho, a una pena principal de VEINTICINCO (25) AÑOS DE RECLUSIÓN y Multa de ochenta y tres (83) salarios mínimos en su nivel más bajo, equivalente a la cantidad de setecientos cuatro mil cinco lempiras con diecisiete centavos (L.704,005.17), equivalente a 83.33 salarios mínimos en su nivel más bajo; así como a las penas accesorias de Inhabilitación absoluta e Interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal. II.- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos de los impetrantes, que en la sentencia condenatoria firme antes señalada, el Órgano Jurisdiccional competente aplico lo dispuesto en el Artículo 13, 32, 37, 39, 63, 64, 105, 192 y 222.1 del Código Penal, estimando que el condenado cometió el delito Extorsión Continuada. CONSIDERANDO QUINCE (15): Sentencia que se recurre a través de la presente Garantía Constitucional de Revisión Penal. La emitida por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, de fecha doce de marzo de dos mil dieciocho, mediante la cual “FALLA: “…Primero: Que debemos condenar y condenamos a los procesados FREDY MOISÉS BULNES CARÍAS y KEVIN JOSUÉ FLORES PEREZ, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como responsables penalmente en su grado de participación de Autores de un delito de Extorsión Continuada en perjuicio de Testigo Protegido AB-110, a cumplir la pena de Veinticinco (25) años de Reclusión, debiéndose computárseles la misma desde el día en que los acusados fueron aprehendidos por esta causa y el tiempo que hayan permanecido en efectiva reclusión.- Pena que deberán cumplir en la Penitenciaría Nacional MARCO AURELIO SOTO del municipio de Támara Departamento de Francisco Morazán y a pagar una MULTA DE OCHENTA Y TRES (83) SALARIOS MINIMOS equivalente a la cantidad de Setecientos Cuatro Mil Cinco Lempiras con Diecisiete Centavos (LPS 704,005.17) equivalente a 83.33 saliros mínimos en su nivel más bajo, los que debe los que deberán cancelar en la Tesorería General de la República o en la Institución del sistema financiero nacional que la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas haya autorizado para tal fin. Segundo: Que debemos condenar y condenamos a los señores FREDY MOISÉS BULNES CARÍAS y KEVIN JOSUÉ FLORES PEREZ como consecuencia de la pena principal de reclusión, a las accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL a trabajar por el tiempo que dure la condena, en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penal. Tercero: No procede condenar en costas procésales a los señores FREDY MOISÉS BULNES CARÍAS y KEVIN JOSUÉ FLORES PEREZ, ni gastos ocasionados por el juicio. Cuarto: Se declara la Responsabilidad Civil de los condenados. Quinto: No se ordena devolución de evidencias físicas en virtud de que las mismas no fueron puestas a la orden de este Tribunal. MANDA: Que se notifique esta sentencia a las partes procesales y a los encausados; una vez firme se remitan las presentes diligencias al Juzgado de Ejecución competente para su cumplimiento, además de librar copia certificada de la misma a la Unidad de Antecedentes Penales del Poder Judicial para los efectos pertinentes y a la Penitenciaría Nacional MARCO AURELIO SOTO de Támara, lugar en donde los encausados deberán cumplir la pena de reclusión.". CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que una de las causales por las cuales se puede invocar la interposición de la garantía constitucional de revisión penal, la constituye la aplicación retroactiva de la ley penal por ser más benigna (artículo 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional), entendiéndose que su alcance y contenido va orientado a que el nuevo precepto legal contemplado para el tipo penal por el cual han sido condenados los recurrentes, sea más favorable, bajo ese argumento se aprecia que la retroactividad no guarda relación por el delito por el cual han sido condenados, sino que solo por su pena. Se señala lo anterior, pues en el presente caso de autos los ahora recurrentes FREDY MOISÉS BULNES CARÍAS y KEVIN JOSUÉ FLORES PEREZ fueron condenados al delito de Extorsión Continuada contenido en el Código Penal creado mediante decreto 144-83 y vigente a partir del 12 marzo de 1985, con la pena de reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos en su nivel más bajo; y con la vigencia del nuevo código penal (publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 10 de mayo de 2019) contempla una pena por el DELITO DE EXTORSION de diez (10) a quince (15) años de prisión y multa de quinientos (500) a mil (1000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados; contemplando en su artículo 53 que el DIA MULTA tendrá un valor no menor de veinte lempiras (L.20) ni mayor de cinco mil (L.5000); y el delito CONTINUADO, lo sanciona con la pena señalada para la infracción más grave que se debe de imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3); razones estás que se marcan dentro de las circunstancias exigidas en el artículo 96.8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y por lo tanto es evidente que la nueva Ley Penal contiene una pena más benigna, que es la condición prevista en la Ley sobre Justicia Constitucional para aplicarla de forma retroactiva; y por consiguiente es procedente otorgar la revisión de la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia con competencia Nacional en materia Extorsión el quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018), para la ejecución de una nueva pena, es decir de doce (12) años, seis (6) meses de prisión, resultante de la infracción más grave de la mitad superior de la pena abstracta que tiene el delito de extorsión (10-15 años de prisión), de conformidad con el artículo 68 párrafo primero del Código Penal y multa de L.666.66 días o su equivalente en lempiras de 13,333.20, al aplicarle la pena menor de día multa (L.20); con abono del tiempo que haya cumplido hasta ajustar la totalidad de la pena en mención, y a la pena accesoria de inhabilitación absoluta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia el pronunciamiento del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los Artículos1.1, 9, 11.2 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 96 numeral 8; 1, 53, 68 y 373 del Código Penal; 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: PRIMERO: Declarar CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la Abogados Somay Jamileth Peralta Dávila a favor de Fredy Moisés Bulnes Carías Y Kevin Josué Flores Pérez; SEGUNDO: Se DECRETA LA NULIDAD PARCIAL de la sentencia definitiva dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión de fecha quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018). TERCERO: Se MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta a los señores Fredy Moisés Bulnes Carías y Kevin Josué Flores Pérez, por el delito de EXTORSION CONTINUADA, en perjuicio del Testigo Protegido “AB-110, la cual deberá de leerse de la siguiente manera: FALLA: CONDENAR a los señores Fredy Moisés Bulnes Carías Y Kevin Josué Flores Pérez, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de EXTORSION CONTINUADA, en perjuicio del Testigo Protegido “AB-110, a una pena de doce (12) años, seis (6) meses de prisión, resultante de la infracción más grave de la mitad superior de la pena abstracta que tiene el delito de extorsión (10-15 años de prisión) y multa de L.666.66 días o su equivalente en lempiras de 13,333.20, al aplicarle la pena menor de día multa (L.20); más la accesoria de Inhabilitación Absoluta, por el tiempo que dure la pena principal, ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenido.- Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia, se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente, para que proceda al cumplimiento del presente fallo; Redacto el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA.- NOTIFIQUESE.-FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de mayo de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha veinte de abril de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-995-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.
[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.
[3] Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que éste sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
[4] Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
[5] Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.
[6] ZAFFARONI, E., Estructura Básica del Derecho Penal. Editorial Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2009. Pág. 41.
[7] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[8] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[9] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.
[10] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.
[11] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.