Sentencia RP-986-20 — Registro 15048
Resumen
Se interpuso recurso de Revisión Penal contra la sentencia condenatoria con relación al delito de tráfico ilícito de drogas en perjuicio de la salud de la población del estado de Honduras.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
... "II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 18 relacionado con el 32 de la Ley Especial contra el Tráfico de Drogas, estimando que la acción ejecutada por los imputados se subsume en el tipo penal de TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS.Y en cuanto al sometiendo del encausado a la medida desjudicializadora denominada procedimiento abreviado se aplicó el artículo 403 del Código Procesal Penal. III- Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto procede la aplicación retroactiva de una norma favorable en relación a una derogada y plasmada en la sentencia convirtiéndose en cosa juzgada; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO QUINCE (15): I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, conforme a la ley especial SOBRE USO INDEBIDO Y TRAFICO ILICITO DE DROGAS Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS DECRETO NÚMERO 126-89, derogada, la pena a imponer por el delito de TRAFICO DE DROGAS era reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de un millón a cinco millones de lempiras, mientras que la pena regulada en el artículo 311 del vigente Código Penal, se regulan dos supuesto de tráfico y la pena oscila entre CUATRO (4) A SIETE (7) AÑOS, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; y de SIETE (7) A DIEZ (10) AÑOS en los demás casos, siendo éstas las enumeradas en las listas de Estupefacientes o Preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación; y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o Lista verde del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. en ambos supuestos se debe imponer una MULTA DE CIEN (100) A QUINIENTOS (500) DIAS. Bajo este examen después de revisar el quantum de ambas penas, es palmario que las penas del nuevo Código benefician al encausado. II. En el caso de JORGE ALBERTO ESCOBAR AMADOR en los hechos probados de la sentencia supra mencionada (folio 9 del expediente de Revisión), se establece que el imputado se dedicaba al tráfico de drogas como ser hierba seca (marihuana) y cocaína. Siendo ese el hecho concreto por el cual fue condenado y que debe tomarse como punto de comparación con las leyes penales. III. De análisis del hecho concreto con ambas legislaciones (decreto 130-2017 y Ley especial) tenemos como resultado dos penas diferentes. IV. A partir de lo expuesto, se determina la existencia de un concurso ideal conforme al artículo 67 del nuevo Código Penal, el cual establece su existencia cuando con una (1) sola acción u omisión se infringe diversas disposiciones legales que no se excluyen entre sí. La apreciación de concurso ideal supone la imposición de la pena correspondiente al delito o falta que tenga señalada la pena más grave aumentada en un tercio (1/3), sin que pueda exceder de la suma de las penas concretas impuestas si se hubiesen penado separadamente los delitos. En el presente caso, tenemos un mismo precepto (artículo 311 del nuevo Código Penal) que regula dos supuestos de hecho distintos, el tráfico de drogas por posesión para la facilitación de su consumo de drogas que no causan grave daño a la salud, con una pena abstracta de 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días; y, el tráfico de drogas por posesión para la facilitación de su consumo de drogas que sí causan grave daño a la salud, con una pena abstracta de 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días. Por lo que corresponde la imposición de la pena correspondiente a este último delito por contener la pena más grave. V. Haciendo el aumento de un tercio (1/3) a la pena más grave, la nueva pena sería equivalente a trece (13) años cuatro (4) meses de prisión, y seiscientos sesenta y seis (666) días multa, con un valor mínimo por día de veinte lempiras (L 20.00) y máximo de cinco mil lempiras (L 5,000.00) (Artículo 53 del nuevo Código Penal), lo que fija un margen abstracto de multa que oscila entre trece mil trescientos treinta y tres lempiras con veinte centavos (L 13, 333.20) a tres millones trescientos treinta y tres mil trescientos lempiras (L 3, 333,300.00). Junto a esta determinación en la causa que está siendo objeto de Revisión hay que realizar la rebaja de un cuarto (1/4) por haberse sometido el encausado al procedimiento abreviado, lo que da como resultado una pena concreta de 10 años de prisión y una pena multa de 500 días, que tomando en cuenta la cantidad de veinte lempiras (L. 20.00) por día arroja como resultado el valor de diez mil lempiras (L. 10,000.00). VI. A partir de lo anterior, se puede concluir que es procedente la aplicación retroactiva del nuevo Código Penal 130-2017, pues la pena tanto privativa de la libertad, como la de multa, le son más favorables en comparación con las contempladas en la ley especial vigente al momento de la realización del delito, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. En consecuencia, es procedente reformar la sentencia revisada y ordenar la realización del nuevo computo de la pena tal como lo indica el artículo 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 101 (Rango Constitucional)
- Código Penal No. 130-17, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de enero del dos mil veintidós. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado Mario Rolando Aguilera Ulloa, a favor del señor Abi Amos Castillo Aguilar, contra la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, de fecha cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, con relación a la causa instruida contra el señor Abi Amos Castillo Aguilar por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiuno de junio de dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, la Abogada Keydi Sarahí Mejía Velásquez, actuando en su condición actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra de los señores Abi Amos Castillo Aguilar y Douglas Leonel Ordoñez López, a quienes se les supone responsables del delito de Tráfico Ilícito de Drogas en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras. (Folios 1-4 del antecedente) 2) Que en fecha cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, dictó sentencia mediante la cual falló: "…PRIMERO: DECLARA CULPABLE AL PROCESADO ABI AMOS CASTILLO AGUILAR del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. SEGUNDO: Se CONDENA al imputado ABI AMOS CASTILLO AGUILAR como responsable del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS A LA PENA DE ONCE (11) AÑOS CON TRES (03) MESES DE RECLUSIÓN COMO PENA PRINCIPAL. TERCERO: SE LE CONDENA a una MULTA de SETECIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (Lps. 750,000.00). – CUARTO: ASIMISMO SE LE CONDENA A LAS PENAS ACCESORIAS DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena. QUINTO: Asimismo se DECRETE EL COMISO DE LOS OBJETOS, DINERO Y DESTRUCCIÓN DE LA DROGA INCAUTADA, consistente en: consistentes en un teléfono celular, marca Blu, color negro con franjas rojas, cuatro billetes de quinientos lempiras, diez billetes de cien lempiras, una mochila color negro. Se ordene la destrucción de la droga decomisada según acta de decomiso y sobrante de los análisis toxicológicos y que consistente en veinte envoltorios plásticos, transparentes conteniendo hierba seca marihuana y dos envoltorios de plástico en su transparente conteniendo interior polvo blanco supuesta cocaína que se describe en el dictamen toxicológico, que se encuentra en el almacén de evidencias del Ministerio Publico. SEXTO: Asimismo se pone en conocimiento que el imputado ABI AMOS CASTILLO AGUILAR en Audiencia Inicial de veintiséis de junio del año dos mil dieciocho, se le decreto AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO Y LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA por el término de DOS (02) AÑOS la cual está cumpliendo en el Centro Penal de esta ciudad de Choluteca. SEPTIMO: declarar la RESPONSABILIDAD CIVIL del imputado ABI AMOS CASTILLO AGUILAR la que será ejecutada a través del Juzgado de Ejecución. Y MANDA: Que si dentro del término de ley no se interpone recurso alguno contra presente fallo, una vez firme el mismo se proceda su ejecución conforme a derecho NOTIFÍQUESE…" (Folios 105-107 del antecedente) 3) Que el Abogado Mario Rolando Aguilera Ulloa, comparecieron ante este Tribunal, en fecha veintinueve de octubre de dos mil veinte, presentando recurso de revisión penal a favor del señor Abi Amos Castillo Aguilar, contra la sentencia relacionada en el numera que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017). (Folios 1—7 del recurso de mérito) 4) Que en fecha veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, disponiendo librar comunicación con las inserciones de estilo a: 1) JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, y; 2) JUZGADO DE EJECUCIÓN DE CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, a efecto de que remita dentro del plazo de dos (2) días hábiles, el expediente contentivo de la causa antes indicada. (Folio 15 del recurso de mérito) 5) Que en fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, esta Sala, tuvo por recibidos los antecedentes de la causa instruida contra el señor Abi Ramos Castillo Aguilar, en consecuencia, señálese oportunamente la respectiva audiencia. (Folio 25 del recurso de mérito) 6) En fecha veinte de septiembre de dos mil veintiuno, habiéndose recibido los antecedentes en este Tribunal y en virtud de haber sido imposible el señalamiento de la audiencia dentro del plazo contemplado por el artículo 106 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por causas no previstas atinentes a la agenda del pleno de esta Sala de lo Constitucional, en consecuencia, se dispone en aplicación de lo establecido en el artículo 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, citar a las partes para audiencia que se celebrará el día jueves treinta(30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), a las diez de la mañana (10: 30 a.m.), a efecto de que la parte afectada con la admisión del recurso, se pueda oponer al mismo y ambas partes presenten las pruebas en que se fundan sus pretensiones, debiendo oírse en la misma audiencia la opinión del Fiscal. (Folio 26 del recurso de mérito) 7) En fecha treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por la Magistrada Lidia Álvarez Sagastume, con la comparecencia de la Abogada Sandra Lorena Zuniga García, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado Mario Rolando Aguilera Ulloa, en su condición de Apoderado Legal del señor Abi Amos Casillo Aguilar; se le cedió la palabra a la parte recurrente para que hiciera uso de su derecho a réplica, expresando lo siguiente: Ratifico en todas y cada una de sus partes, la solicitud de revisión de medidas, considerando que si bien es cierto, mi defendido fue juzgado bajo una norma penal anterior, estamos solicitando la retroactividad de la ley, en vista de ser más favorable al reo. El Ministerio Público consideró: De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales indicando las sanciones correspondientes al delito de TRÁFICO DE DROGA por el cual se condenó al hoy imputado ABIS AMOS CASTILLO AGUILAR. El artículo 18 derogado de la Ley Sobre Uso Indebido Y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas contiene el TRÁFICO DE DROGA, que sancionaba al culpable de este delito con las penas de reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de UN MILLÓN (1,000,000) a CINCO MILLONES (5,000,000) de lempiras, más las accesorias que correspondan. En el Nuevo Código Penal Vigente, el delito de TRÁFICO DE DROGA, se encuentra regulado en el artículo en 311 que sanciona al culpable de este delito, con la pena de prisión de cuatro (4) a siete (7) años si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud y de siete (7) a diez (10) años en los demás casos...y multa de cien (100) a quinientos (500) días. Por su parte, el artículo 53, dispone. - PENA DE DÍAS MULTA. La pena de días multa obliga la persona condenada a pagar una cantidad de dinero al Estado de Honduras, través de la Tesorería General de la República o de la institución que la Ley designe. La pena de multa se impone por el sistema de los días multa, salvo que el presente Código disponga otra cosa. Su extensión es de diez (10) a dos mil (2,000) días y cada día multa tiene un valor no menor de veinte Lempiras (L.20) ni mayor de cinco Mil Lempiras (L5, 000). En tal sentido, en el proceso se acreditó que al señor Abi Amos Castillo Aguilar le decomisaron los dos tipos de drogas que señala el artículo 311 relacionado con el párrafo segundo del artículo 321, por lo que de conformidad con las disposiciones del Código Penal vigente, se impone un marco punitivo diferente en ambos tipos de droga, atendiendo la gravedad del daño que causa a la salud, como bien jurídico protegido; es por ello que esta representación fiscal estima que la pena aplicable al sentenciado será por delito de Tráfico Ilícito de Drogas en concurso ideal aumentándose en un 1/3 conforme el artículo 67, dado que la norma sustantiva sanciona esta figura penal atendiendo la gravedad del daño que cause a la salud la droga decomisada, de tal manera, la pena abstracta de diez (10) años trece (13) años cuatro meses, la que deberá rebajarse en un 1/4 por la aplicación de Procedimiento Abreviado, quedando la pena a imponer de siete años, seis meses a 10 años, más la multa de trescientos setenta y cinco (375) a quinientos (500) días (al realizar el aumento por el concurso ideal y la rebaja del procedimiento abreviado, a un valor no menor de veinte (L.20.00) lempiras por día, ni mayor de cinco mil lempiras (L.5000.00), conforme lo dispuesto en el artículo 53 del referido Código. Al examinar lo peticionado por el revisionista, cabe afirmar que nuestro ordenamiento jurídico reconoce como principio general que la ley no tiene efectos retroactivos, conforme lo proclama el artículo 96, tercer párrafo, de la Constitución de la República; "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado." De ahí ante las premisas expuestas, estima esta Representación fiscal que en el caso sub -examine las disposiciones contempladas en el Nuevo Código Penal, efectivamente establece una pena más favorable al hoy condenado, por lo que se estima que lo peticionado por el revisionista se encuentra conforme a Ley, tal como lo que dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal por ser esta más benigna al condenado. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados. Se le cedió nuevamente la palabra al revisionista para que presentara la prueba que considerara pertinente, exponiendo lo siguiente: Su señoría a folio 104 se encuentra lo que es el procedimiento abreviado y a folio 105 la sentencia del expediente de mérito que obra en esta Corte, asimismo, la constancia de conducta de mi defendido que fue presentada junto con la solicitud. Se le cedió la palabra al Ministerio Público para que manifestara alguna oposición a la prueba presentada por el recurrente o si tenía algún medio de prueba que presentar, manifestando lo siguiente: Presenta como medio de prueba la sentencia emitida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, de fecha 4 de septiembre del año 2019, a efecto de que se constate el hecho probado, el decomiso que se le hizo y la detención y producto de ello, fue condenado por el delito de Tráfico donde se le decomisó marihuana y cocaína. La Magistrada manifiesta: En virtud de no haber medios de prueba por evacuar, en este acto se da por suspendida la presente audiencia para efectos de dictar la sentencia que corresponda oportunamente. (Folios 28-31 del recurso de mérito) CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5]. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. El garantista señala en los antecedentes “Mediante este recurso solicito conforme a este motivo de Revisión se aplique la retroactividad de ley el cual enmarco a los establecidos en el artículo 96 Constitucional que literalmente dice “La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente procesado”, y como supletoria considero que se establezca lo que se describe en el artículo 9 del Código Penal según decreto 144-83 que dice “las leyes penales tienen efecto retroactivo en cuanto favorece al procesado, aunque al entrar en vigencia aquellas hubieren recaído en sentencia firme y el reo estuviere cumpliendo la sentencia”. CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró el día treinta de septiembre del año dos mil veintiuno, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado MARIO ROLANDO AGUILERA ULLOA, quien actúa en representación del señor ABI AMOS CASTILLO AGUILAR y la abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCÍA, en su condición de agente fiscal del Ministerio Público, en representación de los intereses de la sociedad hondureña. Cedida la palabra al abogado MARIO ROLANDO AGUILERA ULLOA, expuso: “ratificó en todas y cada una de sus partes la solicitud de revisión de medidas considerando que si bien es cierto mi defendido fue Juzgado bajo una norma penal anterior, estamos solicitando la retroactividad de la ley que se le aplique en vista de que se le favorece al reo, él fue sometido a un procedimiento abreviado en la cual fue condenado a 11 años 3 meses y setecientos mil lempiras de multa, con la nueva ley vigente, él tendría una pena de 9 meses tres años, y ya lleva 3 años en el centro penal por tal razón solicitamos a esta honorable corte revise el Recurso así como el expediente a el fin de aplicar justicia. La representante del Ministerio Público SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA quien hizo uso de la palabra, expresó: “El Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, en fecha cuatro (4) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), emitió sentencia bajo Procedimiento Abreviado en la causa contra el señor ABI AMOS CASTILLO condenándolo por el delito de TRÁFICO DE DROGA en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS a una pena de Once (11) años, tres (3) meses de reclusión y una multa de Setecientos Cincuenta Mil Lempiras (Lps. 750,000) más las penas accesorias correspondientes. 2.- El revisionista establece que la nueva Norma Penal vigente contenida en el artículo 311 le favorece a su representado, al contemplar una pena menor a la que fue condenado. II. ANÁLISIS JURÍDICO: Esta representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el Revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revise la Sentencia Definitiva, dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal a favor de su representado, estableciendo que de conformidad a las nuevas disposiciones contenidas en el Nuevo Código Penal Vigente, el delito por el cual fue condenado su representado es sancionado con una pena más benigna, por lo que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más le favorezca a su representado, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: “Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1)…, 2)…, 3)…, 4)…,5)…, 6) … 7)…, 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna…”, relacionado con los artículos 615 y 616 del Nuevo Código Penal.” CONSIDRANDO CINCO (5): Como conclusión: El Ministerio Público se pronunció a favor de que se OTORGE la presente acción de Revisión en los siguientes términos: El artículo 18 derogado de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas contiene el TRAFICO DE DROGA, que sancionaba al culpable de este delito con las penas de reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de UN MILLÓN (1,000,000) a CINCO MILLONES (5,000,000) de lempiras, más las accesorias que correspondan. En el Nuevo Código Penal Vigente, el delito de TRÁFICO DE DROGA se encuentra regulado en el artículo 311 que sanciona al culpable de este delito, con la pena de prisión de cuatro (4) a siete (7) años si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud y de siete (7) a diez (10) años en los demás casos…y multa de cien (100) a quinientos (500) días. Por su parte, el artículo 53, dispone. - PENA DE DÍAS MULTA. La pena de días multa obliga a la persona condenada a pagar una cantidad de dinero al Estado de Honduras, a través de la Tesorería General de la República o de la institución que la Ley designe. La pena de multa se impone por el sistema de los días multa, salvo que el presente Código disponga otra cosa. Su extensión es de diez (10) a dos mil (2,000) días y cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (L5, 000). En tal sentido, en el proceso se acreditó que al señor Abi Amos Castillo Aguilar se le decomisaron los dos tipos de drogas que señala el artículo 311 relacionado con el párrafo segundo del artículo 321, por lo que de conformidad con las disposiciones del Código Penal vigente, se impone un marco punitivo diferente en ambos tipos de droga, atendiendo la gravedad del daño que causa a la salud, como bien jurídico protegido; es por ello que esta representación fiscal estima que la pena aplicable al sentenciado será por delito de Tráfico Ilícito de Drogas en curso ideal aumentándose en un 1/3 conforme el artículo 67, dado que la norma sustantiva sanciona esta figura penal atendiendo la gravedad del daño que cause a la salud la droga decomisada, de tal manera, la pena abstracta de diez (10) años a trece (13) años cuatro (4) meses, la que deberá rebajarse en un 1/4 por la aplicación de Procedimiento Abreviado, quedando la pena a imponer de siete años, seis meses a 10 años, más la multa de trescientos setenta y cinco (375) a quinientos (500) días (al realizar el aumento por el concurso ideal y la rebaja del procedimiento abreviado, a un valor no menor de veinte (L.20.00) lempiras por día, ni mayor de cinco mil lempiras (L.5000.00), conforme lo dispuesto en el artículo 53 del referido Código. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el Artículo 615 del Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 “Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. “En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. Así mismo el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO SIETE (7): Que, el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. CONSIDERANDO OCHO(8): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo una ley es más beneficiosa para el encausado, "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". [6] Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[7], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[8]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[9]. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[10] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que des incriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO ONCE (11): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[11]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO DOCE (12): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado”[12] Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas. CONSIDERANDO TRECE (13): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO CATORCE (14): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. -I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor ABI AMOS CASTILLO fue condenado por el JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE CHOLUTECA mediante la sentencia definitiva y firme de fecha cuatro de septiembre del año dos mil diecinueve a la pena de, ONCE (11) AÑOS TRES (3) MESES DE RECLUSION por el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS; y a la multa de SETCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (L.750,000.00) más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 18 relacionado con el 32 de la Ley Especial contra el Tráfico de Drogas, estimando que la acción ejecutada por los imputados se subsume en el tipo penal de TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS.Y en cuanto al sometiendo del encausado a la medida desjudicializadora denominada procedimiento abreviado se aplicó el artículo 403 del Código Procesal Penal. III- Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto procede la aplicación retroactiva de una norma favorable en relación a una derogada y plasmada en la sentencia convirtiéndose en cosa juzgada; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO QUINCE (15): I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, conforme a la ley especial SOBRE USO INDEBIDO Y TRAFICO ILICITO DE DROGAS Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS DECRETO NÚMERO 126-89, derogada, la pena a imponer por el delito de TRAFICO DE DROGAS era reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de un millón a cinco millones de lempiras, mientras que la pena regulada en el artículo 311 del vigente Código Penal, se regulan dos supuesto de tráfico y la pena oscila entre CUATRO (4) A SIETE (7) AÑOS, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; y de SIETE (7) A DIEZ (10) AÑOS en los demás casos, siendo éstas las enumeradas en las listas de Estupefacientes o Preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación;[13] y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o Lista verde del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. [14] en ambos supuestos se debe imponer una MULTA DE CIEN (100) A QUINIENTOS (500) DIAS. Bajo este examen después de revisar el quantum de ambas penas, es palmario que las penas del nuevo Código benefician al encausado. II. En el caso de JORGE ALBERTO ESCOBAR AMADOR en los hechos probados de la sentencia supra mencionada (folio 9 del expediente de Revisión), se establece que el imputado se dedicaba al tráfico de drogas como ser hierba seca (marihuana) y cocaína. Siendo ese el hecho concreto por el cual fue condenado y que debe tomarse como punto de comparación con las leyes penales. III. De análisis del hecho concreto con ambas legislaciones (decreto 130-2017 y Ley especial) tenemos como resultado dos penas diferentes. IV. A partir de lo expuesto, se determina la existencia de un concurso ideal conforme al artículo 67 del nuevo Código Penal, el cual establece su existencia cuando con una (1) sola acción u omisión se infringe diversas disposiciones legales que no se excluyen entre sí. La apreciación de concurso ideal supone la imposición de la pena correspondiente al delito o falta que tenga señalada la pena más grave aumentada en un tercio (1/3), sin que pueda exceder de la suma de las penas concretas impuestas si se hubiesen penado separadamente los delitos. En el presente caso, tenemos un mismo precepto (artículo 311 del nuevo Código Penal) que regula dos supuestos de hecho distintos, el tráfico de drogas por posesión para la facilitación de su consumo de drogas que no causan grave daño a la salud, con una pena abstracta de 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días; y, el tráfico de drogas por posesión para la facilitación de su consumo de drogas que sí causan grave daño a la salud, con una pena abstracta de 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días. Por lo que corresponde la imposición de la pena correspondiente a este último delito por contener la pena más grave. V. Haciendo el aumento de un tercio (1/3) a la pena más grave, la nueva pena seria equivalente a trece (13) años cuatro (4) meses de prisión, y seiscientos sesenta y seis (666) días multa, con un valor mínimo por día de veinte lempiras (L 20.00) y máximo de cinco mil lempiras (L 5,000.00) (Artículo 53 del nuevo Código Penal), lo que fija un margen abstracto de multa que oscila entre trece mil trescientos treinta y tres lempiras con veinte centavos (L 13, 333.20) a tres millones trescientos treinta y tres mil trescientos lempiras (L 3, 333,300.00). Junto a esta determinación en la causa que esta siendo objeto de Revisión hay que realizar la rebaja de un cuarto (1/4) por haberse sometido el encausado al procedimiento abreviado, lo que da como resultado una pena concreta de 10 años de prisión y una pena multa de 500 días, que tomando en cuenta la cantidad de veinte lempiras (L. 20.00) por día arroja como resultado el valor de diez mil lempiras (L. 10,000.00). VI. A partir de lo anterior, se puede concluir que es procedente la aplicación retroactiva del nuevo Código Penal 130-2017, pues la pena tanto privativa de la libertad, como la de multa, le son más favorables en comparación con las contempladas en la ley especial vigente al momento de la realización del delito, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. En consecuencia, es procedente reformar la sentencia revisada y ordenar la realización del nuevo computo de la pena tal como lo indica el articulo 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado MARIO ROLANDO AGUILERA ULLOA, a favor del señor ABI AMOS CASTILLO AGUILAR; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCION JUDICIAL DE CHOLUTECA, en fecha cuatro de septiembre del año dos mil diecinueve; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor ABI AMOS CASTILLO AGUILAR, por el delito TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DEL ESTADO DE HONDURAS, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al Señor ABI AMOS CASTILLO AGUILAR de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de TRAFICO DE DROGAS a la pena de DIEZ (10) AÑOS de prisión, más una pena MULTA de 500 DÍAS a razón de VEINTE LEMPIRAS(L. 20.00) por día para un monto de DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.10.000.00). Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo y proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFÍQUESE. -FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de marzo de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha diecinueve de enero de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-986-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.
[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.
[3]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[4]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[5]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[6] ZAFFARONI, E., Estructura Básica del Derecho Penal. Editorial Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2009. Pág. 41.
[7] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[8] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[9] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.
[10] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.
[11] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.
[12] Cury, Enrique; (N° 5); Capítulo II, La Ley Penal y su Vigencia; pág. 228.
[13] https://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/Yellow_List/58th_Edition/Yellow_List_-SPA.pdf
[14] https://www.incb.org/documents/Psychotropics/forms/greenlist/Green_list_SPA_08676.pdf