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Sentencia RP-982-20 — Registro 15324

Resumen

Acto recurrido contra la sentencia condenatoria dictada por el a-quo, con relación a la causa que se le instruyo por el delito de Robo y Robo en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio del impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." ..." En el examen del expediente esta Sala logra constatar que en fecha veintidós de marzo del año dos mil diez el Juzgado de Ejecución de la sección judicial de La Ceiba emitió un auto donde: Declara extinguida la responsabilidad penal del señor JOSÉ LUIS MARTINEZ SOLORZANO, por el delito de ROBO en perjuicio de ANA GABRIELA ROMERO ALVAREZ, ELSY VANESSA NUÑEZ MALARA, JORGE OCTAVIO CALIZ SANDOVAL, y, por el delito de ROBO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA en perjuicio de HENRY ISMAEL LAZO GARCÍA. II- En el expediente del Juzgado, se constató que el veintidós de marzo del año dos mil diez el Juzgado de Ejecución de la sección judicial de La Ceiba emitió Carta de Libertad Definitiva por haber cumplido la pena impuesta, a favor del ciudadano JOSE LUIS MARTINEZ SOLORZANO. IV- Por tanto esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión, puesto que la retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En el caso sujeto a revisión, la pena ya se ha cumplido, además las conductas no han sido descriminalizadas, es decir: siguen siendo reprochable en la nueva norma penal. En suma, no es procedente la aplicación retroactiva en favor del ciudadano JOSE LUIS MARTINEZ SOLORZANO, de una nueva norma penal vigente..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “Corte Suprema De Justicia.-Sala De Lo Constitucional. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de agosto del año dos mil veintidos. VISTO: Para dictar sentencia del recurso de revisión penal interpuesto por la Abogada ONDINA LETICIA MIRANDA REYES a favor del Señor (SIC) “JOSE LUIS MARTINEZ SOLORZANO”, contra la sentencia condenatoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE TELA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha veintiuno (21) de diciembre de dos mil seis (2006), con relación a la causa instruida contra el señor JOSE LUIS MARTINEZ SOLORZANO por el delito de ROBO y ROBO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA en perjuicio de ANA GABRIELA ROMERO ALVAREZ, ESLY VANESSA NUÑEZ MELARA, JORGE OCTAVIO y HENRY ISMAEL LAZO. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintidós (22) de agosto de dos mil seis (2006), compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tela, Departamento de Atlántida, la Abogada MARIA DE LOS ANGELES BARAHONA, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el Señor JOSE SOLORZANO MARTINEZ, por suponerlo responsable del delito de ROBO CONTINUADO AGRAVADO en perjuicio de ANA GABRIELA ROMERO ALVAREZ, ESLY VANESSA NUÑEZ MELARA, JORGE OCTAVIO CALIX SANDOVAL y ABNER OVED LOPEZ VILLALTA. (Folios 01-27 de la pieza del A-Quo) 2) Que continuado que fue el proceso, en fecha veintiuno (21) de diciembre de dos mil seis (2006), el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tela, Departamento de Atlántida dictó Sentencia Definitiva mediante la cual Resolvió: (SIC): “1.- CONDENAR: Al señor JOSE LUIS MARTINEZ SOLORZANO, de generales conocidas, como responsable penalmente en concepto de auto del delito de ROBO en perjuicio de los jóvenes ANA GABRIELA ROMERO ALVAREZ, ESLY VANESSA NUÑEZ MALARA, JORGE OCTAVIO CALIZ SANDOVAL.- a la pena de TRES AÑOS SEIS MESES DE RECLUSION y por el delito de ROBO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, en perjuicio de HENRY ISMAEL LAZO GARCIA, la pena de DOS AÑOS SEIS MESES DE RECLUSION.- de generales también conocidas.- las que sumadas hacen un total de SEIS AÑOS DE RECLUSION.- 2) CONDENAR también las Accesorias de Inhabilitación especial e Interdicción Civil.- 3.- SIN COSTAS.” (Folios 58-59 de la pieza del A-Quo) 3) Que la Abogada ONDINA LETICIA MIRANDA REYES compareció ante este Tribunal en fecha veintinueve (29) de octubre de dos mil veinte (2020), presentando recurso de revisión penal a favor del Señor (SIC) “JOSE LUIS MARTINEZ SOLORZANO”, contra la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tela, Departamento de Atlántida, en fecha (SIC) “veintiuno (21) de noviembre de dos mil seis (2006)”, fundamentando su acción en el artículo 96 numeral 6 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folios 01-03 del recurso de mérito) 4) Que en fecha veintiséis (26) de julio de dos mil veintiuno (2021), esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenándose en consecuencia la celebración de la Audiencia respectiva. (Folio 12 del recurso de mérito) 5) Que en fecha ocho (08) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la Abogada ONDINA LETICIA MIRANDA REYES en su condición de Apoderada Legal del Señor JOSE LUIS MARTINEZ SOLORZANO, en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso. Manifestando la recurrente: “el señor JOSE LUIS MARTINEZ SOLORZANO fue condenado por la comisión del delito de robo y robo en su grado de ejecución de tentativa el veintiuno de junio del dos mil doce (21/06/2012) perdón el veintiuno de agosto de dos mil seis (21/08/206), a una pena de tres años y medio por el delito de robo y de dos años y medio por el delito de robo en su gravo de ejecución de tentativa, sentencia que fue mediante un procedimiento abreviado por ende lleva la rebaja de un cuarto de la pena, penas que actualmente con el decreto 133-2017 han sido modificadas y van de cuatro a ocho años de prisión según del artículo 361 de la norma procesal precitada, su señoría perdón honorables en el artículo 622 del código penal vigente se menciona la posibilidad de la acción de revisión para efectos de reincidencia, cuando la pena por la cual fue condenado anteriormente la persona sea menor, en este caso tal como se establece en la misma acción de revisión el señor JOSE LUIS MARTINEZ SOLORZANO fue condenado el veintiuno de junio del dos mil doce por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego comercial es por esto que se solicita esta acción de revisión para que la retroactividad de la ley penal más favorable como lo establece el artículo 615 y 616 del mismo cuerpo legal, pues sea aplicada a él en virtud de lo que establece ya para el tipo penal el artículo 361 y que en virtud de lo establecido ya pues las penas para ambos delitos por los que él ya fue condenado quedan en tres años para el delito de robo de y dos años el delito de robo agravado en su grado de ejecución de tentativa esto pues porque el agravio que le causa actualmente a él, el mantener esa pena por estos delitos es el no poder acceder a un beneficio en relación a la sentencia que existe actualmente en el requerimiento fiscal 1973-2011 por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso comercial, sentencia de fecha veintiuno de junio del año dos mil doce que es la que es posterior por lo tanto pues y en virtud de lo que establece el artículo 622 sobre la revisión en casos en que sea necesario por situaciones de reincidencia es que ha sido presentada esta acción de revisión fundamento está en el artículo 96 numeral 8de la ley sobre Justicia Constitucional, 361, 615, 616, y 622 del cogido penal vigente solicito pues que se proceda a declarar con lugar los solicitado”. La representante del Ministerio Público, expres: “Que del examen de los antecedentes, se aprecia que el Juzgado Designado, declaró culpable al señor JOSE LUIS MARTINEZ SOLORZANO, por los delitos de ROBO, a la pena concreta de tres (3) años con seis (6) meses de reclusión, y por el delito de ROBO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA, a la pena concreta de dos (2) años con seis (6) meses de reclusión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 con relación al artículo 15 del Código Penal. Posteriormente, en fecha veintiuno (21) de Mayo del año 2009, el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida celebró la Audiencia de Libertad Condicional y Conmuta de Pena por dinero en efectivo, mediante la cual declaró con lugar el beneficio de Libertad a favor del señor JOSE LUIS MARTINEZ SOLORZANO, por el delito de ROBO, en perjuicio de ANA GABRIELA ROMERO ALVAREZ, ELSY VANESSA NUÑEZ MELARA, JORGE OCTAVIO CALIZ SANDOVAL imponiéndole medidas de Seguridad por el tiempo que le faltaba por cumplir la pena completa, las cuales cesarán el 21 de febrero de 2010. Asimismo, declaró Con lugar la solicitud de pago de Conmuta de Pena por el delito de ROBO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA, fijando como cuantía a pagar la cantidad de L.9,100.00, y ordenó que, una vez acreditado el pago a la Tesorería General de la República, a favor del Estado de Honduras, se extienda la respectiva Carta de Libertad Definitiva. Consecuencia de lo anterior, el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida, mediante resolución de fecha veintidós (22) de marzo del año 2010, declaró extinguida la responsabilidad Penal del señor JOSE LUIS MARTINEZ SOLORZANO, por ambos ilícitos, y consecuentemente extendió la respectiva Carta de Libertad Definitiva a su favor por el cumplimiento de la pena en la referida causa penal, lo que trae como consecuencia la extinción de la responsabilidad penal. Por otra parte, conforme los argumentos expuestos por la revisionista respecto a la aplicación del artículo 622 del Código Penal vigente, relacionada a la solicitud de conmuta que le fue denegada en virtud de la condena antes señalada , respecto a lo cual debemos resaltar que la excepción contemplada en dicha norma es con el fin de revisar las penas ya ejecutadas para él sólo efecto de reincidencia, siempre y cuando el hecho que fue objeto de la condena ha dejado de ser delito, como si le hubiera correspondido menor pena quedando convertido en faltas, circunstancias que no acontece en el caso de autos, por lo que no resulta procedente revisar las penas ya ejecutadas completamente en el presente caso, por haberse extinguido la responsabilidad penal. OPINIÓN: El Ministerio Público, con base a lo antes expuesto, esta Representación Fiscal opina que se declare SIN LUGAR la presente acción de revisión”. (Folios 28-31 del recurso de mérito). CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal, pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Algunos precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[1] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de Revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[2], en relación con el artículo 25 de la misma convención[3] que obliga al Estado a poner a disposición del justiciable, un recurso oportuno, sencillo y efectivo, donde prevalezca el acceso a la justicia. Así mismo el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[4]. CONSIDERANDO TRES (3): Fundamentos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. Los garantistas funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley que le resulta más benigna. CONSIDERANDO CUATRO (4): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. Así mismo es importante señalar que la Revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel primario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón se procede a aplicar el artículo 186 del Constitución de la Republica. Articulo 95 y 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Y lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO CINCO (5): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. CONSIDERANDO SEIS (6): Retroactividad de la ley. La palabra “retroactividad”, deriva del latín, significa “retro agüere” accionar, hacia atrás, obrar hacía atrás. De acuerdo con las fuentes romanas se acude a varias expresiones: “retroagitur”, “reducitur” o “res retroducitur” y activus, que produce efectos y por tanto significa actuar sobre el pasado. Suárez Collía, la define: “en una sucesión temporal de leyes, la aplicación de la norma jurídica nueva, a supuestos de hecho, actos, relaciones y/o situaciones jurídicas nacidas o constituidas con anterioridad a su entrada en vigor y que tuvieron su origen bajo el imperio de otra norma derogada”[5] CONSIDERANDO SIETE (7): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[6], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[7]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” La Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[8] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO OCHO (8): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución de la República de Honduras en el artículo 84 dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO NUEVE (9): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO DIEZ (10): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de Revisión Penal. I- Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor JOSE LUIS MARTINEZ SOLORZANO fue condenado por JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha veintiuno de diciembre del dos mil seis, a la pena de TRES AÑOS SEIS MESES DE RECLUSIÓN y por el delito de ROBO, en perjuicio de ANA GABRIELA ROMERO ALVAREZ, ELSY VANESSA NUÑEZ MALARA, JORGE OCTAVIO CALIZ SANDOVAL, y, a la pena de DOS AÑOS SEIS MESES DE RECLUSIÓN por el delito de ROBO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA, en perjuicio de HENRY ISMAEL LAZO GARCÍA más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 217; del Código Penal decreto 144-1983. III- Esta Sala procede a examinar el caso sub examine; en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO ONCE (11): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor JOSE LUIS MARTINEZ SOLORZANO, la pena de TRES AÑOS SEIS MESES DE RECLUSIÓN y por el delito de ROBO, en perjuicio de ANA GABRIELA ROMERO ALVAREZ, ELSY VANESSA NUÑEZ MALARA, JORGE OCTAVIO CALIZ SANDOVAL, y, a la pena de DOS AÑOS SEIS MESES DE RECLUSIÓN por el delito de ROBO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA, en perjuicio de HENRY ISMAEL LAZO GARCÍA más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. I- En el examen del expediente esta Sala logra constatar que en fecha veintidós de marzo del año dos mil diez el Juzgado de Ejecución de la sección judicial de La Ceiba emitió un auto donde: Declara extinguida la responsabilidad penal del señor JOSÉ LUIS MARTINEZ SOLORZANO, por el delito de ROBO en perjuicio de ANA GABRIELA ROMERO ALVAREZ, ELSY VANESSA NUÑEZ MALARA, JORGE OCTAVIO CALIZ SANDOVAL, y, por el delito de ROBO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA en perjuicio de HENRY ISMAEL LAZO GARCÍA. II- En el expediente del Juzgado, se constató que el veintidós de marzo del año dos mil diez el Juzgado de Ejecución de la sección judicial de La Ceiba emitió Carta de Libertad Definitiva por haber cumplido la pena impuesta, a favor del ciudadano JOSE LUIS MARTINEZ SOLORZANO. IV- Por tanto esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión, puesto que la retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En el caso sujeto a revisión, la pena ya se ha cumplido, además las conductas no han sido descriminalizadas, es decir: siguen siendo reprochable en la nueva norma penal. En suma, no es procedente la aplicación retroactiva en favor del ciudadano JOSE LUIS MARTINEZ SOLORZANO, de una nueva norma penal vigente. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la abogada ONDINA LETICIA MIRANDA a favor del ciudadano JOSE LUIS MARTINEZ SOLORZANO. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente. Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFÍQUESE. Sello y Firmas. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Sello y Firma. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de octubre de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha veintiséis de agosto de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0982-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.

[2]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[3]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[4]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[5] Aplicación Temporal de la Ley Penal, Validez y Eficacia en Infracciones de Agresión al Estado. Renata Melissa Yunda López. RFJ, No. 3, 2018. pp. 119-142, ISSN 2588-0837.

[6] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[7] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[8] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.