Sentencia RP-968-21 — Registro 16301
Resumen
Se interpuso Recurso de Revisión Penal contra sentencia condenatoria con relación a la causa que se instruyó los delitos de Secuestro, Violación y Homicidio en perjuicio de la Erna Ianty Hill Jackson.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, Artículo 192 penalizaba el delito de SECUESTRO, con una pena de reclusión de doce (12) a dieciséis (16) años, pena abstracta de la cual se condenó al sentenciado a la pena máxima, es decir dieciséis (16) años de reclusión, por inferir el tribunal sentenciador concurrencia de circunstancias agravantes y la peligrosidad del hoy sentenciado. En lo referente al Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) contempla el artículo 239 para dicha conducta criminal, una pena abstracta de ocho (8) a doce (12) años de prisión por secuestro simple, sin embargo, debe analizarse la concurrencia de las circunstancias agravantes, en ese sentido, el artículo 240 último párrafo de dicho articulado establece: “El hecho previsto en el artículo anterior debe ser castigado con las penas de prisión de doce (12) a quince (15) años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1)… 2)… 3)… 4)… 5)… 6)… 7)… Si se causa, dolosa o imprudentemente, la muerte del secuestrado, se debe imponer la pena de prisión a perpetuidad.” Siendo un hecho probado según la sentencia de fecha cuatro (4) de diciembre del año mil novecientos noventa y ocho (1998) que de dicha acción criminal además de la violación de la señora ERNA IANTY HILL JACKSON se produjo su muerte, es decir, que procede la imposición de la pena de prisión a perpetuidad, es decir que la pena vigente no es más benigna en relación a la pena derogada. CONSIDERANDO DIECISIETE (17): I.- Que por todos los argumentos de hecho y de derecho anteriormente plasmados, es patente que el marco de penas abstractas del Código Penal decreto 130-2017 no son más favorables al encausado, incluso resultan por encima de la media establecida para cada conducta delictiva, ya que, con el Código Penal nuevo, la forma de aumentar la pena parte de la pena máxima a la cual se le aplica el aumento y el resultado de esta, en la línea abstracta queda como pena máxima y la que antes era pena máxima queda como pena mínima (artículo 69). Las penas abstractas del actual Código Penal rebasan considerablemente la pena impuesta con el Código Penal derogado. II. Esta Sala considera que el caso sub judice no se subsume en la causal número 8, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, siguiendo ese orden de ideas, esta Sala estima después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente; no es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor MARLON DE JESUS RAMIREZ LOBO de una nueva norma penal vigente porque no le resulta más benigna.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96, Numeral 8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de diciembre de dos mil veintidós. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por la Abogada Tania Stefany Meléndez Caballero, a favor del señor Marlon de Jesús Ramírez Lobo, contra la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de Letras Segundo de lo Criminal del departamento de Francisco Morazán, de fecha cuatro (4) de diciembre de mil novecientos noventa y ocho (1998), con relación a la causa que se instruyó contra el señor Marlon de Jesús Ramírez Lobo, por haberlo encontrado culpable de los delitos de Secuestro, Violación y Homicidio en perjuicio de la Erna Ianty Hill Jackson. ANTECEDENTES 1) Que en fecha tres (3) de mayo de mil novecientos noventa y siete (1997), compareció ante el entonces Juzgado de Letras Segundo de lo Criminal del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada Irma Grissel Amaya Banegas, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando denuncia criminal contra los ciudadanos José Santos Funez Alvarado, Abraham Antonio Rosales Romero y Marlon de Jesús Lobo, por suponerlos responsables de los delitos de Secuestro y Asesinato, en perjuicio de la ciudadana Erna Ianthy Hill Jackson. (Folios 6-8 del antecedente) 2) Que en fecha cuatro (4) de diciembre de mil novecientos noventa y ocho (1998), el Juzgado de Letras Segundo de lo Criminal de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual falló: “…1.-CONDENANDO a los señores JOSE SANTOS FUNEZ ALVARADO, ABRAHAM ROSALES ROMERO y MARLON DE JESUS RAMIREZ LOBO, a la pena de CINCUENTA Y DOS AÑOS DE RECLUSIÓN, por los delitos de SECUESTRO, VIOLACIÓN Y HOMICIDIO en perjuicio de ERNA IANTY HILL JACKSON, todos de generales ya conocidas en el preámbulo de esta sentencia, pena que se desglosará de la siguiente manera: Por el delito de SECUESTRO a la pena de DIECISEIS AÑOS, por el delito de VIOLACIÓN, a la pena de VEINTE AÑOS, y por el delito de HOMICIDIO a la pena de DIECISEIS AÑOS. ACLARANDO QUE DE CONFORMIDAD AL CÓDIGO PENAL VIGENTE, LA CONDENA MÁXIMA A CUMPLIR SERÁ DE TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN PARA CADA UNO DE LOS CONDENADOS; pena que deberán cumplir en la Penitenciaría Central de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, descontándose el tiempo que han estado en efectiva prisión; además se les condena a la inhabilitación absoluta e interdicción civil; a trabajar por el tiempo que dure la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario…” (Folios 130-132 del antecedente) 3) Que la Abogada Tania Stefany Meléndez Caballero, compareció ante este Tribunal, en fecha trece (13) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), presentando recurso de revisión penal a favor del señor Marlon de Jesús Ramirez Lobo, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del principio de retroactividad de la ley, por ser esta más benigna para su representado, mediante la implementación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017). (Folios 1—3 vuelto del recurso de mérito) 4) En fecha tres (3) de agosto de dos mil veintidós (2022), habiéndose recibido los antecedentes en este Tribunal se citó a las partes para audiencia que se celebró el día miércoles veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintidós (2022), a las nueve de la mañana con cuarenta y cinco minutos (09: 45 a.m.), a efecto de que la parte afectada con la admisión del recurso, se opusiera al mismo y ambas partes presenten las pruebas en que se fundan sus pretensiones, debiendo oírse en la misma audiencia la opinión del Fiscal. (Folio 20 del recurso de mérito) 5) En fecha veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintidós (2022), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Jorge Alberto Zelaya Zaldaña, con la comparecencia de la Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la Abogada Tania Stefany Meléndez Caballero, en su condición de Apoderado Legal del señor Marlon de Jesús Ramirez Lobo; se le cedió la palabra a la parte recurrente para que hiciera uso de su derecho a réplica, expresando lo siguiente: ratificado lo que está interpuesto en el recurso su señoría de igual manera que quiero igual en base al código penal actual ya que las penas que son las más benignas y que se decidan de acuerdo a la manera más benigna para mi representado eso es todo.-…El Ministerio Público consideró: “…De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público aprecia que en el Código Penal vigente dichos ilícitos se encuentran regulados en los siguientes artículos: El artículo 239 regula el delito de SECUESTRO: “Quien priva de la libertad a otra persona exigiendo alguna condición para liberarla, debe ser castigado con las penas de prisión de ocho (8) a doce (12) años y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena.- ARTÍCULO 240. SECUESTRO AGRAVADO. El hecho previsto en el artículo anterior debe ser castigado con las penas de prisión de doce (12) a quince (15) años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1) El autor logra el cumplimiento de la condición; 3) La privación de libertad exceda de setenta y dos (72) horas, ya que según el resultado de la autopsia el cuerpo de la víctima fue encontrado en estado de putrefacción.- 7) El delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado.- Si concurrieran dos (2) o más de las circunstancias anteriores, se debe imponer la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años.- Si se causa, dolosa o imprudentemente, la muerte del secuestrado, se debe imponer la pena de prisión a perpetuidad.- ARTÍCULO 249. VIOLACIÓN: “Constituye delito de violación el acceso carnal no consentido por vía vaginal, anal o bucal con persona de uno otro sexo, así como la introducción de órganos corporales u objetos por cualquiera de las dos (2) primeras vías. En todo caso, se debe considerar no consentido cuando se ejecuten concurriendo alguna de las circunstancias siguientes 1) Empleo de violencia o intimidación…; El autor de un delito de violación debe ser castigado con las penas de prisión de nueve (9) a trece (13) años, prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión. Las penas anteriores se deben aumentar en un tercio (1/3) si concurre la circunstancia del numeral 1) del segundo párrafo) Empleo de violencia o intimidación…; Tal como ocurre en el presente caso que la víctima fue sometida a un trato cruel y luego se le quito la vida, a la víctima secuestrada, en virtud de lo cual la pena a imponer en este delito es de trece (13) años a diecisiete (17) años 4 meses de prisión, por lo que deberá imponerse una pena de 14 años para el delito de VIOLACIÓN.- ARTÍCULO 192.- HOMICIDIO SIMPLE. Quien da muerte a una persona debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años.- De las normas transcritas se extrae que el nuevo Código Penal establece que respecto al delito de HOMICIDIO correspondería imponer una pena de 16 años, en los mismos términos establecidos en la sentencia conforme el Código penal derogado, ya que dicho ilícito es sancionado con la misma pena de reclusión. en virtud de lo cual resulta evidente que la aplicación de la nueva Ley penal no resulta más favorable al reo, de conformidad al artículo 616 de la ley supra relacionada cuarto párrafo, que señala: “Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente código sea más favorable, cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente código penal.”.- Por otra parte, el Código Penal vigente efectivamente no establece una pena más favorable al hoy condenado, pues las penas a imponer en el delito de SECUESTRO sería una pena a perpetuidad ya que en este caso se causo de manera dolosa la muerte del secuestrado.- En cuanto el delito de VIOLACIÓN la pena a imponer es de trece (13) años a diecisiete (17) años 4 meses de prisión, por lo que deberá imponerse una pena máxima de 17 años 4 meses.- En virtud de lo cual resulta evidente que la aplicación de la nueva Ley penal no resulta más favorable al reo, ya que de conformidad al artículo 616 de la ley supra relacionada cuarto párrafo, establece: “Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente código sea más favorable, cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente código penal”.- Ante las premisas expuestas, estima esta Representación fiscal que en el caso sub–examine, las disposiciones contempladas en el Nuevo Código Penal no es más favorable al hoy condenado, por lo que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a Ley, tal como lo que dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que regula el principio de retroactividad de la Ley penal por ser esta más benigna al condenado. III.OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados…” Se le cedió nuevamente la palabra al revisionista para que presentara la prueba que considerara pertinente, exponiendo lo siguiente: No tenemos pruebas que presentar…Se le cedió la palabra al Ministerio Público, manifestando lo siguiente: sí solo ratificar lo antes expuesto contra cada uno de los ilícitos y en cuanto a las pruebas no hay pruebas que ofertar. El Magistrado manifiesta: En virtud de no haber medios de prueba por evacuar, en este acto se da por suspendida la presente audiencia para efectos de dictar la sentencia que corresponda oportunamente. (Folios 2-25 del recurso de mérito) CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral 8 de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5]. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral 8 del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. El garantista señala en su recurso: “Que según lo permite el artículo 98 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, pido que se suspenda la ejecución de la sentencia impugnada pues mi representado el señor MARLON DE JESUS RAMIREZ LOBO, lleva más de veinticuatro (24) años cumpliendo condena y según el computo de la pena con el nuevo Código Penal emitida por el Juzgado de Ejecución Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa de Francisco Morazán la pena se reformaría en disminución de (25.5) o menos años de reclusión con la rebaja de las tres cuartas partes, desglosados de la siguiente manera: dieciséis (16) años por el delito de HOMICIDIO, trece (13) años de reclusión por el delito de VIOLACIÓN, Cinco (5) años de reclusión por el delito de SECUESTRO y en atención al artículo 76 del Código Penal Decreto 144-83 establece: El tribunal de primera instancia que conoció de la causa, podrá conceder la libertad condicional al reo que haya cumplido más de la mitad de la pena, en los casos de condena a reclusión que exceda de tres años y no pase de doce; o que haya sufrido las tres cuartas partes de la pena, cuando esta exceda de doce años, y concurran además, en ambos casos la siguientes circunstancias:…” CONSIDERANDO CUATRO (4): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable, es por tanto que en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la República, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal, por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO CINCO (5): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SEIS (6): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". [6] Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO SIETE (7): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[7], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[8]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[9]. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO OCHO (8): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[10] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO NUEVE (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[11]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO DIEZ (10): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado”[12] Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas. CONSIDERANDO ONCE (11): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la República, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la República en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO DOCE (12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I.- Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor MARLON DE JESUS RAMIREZ LOBO, fue condenado por el JUZGADO DE LETRAS SEGUNDO DE LO CRIMINAL DE FRANCISCO MORAZÁN mediante la sentencia definitiva y firme de fecha cuatro (4) de diciembre del año mil novecientos noventa y ocho (1998), a la pena de CINCUENTA Y DOS (52) AÑOS DE RECLUSIÓN por los delitos de SECUESTRO, VIOLACIÓN Y HOMICIDIO en perjuicio de ERNA IANTY HILL JACKSON; pena que se desglosa de la siguiente manera: por el delito de SECUESTRO la pena de DIECISEIS (16) AÑOS, por el delito de VIOLACIÓN la pena de VEINTE (20) AÑOS y por el delito de HOMICIDIO la pena de DIECISEIS (16) AÑOS; más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL. II.- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en los artículos 116, 140 numeral 5 último párrafo y 192 del Código Penal derogado Decreto 144-83, estimando que la acción ejecutada por el sentenciado se subsume en los tipos penales de HOMICIDIO, VIOLACION Y SECUESTRO, respectivamente en perjuicio de la señora ERNA IANTY HILL JACKSON. III.- Esta Sala considera que el caso sub examine no encaja en la causal número 8, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO TRECE (13): I. En la Revisión Penal esta Sala de lo Constitucional procede a realizar una revisión del hecho concreto sometido a enjuiciamiento tal como lo establece el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 y articulo 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Para tal cometido de la Revisión en materia penal por aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna se toma en consideración los hechos probados y estos se encuadran con el articulado de la nueva norma penal; si el resultado es una pena menos gravosa que la impuesta con la norma penal derogada, se procede a los efectos de la aplicación de la nueva ley penal. II. El eje central de esta garantía de Revisión Penal gira bajo su característica de ser un Recurso excepcional, no traspasando la línea de lo que le corresponde a un recurso ordinario o extraordinario de instancia [Apelación o Casación]. Es así como el ejercicio jurídico que hace esta Sala, para la determinación de benignidad de una nueva Ley Penal no es someter a un nuevo juicio el proceso ya evacuado, detectar vicios o nulidades procesales, valorar medios de prueba, pronunciarse sobre el ejercicio interpretativo realizado por los juzgadores tampoco dar alcance o interpretaciones sobre los tipos penales o el desarrollo de los elementos de la teoría del delito. La Sala se limita a encuadrar los hechos probados con la nueva norma penal y determinar si el resultado de ese encuadre es más beneficioso que la pena impuesta a esos mismos hechos con el Código Penal derogado. El asidero de este ejercicio lo encontramos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 a donde establece “Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor”. Así mismo para realizar aplicación del principio de retroactividad de las normas penales se lleva a cabo a una solución equilibrada, no hermética, objetiva y acorde con la realidad de cada caso, al ponderar todas las circunstancias y supuestos, sin salirse de la parte intangible de la sentencia lo cual recae en sus hechos probados y fundamentación jurídica. Vale precisar que este no es un Recurso diseñado para hacer valoraciones sobre las decisiones tomadas por el juzgador primario solo se limita a precisar la existencia o no, de benignidad de una nueva norma penal para así garantizar la satisfacción del artículo 96 de la Constitución de la Republica. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, Artículo 116 Penalizaba el delito HOMICIDIO con una pena de reclusión de quince (15) a veinte (20) años, pena abstracta de la cual se condenó al sentenciado a una pena concreta de dieciséis (16) años, por inferir el tribunal sentenciador la concurrencia de circunstancias agravantes y la peligrosidad del hoy sentenciado. En lo referente al Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) contempla el artículo 192 para dicha conducta criminal, una pena abstracta de quince (15) a veinte (20) años de prisión, es decir que la pena vigente no es más benigna en relación a la pena derogada, ya que procedería la imposición de la pena en los mismos términos. - CONSIDERANDO QUINCE (15): Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, Artículo 140 penalizaba el delito de VIOLACIÓN, con una pena de reclusión de quince (15) a veinte (20) años, pena abstracta de la cual se condenó al sentenciado a la pena máxima, es decir veinte (20) años de reclusión, por inferir el tribunal sentenciador concurrencia de circunstancias agravantes y la peligrosidad del hoy sentenciado. En lo referente al Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) contempla el artículo 249 para dicha conducta criminal, una pena abstracta de nueve (9) a trece (13) años de prisión por violación simple, sin embargo, debe analizarse la concurrencia de las circunstancias agravantes, en ese sentido, la agravante específica contenida en el artículo 253 numeral 5 literalmente establece: “ARTÍCULO 253.- AGRAVANTES ESPECÍFICAS. Las penas contempladas en los artículos anteriores pueden aumentarse hasta en un tercio (1/3) si concurre alguna de las circunstancias siguientes: 1) … 2) … 3) … 4) … 5) Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos (2) o más personas.” Siendo un hecho probado según la sentencia de fecha cuatro (4) de diciembre del año mil novecientos noventa y ocho (1998) que “ABRAHAM ROSALES ROMERO, MARLON DE JESUS RAMIREZ LOBO y JOSE SANTOS FUNEZ ALVARADO procedieron a tener relaciones sexuales por vía anal con ERNA IANTY HILL JACKSON…” dando como resultado una pena abstracta de trece (13) a diecisiete (17) años y cuatro (4) meses de prisión, la cual debe ser impuesta en su límite máximo siguiendo los parámetros establecidos en la sentencia de fecha cuatro (4) de diciembre del año mil novecientos noventa y ocho (1998).- CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, Artículo 192 penalizaba el delito de SECUESTRO, con una pena de reclusión de doce (12) a dieciséis (16) años, pena abstracta de la cual se condenó al sentenciado a la pena máxima, es decir dieciséis (16) años de reclusión, por inferir el tribunal sentenciador concurrencia de circunstancias agravantes y la peligrosidad del hoy sentenciado. En lo referente al Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) contempla el artículo 239 para dicha conducta criminal, una pena abstracta de ocho (8) a doce (12) años de prisión por secuestro simple, sin embargo, debe analizarse la concurrencia de las circunstancias agravantes, en ese sentido, el artículo 240 último párrafo de dicho articulado establece: “El hecho previsto en el artículo anterior debe ser castigado con las penas de prisión de doce (12) a quince (15) años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1)… 2)… 3)… 4)… 5)… 6)… 7)… Si se causa, dolosa o imprudentemente, la muerte del secuestrado, se debe imponer la pena de prisión a perpetuidad.” Siendo un hecho probado según la sentencia de fecha cuatro (4) de diciembre del año mil novecientos noventa y ocho (1998) que de dicha acción criminal además de la violación de la señora ERNA IANTY HILL JACKSON se produjo su muerte, es decir, que procede la imposición de la pena de prisión a perpetuidad, es decir que la pena vigente no es más benigna en relación a la pena derogada. CONSIDERANDO DIECISIETE (17): I.- Que por todos los argumentos de hecho y de derecho anteriormente plasmados, es patente que el marco de penas abstractas del Código Penal decreto 130-2017 no son más favorables al encausado, incluso resultan por encima de la media establecida para cada conducta delictiva, ya que, con el Código Penal nuevo, la forma de aumentar la pena parte de la pena máxima a la cual se le aplica el aumento y el resultado de esta, en la línea abstracta queda como pena máxima y la que antes era pena máxima queda como pena mínima (artículo 69). Las penas abstractas del actual Código Penal rebasan considerablemente la pena impuesta con el Código Penal derogado. II. Esta Sala considera que el caso sub judice no se subsume en la causal número 8, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, siguiendo ese orden de ideas, esta Sala estima después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente; no es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor MARLON DE JESUS RAMIREZ LOBO de una nueva norma penal vigente porque no le resulta más benigna. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal presentada por la abogada TANIA STEFANY MELENDEZ CABALLERO, a favor del señor MARLON DE JESUS RAMIREZ LOBO, contra la sentencia condenatoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS SEGUNDO DE LO CRIMINAL DEL DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN . Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.-
FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los un días del mes de febrero de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha quince de diciembre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-968-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.
[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.
[3]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[4]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[5]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[6] ZAFFARONI, E., Estructura Básica del Derecho Penal. Editorial Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2009. Pág. 41.
[7] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[8] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[9] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.
[10] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.
[11] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.
[12] Cury, Enrique; (N° 5); Capítulo II, La Ley Penal y su Vigencia; pág. 228.