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Sentencia RP-954-20 — Registro 15086

Resumen

Revisión de sentencia condenatoria en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal en relación a la causa que se instruyó por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, POSESION ILEGAL DE ARMAS DE GUERRA Y SUS MUNICIONES en perjuicio de LA ECONOMIA Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. -I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor CRISTIAN NAUN LOBO SARMIENTO fue condenado por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en materia Penal, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha 15 de diciembre del 2017, QUINCE AÑOS DE RECLUSION por el delito de LAVADOS DE ACTIVOS en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS y OCHOS AÑOS DE RECLUSION más MULTA DE CINCO MIL LEMPIRAS por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; así como las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. Penas en Concurso Real. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos y articulo 332 A del Código Penal decreto 144-1983 relacionado con lo previsto en la Ley de Control de Armas de Fuego y Municiones, Explosivos y otros, estimando que el condenado cometió los delitos de Lavado de Activos y Portación Ilegal de Armas Prohibidas. III- Esta Sala considera que el caso sub judice no se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto no procede la aplicación retroactiva de una norma favorable, promulgada a que se alcanzara cosa juzgada mediante una sentencia firme; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, No procede la aplicación retroactiva de una ley penal en virtud de no ser más benigna. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor CRISTIAN NAUN LOBO SARMIENTO, la pena principal de QUINCE AÑOS DE RECLUSION por el delito de LAVADOS DE ACTIVOS y OCHOS AÑOS DE RECLUSION más MULTA DE CINCO MIL LEMPIRAS por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. Penas impuestas en concurso real. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal vigente prevé sanciones más gravosas que las impuestas conforme al Código Penal Decreto 144-1983, derogado, por lo que no es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor CRISTIAN NAUN LOBO SARMIENTO. Analizando la pena en su conjunto (la multa sumada a la pena de prisión), la aplicación de ley penal se vuelve más gravosa para el sentenciado. Las penas establecidas el articulo 3 Ley de Lavados de Activos por la cual fue condenado el encausado, no contenía como pena una multa del 150% del valor de los activos objetos de lavado, como si lo contempla el artículo 439 numeral 3 del vigente Código Penal, cuya pena de prisión oscila entre diez (10) y trece (13) años y multa del 150% del valor de los activos objetos de lavado. En cuanto a la pena correspondiente al delito de Tenencia o porte ilegal de armas de fuego de dos cuatro (4) a seis (6) y localización permanente de 3 años establecida en el artículo 580 numeral 2. Es patente una reducción de pena en comparación a la pena del Código Penal derogado, pero tomando en cuenta que la penas se impusieron en concurso real, el análisis de esta Revisión debe hacerse de manera global, por lo que dicha reducción no se puede tomar en consideración como benigna ya que el resultado global es perjudicial"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de enero del dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia el recurso de revisión interpuesto por las Abogadas DELMY NEHOMARY PAZ FUENTES y ONDINA LETICIA MIRANDA REYES, a favor del Señor CRISTIAN NAUN LOBO SARMIENTO, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL en fecha quince (15) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), en relación a la causa que se instruyó contra el Señor CRISTIAN NAUN LOBO SARMIENTO por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, POSESION ILEGAL DE ARMAS DE GUERRA Y SUS MUNICIONES en perjuicio de LA ECONOMIA Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha trece (13) de junio de dos mil trece (2013), compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Puerto Lempira, Departamento de Gracias a Dios, los Abogados MARCO ANTONIO CRUZ HERNANDEZ y RICARDO ANTONIO CASTRO BARRIENTOS, en su condición de Agentes de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los Señores ARNAUL MELGAR ALVARENGA, DARLIN DELCY FLORES CANO, CASAR ALFONZO FLORES, OLIVER ORTIZ HAYLOOCK Y OTROS, por suponerlos responsables de los delitos de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS; contra OLIVER ORTIZ HAYLOOCK, CHRISTIAN HANUN LOBO SARMIENTO, LLOYD CHESTER HAYLOOCK Y WALTER MANUEL DOBON RODRIGUEZ por el delito de POSESION ILEGAL DE ARMAS DE GUERRA Y SUS MUNICIONES en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; contra DARLIN DELCY FLORES CANO, MARIO RENE MIRANDA GONZALES, LEORA HAYLOOCK ORELLANA, LEO HARMAN HAYLOOCK por el delito de POSESION ILEGAL DE ARMAS COMERCIALES Y SUS MUNICIONES en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS y contra WALTER MANUEL DUBON RODRIGUEZ por el delito de ATENTADO en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 01-09 de la pieza del A-Quo)

  1. Que continuado que fue el proceso, en fecha quince (15) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal dictó Sentencia Condenatoria mediante la cual Falló: (SIC): “PRIMERO: CONDENAR, a los señores CRISTIAN HANUN LOBO, LLOYD CHESTER HAYLOCK y OLIVER OTIS HYALOCK, cuyas menciones de generales ya han sido anteriormente detalladas, como autores responsables penalmente del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, por el cual se les impone una pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSION, como pena principal; pena que deberán cumplir en la Penitenciaría Nacional que el Juez de Ejecución estime pertinente; quedando obligados a trabajar por el tiempo de la condena, en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penal, de conformidad con la ley que regula el Sistema Penitenciario nacional; además, se les impone las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil; ambas penas accesorias se imponen durante el tiempo de duración de la condena. SEGUNDO: CONDENAR, a los señores CRISTIAN HANUN LOBO, LLOYD CHESTER HAYLOCK y OLIVER OTIS HYALOCK, cuyas menciones de generales ya han sido anteriormente detalladas, como autores responsables penalmente del delito de POSESION ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA, en perjuicio de La SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, por el cual se les impone una pena de OCHO (8) AÑOS DE RECLUSION, MAS MULTA DE CINCO MIL (L5000.00) LEMPIRAS, por cada Arma Incautada, como pena principal; pena que deberán cumplir en la Penitenciaría Nacional que el Juez de Ejecución estime pertinente; quedando obligados a trabajar por el tiempo de la condena, en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penal, de conformidad con la ley que regula el Sistema Penitenciario nacional; además, se les impone las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil; ambas penas accesorias se imponen durante el tiempo de duración de la condena. Penas que se imponen en concurso Real. TERCERO: Se les declara a los condenados responsables civilmente. CUARTO: ABSOLVER a los señores ARNAUL MELGAR ALVARENGA, DARLYN DELCY FLORES CANO, CESAR ALFONSO FLORES CANO, WILMER DAVID MEDINA, RAFAEL ANTONIO MOYA, MARIO RENE MIRANDA GONZALES, LEORA NEDIN HAYLOCK, JOSE AMILCAR DERAS LEON, LEO HARMAN HAYLOCK Y WALTER MANUEL DUBON del delito de LAVADO DE ACTIVOS por el que venían siendo acusados. QUINTO: ABSOLVER al señor Walter Manuel Dubon por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS DE GUERRA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, por el que fue acusado. SEXTO: ABSOLVER al señor DARLYN DELCY FLORES CANO Y MARIO RENE MIRANDA, LEORA NEDIN HAYLOCK, LEO HAMAN HAMAN HAYLOCK, por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, por el que fueron acusados. SEPTIMO: ABSOLVER al señor WALTER WALTER MANUEL DUBON por el delito de ATENTADO, por el que fue acusado por el Ministerio Público. OCTAVO: Se declara en comiso, la cantidad de SEISCIENTOS SEIS MIL CINCUENTA DOLARES AMERICANOS EXACTOS ($606,050.00) Y UN MILLON DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS (1,200,000.00). Los cuales quedan en depósito de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). Asimismo, se declara el comiso de las armas de fuego siguientes: Dos armas de fuego tipo: Fusil, marca: RUSSIOAN, modelo: AK-47, calibre: 7.62x39mm, serie: no legibles en ambas armas. Un arma de fuego tipo: Fusil, marca: RUSSIAN, modelo: AK-47, calibre: 7.62x39mm, serie: 6151939. Un arma de fuego tipo: Sub ametralladora: Marca: CARL GUSTAF, MODELO: m45, CALIBRE: 9MM, NUMERO DE SERIE: 502156.- Un arma de fuego tipo: Pistola, marca: GLOCK, modelo: 17, calibre: 9mm, número de serie: ATB785.- Un arma de fuego tipo: Pistola, marca: TANFOGLIO, modelo MAPP1, calibre: 9mm, número de serie: AB49749.- Un arma de fuego tipo: Pistola, Marca: COBRA, modelo: FS 380, calibre: 380 Auto, número de serie: FS038500.- De las cuales se ordena su destrucción. NOVENO: No se condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio de los condenados.” (Folios 1863-1911 del Tomo IV de la pieza del A-Quo) 3) Que las Abogadas DELMY NEHOMARY PAZ FUENTES y ONDINA LETICIA MIRANDA REYES comparecieron ante este Tribunal en fecha veintiuno (21) de octubre de dos mil veinte (2020), presentando recurso de revisión penal a favor del Señor CRISTIAN NAUN LOBO SARMIENTO, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en fecha quince (15) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), fundamentando su acción en el artículo 96 numeral 6 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folios 01-07 del recurso de mérito) 4) Que en fecha quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021), esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenándose en consecuencia la celebración de la Audiencia respectiva. (Folio 09 del recurso de mérito) 5) Que en fecha veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y las Abogadas DELMY NEHOMARY PAZ FUENTES y ONDINA LETICIA MIRANDA REYES en su condición de Apoderadas Legales del Señor CRISTIAN NAUN LOBO SARMIENTO, en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión, pronunciándose la representante del Ministerio Público que la petición se enmarca a lo que dispone el artículo 96 de la Constitución de la República y 96 numerales 6) y 8) de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folios 125-128 del recurso de mérito) CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal, pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme, tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5]. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, 101 de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. El garantista señala en los antecedentes “En el proceso que nos ocupa, se ventilo conforme al Código Penal del decreto 144-83 y conforme a Ley Especial Contra el Lavado de Activos aprobada en decreto 144-2014, vigente en el momento en el cual fue procesado y condenado mi poderdante el señor CRISTIAN NAUN LOBO SARMIENTO siendo condenado a una pena privativa de la libertad de QUINCE AÑOS por la comisión del delito de LAVADOS DE ACTIVOS y la pena de OCHO AÑOS por la comisión del delito de POSESION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO PROHIBIDA ambas penas contempladas en la Ley Especial Contra el Lavado de Activos y el Código Penal” “Que en fecha 25 de junio de 2020 entro en vigencia el Código Penal decreto número 130-2017 el cual ha derogado leyes especiales como ser la Ley Especial Contra el Lavado de Activos reformando las penas privativas de la libertad para el delito de LAVADOS DE ACTIVOS, que antes se encontraba en el artículo 3, y contemplaba una pena de 14 a 20 años de reclusión y actualmente se contemplan en el artículo 439 del actual Código Penal; así mismo se reformo en esta nueva normativa el delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO PROHIBIDO, que antes se encontraba tipificado en el artículo 332ª del Código Penal derogado y que contemplaba una pena de 8 a 12 años encontrándose estas penas ahora en el artículo 580 del actual Código. CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró el día veintiséis de agosto del año dos mil veintiunos, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de la abogada DELMY NOHEMARY PAZ FUENTES, quien actúa en representación del señor CRISTIAN NAUN LOBO SARMIENTO y la abogada SUSSIE G. COELLO GARCIA, en su condición de agente fiscal del Ministerio Público, en representación de los intereses de la sociedad hondureña. Cedida la palabra a la abogada DELMY NOHEMARY PAZ FUENTES, expuso: “actuando en mi condición de defensora técnica del señor CRISTIAN NAUN LOBO SARMIENTOS, a quien se le condeno por los delitos de LAVADO DE ACTIVOS con una pena de 15 años de prisión y el delito de POPOSESION DE ARMA PROHOBIDA una pena de ochos (8) años, no existiendo de acuerdo a los hechos probados en la sentencia recurrida agravantes y siendo que en el artículo 96 numeral 8 de la Ley de Justicia Constitucional, menciona los casos en los que proceda una revisión de la sentencia por la de una ley favorable al reo siendo este el caso según decreto número 130-2017 el cual entro en vigencia el veinticinco (25) de junio del dos mil veinte (2020), decreto que deroga la ley contra lavado de activos en la que fue condenado mi patrocinado y favorece en este caso la pena actual contemplada en el artículo 439 por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, ya que la pena de reclusión de acuerdo al inciso tres(3) se aplica cuando el objeto del lavado sea superior a cinco millones (LPS 5,000,000.00), se debe de imponer la pena de prisión de diez (10) años a trece (13) años de reclusión y una multa igual al cincuenta por ciento (150%) de dicho valor por lo que se solicita la retroactividad de la ley, aplicando la pena mínima de diez (10) años de reclusión en el uso de la analogía ya que en sentencia recurrida se aplicó la pena mínima sin ningún agravante contenida en la ley anterior para dichos delitos, de igual manera la ley actual penal en el artículo 580 numeral 2 por el delito de TENENCIA DE ARMA DE FUEGO, notoriamente favorece la pena contemplada en este artículo siendo inferior a la pena impuesta en la sentencia recurrida ya que la misma es de cuatro (4) a seis (6) años, más la localización permanente de tres (3) años, por lo que se solicita se le aplique a mi representado la pena de cuatro (4) años de reclusión más la localización permanente de tres (3) años, por lo que solicito se tenga por ratificado el recurso de revisión a favor de mi representado con fundamento en el artículo 615, 616, 617 en cuanto a la retroactividad de la ley por ser más favorables en estos momentos a mi representado” Seguidamente se le cedió la palabra a la representante del Ministerio Público SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA quien hizo uso de la palabra, expresando: “una vez analizados los antecedentes del caso efectivamente [se] encuentra que la entonces ley de lavado de activos establecía una pena de quince (15) a veinte (20) años de prisión de las cual se le condenó al señor Cristian Nahúm Lobo Sarmiento, a la pena de quince (15) años, al momento de hacer el análisis comparativo con el artículo 439 del código penal, se aprecia que este delito es sancionado con una pena de diez (10) a trece (13) años de prisión y además como pena principal una multa del ciento cincuenta por ciento (150%) del valor sobre activos objetos del lavado al analizar los hechos probados en la causa de mérito el Ministerio Público considera que concurre la agravante contenida en numeral 2 del artículo 439 en virtud que los hechos se cometieron a través de un grupo delictivo lo cual quedo acreditado en el expediente una vez con la agravante la pena queda de trece (13) años a dieciséis (16) años y tres (3) meses, como pena máxima, si lo analizamos desde este punto de vista si encontramos de que hay una reducción en cuanto al marco unitivo de las penas privativas de libertad sin embargo no podemos de dejar de aplicar lo que es la multa del ciento cincuenta por ciento (150%), el valor de lo decomisado fue de un valor de seiscientos dieciséis mil dólares ($616,000.00) si le aplicamos el ciento cincuenta por ciento (150%) nos queda un valor de novecientos veinticuatro mil ($924,000.00), además se le decomisaron un millón doscientos mil lempiras ( Lps 1,200.000.00) esto nos da un resultado de un millón ochocientos mil (1,800,000.00), significa que la multa que tendría que pagar esta persona anda alrededor de los veinticuatro millones de lempiras (LPS 24,000.000.00 ) por lo que si bien consideramos de que hay una reducción en cuanto a las penas privativas de libertad pero consideramos que es desfavorable en cuanto a la multa a imponer porque en si la reducción sería una reducción mínima de dos (2) años en cuanto a la prisión privativa”. CONSIDRANDO CINCO (5): Como conclusión: El Ministerio Público se opuso en cuanto a que se otorgue el recurso de revisión planteado por la defensa por considerar que el nuevo código penal no le resulta más favorable al sentenciado. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el Artículo 615 del Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 “Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO SIETE (7): Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO OCHO (8): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO NUEVE(9): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen acerca de la benignidad de la ley, interpretando lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". [6] Por lo tanto, se puntualiza concretamente la sentencia condenatoria y sus penas, y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal, teniendo como consecuencia la aplicación de la que sea más favorable. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[7], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[8]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[9]. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO ONCE (11): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[10] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que des incriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. CONSIDERANDO DOCE (12): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO TRECE (13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. -I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor CRISTIAN NAUN LOBO SARMIENTO fue condenado por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en materia Penal, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha 15 de diciembre del 2017, QUINCE AÑOS DE RECLUSION por el delito de LAVADOS DE ACTIVOS en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS y OCHOS AÑOS DE RECLUSION más MULTA DE CINCO MIL LEMPIRAS por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; así como las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. Penas en Concurso Real. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos y articulo 332 A del Código Penal decreto 144-1983 relacionado con lo previsto en la Ley de Control de Armas de Fuego y Municiones, Explosivos y otros, estimando que el condenado cometió los delitos de Lavado de Activos y Portación Ilegal de Armas Prohibidas. III- Esta Sala considera que el caso sub judice no se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto no procede la aplicación retroactiva de una norma favorable, promulgada a que se alcanzara cosa juzgada mediante una sentencia firme; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, No procede la aplicación retroactiva de una ley penal en virtud de no ser más benigna. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor CRISTIAN NAUN LOBO SARMIENTO, la pena principal de QUINCE AÑOS DE RECLUSION por el delito de LAVADOS DE ACTIVOS y OCHOS AÑOS DE RECLUSION más MULTA DE CINCO MIL LEMPIRAS por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. Penas impuestas en concurso real. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal vigente prevé sanciones más gravosas que las impuestas conforme al Código Penal Decreto 144-1983, derogado, por lo que no es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor CRISTIAN NAUN LOBO SARMIENTO. Analizando la pena en su conjunto (la multa sumada a la pena de prisión), la aplicación de ley penal se vuelve más gravosa para el sentenciado. Las penas establecidas el articulo 3 Ley de Lavados de Activos por la cual fue condenado el encausado, no contenía como pena una multa del 150% del valor de los activos objetos de lavado, como si lo contempla el artículo 439 numeral 3 del vigente Código Penal, cuya pena de prisión oscila entre diez (10) y trece (13) años y multa del 150% del valor de los activos objetos de lavado. En cuanto a la pena correspondiente al delito de Tenencia o porte ilegal de armas de fuego de dos cuatro (4) a seis (6) y localización permanente de 3 años establecida en el artículo 580 numeral 2. Es patente una reducción de pena en comparación a la pena del Código Penal derogado, pero tomando en cuenta que la penas se impusieron en concurso real, el análisis de esta Revisión debe hacerse de manera global, por lo que dicha reducción no se puede tomar en consideración como benigna ya que el resultado global es perjudicial. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la abogada DELMY NEHOMARY PAZ FUENTES y ONDINA LETICIA MIRANDA REYES, a favor del señor CRISTIAN NAUN LOBO SARMIENTO; Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó la Magistrado EDWIN F. ORTEZ. NOTIFÍQUESE. – Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de febrero de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha trece de enero de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO.0954-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL

[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.

[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.

[3]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[4]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[5]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[6] ZAFFARONI, E., Estructura Básica del Derecho Penal. Editorial Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2009. Pág. 41.

[7] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[8] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[9] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.

[10] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.