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Sentencia RP-953-20 — Registro 15047

Resumen

Se interpuso Recurso de Revisión contra la sentencia condenatoria mediante la cual se condenó por el delito de extorsión continuada en perjuicio de testigo protegido.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (11): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor Cristian Alejandro Martínez Moncada, la pena principal de VEINTICINCO (25) AÑOS DE RECLUSIÓN y MULTA DE TREINTA Y TRES (33) SALARIOS MÍNIMOS y la pena accesoria de Inhabilitación Absoluta durante el tiempo de duración de la pena de reclusión, por haber sido encontrado responsable como autor de un delito Continuado de Extorsión, en perjuicio Testigo protegido. Conforme las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017, el delito de Extorsión, previsto en el artículo 373, relacionado con el artículo 68 en cuanto al delito continuado, prevé una pena abstracta de diez (10) a quince (15) años de prisión y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Por tratarse de un delito continuado debe castigarse con la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3). Conforme a las disposiciones de la pena a imponer por tratarse de un delito continuado, en el caso en comento Extorsión, la pena abstracta quedaría en doce (12) años seis (6) meses a veinte (20) años de prisión y una multa mínima de 500 días, aumentada en un tercio (1/3). Como bien se indica en la audiencia de Oposición celebrada, en la sentencia que se revisa de fecha trece de agosto del año dos mil catorce, el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia de Estricta Conformidad en atención a la propuesta consensuada por las partes, por ello el imputado fue condenado a la pena mínima solicitada, en virtud de lo cual procedería la imposición de pena en los mismos términos, como bien expone la Fiscal del Ministerio Público, en atención a ello, los días multa a criterio de este Tribunal de Justicia, se deben imponer a razón de Veinte Lempiras (L 20.00) por día. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal vigente prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83 recién derogado, por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor Cristian Alejandro Martínez Moncada.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de enero del año dos mil veintidós.-VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Revisión interpuesto por el Abogado JORGE ENRIQUE VALLADARES ARGEÑAL, a favor del señor CRISTIAN ALEJANDRO MARTINEZ MONCADA, contra la sentencia Condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha trece (13) de agosto del año dos mil catorce (2014), mediante la cual se condenó al señor CRISTIAN ALEJANDRO MARTINEZ MONCADA, por el delito de EXTORSIÓN CONTINUADA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO.- ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veintinueve (29) de agosto del año dos mil doce (2012), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el Abogado SANTIAGO RENE MONCADA SAUCEDA, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor CRISTIAN ALEJANDRO MARTINEZ MONCADA, por suponerlo responsable a título de autor de la comisión del delito de EXTORSIÓN CONTINUADA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO. (Folios del 01 al 09 de la pieza de antecedentes del A-quo).-2) Que seguido que fue el trámite correspondiente, en fecha trece (13) de agosto del año dos mil catorce (2014), el Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán dictó sentencia de Estricta Conformidad, mediante la cual falló: (Sic) “PRIMERO: CONDENAR al acusado CRISTIAN ALEJANDRO MRTIMEZ MONCADA de generales anteriormente descritas, como autor responsable de un delito CONTINUADO de EXTORSION, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO, por lo que se le impone la pena de veinticinco (25) años de reclusión y multa de treinta y tres (33) salario mínimos. SEGUNDO: Se le impone a la vez la pena de INHABILITACION ABSOLUTA durante el tiempo de duración de la pena de reclusión por el cual se le condena. TERCERO: Se declara responsable civilmente al acusado CRISTIAN ALEHANDRO MARTINEZ MONCADA como consecuencia de su responsabilidad penal apreciada por este Tribunal en la presente sentencia, por lo que deberá restituir al testigo protegido las cantidades entregadas por el mismo, o en su defecto indemnizar al Testigo Protegido los perjuicios que haya ocasionado su acción por la cual se le condena. CUARTO: Se declara no ha lugar la condena del señor CRISTIAN ALEJANDRO MARTINEZ MONCADA al pago de costas procesales y/o personales…” (Folios del 124 al 126 de la pieza de antecedentes del A-quo).-3) Que el recurrente, Abogado JORGE ENRIQUE VALLADARES ARGEÑAL, compareció ante este Tribunal Constitucional en fecha veintiuno de octubre del año dos mil veinte, interponiendo recurso de revisión penal a favor del señor CRISTIAN ALEJANDRO MARTINEZ MONCADA, contra la sentencia condenatoria en fecha trece (13) de agosto del año dos mil catorce (2014), dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, fundamentando su acción en el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folios del 1-3 de los autos).-4) Que en fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), esta Sala de lo Constitucional tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenando se librarán las respectivas comunicaciones al Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa y Juzgado de Ejecución de Tegucigalpa, del departamento de Francisco Morazán, previo al señalamiento de la audiencia respectiva de conformidad a lo establecido en el artículo 106 de la Ley sobre Justicia Constitucional. (Folio 20fv de los autos).-5) Que en fecha diecinueve (19) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, habiendo comparecido la Abogada SILVIA SARAHI GARCIA ALMENDAREZ, quien actuó por delegación de poder realizada por el Abogado JORGE ENRIQUE VALLADARES ARGEÑAL, en su condición de apoderada legal del señor CRISTIAN ALEJANDRO MARTINEZ MONCADA, y la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público; en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, en cuanto a conceder el referido recurso de revisión, pronunciándose la representante del Ministerio Público que esa representación fiscal estima que es procedente la aplicación del principio de retroactividad penal por ser esta una ley más benigna al condenado. (Folios del 39-41 de los autos).-CONSIDERANDO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal, pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Algunos precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, … reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[1] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. El artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional dispone que la Sala de lo Constitucional podrá declarar sin lugar la revisión o anulará la sentencia impugnada.-CONSIDERANDO (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales establecidos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[2], en relación con el artículo 25 de la misma convención[3] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[4].-CONSIDERANDO (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El garantista funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley que le resulta más benigna. El garantista señala que al hacer el estudio de la sanción correspo0ndiente al delito juzgado, con aplicación de una Ley vigente al momento de cometerse los hechos, pero novada con posterioridad al juzgamiento respectivo, ésta resulta por ahora arbitraria y por supuesto violatoria a la sanción penal establecida en el tipo penal correspondiente, ya que ahora es menor la sanción por ese ilícito penal, por haber sido reducida la misma, en el nuevo Código Penal vigente, aun y cuando el momento de la realización de los hechos sea antes de su vigencia.- CONSIDERANDO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. Que la audiencia de oposición y presentación de pruebas, se celebró en fecha diecinueve de agosto del año dos mil veintiuno, ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de la abogada Silvia Sarahi García Almendarez, como garantista a favor del ciudadano Cristian Alejandro Martínez Moncada y la abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en representación de los intereses de la sociedad hondureña. Se le cedió la palabra a la abogada Silvia Sarahi García Almendarez, quien expuso: con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal en fecha 25 de junio del año 2020, mediante Decreto 130-2017 y haciendo una evaluación de la misma, encontramos que efectivamente esta ley favorece mucho mas a nuestro representado, ya que la sanción es menor por este ilícito penal, ya que la sanción antes estaba regulado este delito de Extorsión con una pena de 15 a 20 años, pues ahora el nuevo código se encuentra regulado con una pena de 10 a 15 años de reclusión, es así que sacando la cuenta solicitaríamos que a nuestro representado se le imponga una pena de trece (13) años de reclusión, cuatro (4) meses y una multa de quinientos días aumentado en un tercio, esto en base a lo que establece el artículo 373 del nuevo Código Penal, el cual regula el delito de Extorsión y asimismo relacionado con el artículo 68 en el cual esta tipificado el delito Continuado y en Masa. Seguidamente se le cedió la palabra a la representante del Ministerio Público Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado quien hizo uso de la palabra, expresando que al hacer el examen de las nuevas disposiciones penales, se encuentra que el nuevo Código Penal establece una pena de diez (10) a quince (15) años de reclusión y una multa de quinientos (500) a mil (1,000) días y por ser este un delito continuado se aplica lo regulado en el artículo 68 del nuevo Código Penal en el que establece en su parte final del primer párrafo que la pena señalada se le aplica en la infracción mas grave se debe imponer en su mitad superior, por lo que del examen de estas normas el Ministerio Público estima que en efecto es procedente la aplicación del Principio de Retroactividad de la Ley, ya que de conformidad a lo establecido en el artículo 68 del Código Penal, quedaría una pena de doce punto seis (12.6) a veinte (20) años de reclusión y de acuerdo a lo regulado en el artículo 69.1 del nuevo código, correspondería imponer una pena mínima de quinientos días aumentado en una cuarta parte. En virtud de lo expuesto estima procedente la aplicación del Principio de retroactividad Penal, por ser esta una ley más benigna.- CONSIDERANDO (5): Que el Código Penal creado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican éstas”. Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado….”.-CONSIDERANDO (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente;.- b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y .- c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior.- Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal.- b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador.- c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena.-CONSIDERANDO (7): CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MAS FAVORABLE. Conforme a las disposiciones contenidas en el Artículo 616 del nuevo Código Penal, para determinar cuál sea la Ley más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En ese orden de ideas, el señor Cristian Alejandro Martínez Moncada, fue condenado mediante sentencia de Estricta Conformidad dictada en fecha trece de agosto del año dos mil catorce, por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el delito Continuado de Extorsión, tipificado en los Artículos 222 y 37 de la norma derogada[5] que disponían en su orden:Artículo 37 “Cuando se cometa un mismo delito contra la propiedad dos (2) o más veces, bien sea en un solo momento o en momentos diversos, mediante acciones u omisiones ejecutadas en cumplimiento de un plan preconcebido o aprovechando idénticas o similares circunstancias, dichos delitos se considerarán como uno solo continuado. En tal situación se aplicará al agente la pena más grave, aumentada en dos (2/3) tercios. En caso de duda, se tendrá por más grave la pena que tenga señalado el máximo más alto. Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará si le resulta más favorable al reo la imposición de todas las penas aplicables a los delitos concurrentes. Lo prescrito en la última parte del segundo párrafo de este Artículo y en el párrafo anterior, será aplicable a lo estatuido en el Artículo 36”. - Artículo 222[6] “Comete el delito de extorsión, quien mediante amenazas, intimidación o violencias y con el fin de obtener para si o para cualquier organización delictiva, dinero, bienes u otros servicios, obligue a una persona natural o jurídica a: 1. Hacer o dejar de hacer alguna cosa; 2. Suscribir documentos para obtener pagos de dinero; 3. Suscribir, otorgar, entregar o destruir una escritura pública o cualquier otro documento público o privado. Al culpable de este delito se le impondrá una pena de reclusión de 15 a 20 años y multa de 50 salarios mínimos, más los accesorios jurídicos que correspondan. Si con ocasión de cometerse estos delitos, se da por muerta la víctima, a su conyugue, a su compañera de hogar, a un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o cualquier otra persona que tenga una relación laboral con la víctima o con la persona jurídica extorsionada, se le impondrá al culpable, la pena de privación de libertad de por vida. La figura de extorsión se considerará un delito de crimen organizado”.- La nueva norma en vigencia a partir del veinticinco de junio del año dos mil veinte, tipifica en el artículo 373 el delito de Extorsión el que dispone: Artículo 373. “Extorsión. Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, debe ser castigado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizado. -Si se llega a causar, dolosa o imprudentemente la muerte al extorsionado, al cónyuge, compañero de hogar, o un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o cualquier persona que tenga una relación laboral con la victima o con la persona jurídica extorsionada, se debe imponer la pena de prisión a perpetuidad”.- El Delito Continuado y Delito Masa se encuentra regulado en el artículo 68 el que textualmente dispone: “Quien en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realiza una pluralidad de acciones u omisiones que ofenden a uno o varios sujetos e infringen el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, debe ser castigado como autor de un delito o falta continuados con la pena señalada para la infracción mas grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3)…”. - CONSIDERANDO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[7], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[8]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[9]. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley.-CONSIDERANDO (10): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I.- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor Cristian Alejandro Martínez Moncada, fue condenado por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha trece de agosto del año dos mil catorce, a la pena principal de VEINTICINCO (25) AÑOS DE RECLUSIÓN y MULTA DE TREINTA Y TRES (33) SALARIOS MÍNIMOS, en perjuicio de Testigo Protegido; así mismo a la pena accesoria de INHABILITACIÓN ABSOLUTA, durante el tiempo de duración de la pena de reclusión. II.- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del garantista, que la sentencia condenatoria mediante Estricta Conformidad de fecha trece de agosto del año dos mil catorce, a través de la cual se condenó al ciudadano Cristian Alejandro Martínez Moncada, el Tribunal aplicó lo dispuesto en los artículos 37 y 222 del Código Penal, contenido en el Decreto Legislativo Número 144-83, estimando que el condenado cometió el delito Continuado de Extorsión. III.- Esta Sala considera que el caso sub júdice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma más favorable, promulgada a que se alcanzara cosa juzgada mediante una sentencia firme; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, Procede la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna.-CONSIDERANDO (11): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor Cristian Alejandro Martínez Moncada, la pena principal de VEINTICINCO (25) AÑOS DE RECLUSIÓN y MULTA DE TREINTA Y TRES (33) SALARIOS MÍNIMOS y la pena accesoria de Inhabilitación Absoluta durante el tiempo de duración de la pena de reclusión, por haber sido encontrado responsable como autor de un delito Continuado de Extorsión, en perjuicio Testigo protegido. Conforme las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017, el delito de Extorsión, previsto en el artículo 373, relacionado con el artículo 68 en cuanto al delito continuado, prevé una pena abstracta de diez (10) a quince (15) años de prisión y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Por tratarse de un delito continuado debe castigarse con la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3). Conforme a las disposiciones de la pena a imponer por tratarse de un delito continuado, en el caso en comento Extorsión, la pena abstracta quedaría en doce (12) años seis (6) meses a veinte (20) años de prisión y una multa mínima de 500 días, aumentada en un tercio (1/3). Como bien se indica en la audiencia de Oposición celebrada, en la sentencia que se revisa de fecha trece de agosto del año dos mil catorce, el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia de Estricta Conformidad en atención a la propuesta consensuada por las partes, por ello el imputado fue condenado a la pena mínima solicitada, en virtud de lo cual procedería la imposición de pena en los mismos términos, como bien expone la Fiscal del Ministerio Público, en atención a ello, los días multa a criterio de este Tribunal de Justicia, se deben imponer a razón de Veinte Lempiras (L 20.00) por día. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal vigente prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83 recién derogado, por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor Cristian Alejandro Martínez Moncada. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 80, 90, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 53, 68, 373, 615 y 616 del Código Penal vigente Decreto Legislativo No. 130-2017. FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado JORGE ENRIQUE VALLADARES ARGEÑAL, quien delegó Poder en la Abogada SILVIA SARAHI GARCÍA ALMENDAREZ, a favor del señor CRISTIAN ALEJANDRO MARTINEZ MONCADA; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha trece (13) de agosto del año dos mil catorce (2014); y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor CRISTIAN ALEJANDRO MARTINEZ MONCADA, por el delito CONTINUADO DE EXTORSIÓN, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor CRISTIAN ALEJANDRO MARTINEZ MONCADA, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito CONTINUADO DE EXTORSIÓN a la pena de DOCE (12) AÑOS, SEIS (6) MESES DE PRISIÓN y MULTA DE SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS (666) DÍAS, a razón de Veinte Lempiras (L 20.00) por día, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO, ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa. - NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintiocho (28) días del mes enero del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha trece (13) de enero del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Recurso de Revisión Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0953-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.

[2]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[3]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[4]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[5] Código Penal. Decreto 144-83; publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 24,264 de fecha 12 de marzo de 1984 y vigente a partir del 12 de marzo de 1985.

[6] Reformado mediante Decreto Legislativo 16-2012 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta numero 32,798 de fecha 18 de abril del año 2012.

[7] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[8] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[9] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.