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Sentencia RP-949-20 — Registro 15046

Resumen

Se interpuso recurso de revisión contra la sentencia condenatoria en relación a la causa que se instruyó por el delito de extorsion, portación de arma de fuego tipo comercial en perjuicio de testigo protegido con clave com-0026 y la seguridad interior del estado de honduras, respectivamente.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO DIECIOCHO (18): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor YONY ANTONIO PERDOMO MEJIA, la pena principal de QUINCE AÑOS DE RECLUSION y multa de 50 SALARIOS MÍNIMOS EN SU NIVEL MÁS ALTO más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena, por haber sido encontrado responsable como autor de un delito de EXTORSION, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE COM-0026. Y la pena principal de TRES AÑOS más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE TIPO COMERCIAL. I. Que la comparativa de penas entre las diferentes legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, establecía una pena abstracta de quince (15) años a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos, más las accesorias que correspondan para el delito de Extorsión (artículo 222 CPD). Y pena abstracta de tres (3) a seis (6) años de reclusión, para el delito de Portación Ilegal De Arma De Fuego De Tipo Comercial (Articulo 333-B CPD). El Código Penal vigente Decreto 130-2017. Establece para el delito de Extorsión (Articulo 373 NCP) pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados, y para el delito de Tenencia o Porte Ilegal de Armas de Fuego (Articulo 580 NCP) la pena de uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas. Ponderando el quantum de la pena, es palmario que el marco de penas abstractas del Código Penal Vigente es menos gravoso para el encausado. Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor YONY ANTONIO PERDOMO MEJIA de una norma derogada por una vigente que le resulta más benigna. II. En el análisis de los concretos y probados hechos (folio 150 pieza del juzgado y folio 48 del recurso), el sentenciado, al tenor del artículo 373 del nuevo Código Penal cometió el delito de Extorsión, y examinando el artículo 580 del mismo cuerpo legal, los hechos encuadran con el delito de Tenencia o Porte Ilegal de Armas de Fuego, esto a causa de que el juzgador no establece que el arma encontrada al encausado sea prohibida por la normativa nacional. III. La comparativa de penas entre las distintas legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, la norma penal vigente, o ley intermedia al momento de la petición de revisión penal, Decreto 130-2017, preveía sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83 recién derogado y las contenidas en el Decreto 93-2021 vigente a partir del 2 de noviembre del año 2021, según lo dispuesto en el artículo 11 del referido decreto, por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la ley intermedia en favor del señor DANIEL OSWALDO NUÑEZ PORTILLO. IV. Siguiendo los lineamientos de la aplicación de la retroactividad de la ley penal, haciendo la respectiva ponderación y sustanciando los parámetros establecidos en la sentencia revisada donde se hizo usanza de la figura procesal penal denominada Estricta Conformidad y se le impuso al encausado las penas mínimas en ambos delitos. El resultado de lo antes mencionado seria la imposición de una pena concreta de diez (10) años de prisión y multa de quinientos (500) días, [días] que se pagaran a razón de veinte lempiras por día (artículo 53 NCP), esto por el ilícito de Extorsión; y un año (1) de prisión y localización permanente de un (1) año por el delito de Tenencia o Porte Ilegal de Armas de Fuego. V. En consecuencia, en observancia del artículo 616 del nuevo Código Penal, procede la revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo computo de la pena, con abono del tiempo que haya estado en prisión; tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de enero del dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia el recurso de revisión interpuesto por NORA WALESKA ESCALANTE a favor del señor YONI ANTONIO PERDOMO MEJIA, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA SECCION JUDICIAL DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha treinta y uno (31) de mayo de dos mil diecinueve (2019), en relación a la causa que se instruyó contra el Señor YONI ANTONIO PERDOMO MEJIA por el delito de EXTORSION, PORTACION DE ARMA DE FUEGO TIPO COMERCIAL en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE COM-0026 Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, RESPECTIVAMENTE. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha diez (10) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, la Abogada KENIA YAQUELIN RIVERA, en su condición de Agente de Tribunal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el Señor YONI ANTONIO PERDOMO MEJIA por el delito de EXTORSION, PORTACION DE ARMA DE FUEGO TIPO COMERCIAL en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE COM-0026 Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, RESPECTIVAMENTE.. (Folios 01-20 de la pieza del A-Quo) 2) Que continuado que fue el proceso, en fecha treinta y uno (31) de mayo de dos mil diecinueve (2019), el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Siguatepeque, Departamento de Comayagua dictó Sentencia Condenatoria mediante la cual Falló: (SIC): “PRIMERO: Declarar al señor YONI ANTONIO PERDOMO MEJIA, de generales ya mencionadas en el preámbulo de esta resolución; por conformidad de las partes, penalmente responsable del delito de EXTORSION, en perjuicio de la de la propiedad del TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE COM-0026; por ende, previo abono del tiempo que ha permanecido en efectiva prisión preventiva, se le condena a sufrir la Penitencia Nacional de Tamara Francisco Morazán, u otra de igual categoría, a la pena principal de: QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSION; Del mismo modo, se le impone una multa de cincuenta (50) salarios mínimos en su nivel mas alto, que en este caso es la del sistema financiero con L.11,549.39 (once mil quinientos cuarenta y nueve lempiras con 39/100 centavos) por mes, para un total de l 577,469.50 (quinientos setenta y siete mil cuatrocientos sesenta y nueve lempiras con 50/100 centavos); Asimismo a las accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, y a realizar trabajos en Obras Públicas, o a labores dentro del Centro Penal, por todo el tiempo de la condena. SEGUNDO: Declarar al mismo YONI ANTONIO PERDOMO MEJIA, de generales ya mencionadas en el preámbulo de esta resolución; por conformidad de las partes, penalmente responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO TIPO COMERCIAL, en perjuicio de la de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; por ende, previo abono del tiempo que ha permanecido en efectiva prisión preventiva, se le condena a sufrir la Penitencia Nacional de Tamara Francisco Morazán, u otra de igual categoría, a la pena principal de: TRES (3) AÑOS DE RECLUSION; Asimismo a las accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil, y a realizar trabajos en Obras Públicas, o a labores dentro del Centro Penal, por todo el tiempo de la condena. Se ordena, que el referido YONI ANTONIO PERDOMO MEJIA, continúe cumpliendo con la Medida Cautelar de Prisión Preventiva, impuesta en el tramite de el proceso, entre tanto adquiera firmeza la sentencia de merito. TERCERO: Se declara el comiso de un sobre de papel color blanco conteniendo dos billetes de las denominaciones de L.100.00 (CIEN LEMPIRAS), con series: CC6402280 y CE0317977, respectivamente, con los recortes de papel periódico que simulan dinero en billetes; Asimismo, se declara el comiso de un Arma de fuego, tipo revolver, sin marca, serie No.1082888, arma esta que en etapa de ejecución se proceda conforme a derecho corresponda. De igual se pone a la orden del Juzgado de Ejecución un vehículo automotor Marca Ford Ranger, Pick-up, Año 2000, Color negro, VIN No.1FTYRA14VOYTB42105, que se encuentra en el parque conocido como El Abuelo, situado en esta ciudad de Siguatepeque, Comayagua; vehículo este que en etapa de ejecución se ordena devolver va a quien acredite ser su propietario. CUARTO: Se declara al mismo YONI ANTONIO PERDOMO MEJIA, civilmente responsable por los daños y perjuicios morales y materiales, provocados a la parte ofendida; Acción que oportunamente a petición de parte interesada deberá ventilarse y resolverse en el Juzgado de Ejecución Penal correspondiente; y, se declara al mismo señor PERDOMO MEJIA, exento del pago de las costas procesales, lo anterior en base al principio de gratuidad penal. QUINTO: Firme la presente sentencia, oportunamente que la Secretaría de este Tribunal de Sentencia, remita las diligencias de merito con certificación de este fallo, al Juzgado de Ejecución Penal correspondiente, y a la Penitenciaria Nacional indicada, para los efectos legales subsiguientes; de igual modo a las dependencias que corresponda. NOTIFIQUESE.” (Folios 149-152 de la pieza del A-Quo) 3) Que la Abogada NORA WALESKA ESCALANTE, compareció ante el Juzgado de Ejecución de Siguatepeque, departamento de Comayagua, interponiendo recurso de revisión a favor del señor YONI ANTONIO PERDOMO MEJIA, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, en fecha treinta y uno (31) de mayo de dos mil diecinueve (2019), fundamentando su acción en el artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. 4) Que en fecha veinte (20) de octubre de dos mil veinte (2020), se recibieron las diligencias remitidas por el Juzgado de Ejecución Penal de la Sección Judicial de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, correspondientes al recurso de revisión penal a favor del Señor YONI ANTONIO PERDOMO MEJIA. (Folios 01-08 del recurso de mérito) 5) Que en fecha veinte (20) de mayo de dos mil veintiuno (2021), esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenándose en consecuencia la celebración de la Audiencia respectiva. (Folio 21 del recurso de mérito) 6) Que en fecha veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la Abogada NORA WALESKA ESCALANTE RAMOS en su condición de Apoderada Legal del Señor YONI ANTONIO PERDOMO MEJIA, en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión, pronunciándose la representante del Ministerio Público que la petición se enmarca a lo que dispone el artículo 96 de la Constitución de la República y 96 numerales 6) y 8) de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folios 39-45 del recurso de mérito) CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5]. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. El garantista señala en los antecedentes: “El veinticinco de junio del año en curso-2020- entro en vigencia el nuevo Código Penal contenido en el Decreto numero 130-2017 publicado en el Diario Oficial La Gaceta numero 34,940. Es evidente que el nuevo estamento penal reduce sustancialmente el tiempo que aplica para la privación de la libertad del encausado en virtud de los delitos por los cuales se le reclamo responsabilidad a mi defendido. El Código Penal derogado, normativa sobre la cual fue condenado mi defendido, en su artículo 222, párrafo primero, establece que “comete el delito de extorsión quien con violencia o intimidación y animo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de tercero, el culpable de extorsión debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) año y multa de ciento cincuenta (150) salarios mininos en su nivel mas alto, mas las accesorias que correspondan, sin perjuicio de las que pudieren imponerse por los actos de violencia física realizados…” El Código Penal vigente cuya normativa resulta mucho mas benigna para el condenado en su articulo 373 prescribe que comete Extorsión “Quien con violencia o intimidación y animo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, debe ser castigado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Por otra parte, en cuanto al delito de portación de armas de fuego de tipo comercial, le fue impuesto observado los presupuestos que contiene el artículo 332-b del Código Penal Derogado (fabricación y tráfico de armas de fuego y municiones comerciales, de defensa personas o deportivo y explosivos comerciales. Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda arma de fuego y municiones para uso personal o deportivo y explosivos comerciales , incurrirá en una pena de tres (3) años a seis (6) años de reclusión sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas) sin embargo la actual legislación penal se torna mucho mas favorable para el condenado por cuanto el articulo 580 del Código Penal vigente en cuanto a la tenencia o portación ilegal de armas de fuego y en lo concerniente al asunto expuesto prescribe que “la tenencia de armas de fuego o municiones careciendo de las licencias o permisos necesarios debe ser castigado con las penas siguientes de un año (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años , si se trata de armas o municiones permitidas. Lo antes relacionado, cuestiones de derecho, conforman nuestro argumento para solicitar la aplicación del principio de retroactividad de la nueva ley penal en virtud que la misma favorece al condenado y, además que se proceda a la revisión de la sentencia condenatoria firme recaída en juicio para que se establezca el nuevo tiempo de reclusión por los delitos por los cuales se condena a mi defendido, así mismo se revise lo correspondiente a la multa y las penas accesorias impuestas. CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró el día veintiséis del mes de agosto del año dos mil veintiuno, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de la abogada NORA WALESKA ESCALANTE RAMOS, quien actúa en representación del señor YONY ANTONIO PERDOMO MEJIA y la abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, en su condición de agente fiscal del Ministerio Público, en representación de los intereses de la sociedad hondureña. Cedida la palabra a la abogada NORA WALESKA ESCALANTE RAMOS, expuso: presento el recurso pertinente, por el delito que se conoce y que ya fue sentenciado por el delito de EXTORSION, en virtud que en fecha veinticinco (25) de junio del año dos mil veinte (2020), entro en vigencia el nuevo código, mismo que le es más favorable al imputado su señorita, es en tal sentido pues que esta defensa en apego al artículo 96 numeral 8; Articulo 97 su señoría de la Ley sobre de Justicia Constitucional, el Artículo 96 su señoría de la Constitución de la República que literalmente dice: Que la ley tiene efecto retroactivo siempre y cuando beneficie a el imputado es en tal sentido que esta defensa presentó el recurso de revisión pues para que le sea aplicado a mi representado la ley más favorable. Cedida la palabra a la abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA representante del Ministerio Publico expuso: “El Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua en fecha treinta y uno (31) de Mayo del año dos mil diecinueve (2019); dictó sentencia condenatoria contra el señor YONI ANTONIO PERDOMO MEJÍA por el delito de EXTORSIÓN en perjuicio de testigo protegido con clave com-0026, condenándolo a la pena de quince años de reclusión y multa de cincuenta (50) salarios mínimos de su nivel más alto que en este caso es del sistema financiero con l.11,549.39 (once mil quinientos cuarenta y nueve con 39/100 centavos); haciendo un total de quinientos setenta y siete mil cuatrocientos setenta y nueve lempiras con cincuenta centavos (lps.577,469.50) y por el delito de portación de arma de fuego comercial en perjuicio de la seguridad interior del estado de honduras, a la pena de tres años de reclusión y a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. II. APRECIACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS CONTROVERTIDOS: Esta representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el Revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revea la Sentencia Definitiva emitida mediante Estricta Conformidad de fecha treinta y uno (31) de Mayo del año dos mil diecinueve (2019);, dictada por El Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la Ley penal a favor del condenado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes contenidas en el nuevo Código Penal, el cual, es sancionado con una pena más benigna, por lo que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más le favorezca a su representado, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: “Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1)…, 2)…, 3)…, 4)…,5)…, 6) … 7)…, 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna,…” relacionado con los artículos 615 y 616 del nuevo Código Penal[…] El recurrente solicita en representación del condenado YONI ANTONIO PERDOMO MEJIA, se aplique retroactivamente la nueva legislación penal vigente por ser esta más benigna. Que se establezca la nueva pena y se emita el computo correspondiente tomando en cuenta que la pena por el delito de EXTORSIÓN es de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos 500 a mil 1000 días, por lo que se le deberá imponer a su representado la pena mínima por la aplicación de la figura de ESTRICTA CONFORMIDAD. Asimismo, con relación al delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL, tiene una pena señalada de uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años si se trata de arma o municiones permitidas. De lo expuesto por el revisionista el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales, indicando las sanciones correspondientes a los delitos por el cual se condenó al hoy imputado: En el Código Penal derogado el delito de EXTORSION, se encontraba regulado en el artículo 222, el cual dispone lo siguiente: “Comete el delito de EXTORSIÓN quien con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de terceros, el culpable de extorsión debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos en su nivel más alto, más las accesorias que correspondan, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física realizados”. En el Nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) con relación al delito de EXTORSIÓN se encuentra regulado en el Artículo 373: EXTORSIÓN. Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de un tercero, debe ser castigado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Al examinar el fallo emitido por el A-quo, se aprecia que se condenó al encausado YONI ANTONIO PERDOMO MEJÍA por el delito de EXTORSIÓN, a una pena mínima de quince (15) años de reclusión y multa de cincuenta salarios mínimos. En relación a la condena de multa de cincuenta (50) salarios mínimos en su nivel más alto impuesta con el Código Penal derogado, con el nuevo Código Penal esta fue modificada a días multa, por lo que al hacer la conversión corresponde también la aplicación de la multa de quinientos (500) a mil (1000) días multa, cuyo valor oscila en no menor de veinte lempiras (L.20) ni mayor de cinco mil lempiras (L.5000.00). Se condenó además al señor YONI ANTONIO PERDOMO MEJÍA por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO COMERCIAL a la pena de tres años de reclusión. El cual se encontraba regulado en el código penal derogado en el artículo 332-B que establecía: Quien sin permiso de autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ella.”. En el Nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) con relación al delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO COMERCIAL, se encuentra regulado en el ARTÍCULO 580.-TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO. La tenencia de armas de fuego o municiones careciendo de las licencias o permisos necesarios debe ser castigada con las penas siguientes: 1)De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas; y, 2)De cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas o municiones prohibidas. Con las mismas penas previstas en el numeral 1) se castiga la tenencia de armas artesanales. Se aumenta la pena de prisión en un tercio (1/3) a quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización.” CONSIDRANDO CINCO (5): Como conclusión el Ministerio Público asevero: De lo anterior, se aprecia que la pena a imponer con el nuevo Código Penal no resulta más beneficiosa al condenado, ya que a éste se le impuso una pena de tres años de reclusión, y la pena abstracta señalada para este delito en el nuevo Código Penal es de uno (1) a cuatro (4) años de reclusión aumentada en (1/3) por haber sido condenado por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, quedando la nueva pena de cuatro (4) años a cinco (5) años cuatro (4) meses de reclusión. Por lo que esta representación fiscal, es del criterio que no resulta procedente lo solicitado por el revisionista de aplicarle a su defendido la pena más beneficiosa, lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el artículo 616 párrafo primero del nuevo Código Penal. En tal sentido se Aprecia Honorables Magistrados, que la solicitud de la revisión de la pena invocada por el recurrente en relación al delito de Extorsión y Portación ilegal de arma de fuego comercial no se enmarca en lo que dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el Artículo 615 del Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 “Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. “En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO SIETE (7): Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO OCHO (8): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO NUEVE(9): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". [6] Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[7], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[8]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena mas leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[9]. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO ONCE (11): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[10] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable”. CONSIDERANDO DOCE (12): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[11]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO TRECE (13): Sobre la aplicación de la ley intermedia. En relación a la ley intermedia. Se les denomina así ya que son promulgadas después de la comisión del delito, pero que son desplazadas por una nueva ley antes de proferir la sentencia. En el caso hondureño no hablamos específicamente de una ley per se, empero se presenta una reforma que prácticamente reconfigura la norma penal. Por tanto, estaríamos ante una nueva norma ya que su contenido antes en vigor ha cambiado y por tanto han alterado su fisonomía normativa, así como su contenido básico. Para el jurista René Suazo Lagos[12] reciben el nombre de leyes intermedias “[las] leyes emitidas y derogadas entre la fecha de comisión [del delito] y [el dictado] de la sentencia”. Sobre este mismo tema otros tratadistas señalan: “Se acostumbra a aludir con el nombre de ley penal intermedia a la situación que se produce cuando, con posterioridad a la comisión de un delito, se promulga una ley más benigna que la que estaba vigente al momento del hecho, pero ésta ya no existe al tiempo de la sentencia en que dicho delito es juzgado, puesto que ha sido reemplazada por una tercera ley. A la segunda ley se la suele llamar ley intermedia, ya que rige entre la que estaba en vigor al tiempo del delito y la vigente al momento del fallo”[13]. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que en el caso sub examine, la peticionaria Abogada NORA WALESKA ESCALANTE, compareció ante este Alto Tribunal en fecha veinte de octubre del año dos mil veinte, presentando recurso de Revisión de una sentencia condenatoria penal y en consecuencia la aplicación de la ley más benigna vigente en ese momento, el Decreto Legislativo No. 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal, en consideración a que su representado el señor YONY ANTONIO PERDOMO MEJÍA, fue condenado por el delito de EXTORSIÓN estando vigente el Decreto 144-83, decreto este último que fue derogado con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 130-2017. La nueva norma penal establecía en el artículo 373 una pena más benigna para el delito de Extorsión: -prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días-. No obstante a ello en el ínterin de la petición del recurso de Revisión Penal promovido y el dictado de la presente sentencia, entró en vigencia el Decreto Legislativo No.93-2021[14], mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 373 del Decreto 130-2017 contentivo del nuevo Código Penal y agrava nuevamente la pena para el delito de Extorsión: -prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto-. En el caso sujeto a estudio nos encontramos ante la situación de la aplicación de una ley más benigna que no se encuentra vigente el momento de dictar sentencia, ello es así pues el señor YONY ANTONIO PERDOMO MEJÍA, fue condenada por el delito de Extorsión, estando vigente el Decreto 144-83, posterior a su condena fue promulgado el Decreto 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal y estableciendo una pena más favorable en relación al tipo penal de Extorsión, peticionando su Abogado Defensor la revisión de esa sentencia penal estando en vigencia el Decreto 130-2017, mismo que establecía una pena más benigna para el delito de Extorsión, y posterior a la petición realizada y previo a dictar sentencia este Alto Tribunal, entra en vigencia el Decreto 93-2021 que de nuevo aumenta la pena para el delito de extorsión como líneas arriba se dijo. En ese orden de ideas el Tribunal Supremo Español considera que, si la ley penal intermedia es más favorable que la ley vigente en el momento de comisión del delito y que la vigente en el momento de enjuiciamiento, debe ser aplicada al reo, «no solamente por razones humanitarias derivadas del principio proclamado en el art. 2.2 del Código Penal [español], sino que se perjudicaría al reo por razones ajenas a él, como la tardanza en juzgarle, resultando de ese modo en peor situación» (STS, 2.ª, 953/2013, de 16-XII). Otras resoluciones que aplican la ley penal intermedia más favorable son las SSTS, 2.ª, 140/2002, de 8-II; 692/2008, de 4-XI; 1026/2009, de 16-X; y 1078/2012, de 16-VI. CONSIDERANDO QUINCE (15): Esta Sala Constitucional considera que una vez iniciado un trámite de Revisión materia penal, al momento de aplicar las normas penales a la sustanciación del Recurso, se deberá ejecutar la norma que fue invocada por el recursista y que al momento de peticionar estaba en vigencia, asimismo al momento de comparar las normas penales, como es el caso de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, se deberá comparar con la norma que fue aplicada en la sentencia (norma considerada derogada en el momento de interposición del recurso) y en el caso de que en el lapsus de presentación del Recurso y la emisión de la resolución final, la norma invocada fuese derogada o reformada, se tomara en consideración la más benigna, ya que el cambio de circunstancias es por causas ajenas al peticionario. Esto atendiendo el mandato constitucional, que coloca a la persona humana y su protección como fin y prioridad del Estado. Así también, bajo la órbita del principio pro homine, ampliamente reconocido por la Sala Constitucional, cuando exista la posibilidad de tomar diferentes decisiones, así como en caso de mérito, se encuentran varias posibilidades en debate, el juez deberá preferir, aquella que contenga mejores protecciones, o que sean más favorables para el individuo. Por tanto, se debe aplicar la norma que mas favorezca al encausado, puesto que su petición se realizo al amparo de una norma más benigna que al momento de interponer el Recurso se encontraba en vigencia y el hecho de que esa norma haya sido desplazada no puede ser imputable o acarrear consecuencia para quien peticiono o se apegó a ella en tiempo y forma. CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO DIECISIETE (17): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. -I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor YONY ANTONIO PERDOMO MEJIA fue condenado por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha 31 de mayo del año 2019, pena principal de QUINCE AÑOS DE RECLUSION y multa de 50 SALARIOS MÍNIMOS EN SU NIVEL MÁS ALTO más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena, por haber sido encontrado responsable como autor de un delito de EXTORSION, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE COM-0026. Y la pena principal de TRES AÑOS más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE TIPO COMERCIAL. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 222 Y 332; del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió el delito de Extorsión y Portación Ilegal de Arma de Fuego. III- Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, Procede la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna. CONSIDERANDO DIECIOCHO (18): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor YONY ANTONIO PERDOMO MEJIA, la pena principal de QUINCE AÑOS DE RECLUSION y multa de 50 SALARIOS MÍNIMOS EN SU NIVEL MÁS ALTO más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena, por haber sido encontrado responsable como autor de un delito de EXTORSION, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE COM-0026. Y la pena principal de TRES AÑOS más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE TIPO COMERCIAL. I. Que la comparativa de penas entre las diferentes legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, establecía una pena abstracta de quince (15) años a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos, más las accesorias que correspondan para el delito de Extorsión (artículo 222 CPD)[15]. Y pena abstracta de tres (3) a seis (6) años de reclusión, para el delito de Portación Ilegal De Arma De Fuego De Tipo Comercial (Articulo 333-B CPD). El Código Penal vigente Decreto 130-2017. Establece para el delito de Extorsión (Articulo 373 NCP)[16] pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados, y para el delito de Tenencia o Porte Ilegal de Armas de Fuego (Articulo 580 NCP) la pena de uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas. Ponderando el quantum de la pena, es palmario que el marco de penas abstractas del Código Penal Vigente es menos gravoso para el encausado. Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor YONY ANTONIO PERDOMO MEJIA de una norma derogada por una vigente que le resulta más benigna. II. En el análisis de los concretos y probados hechos (folio 150 pieza del juzgado y folio 48 del recurso), el sentenciado, al tenor del artículo 373 del nuevo Código Penal cometió el delito de Extorsión, y examinando el artículo 580 del mismo cuerpo legal, los hechos encuadran con el delito de Tenencia o Porte Ilegal de Armas de Fuego, esto a causa de que el juzgador no establece que el arma encontrada al encausado sea prohibida por la normativa nacional. III. La comparativa de penas entre las distintas legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, la norma penal vigente, o ley intermedia al momento de la petición de revisión penal, Decreto 130-2017, preveía sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83 recién derogado y las contenidas en el Decreto 93-2021 vigente a partir del 2 de noviembre del año 2021, según lo dispuesto en el artículo 11 del referido decreto, por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la ley intermedia en favor del señor DANIEL OSWALDO NUÑEZ PORTILLO. IV. Siguiendo los lineamientos de la aplicación de la retroactividad de la ley penal, haciendo la respectiva ponderación y sustanciando los parámetros establecidos en la sentencia revisada donde se hizo usanza de la figura procesal penal denominada Estricta Conformidad y se le impuso al encausado las penas mínimas en ambos delitos. El resultado de lo antes mencionado seria la imposición de una pena concreta de diez (10) años de prisión y multa de quinientos (500) días, [días] que se pagaran a razón de veinte lempiras por día (artículo 53 NCP), esto por el ilícito de Extorsión; y un año (1) de prisión y localización permanente de un (1) año por el delito de Tenencia o Porte Ilegal de Armas de Fuego. V. En consecuencia, en observancia del artículo 616 del nuevo Código Penal, procede la revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo computo de la pena, con abono del tiempo que haya estado en prisión; tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la abogada NORA WALESKA ESCALANTE RAMOS, a favor del señor YONY ANTONIO PERDOMO MEJIA RAMOS; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SIGUATEPEQUE, en fecha treinta y uno de mayo del año dos mil diecinueve; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor YONY ANTONIO PERDOMO MEJIA RAMOS, por los delitos de EXTORSIÓN, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO COM-0026, y TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al Señor YONY ANTONIO PERDOMO MEJIA RAMOS, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de EXTORSIÓN en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO COM-0026 a la pena de prisión diez (10) años de prisión y multa de quinientos (500) días a razón de veinte lempiras por día, más las penas accesorias correspondientes. SEGUNDO: CONDENANDO al Señor YONY ANTONIO PERDOMO MEJIA RAMOS, por el delito de TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS a la pena de prisión un (1) año de prisión y localización permanente de un (1) año, más las penas accesorias correspondientes por el tiempo que dure la condena. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.” Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de febrero de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha trece de enero de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Revisión Penal, registrado en este Tribunal con el número SCO-0949-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.

[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.

[3]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[4]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[5]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[6] ZAFFARONI, E., Estructura Básica del Derecho Penal. Editorial Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2009. Pág. 41.

[7] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[8] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[9] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.

[10] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.

[11] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.

[12] Suazo Lagos R. (2010), Lecciones de Derecho Penal. Editorial La Nueva Honduras.

[13] Calderón, G. (2004) ¿Debe Aplicarse La Ley Penal Intermedia Más Favorable? Pontificia Universidad Católica De Valparaíso, Chile.

[14] Publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 35,760 de fecha 1 de noviembre del año dos mil veintiuno y vigente según el articulo 11 al día siguiente de la publicación del presente Decreto en el Diario oficial “La Gaceta”.

[15] CPD: Código Penal Derogado.

[16] NCP: Nuevo Código Penal