Sentencia RP-935-20 — Registro 15045
Resumen
Se interpuso recurso de revisión contra la sentencia condenatoria dictada con relación a la causa que se instruyó por el delito de almacenamiento ilegal de armas de uso prohibido en perjuicio de la seguridad interior del estado de Honduras.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO DOCE (12): Que del estudio de la sentencia revisada mediante el Recurso de Revisión, esta Sala concluye que se impuso al señor JOSE MIGUEL ESCALANTE MUNGUIA, la pena principal de OCHO (8) AÑOS DE RECLUSION y MULTA de CINCO MIL LEMPIRAS (L. 5,000.00) y las penas accesorias de ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL, por haber sido encontrado responsable como autor de un delito de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS DE USO PROHIBIDO, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Conforme las disposiciones del Código Penal Decreto Legislativo número 130-2017, el delito de TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO PROHIBIDO previsto en el artículo 580 Numeral 2, prevé una pena abstracta de CUATRO (4) a SEIS (6) AÑOS y localización permanente de hasta tres (3) años, más las penas accesorias correspondientes. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal vigente prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83 recién derogado, por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor JOSE MIGUEL ESCALANTE MUNGUIA. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 70, 580 Numeral 2, 615 y 616 del Código Penal;”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96, Numeral 8 (Rango Constitucional)
- Código Penal No. 130-17, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal No. 130-17, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de enero del año dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de revisión interpuesto por el Abogado CARLOS ERNESTO ALVARENGA ARIAS, en su condición de Apoderado Legal del Señor JOSE MIGUEL ESCALANTE MUNGUIA, contra la sentencia condenatoria dictada por la SALA PRIMERA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha treinta (30) de agosto de dos mil diecinueve (2019), con relación a la causa que se instruyó contra el Señor JOSE MIGUEL ESCALANTE MUNGUIA, por el delito de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS DE USO PROHIBIDO en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha cinco (05) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, el Abogado JOSE ROGELIO COREA CASTILLO, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, solicitando Autorización Judicial para allanar un bien inmueble, ubicado en la Residencial Las Hadas, segunda tranca, a mano derecha, casa de dos plantas, color terracota café y blanco, portones vehiculares y peatonal color beig claro, contador de la ENEE 2006-263830, a nombre de SARA AYAMILETH VALLADARES LAINEZ, de esta ciudad de Tegucigalpa. (Folios 01-04 de la pieza del A-Quo) 2) Que continuado que fue el proceso, en fecha treinta (30) de agosto de dos mil diecinueve (2019), el Juzgado antes citado dictó Sentencia Condenatoria mediante la cual Falló: (SIC): “PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos al señor JOSE MIGUEL ESCALANTE MUNGUIA, cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable penalmente del delito de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS DE USO PROHIBIDO, en perjuicio DE LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS a la pena principal de OCHO (8) AÑOS DE RECLUSION y MULTA DE CINCO MIL LEMPIRAS (L.5,000.00), por el arma prohibida la cual deberá computarse el tiempo en que el acusado haya estado en efectiva prisión como consecuencia de la medida cautelar de prisión preventiva que se le ha impuesto por esta causa y la que deberá cumplir el condenado en el Centro Penitenciario que determine el Juez de Ejecución competente. Declarando sin lugar la solicitud de la Defensa que el acusado cumpla la pena simultáneamente. SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos al señor JOSE MIGUEL ESCALANTE MUNGUIA, como consecuencia de la condena de reclusión, a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal, así como también, a trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la Ley que regula el Sistema Penitenciario Nacional. TERCERO: No procede la condena del señor JOSE MIGUEL ESCALANTE MUNGUIA, en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. CUARTO: Se declara la responsabilidad civil del señor JOSE MIGUEL ESCALANTE MUNGUIA, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de la sentencia. QUINTO: Se declara el Comiso del arma subametralladora, marca Thompson, modelo: OF1928 A1, calibre 45, serie 226795, para su destrucción, lo cual correrá a cargo del Juez de Ejecución y a quien deberá ser remitida dicha evidencia por parte del Ministerio Público.” (Folios 451-452 de la pieza del A-Quo) 3) Que el Abogado CARLOS ERNESTO ALVARENGA ARIAS compareció ante este Tribunal en fecha quince (15) de octubre de dos mil veinte (2020), presentando recurso de revisión penal a favor del Señor JOSE MIGUEL ESCALANTE MUNGUIA, contra la sentencia condenatoria dictada por la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta (30) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), fundamentando su acción en el artículo 96 numeral 6 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folios 01-10 del recurso de mérito) 4) Que en fecha doce (12) de abril del dos mil veintiuno (2021), esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenándose en consecuencia la celebración de la Audiencia respectiva. (Folio 12 del recurso de mérito) 5) Que en fecha diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiuno (2021), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado CARLOS ERNESTO ALVARENGA ARIAS en su condición de Apoderado Legal del Señor JOSE MIGUEL ESCALANTE MUNGUIA. (Folios 27-30 del recurso de mérito) CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal, pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Algunos precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[1] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. El artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional dispone que la Sala de lo Constitucional podrá declarar sin lugar la revisión o anulará la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[2], en relación con el artículo 25 de la misma convención[3] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[4]. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El garantista funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley que le resulta más benigna. El garantista señala que el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa en fecha treinta (30) de agosto del año dos mil diecinueve (2019) emitió sentencia contra el señor JOSE MIGUEL ESCALANTE MUNGIA, por el delito de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS DE USO PROHIBIDO, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, basándose en el consentimiento del imputado de someterse a la figura de estricta conformidad, por lo cual se le impuso la pena mínima de OCHO AÑOS DE RECLUSIÓN y una MULTA DE CINCO MIL LEMPIRAS, en base al Código Penal derogado (Decreto 144-83) que establecía en el artículo 332-A una pena de reclusión de ocho (8) a diez (10) años y multa de cinco mil (L.5,000.00) a diez mil (L.10,000.00), en base a los hechos probados siguientes: “El día cinco de septiembre del año dos mil dieciséis, se realizó un allanamiento en la colonia Altos de las Adas, bloque 4, específicamente en la residencia del señor JOSE MIGUEL ESCALANTE MUNGIA, donde se encontró un arma subametralladora, marca Thompson, modelo: OF 1928 A1, calibre 45, serie 226795, en buen estado de funcionamiento, la que no es permitida a particulares”. Actualmente el Código Penal publicado mediante Decreto 130-2017 en el artículo 580 numeral 2, el cual es aplicable al reo, regula el delito de TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO, señala que la persona que tenga o posea armas o municiones prohibidas sufrirá una pena entre cuatro (4) a seis (6) años, evidenciándose una notable rebaja a la pena y la multa ha sido eliminada. Argumenta el pedidor que el verbo rector por el cual fue condenado el señor JOSE MIGUEL ESCALANTE MUNGUIA, fue el de ALMACENAMIENTO y podría creerse que el delito a tener en cuenta para los efectos de esta acción de revisión, es el establecido en el artículo 581, DEPOSITO DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES O EXPLOSIVOS, lo cual sería un error, pues el párrafo final del artículo en mención establece: “ A los efectos de este precepto se considera depósito de armas de fuego la reunión de más de diez (10) armas”. Como se puede establecer, la ley mas favorable al imputado es la contenida en el artículo 580 y no el artículo 581 del nuevo Código Penal. Ante ello alega el recurrente, que a su defendido le es aplicable el delito de TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO, que señala una pena de cuatro (4) a seis (6) años y siendo que el procesado acepto la estricta conformidad que le valió la imposición de la pena mínima, por lo cual deberá condenársele a la nueva pena por el delito mencionado a CUATRO AÑOS de prisión y se elimine la multa impuesta en el fallo. CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró el día diecinueve (19) de agosto del dos mil veintiuno (2021), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado CARLOS ERNESTO ALVARENGA ARIAS, como garantista a favor del ciudadano JOSE MIGUEL ESCALANTE MUNGUIA y la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de agente fiscal del Ministerio Público, en representación de los intereses de la sociedad hondureña. Se le cedió la palabra al abogado CARLOS ERNESTO ALVARENGA ARIAS, quien expuso que su representado José Miguel Escalante Munguía, fue condenado por el delito de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO PROHIBIDO, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, conforme al artículo 332 que establecía una pena de ocho a diez años de prisión y una multa de cinco mil a diez mil lempiras, al adherirse a la estricta conformidad fue condenado a la pena mínima de ocho años y multa de cinco mil lempiras.- Con el nuevo Código Penal, establece un título diferente de tenencia o portación ilegal de arma de fuego, con una pena de cuatro a seis años, en ese sentido, por la adhesión a la estricta conformidad, correspondería una pena mínima de cuatro años, excluyéndose la multa por no contemplarla dicho delito. Arguye que el delito de almacenamiento en el Código Penal derogado no establecía una cantidad de armas, en el Código Penal actual se establece que almacenamiento debe ser de diez o más armas y a su cliente solo se le encontró un arma, ante ello peticiona en base al principio de retroactividad, se aplique el delito de Tenencia regulado en el artículo 580 numeral 2 del Código Penal vigente, estableciéndose una pena de cuatro años.- Seguidamente se le cedió la palabra a la representante del Ministerio Público quien hizo uso de la palabra, expresando que de lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Publico aprecia la existencia de una interpretación errónea por parte del revisionista, respecto del tipo penal de Almacenamiento de armas de uso prohibido por el cual fue condenado su representado, el recurrente aduce que dicho ilícito se enmarca en el nuevo Código penal en el artículo 580 numeral 2 que regula la TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO. Se extrae que el señor JOSE MIGUEL ESCALANTE, fue condenado mediante la figura de estricta conformidad a una pena de ocho (8) años de reclusión y una multa de cinco mil lempiras (Lps. 5,000.00) más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el delito de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS DE USO PROHIBIDO, siendo enmarcada su conducta en el artículo 332-A del Código Penal derogado.- De las premisas expuestas estima la suscrita que el delito de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS DE USO PROHIBIDO se encuentra regulado en el nuevo Código Penal en el artículo 581.- DEPOSITO DE ARMAS DE FUEGO, MUNISIONES O EXPLOSIVOS. Que señala: “Quien sin autorización, posee un depósito de armas de fuego debe ser castigado con las penas siguientes: 1… 2) De diez (10) a doce (12) años y localización permanente de hasta cinco (5) años, si se trata de armas de fuego prohibida; de ahí que resulta evidente que la nueva norma penal contempla una pena de mayor cuantía, en virtud de lo cual se aprecia que la aplicación de la nueva ley penal no resulta más favorable al reo. Visto el razonamiento anterior el Ministerio Publico se pronuncia porque se deniegue la acción de revisión. CONSIDERANDO CINCO (5): Que el Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas”. Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado….”. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. CONSIDERANDO SIETE (7): CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MAS FAVORABLE. Artículo 616 del Código Penal. “Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En ese sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, toando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que le perjudique. Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una u otra legislación…” CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[5], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[6]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[7]. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO NUEVE (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullum crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO DIEZ (10): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. -I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor JOSE MIGUEL ESCALANTE MUNGUIA, fue condenado por la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha treinta (30) de agosto del dos mil diecinueve (2019), a la pena principal de OCHO (8) AÑOS DE RECLUSION y MULTA de CINCO MIL LEMPIRAS (L. 5,000.00) por el delito de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS DE USO PROHIBIDO en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; así mismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del garantista, que la sentencia condenatoria de fecha treinta (30) de agosto del dos mil diecinueve (2019) mediante la cual se condenó al ciudadano JOSE MIGUEL ESCALANTE MUNGUIA, estableció que en la sentencia definitiva y firme el Tribunal aplicó lo dispuesto en el artículo 332-A del Código Penal, contenido en el Decreto legislativo Número 144-83, estimando que el condenado cometió el delito de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS DE USO PROHIBIDO. III- Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma favorable, promulgada a que se alcanzara cosa juzgada mediante una sentencia firme; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. CONSIDERANDO ONCE (11): Que el artículo 581 del Código Penal vigente, establece: “Depósito de Armas de Fuego, Municiones o Explosivos. Quien sin autorización, posee un depósito de armas de fuego debe ser castigado con las penas siguientes: 1) De ocho (8) a doce (12) años y localización permanente de hasta cinco (5) años, si se trata de armas de fuego de uso permitido; y 2) De diez (10) a doce (12) años y localización permanente de hasta cinco (5) años, si se trata de armas de fuego prohibidas. Si el depósito lo fuera de municiones, las penas deben disminuir en sus respectivos casos en un tercio (1/3). Quien sin autorización, posee un deposito de explosivos, debe ser castigado con las penas de prisión de diez (10) a quince (15) años y localización permanente de hasta diez (10) años. A los efectos de este precepto se considera depósito de armas de fuego la reunión de más de diez (10) armas. Respecto de las municiones y explosivos, el Órgano Jurisdiccional competente, teniendo en cuenta la cantidad y clase de las mismas, debe declarar si constituyen depósito a los efectos de este precepto. De la norma penal descrita se desprende que el delito de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS DE USO PROHIBIDO por el cual se condenó al señor JOSE MIGUEL ESCALANTE MUNGUIA, no puede subsumirse en la norma señalada, pues ésta posee un elemento especifico del tipo penal (la reunión de más de diez (10) armas), requisito sine qua non, para la configuración de la figura penal de Depósito de Armas de Fuego, Municiones o Explosivos, figura penal que no aplica en los hechos declarados probados en la sentencia de fecha treinta de agosto del dos mil diecinueve (folio 451 v pieza de antecedente).- Ahora bien, el Articulo 580 del mismo cuerpo legal, establece: “Tenencia o Porte Ilegal de Armas de Fuego. La tenencia de armas de fuego o municiones careciendo de las licencias o permisos necesarios debe ser castigada con las penas siguientes: 1) De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas; y 2) De cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres años, si se trata de armas o municiones prohibidas. Con las mismas penas previstas en el numeral 1) se castiga la tenencia de armas artesanales. Esta figura posee dos supuestos de hecho, la tenencia o porte ilegal de armas de fuego, estableciéndose para cada supuesto penas diferentes, tal como lo establece la norma citada. En la Sentencia revisada, la conducta reprochada al señor José Miguel Escalante Munguía se enmarca en lo establecido en el artículo 580 numeral 2 del Código Penal vigente, pues se establece como hecho probado el siguiente: “UNICO: El día cinco de septiembre del año dos mil dieciséis, se realizó un allanamiento en la colonia Altos de las Adas, bloque 4, específicamente en la residencia del señor JOSE MIGUEL ESCALANTE MUNGUIA, donde se encontró un arma subametralladora, marca Thompson, modelo: OF 1928 A1, calibre 45, serie 226795, en buen estado de funcionamiento, la que no es permitida a particulares.” Enmarcándose dicho hecho probado en el supuesto de Tenencia Ilegal de Arma de Fuego Prohibida, el cual se castiga con una pena de cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente. En ese orden de ideas al haberse acogido a la figura de la estricta Conformidad, corresponde entonces imponer el señor José Miguel Escalante Munguía, la pena de cuatro (4) años de prisión y localización permanente por un (1) año por el delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO PROHIBIDA, mas la Inhabilitación especial como pena accesoria. CONSIDERANDO DOCE (12): Que del estudio de la sentencia revisada mediante el Recurso de Revisión, esta Sala concluye que se impuso al señor JOSE MIGUEL ESCALANTE MUNGUIA, la pena principal de OCHO (8) AÑOS DE RECLUSION y MULTA de CINCO MIL LEMPIRAS (L. 5,000.00) y las penas accesorias de ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL, por haber sido encontrado responsable como autor de un delito de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS DE USO PROHIBIDO, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Conforme las disposiciones del Código Penal Decreto Legislativo número 130-2017, el delito de TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO PROHIBIDO previsto en el artículo 580 Numeral 2, prevé una pena abstracta de CUATRO (4) a SEIS (6) AÑOS y localización permanente de hasta tres (3) años, más las penas accesorias correspondientes. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal vigente prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83 recién derogado, por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor JOSE MIGUEL ESCALANTE MUNGUIA. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 70, 580 Numeral 2, 615 y 616 del Código Penal; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado CARLOS ERNESTO ALVARENGA ARIAS, a favor del señor JOSE MIGUEL ESCALANTE MUNGUIA; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha Treinta (30) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el sentido de reformar la calificación jurídica según el hecho probado, la pena impuesta al señor JOSE MIGUEL ESCALANTE MUNGUIA, por el delito ALMANCENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS y anular la multa de cinco mil lempiras (L. 5,000.00), la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor JOSE MIGUEL ESCALANTE MUNGUIA, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PROHIBIDO a la pena de CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN Y LOCALIZACION PERMANENTE POR UN (1) AÑO, en perjuicio de EL ORDEN PUBLICO DEL ESTADO DE HONDURAS, sin la concurrencia de circunstancias agravantes, ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada REINA HERCULES. NOTIFIQUESE.- Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de febrero de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha diecinueve de enero de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0935-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL
[1] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.
[2]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[3]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[4]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[5] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[6] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[7] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.