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Sentencia RP-918-20 — Registro 14992

Resumen

Acto recurrido contra la sentencia condenatoria con relación a la causa que se instruyó contra el impetrante por haber sido encontrado culpable del delito de Secuestro

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 192 Y 194 del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió el delito de Secuestro Extorsivo Agravado. III- Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma favorable; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho..." ..." Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor KENY ROGER VALLE RIVERA, la pena principal de TREINTA AÑOS DE RECLUSION por el delito de SECUESTRO AGRAVADO, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, en su artículo 192 establece una pena para esa la conducta delictiva realizada por el sentenciado una pena de veinte años a reclusión de por vida. y el Código Penal vigente Decreto 130-2017, establece en su artículo 239.- “SECUESTRO. Quien priva de la libertad a otra persona exigiendo alguna condición para liberarla, debe ser castigado con [...] ARTÍCULO 240.- SECUESTRO AGRAVADO. El hecho previsto en el artículo anterior debe ser castigado con las penas de prisión de doce (12) a quince (15) años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1), 2); 3) La privación de libertad exceda de setenta y dos (72) horas; 4); 5);6);7); 8) El delito se comete con simulación de autoridad o funciones públicas; o, 9) Si concurrieran dos (2) o más de las circunstancias anteriores se debe imponer la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años. Ponderando el quantum de la pena, es palmario que, en el marco de penas abstractas, el Código Penal Vigente es menos gravoso para el encausado. II. Los hechos probados y fundamentación jurídica plasmada en la sentencia revisada (folio 28 vuelto del expediente de Revisión) encuadran con lo establecido en el artículo 239 y 240 del Código Penal decreto 130-2017. III. En vista de las circunstancias del hecho y siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal establecidos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, y después de hacer la respectiva ponderación, y haciendo uso de la fundamentación plasmado en la sentencia revisada, donde al encausado se le impuso la pena tomando en cuenta las agravantes y no se le impuso ni la pena mínima ni la pena superior. Se debe imponer al encausado la pena media de diecisiete años y cinco meses de prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena por el delito de Secuestro Agravado. IV. En consecuencia, en observancia del artículo 616 del nuevo Código Penal, procede la revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo computo de la pena, con abono del tiempo que haya estado en prisión; Tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONNSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de abril del año dos mil veintidós. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por la Abogada Nidia Elizabeth Fuentes Quezada, a favor del señor Keni Roger Valle Rivera, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de fecha nueve de enero de dos mil doce, con relación a la causa que se instruyó contra el señor Keni Roger Valle Rivera, por haber sido encontrado culpable del delito de Secuestro Extorsivo en perjuicio del señor Juan Francisco Euceda Santeli. ANTECEDENTES 1) Que en fecha cinco de septiembre de dos mil nueve, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado Inmer Maradiaga Huete, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra de los señores Keni Roger Valle, Pablo José Guevara Arévalo, Alba Maria Romero y Sadra Hernández Serrano, por considerarlos responsables del delito de Secuestro Agravado, en perjuicio del señor Juan Francisco Euceda Santeli.(Folios 1-3 del antecedente) 2) Que en fecha nueve de enero de dos mil doce, el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia por unanimidad de votos, mediante la cual falló: “…Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS, PRIMERO.- Al señor SADRA HERNANDEZ SERRANO de generales ya conocidas y referenciadas en el preámbulo de esta sentencia, como coautor material, responsable penalmente de un delito consumado de SECUESTRO EXTORSIVO AGRAVADO, en perjuicio de JUAN FRANCISCO EUCEDA SANTELI, con las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal ya referenciadas, a la pena principal de TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN, la que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional de esta ciudad de san Pedro Sula, Cortés. El acusado queda sujeto a participar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, según regula el régimen penitenciario, debiendo computarse el abono del tiempo que se ha encontrado en prisión preventiva por esta causa. SEGUNDO. - Al señor PABLO JOSE GUEVARA AREVALO de generales ya conocidas y referenciadas en el preámbulo de esta sentencia, como coautor material, responsable penalmente de un delito consumado de SECUESTRO EXTORSIVO AGRAVADO, en perjuicio de JUAN FRANCISCO EUCEDA SANTELI, con las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal ya referenciadas, a la pena principal de TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN, la que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional de esta ciudad de san Pedro Sula, Cortés. El acusado queda sujeto a participar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, según regula el régimen penitenciario, debiendo computarse el abono del tiempo que se ha encontrado en prisión preventiva por esta causa. TERCERO. - Al señor KENNY ROGER VALLE RIVERA de generales ya conocidas y referenciadas en el preámbulo de esta sentencia, como coautor material, responsable penalmente de un delito consumado de SECUESTRO EXTORSIVO AGRAVADO, en perjuicio de JUAN FRANCISCO EUCEDA SANTELI, con las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal ya referenciadas, a la pena principal de TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN, la que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional de esta ciudad de san Pedro Sula, Cortés. El acusado queda sujeto a participar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, según regula el régimen penitenciario, debiendo computarse el abono del tiempo que se ha encontrado en prisión preventiva por esta causa. CUARTO. - A la señora ALBA MARIA ROMERO de generales ya conocidas y referenciadas en el preámbulo de esta sentencia, como coautora material, responsable penalmente de un delito consumado de SECUESTRO EXTORSIVO AGRAVADO, en perjuicio de JUAN FRANCISCO EUCEDA SANTELI, con las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal ya referenciadas, a la pena principal de TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN, la que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional de esta ciudad de san Pedro Sula, Cortés. La acusada queda sujeta a participar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, según regula el régimen penitenciario, debiendo computarse el abono del tiempo que se ha encontrado en prisión preventiva por esta causa. QUINTO. - Como consecuencia de la pena de reclusión, se condena a los señores SADRA HERNANDEZ SERRANO, PABLO JOSE GUEVARA AREVALO, KENNY ROGER VALLE RIVERA Y ALBA MARIA ROMERO, a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, durante el tiempo de duración de la misma. SEXTO. - Se declara a los señores SADRA HERNANDEZ SERRANO, PABLO JOSE GUEVARA AREVALO, KENNY ROGER VALLE RIVERA Y ALBA MARIA ROMERO, responsables civilmente de los daños y perjuicios por ellos ocasionados por este delito. SEPTIMO. - No procede condenar en costas a los acusados SADRA HERNANDEZ SERRANO, PABLO JOSE GUEVARA AREVALO, KENNY ROGER VALLE RIVERA Y ALBA MARIA ROMERO. OCTAVO.- Una vez firme la presente sentencia, que sea remitida junto con sus antecedentes al Juzgado de Ejecución para sus consecuentes efectos; asimismo, que se envíe copia certificada de la misma al centro penitenciario respectivo. NOTIFÍQUESE ESTA SENTENCIA А LAS PARTES PROCESALES. Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos” (Folios 201-212 vuelto del antecedente) 3) Que la Abogada Nidia Elizabeth Fuentes Quesada, compareció ante este Tribunal, en fecha doce de octubre de dos mil veinte, presentando recurso de revisión penal a favor del señor Keni Roger Valle Rivera, contra la sentencia relacionada en el numera que antecede, solicitando la aplicación principio de retroactividad de la ley, por ser esta más benigna para su representado, mediante la implementación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017). (Folios 1—4 del recurso de mérito) 4) Que en fecha veinte de mayo de dos mil veintiuno, esta Sala admitió el recurso de mérito, asimismo, dispuso, que se le librara comunicación con las inserciones de estilo al: 1) TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, 2) JUZGADO DE EJECUCIÓN DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS. (Folio 6 del recurso de mérito) 5) Que en fecha once de agosto de dos mil veintiuno, esta Sala, tuvo por recibidos los antecedentes de la causa instruida contra el señor Keni Roger Valle Rivera, en consecuencia, señálese oportunamente la respectiva audiencia. (Folio 15 del recurso de mérito) 6) En fecha veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, habiéndose recibido los antecedentes en este Tribunal cítese a las partes para audiencia que se celebrará el día jueves nueve(9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), a las nueve de la mañana con treinta minutos (09: 30 a.m.), a efecto de que la parte afectada con la admisión del recurso, se pueda oponer al mismo y ambas partes presenten las pruebas en que se fundan sus pretensiones, debiendo oírse en la misma audiencia la opinión del Fiscal. (Folio 16 del recurso de mérito) 7) En fecha nueve de septiembre de dos mil veintiuno, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por la Magistrada Lidia Álvarez Sagastume, con la comparecencia de la Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la Abogada Nidia Elizabeth Fuentes Quezada, en su condición de Apoderado Legal del señor Keni Roger Valle Rivera; se le cedió la palabra al parte recurrente para que hiciera uso de su derecho a réplica, expresando lo siguiente: Ratifico el recurso extraordinario de revisión contra la sentencia condenatoria emitida en su momento en base al código derogado; si bien entonces su señoría mi representado se le condeno a una pena de 30 años de reclusión por considerarlo responsable de un delito de secuestro agravado extorsivo en perjuicio del señor Juan Francisco Euceda Santeli, teniendo como fundamento en aquellos momentos el Tribunal de Alzada como hechos probados los que se encuentran ya transcritos a folio 203 vuelto del expediente de mérito de la sentencia recurrida, pero para esta defensa su señoría no establece cual fue el rol o el desempeño que las agravantes ya están estipuladas en el momento de que a él se le condeno por un secuestro agravado extorsivo a una pena de 30 años de reclusión, abonado a lo anterior su señoría, dicha, al momento de revisar el tribunal de alzada la referida sentencia va a ver que no tiene motivación fáctica ni jurídica ni tan siquiera menciona cual es el rol que mi representado cometió en ese momento de que fue condenado. Es en base a ello su señoría que esta defensa solicita que sea revisada la sentencia venida acá a recurrir en base a la nueva legislación de, como ya lo establece nuestra normativa procesal penal, en su artículo su señoría, 614, 615, que nos habla de la retroactividad de la ley, siendo lo que solicita esta defensa, sea declarado con lugar mi petición y siendo honestos su señoría la pena aplicar por este delito según lo establece el Código Penal en su artículo 239 y 240, el secuestro agravado tiene una pena de 12 a 15 años pero con las agravantes específicas que ya estipula en nuestra normativa procesal, la pena a aplicar a él sería una pena de 15 años de reclusión para esta defensa y del cual su señoría mi representado ya tiene de estar en efectiva prisión 12 años 3 días al día de hoy, ya que ingreso el 6 de septiembre del año 2009 tal como obra en el folio 5 de las presentes diligencias su señoría; asimismo su señoría me amparo en lo que establece el artículo 239, 240 del Código Penal vigente y con el decreto 130-2017 su señoría. No sé si en este momento me refiero a lo que son los, gracias su señoría” … El Ministerio Público consideró: II.-ANÁLISIS JURÍDICO: …Artículo 615 "RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente Código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616: "CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece у rechazando lo que perjudique. De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales indicando las sanciones correspondientes al delito por el cual se condenó al hoy imputado KENI ROGER VALLE RIVERA a una pena de TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN. En el Código Penal derogado el delito de SECUESTRO AGRAVADO regulado en el artículo 192, señalaba: Será sancionado con la pena de reclusión de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida, aun cuando no consiguiere su propósito, quien con violencia, intimidación, engaño u otra forma que vicie el consentimiento, sustraiga, retenga, desplace, oculte o prive de cualquier otra manera de su libertad a una o más personas, con cualesquiera de los propósitos siguientes: a) Obtener cambio de la libertad de la o las personas secuestradas, dinero, bienes, títulos otra utilidad beneficio; b) Obligar a alguien a que haga o deje de hacer algo; y, c) Publicitarios o políticos. De concurrir algunas de las circunstancias siguientes, la pena aplicable será de: 1) Cuarenta (40) años de reclusión a privación de libertad de por vida si ocasionare diere lugar la muerte del secuestrado; 2) Treinta (30) años de reclusión a privación de libertad de por vida si secuestrado, cualquier otra persona, muriere motivo del proceso de rescate... Artículo 194.- Serán Circunstancias agravantes para los delitos establecidos en los artículos 192, 193, y 195, además de las señaladas en la parte general de este Código, las siguientes: 1...; 2) Si la privación de la libertad se prolonga por más de veinticuatro (24) horas; 3) ...; 4) Cuando se cometa simulando ser autoridad y además la agravante contenida en el artículo 27 numeral 21) Cometerlo utilizando automóvil, nave o aeronave, o cualquier otro medio análogo de eficacia bastante para asegurar la agresión o la huida. En el Nuevo Código Penal Vigente el delito de SECUESTRO AGRAVADO se encuentra regulado en el artículo 240, que señala: "El hecho previsto en el artículo anterior debe ser castigado con las penas de prisión de doce (12) quince (15) años у prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1...; 2)...; 3) La privación de libertad exceda de setenta y dos (72) horas. 4)...; 5)...; 6)...; 7)...; 8) El delito se comete con simulación de autoridad o funciones públicas. Si concurrieran dos (2) o más de las circunstancias anteriores se debe imponer la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años. Al examinar lo peticionado por el revisionista, cabe resaltar que en el presente caso concurren las dos agravantes antes citadas, por lo que la pena a imponer será de 15 a 20 años de reclusión, pena que efectivamente resulta favorable más favorable al hoy condenado, …OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Misterio Público se pronuncia porque SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados. Se le cedió nuevamente la palabra al revisionista para que presentara la prueba que considerara pertinente, exponiendo lo siguiente: Ya obra en el expediente de mérito lo que es la sentencia de fecha 9 de enero del año 2012 y el computo de la sentencia…. Se le cedió la palabra al Ministerio Público para que manifestara alguna oposición a la prueba presentada por el recurrente o si tenía algún medio de prueba que presentar, manifestando lo siguiente: No tenemos medios de prueba que presentar. La Magistrada manifiesta: En virtud de no haber medios de prueba por evacuar, en este acto se da por suspendida la presente audiencia para efectos de dictar la sentencia que corresponda oportunamente. (Folios 18-21 del recurso de mérito) CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5]. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. EL recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. La garantista señala en los antecedentes: “Que en el artículo 96 de la Constitución de la Republica, artículos 1, 6, 10, 615, 616, del Código Penal vigente mediante Decreto 130-2017, Artículos 95, 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se garantizan el Principio de Retroactividad de la Ley en Materia Penal, mismas que serán aplicables en aquellos casos cuando esta Ley y sus procedimientos sean más favorables al procesado o condenado, por tanto, en representación y actuando como apoderada legal del señor KENI ROGER VALLE RIVERA, solicito se aplique retroactivamente la Ley sobre Justicia Constitucional, y demás aplicables supra descritas, por considerar lo más adecuado, procedente, expedito y justo a los fines de Justicia. En tal efecto, deberá de revisarse la penal actual impuesta en la sentencia y realizar la reforma y nivelación de la misma, conforme a lo descrito en los artículos 239, 240, 615, 616 del código Penal vigente mediante Decreto 130-2017, El artículo 616 del Nuevo Código Penal establece los criterios para determinar la ley más favorable al imputado y por consiguiente la pena a imponer, relacionado, con lo descrito en el artículo 615, concerniente a la retroactividad de la ley penal, siendo procedente imponer la pena de 12 a 15 años por el delito de SECUESTRO AGRAVADO. Tendiendo en cuanta, que mi representado a la fecha de presentación del presente recurso de revisión, ha estado privado de su libertad por más de once años, que constituye prácticamente más de la mitad de la sumatoria de las penas que se le deberían a imponer por el delito que se le sentencia, siendo que ha incurrido a esta fecha en más de once años, en efectiva prisión, solicito respetuosamente se de con lugar la presente RECURSO DE REVISION y se resuelva a favor de mi representado por reunir en su caso particular todos los requisito conforme a ley”… CONSIDERANDO CUATRO (4): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable, es por tanto que en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal, por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO CINCO (5): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SEIS(6): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". [6] Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO SIETE (7): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[7], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[8]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena mas leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[9]. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO 0CHO (8): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[10] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO NUEVE (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[11]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO DIEZ (10): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado”[12] Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas. CONSIDERANDO ONCE (11): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614, 615, 616 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO DOCE (12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor KENI ROGER VALLE RIVERA fue condenado por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, CORTES, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha nueve de enero de dos mil doce, a la pena de TREINTA AÑOS DE RECLUSION por el delito de SECUESTRO EXTORSIVO AGRAVADO en perjuicio de JUAN FRANCISCO EUCEDA SANTELI, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 192 Y 194 del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió el delito de Secuestro Extorsivo Agravado. III- Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma favorable; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO TRECE (13): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor KENY ROGER VALLE RIVERA, la pena principal de TREINTA AÑOS DE RECLUSION por el delito de SECUESTRO AGRAVADO, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, en su artículo 192 establece una pena para esa la conducta delictiva realizada por el sentenciado una pena de veinte años a reclusión de por vida. y el Código Penal vigente Decreto 130-2017, establece en su artículo 239.- “SECUESTRO. Quien priva de la libertad a otra persona exigiendo alguna condición para liberarla, debe ser castigado con [...] ARTÍCULO 240.- SECUESTRO AGRAVADO. El hecho previsto en el artículo anterior debe ser castigado con las penas de prisión de doce (12) a quince (15) años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1), 2); 3) La privación de libertad exceda de setenta y dos (72) horas; 4); 5);6);7); 8) El delito se comete con simulación de autoridad o funciones públicas; o, 9) Si concurrieran dos (2) o más de las circunstancias anteriores se debe imponer la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años. Ponderando el quantum de la pena, es palmario que, en el marco de penas abstractas, el Código Penal Vigente es menos gravoso para el encausado. II. Los hechos probados y fundamentación jurídica plasmada en la sentencia revisada (folio 28 vuelto del expediente de Revisión) encuadran con lo establecido en el artículo 239 y 240 del Código Penal decreto 130-2017. III. En vista de las circunstancias del hecho y siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal establecidos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, y después de hacer la respectiva ponderación, y haciendo uso de la fundamentación plasmado en la sentencia revisada, donde al encausado se le impuso la pena tomando en cuenta las agravantes y no se le impuso ni la pena mínima ni la pena superior. Se debe imponer al encausado la pena media de diecisiete años y cinco meses de prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena por el delito de Secuestro Agravado. IV. En consecuencia, en observancia del artículo 616 del nuevo Código Penal, procede la revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo computo de la pena, con abono del tiempo que haya estado en prisión; Tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Artículos 25, 35, 38, 57, 58, 240 Y Demas aplicables del Código Penal Vigente; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogada NIDIA ELIZABETH FUENTES QUEZADA, a favor del señor KENI ROGER VALLE RIVERA; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, CORTES, en fecha nueve de enero del año dos mil doce; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor KENI ROGER VALLE RIVERA, por el delito SECUESTRO EXTORSIVO AGRAVADO, en perjuicio de JUAN FRANCISCO EUCEDA SANTELI, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al Señor KENI ROGER VALLE RIVERA, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de SECUESTRO AGRAVADO a la pena de DIECISIETE (17) AÑOS Y CINCO (5) MESES de prisión y prohibición de residir o acudir al lugar en que se haya cometido el delito o a aquel en que resida la víctima o su familia por el doble de tiempo de la condena. Mas la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y ORDENA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo de pena y proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó la Magistrada Reina Hercules Rosa. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIAORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de junio de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha veinte de abril de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0918-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL

[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.

[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.

[3]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[4]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[5]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[6] ZAFFARONI, E., Estructura Básica del Derecho Penal. Editorial Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2009. Pág. 41.

[7] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[8] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[9] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.

[10] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.

[11] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.

[12] Cury, Enrique; (N° 5); Capítulo II, La Ley Penal y su Vigencia; pág. 228.