Sentencia RP-910-21 — Registro 16029
Resumen
Sentencia en revisión dictada por la Autoridad declaró Ha Lugar el Recurso de Casación por infracción de ley interpuesto por el Ministerio Pùblico, decidiendo condenar a recurrente como autora del delito de Testaferrato en perjuicio de la Economìa del Estado de Honduras, condenándola a pena principal de Quince (15) años de reclusión más penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil; Del estudio de las diligencias La Sala considera que se cumple con los requisitos exigidos tanto en la Norma Sustantiva como en la Normativa Constitucional para otorgar el recurso de mérito, por lo que es procedente que a la recurrente se le aplique la ley retroactiva por ser una norma vigente que le resulta más benigna
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente la señora CLAUDIA JACQUELINE AMAYA MADRID fue condenada por ella SALA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha veintinueve de marzo del año dos mil diecisiete, a la pena de QUINCE AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de TESTAFERRATO, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos, estimando que la condenada cometió el delito de Testaferrato..."..."esta Sala de lo Constitucional procede a realizar una revisión del hecho concreto sometido a enjuiciamiento tal como lo establece el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 y articulo 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Para tal cometido de la Revisión en materia penal por aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna se toma en consideración los hechos probados y estos se encuadran con el articulado de la nueva norma penal; si el resultado es una pena menos gravosa que la impuesta con la norma penal derogada, se procede a los efectos de la aplicación de la nueva ley penal..."..."en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso a la señora CLAUDIA JACQUELINE AMAYA MADRID las siguientes penas: La pena principal de QUINCE AÑOS RECLUSION más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena, por haber sido encontrada responsable como autora de un delito de TESTAFERRATO en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS..."..."Aplicando el Código Penal decreto 130-2017 la pena a imponer por la conducta realizada por la señora CLAUDIA JACQULINE AMAYA MADRID seria prisión de un año cuatro meses a dos años y multa de trescientos treinta y cuatro días a quinientos días. Por lo que, haciendo la correspondiente ponderación, es patente que el Código Penal decreto 130-2017 es más benigno para la sentenciada. V. A lo mencionado por el Ministerio Publico en audiencia de oposición, sobre el cumplimiento de la pena, esta Sala deja establecido que las cuestiones procesales o de la etapa ejecutiva corresponden los órganos de instancia que tiene bajo su competencia ejecutar la sentencia firme. El recurso de revisión en materia penal por aplicación de ley penal más benigna tiene límites los cuales es necesario no sobrepasar para evitar la desconfiguración del recurso. En este caso concreto a la Sala solo compete revisar la sentencia y proceder conforme a Derecho corresponda, es decir a aplicar o no aplicar la retroactividad....esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión, Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor de la señora CLAUDIA JACQUELINE AMAYA MADRID de una norma vigente que le resulta más benigna VII. Aplicando los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre los criterios para aplicar una la ley penal más favorable, y después de hacer la respectiva ponderación y análisis de la sentencia en revisión, atendiendo el mandato constitucional, que coloca a la persona humana y su protección como fin supremo y prioridad del Estado. Así también, bajo la órbita del principio pro homine, ampliamente reconocido por la Sala Constitucional. Cuando exista la posibilidad de tomar diferentes decisiones, así como en el caso demérito, donde encuentran varias posibilidades en debate, el juez deberá preferir, aquella que contenga mejores protecciones, o que sean más favorables para el individuo. Se concluye que a la imputada se le debe imponer la pena de un año cuatro meses de prisión y multa de trescientos treinta y cuatro días, por el impacto de la conducta a razón de 300 lempiras por día. VIII. Como consecuencia de la aplicación retroactiva de la ley penal, donde se está condenando a la sentenciada por Receptación, es procedente declara sin valor y efecto el comiso, en vista de que el comiso solo se declarara cuando se condene a la persona por alguno de los delitos plasmados en la LEY ESPECIAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVO y la Receptación no se contempla como delito en dicha ley especial. IV. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y computo de una nueva pena..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 95 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Penal, art. 53 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 373 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 403 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 404 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 96, 8 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 101 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de noviembre del dos mil veintidós.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión Penal interpuesto por el Abogado RUBEN SOLANO PARADA, a favor de la señora CLAUDIA JACQUELINE AMAYA MADRID, contra la Sentencia definitiva dictada por la SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en fecha veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, con relación a la causa que se instruyó contra la señora CLAUDIA JACQUELINE AMAYA MADRID, por el delito de TESTAFERRATO, en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha catorce de julio de dos mil cuatro, el Abogado CESAR FERNANDO ALVARENGA DIAZ, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, presentando Requerimiento Fiscal contra la señora CLAUDIA JACQUELINE AMAYA MADRID, por suponerla responsable de los delitos de TESTAFERRATO EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 01-10 del Tomo I los antecedentes).-2) Que continuado que fue el proceso, el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia en fecha seis de agosto de dos mil doce, en la cual falló: “UNO.- Debe ABSOLVER Y ABSUELVE: a la señora CLAUDIA JACQUELINE AMAYA MADRID, de generales ya conocidas en el preámbulo de esta sentencia, como autora responsable penalmente de un delito de TESTAFERRATO en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, por el que fue acusada. …” (Folios 874-890 del Tomo III de los antecedentes).-3) Que en fecha diez de septiembre de dos mil doce, el Abogado INMER MARADIAGA, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el citado Juzgado, presentando Recurso de Casación por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma, contra la sentencia de fecha seis de agosto de dos mil doce, de la que se ha hecho relación previamente. (Folios 892 al 910 del Tomo III de los antecedentes).-4) Que conociendo del Recurso de Casación del que se ha hecho referencia, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, dictó sentencia en fecha veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, emitió su fallo en la cual: “DECIDE: Declara HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público; en consecuencia: PRIMERO: Se debe condenar y se condena a la señora Claudia Jacqueline Amaya Madrid, como autora responsable del delito consumado de Testaferrato, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras, imponiéndosele una pena principal de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN; Pena de reclusión a la que se le restará el tiempo en que la condenada haya estado privada de su libertad por esta causa y la que deberá cumplir en el Centro Penal de Adaptación Femenina ubicado en el departamento de Francisco Morazán, sin perjuicio de que sea trasladada a otros Centros Penitenciarios…” (Folios 939 al 953 del Tomo III de los antecedentes).-5) Que en fecha veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, el Abogado RUBEN SOLANO PARADA, compareció ante la Sala de lo Constitucional, presentando recurso de revisión penal a favor de la señora CLAUDIA JACQUELINE AMAYA MADRID, contra la sentencia de dictada por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, en fecha veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, manifestando el recurrente que interpone el presente recurso el en base al Principio de Retroactividad de la Ley, a efecto de aplicar las disposiciones más favorables y se proceda a reformar el cómputo de la sentencia de la que se hace relación. (Folios 01 - 11 del recurso).- 6) Que en fecha nueve de septiembre de dos mil veintiuno, la Sala de lo Constitucional resolvió admitir el recurso de revisión de que se hace relación y se dispuso librar las respectivas comunicaciones, a efecto de que remitieran los expedientes de la causa. En consecuencia, y una vez recibidos los antecedentes, esta Sala ordenó la celebración de la Audiencia respectiva. (Folios 70 y 91 del recurso de mérito).-7) Que en fecha treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, habiendo comparecido el Abogado JONI ALEXANDER ESQUIVEL DUBÓN, en su condición de apoderado legal de la señora CLAUDIA JACQUELINE AMAYA MADRID, y la Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017), por ser éste más beneficioso para su representado.- La representante del Ministerio Público, fue de la opinión porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, manifestando que el principio de retroactividad de la Ley Penal ha sido creada en atención a principios orientados a la protección de aquellos que han sido sentenciados y cumpliendo condena, o que están siendo sometidos en un proceso penal, lo cual, según la Fiscal, no ocurre en el caso de autos, al encontrarse la sentenciada con orden de captura pendiente, circunstancia que ha imposibilitado el cómputo de la pena, según se desprende de las diligencias, y por ende no se ha determinado la fecha de la efectiva prisión, por lo que consideró improcedente la aplicación del Principio de Retroactividad de la Ley Penal. (Folios 92 al 95 del recurso de mérito).-CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de Revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía, que se declare sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada.-CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5].-CONSIDERANDO TRES (3): Fundamentos del Recursista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. La recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor de la condenada cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Aduciendo que el Código Penal decreto 130-2017 le es más favorable a su patrocinada.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de los alegatos proferidos por la parte recurrente en audiencia: El representante procesal de la sentenciado, abogado JONY ALEXANDER ESQUIVEL DUBON [Segundo apoderado en el expediente] quien expreso: “ratifico la solicitud y la presentación del revisión en todos sus extremos y es que como consta en el expediente que contiene la causa en fecha 29 de marzo del año 2017 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia conociendo un recurso de casación decidido condenar a la señora CLAUDIA JACQUELINE AMAYA MADRID como responsable del delito de testaferrato conforme en aquellos tiempos contenido en el decreto 134-2014 de la ley especial contra el lavado de activos contenido en este decreto es así que la pena que fue impuesta en ese momento honorables magistrados, fue de quince (15) años de reclusión más las accesorias que se establecen en la parte resolutiva de la sentencia es el caso que en fecha 25 de junio del 2020 entro en vigencia el decreto legislativo 130-2017 en el cual en su artículo 632 inciso cinco estableció la derogación de los artículos 35 al 43 de la ley especial contra el delito del lavado de activos es decir que el artículo 37 por el cual la sala de lo penal decidió condenar a mi representada fue derogado y en su defecto se estableció en el artículo 442 del código penal vigente unos nuevos parámetros para el delito de testaferrato conforme a la ley de justicia constitucional conforme a lo que establece el artículo 96 numeral 8 procede la revisión de la sentencia en aquellos casos que proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más favorable, al establecer los parámetros de la pena contenida en el artículo 37 de la ley contra el delito de lavado de activos derogada y las nuevas disposiciones del nuevo código penal vamos a establecer que hay penas más benignas penas menores en relación al mismo delito de testaferrato es por eso que ratificamos los parámetros en que fue presentada nuestra solicitud pero además de eso quisiera agregar algo honorable sala después de la presentación del presente recurso de revisión fue publicado el decreto 93-2021; el decreto 93-2021 despenalizo la conducta de falta de justificación contenida en el artículo 439 considerado como lavado de activos, si bien el delito de testaferrato cuando nosotros tenemos los hechos probados en la sentencia mi representada fue condenada por haber recibido depósitos de una persona que responde al nombre de Angela Platero, que consta en el expediente condenada por el delito de lavado de activos por falta de justificación, al entrar en vigencia el decreto 93-2021 la falta de justificación deja de ser lavado de activos y conforme lo exige el artículo 442 de testaferrato del nuevo código penal las actividades deben de realizarse en base a transacciones o activos que provengan de lavado de activos, Angela Platero con quien se vinculó mi representada fue condenada por lavado de activos por la venta de lotería clandestina, la venta de lotería clandestina no es uno de los delitos que está establecido en el catálogo para ser considerado lavado de activos, por eso es que en aplicación de la retroactividad penal, en aplicación a los cambios que hubo en las normas la despenalización de las conductas es que también honorable Sala Constitucional consideramos que no concurre tampoco la aplicación ni penalizar a mi representada por el delito de testaferrato, no solo como se expuso en la petición original, definir los parámetros de las penas con las penas menores sino que ahora también considerando el testaferrato proviene de una acción que ya no es considerada delito entonces tener despenalizada esta. Quiero finalizar por el tiempo que se nos da que si bien hubo actividades la venta de lotería clandestina todavía es considerado un delito en el actual código penal, sin embargo el delito de testaferrato por estas circunstancias ya no procede, sin embargo tenemos el delito de receptación que establece 438 nuestra norma sustantiva establece que los manejos de aquellos fondos que provengan de la comisión de delitos se van a es por este, es por ello que las penas que debe aplicarse en el caso que nos ocupan serían las que regula el nuevo código penal del delito de venta de lotería que es de dos a cuatro años rebajada en un tercio es decir que las nuevas penas que deben establecerse en el fallo debe dictarse, penalizando a la señora CLAUDIA JACQUELINE AMAYA MADRID a la pena de un(01) año cuatro meses como pena mínima y con una multa de 334 días.”-CONSIDERANDO CINCO (5): Resumen de los alegatos proferidos por la agencia fiscal en audiencia: De viva voz la abogada SANDRA LORENZA ZUNIGA GARCÍA manifestó: “Esta representación del Ministerio Público al examinar las presentes diligencias se extrae que efectivamente la señora CLAUDIA JACQUELINE AMAYA MADRID fue condenada por el delito de TESTAFERRATO en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS a la pena de QUINCE (15) AÑOS, más las penas accesorias de interdicción civil e inhabilitación absoluta, sin embargo la condenada se encuentra con orden de captura pendiente, como se colige del informe enviado por el Juzgado de Ejecución, lo que representa una franca contravención a lo que establece la condena impuesta en la sentencia que hoy se pretende rever y consecuentemente contraviene la garantía de ejecución de la pena, ya que la responsabilidad penal fue declarada como consecuencia derivada de la comisión de un hecho contrario al orden jurídico, de lo cual se infiere que la lesión generada al bien protegido y que ha sido infringido conlleva una sanción por el daño ocasionado a la víctima del hecho ilícito, la que en este caso ha sido incumplida por el condenado y que deviene en la obligación legal de cumplir con la pena impuesta en dicha sentencia condenatoria, sino dicho fallo condenatorio se convertiría en una simple declaración formal carente de seguridad jurídica y de realizar debidamente el legítimo propósito del proceso penal consistente en el aseguramiento del imputado al juicio y al cumplimiento de una condena.- De lo expuesto debemos resaltar que el Principio de retroactividad de la Ley Penal ha sido creado atendiendo una serie de principios orientados a la protección de aquellos que han sido sentenciados y cumpliendo condena por la comisión de delitos o que están siendo sometidos en el proceso penal, lo cual, no ocurre en el caso de autos, al encontrarse la sentenciada con orden de captura pendiente, circunstancia que imposibilita contar con el Computo de Pena, como lo ha dejado plasmado el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés mediante auto de fecha 09 de mayo del presente año (folio 974 de la pieza principal), por ende no se ha determinado la fecha de efectiva prisión, si no ha sido procesada y/o condenada por otros delitos, por lo que esta Representación fiscal es de la opinión que en el caso sub –examine no es procedente la aplicación del Principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo, de la Constitución de la República, que reza: “La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado.”.- De ahí que se estime que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a Ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal.- opinión: visto el razonamiento anterior, el ministerio público se pronuncia porque no se otorgue la presente acción de revisión” .-CONSIDERANDO SEIS (6): Retroactividad de la ley. La palabra “retroactividad”, deriva del latín, significa “retro agüere” accionar, hacia atrás, obrar hacía atrás. De acuerdo con las fuentes romanas se acude a varias expresiones: “retroagitur”, “reducitur” o “res retroducitur” y activus, que produce efectos y por tanto significa actuar sobre el pasado. Suárez Collía, la define “en una sucesión temporal de leyes, la aplicación de la norma jurídica nueva, a supuestos de hecho, actos, relaciones y/o situaciones jurídicas nacidas o constituidas con anterioridad a su entrada en vigor y que tuvieron su origen bajo el imperio de otra norma derogada”[6].- CONSIDERANDO SIETE (7): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. La revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel secundario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización. En el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. “Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior.-CONSIDERANDO NUEVE(9): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". [7] Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[8], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[9]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena mas leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[10]. -Lo negrito y subrayado es nuestro-CONSIDERANDO ONCE (11): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[11] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”.-CONSIDERANDO DOCE (12): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[12]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley.-CONSIDERANDO TRECE (13): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado”[13] Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas, y sobre todo sin trastocar los hechos probados y sin invadir los fundamentos jurídicos esbozados por el juzgador primario.-CONSIDERANDO CATORCE (14): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente la señora CLAUDIA JACQUELINE AMAYA MADRID fue condenada por ella SALA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha veintinueve de marzo del año dos mil diecisiete, a la pena de QUINCE AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de TESTAFERRATO, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos, estimando que la condenada cometió el delito de Testaferrato. III- Esta Sala procede a realizar el respectivo examen del caso concreto; en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho.-CONSIDERANDO QUINCE (15): I. En la Revisión Penal esta Sala de lo Constitucional procede a realizar una revisión del hecho concreto sometido a enjuiciamiento tal como lo establece el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 y articulo 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Para tal cometido de la Revisión en materia penal por aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna se toma en consideración los hechos probados y estos se encuadran con el articulado de la nueva norma penal; si el resultado es una pena menos gravosa que la impuesta con la norma penal derogada, se procede a los efectos de la aplicación de la nueva ley penal. II. El eje central de esta garantía de Revisión Penal gira bajo su característica de ser un Recurso excepcional, no traspasando la línea de lo que le corresponde a un recurso ordinario o extraordinario de instancia. Es así como el ejercicio jurídico que hace esta Sala, para la determinación de benignidad de una nueva Ley Penal no es someter a un nuevo juicio el proceso ya evacuado, detectar vicios o nulidades procesales, valorar medios de prueba, pronunciarse sobre el ejercicio interpretativo realizado por los juzgadores tampoco dar alcance o interpretaciones sobre los tipos penales u el desarrollo de los elementos de la teoría del delito. La Sala se limita a encuadrar los hechos probados con la nueva norma penal y determinar si el resultado de ese encuadre es más beneficioso que la pena impuesta a esos mismos hechos con el Código Penal derogado. El asidero de este ejercicio lo encontramos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 a donde establece “Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor”. Así mismo para realizar aplicación del principio de retroactividad de las normas penales se lleva a cabo a una solución equilibrada, no hermética, objetiva y acorde con la realidad de cada caso, al ponderar todas las circunstancias y supuestos, sin salirse de la parte intangible de la sentencia lo cual recae en sus hechos probados y fundamentación jurídica. III. Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso a la señora CLAUDIA JACQUELINE AMAYA MADRID las siguientes penas: La pena principal de QUINCE AÑOS RECLUSION más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena, por haber sido encontrada responsable como autora de un delito de TESTAFERRATO en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. Los hechos probados esbozados en la sentencia respectiva, dicen: [a partir del mes de octubre del dos mil dos, la señora Claudia Jacqueline Amaya Madrid, quien se dedicaba a prestar dinero a diversas personas y a otras actividades comerciales realizo transacciones bancarias con la señora Angela Platero, recibiendo depósitos en su cuenta de ahorros de Banco del País, número 01238161, uno de los cuales, de fecha nueve de diciembre de dos mil dos, por la cantidad de un millón (1,000,000.00) de Lempiras, mismo que fue canjeado por la señora Claudia Jacqueline Amaya Amador el día siguiente (diez de diciembre de dos mil dos), a través de un cheque de ventanilla (choque de caja) librado contra su propia cuenta y canjeado por ella misma, cuyo importe le fue entregado al señor Jose Marcos Contreras en calidad de préstamo. Posteriormente, el tres de marzo de dos mil tres, la señora Claudia Jacqueline Amaya Madrid, recibió en su cuenta número 01238161 de banco del País, un nuevo depósito de parte de la señora Angela Platero, por la cantidad de novecientos sesenta y dos mil quinientos (962,500.00) lempiras, de los que dispuso a través de libramiento de cheques, entre los que se encontraba el cheque 71000171, por la cantidad de cuatrocientos cincuenta mil lempiras, librado a favor del señor José Marcos Contreras, en concepto de préstamo. Asimismo, de la cuenta número 1238161, de la señora Claudia Jacqueline Amaya Madrid, entre el mes de octubre de dos mil dos y el mes de septiembre de dos mil tres, se libró varios cheques, cuyo importe total fue de cuatrocientos diecinueve mil ochocientos cuatro lempiras, que fueron depositados a cuenta de la señora Angela -platero, en concepto de pago a cuanta de los préstamos que recibió de parte de la señora Platero Juárez, es ese periodo de tiempo. DOS.- En el proceso de investigación, seguido contra la señora Angela Platero Juárez, acusad desde el año dos mil tres por los delitos de Venta de Lotería Clandestina y Lavado de Activo, en fecha veintidós de marzo de dos ml cuatro, la Unidad de Investigación Financiera (UIF), informo a la Fiscalia Especial Contra el Crimen Organizado, la existencia de transacciones sospechosas realizadas de la cuenta de la señora Platero Juárez , entre otras a al cuenta de la señora Claudia Jacqueline Amaya Madrid, lo que motivo la investigación de su patrimonio. TRES.- El veintidós de febrero de dos mil ocho, la señora Angela Platero Juárez, fue condenada por los delito de Venta de Lotería Clandestina y el de Lavado de Activos, ya que se determinó que poseía activo sin justificación económica legal. Estos hechos encuadran en el delito de Receptación explayado en el Código Penal decreto 130-2017, que literalmente dice: Quien, con ánimo de lucro y conocimiento de la comisión de un delito en el que no haya participado ni como autor ni como cómplice, ayuda a los responsables a aprovecharse de los bienes o efectos procedentes del mismo, o recibe, adquiere u oculta tales efectos, debe ser castigado con la pena que corresponda al delito del que proceden los bienes o efectos, rebajada en un tercio (1/3). En este sentido la receptación es un delito de referencia que requiere la existencia de otro delito anterior. En el caso que nos ocupa ese delito serio según la nueva normativa penal: Articulo 387.- LOTERÍAS Y JUEGOS NO AUTORIZADOS. Los productores o expendedores de billetes de loterías tradicionales o electrónicas y quienes efectúen rifas, sorteos y demás juegos de azar no concesionados o autorizados legalmente, deben ser castigados con la pena de prisión de dos (2) a cuatro (4) años y multa de quinientos (500) a mil (1.000) días. Es importante señalar que el delito de Lavado de Activos que figura en el hecho probado no podría ser considerado para este delito de Receptación, puesto que como lo establece el numeral 3 de dichos hechos: Es un Lavado de Activos en el que se determinó que la persona poseía activos sin justificación económica legal. Tal conducta ya no tiene relevancia jurídico penal, con la entrada en vigencia del decreto No. 93-2021. Donde se modificó las circunstancias del delito de Lavado de Activos, siendo necesaria para su efectividad, que los activos procedan de una determinada conducta criminosa. IV. Aplicando el Código Penal decreto 130-2017 la pena a imponer por la conducta realizada por la señora CLAUDIA JACQULINE AMAYA MADRID seria prisión de un año cuatro meses a dos años y multa de trescientos treinta y cuatro días a quinientos días. Por lo que, haciendo la correspondiente ponderación, es patente que el Código Penal decreto 130-2017 es más benigno para la sentenciada. V. A lo mencionado por el Ministerio Publico en audiencia de oposición, sobre el cumplimiento de la pena, esta Sala deja establecido que las cuestiones procesales o de la etapa ejecutiva corresponden los órganos de instancia que tiene bajo su competencia ejecutar la sentencia firme. El recurso de revisión en materia penal por aplicación de ley penal más benigna tiene límites los cuales es necesario no sobrepasar para evitar la desconfiguración del recurso. En este caso concreto a la Sala solo compete revisar la sentencia y proceder conforme a Derecho corresponda, es decir a aplicar o no aplicar la retroactividad. VI. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión, Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor de la señora CLAUDIA JACQUELINE AMAYA MADRID de una norma vigente que le resulta más benigna VII. Aplicando los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre los criterios para aplicar una la ley penal más favorable, y después de hacer la respectiva ponderación y análisis de la sentencia en revisión, atendiendo el mandato constitucional, que coloca a la persona humana y su protección como fin supremo y prioridad del Estado. Así también, bajo la órbita del principio pro homine, ampliamente reconocido por la Sala Constitucional. Cuando exista la posibilidad de tomar diferentes decisiones, así como en el caso demérito, donde encuentran varias posibilidades en debate, el juez deberá preferir, aquella que contenga mejores protecciones, o que sean más favorables para el individuo. Se concluye que a la imputada se le debe imponer la pena de un año cuatro meses de prisión y multa de trescientos treinta y cuatro días, por el impacto de la conducta a razón de 300 lempiras por día. VIII. Como consecuencia de la aplicación retroactiva de la ley penal, donde se está condenando a la sentenciada por Receptación, es procedente declara sin valor y efecto el comiso, en vista de que el comiso solo se declarara cuando se condene a la persona por alguno de los delitos plasmados en la LEY ESPECIAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVO y la Receptación no se contempla como delito en dicha ley especial. IV. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y computo de una nueva pena.-POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado RUBEN SOLANDO PARADA, a favor de la señora CLAUDIA JACQUELINE AMAYA MADRID; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por SALA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en fecha veintinueve de marzo del año dos mil diecisiete; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor CLAUDIA JACQUELINE AMAYA MADRID, por el delito TESTAFERRATO, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor CLAUDIA JACQUELINE AMAYA MADRID, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de RECEPTACIÓN a la pena de UN AÑO (1) CUATRO MESES de prisión y multa de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO DIAS A RAZON DE TRESCIENTOS LEMPIRAS POR DÍA. Mas la inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la condena. SEGUNDO: … TERCERO: … CUARTO: Se declara sin valor y efecto el comiso. Ratificando la sentencia en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que proceda a la ejecución del presente fallo practicando un nuevo computo de la pena. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME.- NOTIFÍQUESE. -Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los treinta (30) días del mes de noviembre del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha quince (15) de noviembre del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Recurso de Revisión Penal , registrado en este Tribunal bajo el número 0910-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.
[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.
[3]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[4]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[5]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[6] Aplicación Temporal de la Ley Penal, Validez y Eficacia en Infracciones de Agresión al Estado. Renata Melissa Yunda López. RFJ, No. 3, 2018. pp. 119-142, ISSN 2588-0837.
[7] ZAFFARONI, E., Estructura Básica del Derecho Penal. Editorial Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2009. Pág. 41.
[8] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[9] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[10] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.
[11] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.
[12] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.
[13] Cury, Enrique; (N° 5); Capítulo II, La Ley Penal y su Vigencia; pág. 228.