Sentencia RP-898-20 — Registro 14990
Resumen
Acto recurrido contra la sentencia condenatoria dictada por el a-quo, con relación a la causa instruida contra el impetrante por el delito Secuestro, en perjuicio del impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan a la presente garantía constitucional de revisión penal, esta Sala aprecia que efectivamente el Señor Alex Jose Sánchez Suazo, fue condenado por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante sentencia de fecha doce de marzo de dos mil dieciocho, a una pena principal de VEINTIDOS (22) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de Secuestro, en perjuicio de Sonia Lizeth Morales Medina; así como a las penas accesorias de Inhabilitación absoluta e Interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal. II.- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que en la sentencia condenatoria firme antes señalada, el Órgano Jurisdiccional competente aplico lo dispuesto en el Artículo 32, 63, 64, 105 y 192 párrafo primero, letra a) del Código Penal, estimando que el condenado cometió el delito Secuestro..." ..." Que una de las causales por las cuales se puede invocar la interposición de la garantía constitucional de revisión penal, la constituye la aplicación retroactiva de la ley penal por ser más benigna (artículo 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional), entendiéndose que su alcance y contenido va orientado a que el nuevo precepto legal contemplado para el tipo penal por el cual ha sido condenado el recurrente, sea más favorable, bajo ese argumento se aprecia que la retroactividad no guarda relación por el delito por el cual ha sido condenado, sino que solo por su pena. Se señala lo anterior, pues en el presente caso de autos el ahora recurrente Alex Jose Sánchez Suazo fue condenado al delito de Secuestro contenido en el Código Penal creado mediante decreto 144-83 y vigente a partir del 12 marzo de 1985, con la pena de reclusión de veinte(20) años a privación de la libertad de por vida; y con la vigencia del nuevo código penal (publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 10 de mayo de 2019) el SECUESTRO contempla una pena de ocho (8) a doce (12) años de prisión, sin ninguna circunstancia que modifique su pena, ya que de lo contrario estaríamos ante una figura diferente como lo es el secuestro agravado, por lo tanto, es evidente que la nueva Ley Penal contiene una pena más benigna, que es la condición prevista en la Ley sobre Justicia Constitucional para aplicarla de forma retroactiva; y por consiguiente es procedente otorgar la revisión de la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia con competencia Territorial Nacional en materia Penal el doce (12) de marzo de dos mil dieciocho (2018), para la ejecución de una nueva pena, es decir de diez (10) años con abono del tiempo que haya cumplido hasta ajustar la totalidad de la pena en mención, y a la pena accesoria de inhabilitación absoluta. Lo anterior, en vista que en el nuevo Código Penal el delito propiamente de secuestro no determina circunstancia alguna que modifique su pena, ya que al existir estaríamos ante una figura distinta, consistente en el secuestro agravado..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por los Abogados Juan José Bustillo y Julio Cesar Gabriel Eduardo García Murillo, a favor del señor Alex José Sánchez Suazo, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, de fecha doce de marzo de dos mil dieciocho, con relación a la causa instruida contra el señor Alex Josué Sánchez Suazo, por el delito Secuestro en perjuicio de la señora Sonia Lizeth Morales Medina. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiséis de septiembre de dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, la Abogada Karla Yaneth Zavala Mendoza, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra de los señores Marcelino Erazo Velásquez, Sandra Janeth Sánchez Carrasco, Guilmer Antonio Rodriguez y Alex José Sánchez Suazo, a quienes se les supone responsables de la comisión de los delitos de Secuestro y Asociación Ilícita en perjuicio de Sonia Lizzeth Morales Medina. (Folios 1-4 del antecedente). 2) Que en fecha doce de marzo de dos mil dieciocho, el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, emitió sentencia mediante la cual falló: “…PRIMERO: Condenar como en efecto condenamos a los señores ALEX JOSE SANCHEZ SUAZO, conocido también en este proceso como ALEX JOSUE SANCHEZ SUAZO Y WILMER ANTONIO RODRIGUEZ GIRON, conocido en este proceso también como GUILMER ANTONIO RODRIGUEZ GIRON, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como coautores responsables de un delito de SECUESTRO, en perjuicio de la señora SONIA LIZETH MORALES MEDINA, imponiéndoles la pena principal de veintidós (22) Años de Reclusión, debiéndose computar la misma desde el día en que fueron recluidos de manera efectiva en el Centro Penitenciario por esta causa. SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos a los señores ALEX JOSE SANCHEZ SUAZO, conocido también en este proceso como ALEX JOSUE SANCHEZ SUAZO Y WILMER ANTONIO RODRIGUEZ GIRON, conocido en este proceso también como GUILMER ANTONIO RODRIGUEZ GIRON, a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL durante el tiempo de duración de la pena principal, así como también a trabajar por el tiempo de su condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la Ley que regula el Sistema Penitenciario. TERCERO: Debemos declarar la responsabilidad civil de los condenados, ALEX JOSE SANCHEZ SUAZO, conocido también en este proceso como ALEX JOSUE SANCHEZ SUAZO Y WILMER ANTONIO RODRIGUEZ GIRON, conocido también en este proceso como GUILMER ANTONIO RODRIGUEZ GIRON, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de esta sentencia. CUARTO: No se condena a los acusados, en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. QUINTO: Se declara el comiso de un teléfono celular marca Blu, modelo Talk, color negro con rojo, el cual está bajo custodia del Ministerio Público. SEXTO: Absolver como en efecto Absolvemos, a los señores ALEX JOSE SANCHEZ SUAZO, conocido en este proceso también como ALEX JOSUE SANCHEZ SUAZO Y WILMER ANTONIO RODRIGUEZ GIRON, conocido en este proceso también como GUILMER ANTONIO RODRIGUEZ GIRON, SANDRA JANETH SANCHEZ CARRASCO Y MARCELINO ERAZO VELASQUEZ, por el delito de ASOCIACIÓN ILICITA en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, y los señores SANDRA JANETH SANCHEZ CARRASCO Y MARCELINO ERAZO VELASQUEZ, por el delito de SECUESTRO en perjuicio de SONIA LIZETH MORALES MEDINA." (Folios 343-366 del antecedente). 3) Que los Abogados Juan José Bustillo y Julio Cesar Gabriel Eduardo García Murillo, comparecieron ante este Tribunal, en fecha veinticinco de septiembre de dos mil veinte, presentando recurso de revisión penal a favor del señor Alex José Sánchez Suazo, contra la sentencia relacionada en el numera que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017). (Folios 1-2 vuelto del recurso de mérito). 4) Que en fecha quince de abril de dos mil veintiuno, esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito y se libró comunicación con las inserciones de estilo a: 1. TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL EN MATERIA PENAL, Y; 2. JUZGADO DE EJECUCIÓN CON JURISDICCIÓN NACIONA EN MATERIA PENAL, a efecto de que se remitiera dentro del plazo de un (1) día hábil, el expediente contentivo de la causa arriba indicada. (Folio 4 del recurso de mérito). 5) En fecha veintiséis de agosto dos mil veintiuno, habiéndose recibido los antecedentes en este Tribunal y en virtud de haber sido imposible el señalamiento de la audiencia dentro del plazo contemplado por el artículo 106 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por causas no previstas atinentes a la agenda del pleno de esta Sala de lo Constitucional, en consecuencia, se dispone en aplicación de lo establecido en el artículo 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, citar a las partes para audiencia que se celebrará el día jueves nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), a las ocho de la mañana con cincuenta minutos (08: 50 a.m.), a efecto de que la parte afectada con la admisión del recurso, se pueda oponer al mismo y ambas partes presenten las pruebas en que se fundan sus pretensiones, debiendo oírse en la misma audiencia la opinión del Fiscal. (Folio 15 del recurso de mérito). 6) En fecha nueve de septiembre de dos mil veintiuno, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por la Magistrada Lidia Álvarez Sagastume, con la comparecencia de la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado Juan José Lobo Bustillo, en su condición de Apoderado Legal del señor Alex José Sánchez Suazo; se le cedió la palabra a la parte recurrente para que hiciera uso de su derecho a réplica, expresando lo siguiente: Ratificando la acción de protección constitucional del recurso de revisión, a fin de que se revise la sentencia definitiva emitida contra mi representado, aplicando el principio de retroactividad de la ley, por ser esta más benigna… El Ministerio Público consideró: Artículo 616: "CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique... De lo expuesto por el revisionista el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales, indicando las sanciones correspondientes al delito por el cual se condenó al hoy imputado: En el Código Penal derogado el delito de SECUESTRO se encontraba regulado en el artículo 192, que señalaba: "Será sancionado con la pena de reclusión de 20 años a privación de Libertad de por vida... En el Nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017), con relación al delito de SECUESTRO que se encuentra regulado en el artículo 239, establece: Quien priva de la libertad otra persona exigiendo alguna condición para liberarla, debe ser castigado con las penas de ocho (8) a doce (12) años de reclusión y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena. Al examinar lo peticionado por el revisionista, cabe afirmar que nuestro ordenamiento jurídico reconoce como principio general que la ley no tiene efectos retroactivos, conforme lo proclama el artículo 96, tercer párrafo, de la Constitución de la República; "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente procesado.". Estima esta Representación fiscal que el Nuevo Código Penal efectivamente establece una norma penal más favorable al hoy condenado, en ese sentido, se estima que lo peticionado por el revisionista se encuentra conforme a Ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal por ser esta más benigna al condenado. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque SE OTORGUE la presente acción de revisión…Se le cedió nuevamente la palabra al revisionista para que presentara la prueba que considerara pertinente, exponiendo lo siguiente: Adjunto a la solicitud del recurso de revisión, se propuso como medio de prueba la sentencia definitiva, señalando que su original lo conserva el expediente que está en custodia de los Juzgados de Ejecución de Jurisdicción Nacional de Tegucigalpa, con número 88-2018. Se le cedió la palabra al Ministerio Público para que manifestara alguna oposición a la prueba presentada por el recurrente o si tenía algún medio de prueba que presentar, manifestando lo siguiente: No tenemos medios de prueba que presentar. La Magistrada manifiesta: En virtud de no haber medios de prueba por evacuar, en este acto se da por suspendida la presente audiencia para efectos de dictar la sentencia que corresponda oportunamente. (Folios 17-20 del recurso de mérito). CONSIDERANDO UNO (1): Que en fecha ocho de octubre de dos mil veinte, los Abogados Juan Jose Lobo Bustillo y Julio Cesar Gabriel Eduardo Garcia Murillo, comparecieron ante este Tribunal, presentando recurso de revisión penal a favor del señor Alex Jose Sánchez Suazo, contra la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, de fecha doce (12) de marzo de dos mil dieciocho (2018), fundamentando su acción en el artículo 96 de la Constitución de la República, 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, asimismo, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017), enmarcándolo en el artículo 239, al referir que establece una pena aplicable al delito de Secuestro de ocho (08) a doce (12) años de prisión, en vista que no tiene ninguna agravante. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo adopta la garantía Constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte de un proceso penal, pueda practicar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentra firme; en este sentido manda que la Ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir.- En ese orden el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, establece que las sentencias condenatorias penales pueden ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedido de estos, de cualquier persona, del Ministerio Publico o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme, tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO TRES (3): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado Hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5]. CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen sobre los alegatos del Garantista expresados en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho (8) del artículo 96, 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y 186 de la Constitución de la República, que determinan la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. El garantista señala en los antecedentes “La objeción contra la sentencia firme, dictada por el Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa, y de donde resulta el motivo del recurso extraordinario de revisión lo constituye que al hacer estudio de la sanción correspondiente de delito juzgado, con aplicación de una ley vigente al momento de cometerse los hechos pero novada con posterioridad al juzgamiento respetivo, esta resulta por ahora arbitraria y por supuesto violatoria, a la sanción penal establecida en el tipo penal correspondiente, ya que ahora es menor la sanción por ese ilícito penal, por haber sido reducida la misma en el nuevo código penal vigente…” CONSIDERANDO CINCO (5): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. Que en fecha nueve de septiembre de dos mil veintiuno, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, con la comparecencia de la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado Juan Jose Lobo Bustillo, en su condición de Apoderado Legal del señor Alex Jose Sánchez Suazo; manifestando este último que siendo que su representado fue condenado mediante sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, de fecha doce de marzo de dos mil dieciocho, por el delito de Secuestro imponiéndole una pena de veintidós (22) años, es candidato por la entrada en vigencia del nuevo Código Penal Decreto 130-2017, al contener una considerable modificación en el delito de secuestro tal y como lo contempla en articulo 239 con una pena de ocho (08) a doce (12) años de prisión, de acuerdo al Decreto 130-2017 y la prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena, siendo esta pena más benigna para mi representado en comparación a la condena impuesta de veintidós (22) años de reclusión, argumentado que la acción establecida en los hechos probados en relación a su representado no tiene ninguna agravante especifica que regula el artículo 240 del Código Penal, dado que no se logro el cumplimiento de la privación de la libertad por más de 72 horas a la persona secuestrada y tampoco esta es menor de edad, mucho menos funcionario público ni diplomático y tampoco no se cometió con simulación de un grupo delictivo organizado, ni mucho menos con simulación de autoridad entre otros y tampoco con las regulaciones establecidas en el Artículo 32 del Código Penal, por lo cual la nueva Ley favorece a mi representado a quien deberá imponerse una pena de ocho (08) años en base a lo que establece el artículo 239 del Código Penal Vigente. APRECIACION JURIDICA: El Ministerio Público señala que el Revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revea la Sentencia Definitiva de fecha doce (12) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la Ley penal a favor del condenado, estableciendo que de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes contenidas en el nuevo Código Penal, el cual es sancionado con una pena más benigna, por lo que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más le favorezca a su representado, tal como lo dispone el artículo 96, numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que señala: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1)..., 2)..., 3)..., 4)..., 5)..., 6)..., 7)..., 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna…”, relacionada con los artículos 615 y 616 del nuevo Código Penal, que señalan: Articulo 615: “RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL MAS FAVORABLE”. Los delitos y faltas cometidas hasta el día de entrada en vigencia el presente cogido se juzgan conforme las leyes penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituye delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictara sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutara. Artículo 616: “CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. Para determinar la Ley Penal más favorable se comparara la pena que hubiera corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos normas, tomado en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que le perjudique. CONCLUSION DEL MINISTERIO PUBLICO: De lo expuesto, el Ministerio Público aprecia de la sentencia sub judice, que el señor Alex Jose Sánchez Suazo, fue condenado por el delito de SECUESTRO, en perjuicio de Sonia Lizeth Morales Medina como aduce el recurrente, por lo tanto, son sanciones diferentes, en tal sentido se procede a revisar ambas leyes penales indicando las sanciones correspondientes al delito de SECUESTRO, por el cual se condenó al señor Alex Jose Sánchez Suazo. Estima esta representación que el nuevo Código Penal efectivamente establece una norma penal más favorable al hoy condenado, en ese sentido se estima que lo peticionado por el revisionista se encuentra conforme a Ley tal como lo dispone el artículo 96 Constitucional y 96 numeral 8 de la Ley de Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad penal por ser esta más benigna al condenado, siendo de la opinión el Ministerio Publico por que se otorgue la presente acción de revisión, por ser esta más beneficiosa para el condenado. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el Artículo 615 del Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 “Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor… Si se tratare de un concurso medial y en tanto que esa forma concursal ha sido suprimida en el presente Código, la comparación se efectúa entre la pena global impuesta en la sentencia sometida a revisión y la que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo con la nueva Ley. La misma regla se observa en caso de delito continuado. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO SIETE (7): Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO OCHO (8): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO NUEVE(9): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen acerca de la benignidad de la ley, interpretando lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". [6] Por lo tanto, se puntualizan los hechos concretos y probados, esbozados en la sentencia condenatoria así mismo sus penas y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la que sea más favorable. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[7], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[8]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[9]. -Lo negrito y subrayado es nuestro-CONSIDERANDO ONCE (11): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[10] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. CONSIDERANDO DOCE (12): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[11]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO TRECE (13): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la República, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la República de Honduras en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO CATORCE (14): Sentencia que se recurre a través de la presente Garantía Constitucional de Revisión Penal. La emitida por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, de fecha doce de marzo de dos mil dieciocho, mediante la cual “FALLA: “…PRIMERO: Condenar como en efecto condenamos a los señores ALEX JOSE SANCHEZ SUAZO, conocido también en este proceso como ALEX JOSUE SANCHEZ SUAZO Y WILMER ANTONIO RODRIGUEZ GIRON, conocido en este proceso también como GUILMER ANTONIO RODRIGUEZ GIRON, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como coautores responsables de un delito de SECUESTRO, en perjuicio de la señora SONIA LIZETH MORALES MEDINA, imponiéndoles la pena principal de veintidós (22) Años de Reclusión, debiéndose computar la misma desde el día en que fueron recluidos de manera efectiva en el Centro Penitenciario por esta causa. SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos a los señores ALEX JOSE SANCHEZ SUAZO, conocido también en este proceso como ALEX JOSUE SANCHEZ SUAZO Y WILMER ANTONIO RODRIGUEZ GIRON, conocido en este proceso también como GUILMER ANTONIO RODRIGUEZ GIRON, a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL durante el tiempo de duración de la pena principal, así como también a trabajar por el tiempo de su condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la Ley que regula el Sistema Penitenciario. TERCERO: Debemos declarar la responsabilidad civil de los condenados, ALEX JOSE SANCHEZ SUAZO, conocido también en este proceso como ALEX JOSUE SANCHEZ SUAZO Y WILMER ANTONIO RODRIGUEZ GIRON, conocido también en este proceso como GUILMER ANTONIO RODRIGUEZ GIRON, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de esta sentencia. CUARTO: No se condena a los acusados, en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. QUINTO: Se declara el comiso de un teléfono celular marca Blu, modelo Talk, color negro con rojo, el cual está bajo custodia del Ministerio Público. SEXTO: Absolver como en efecto Absolvemos, a los señores ALEX JOSE SANCHEZ SUAZO, conocido en este proceso también como ALEX JOSUE SANCHEZ SUAZO Y WILMER ANTONIO RODRIGUEZ GIRON, conocido en este proceso también como GUILMER ANTONIO RODRIGUEZ GIRON, SANDRA JANETH SANCHEZ CARRASCO Y MARCELINO ERAZO VELASQUEZ, por el delito de ASOCIACIÓN ILICITA en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, y los señores SANDRA JANETH SANCHEZ CARRASCO Y MARCELINO ERAZO VELASQUEZ, por el delito de SECUESTRO en perjuicio de SONIA LIZETH MORALES MEDINA." (Folios 343-366 del antecedente). CONSIDERANDO QUINCE (15): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. La Sala hace su exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal I.- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan a la presente garantía constitucional de revisión penal, esta Sala aprecia que efectivamente el Señor Alex Jose Sánchez Suazo, fue condenado por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante sentencia de fecha doce de marzo de dos mil dieciocho, a una pena principal de VEINTIDOS (22) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de Secuestro, en perjuicio de Sonia Lizeth Morales Medina; así como a las penas accesorias de Inhabilitación absoluta e Interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal. II.- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que en la sentencia condenatoria firme antes señalada, el Órgano Jurisdiccional competente aplico lo dispuesto en el Artículo 32, 63, 64, 105 y 192 párrafo primero, letra a) del Código Penal, estimando que el condenado cometió el delito Secuestro. CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que una de las causales por las cuales se puede invocar la interposición de la garantía constitucional de revisión penal, la constituye la aplicación retroactiva de la ley penal por ser más benigna (artículo 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional), entendiéndose que su alcance y contenido va orientado a que el nuevo precepto legal contemplado para el tipo penal por el cual ha sido condenado el recurrente, sea más favorable, bajo ese argumento se aprecia que la retroactividad no guarda relación por el delito por el cual ha sido condenado, sino que solo por su pena. Se señala lo anterior, pues en el presente caso de autos el ahora recurrente Alex Jose Sánchez Suazo fue condenado al delito de Secuestro contenido en el Código Penal creado mediante decreto 144-83 y vigente a partir del 12 marzo de 1985, con la pena de reclusión de veinte(20) años a privación de la libertad de por vida; y con la vigencia del nuevo código penal (publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 10 de mayo de 2019) el SECUESTRO contempla una pena de ocho (8) a doce (12) años de prisión, sin ninguna circunstancia que modifique su pena, ya que de lo contrario estaríamos ante una figura diferente como lo es el secuestro agravado, por lo tanto, es evidente que la nueva Ley Penal contiene una pena más benigna, que es la condición prevista en la Ley sobre Justicia Constitucional para aplicarla de forma retroactiva; y por consiguiente es procedente otorgar la revisión de la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia con competencia Territorial Nacional en materia Penal el doce (12) de marzo de dos mil dieciocho (2018), para la ejecución de una nueva pena, es decir de diez (10) años con abono del tiempo que haya cumplido hasta ajustar la totalidad de la pena en mención, y a la pena accesoria de inhabilitación absoluta. Lo anterior, en vista que en el nuevo Código Penal el delito propiamente de secuestro no determina circunstancia alguna que modifique su pena, ya que al existir estaríamos ante una figura distinta, consistente en el secuestro agravado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia el pronunciamiento del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los Artículos1.1, 9, 11.2 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 96 numeral 8; 1 y 239 del Código Penal; 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: PRIMERO: Declarar CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por los Abogados Juan Jose Lobo Bustillo y Julio Cesar Gabriel Eduardo García Murillo, a favor de Alex Jose Sánchez Suazo; SEGUNDO: Se DECRETA LA NULIDAD PARCIAL de la sentencia definitiva dictada por EL Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia de fecha doce (12) de marzo de dos mil dieciocho (2018). TERCERO: Se MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor Alex Jose Sánchez Suazo, por el delito de SECUESTRO, en perjuicio de Sonia Lizeth Morales Medina, la cual deberá de leerse de la siguiente manera: FALLA: CONDENAR al señor Alex Jose Sánchez Suazo, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de SECUESTRO, en perjuicio de Sonia Lizeth Morales Medina, a una pena de DIEZ (10) AÑOS DE PRISIÓN, más la accesoria de Inhabilitación Absoluta, por el tiempo que dure la pena principal, ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenido.- Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia, se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente, para que proceda al cumplimiento del presente fallo; Redacto el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de mayo de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-898-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.
[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.
[3] Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que éste sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
[4] Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
[5] Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.
[6] ZAFFARONI, E., Estructura Básica del Derecho Penal. Editorial Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2009. Pág. 41.
[7] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[8] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[9] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.
[10] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.
[11] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.