Sentencia RP-880-20 — Registro 14765
Resumen
Sentencia condenatoria reformada mediante recurso de Apelación,por vigencia del nuevo Código Penal, en la causa mediante la cual se condenó a Bricelda Lizeth Munguia ,Eliseo Oviedo y Jorge Alberto Nuñez por el delito de Asesinato en perjuicio de la Señora Sigfrida Shantal Pastor Argüelles y Maria del Carmen Montoya López, (Respectivamente) y por el delito de Robo en perjuicio de la señora SIGFRIDA SHANTAL PASTOR ARGÜELLES.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Esta Sala considera que el caso sub judice no se subsume en ninguna de las causales enlistadas en el artículo señalado, ello porque de la pretensión del revisionista en favor de la señora Bricelda Lizeth Munguía, se desprende que la finalidad de la revisión va encaminada a que se realice valoración individual en relación a la participación de los condenados, a efecto de determinar la culpabilidad o inocencia de cada uno de los participantes, requiriendo una investigación más exacta para determinar el grado de autoría, complicidad o participación de cada uno de los implicados en el hecho criminal, pues en la sentencia de mérito se generaliza un hecho criminal. La pretensión de la revisionista es una cuestión de instancia que debió ser alegada en el momento procesal oportuno en instancia. Siendo evidente que no se encuadra en ninguna de las causas señaladas en el artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, no puede ser revisada por esta Sala de lo Constitucional la sentencia firme que ha sido recurrida y que fue dictada por la Corte Tercera de Apelaciones en fecha veintitrés de mayo del dos mil dos. CONSIDERANDO TRECE (13): Que en relación a lo peticionado en favor del condenado JORGE ALBERTO NUÑEZ, el revisionista invoca la aplicación del principio de retroactividad contenido en el artículo 615 del Código Penal Vigente, arguye que a su representado le favorece el decreto que entro en vigencia y es el que debe aplicársele. Por cuanto es evidente que no procede la aplicación retroactiva de una norma favorable, promulgada a que se alcanzara cosa juzgada mediante una sentencia firme. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso a los condenados JORGE ALBERTO NUÑEZ Y BRICELDA LIZETH MUNGUIA, las penas siguientes: 1) DIECIOCHO (18) AÑOS DE RECLUSION por haber sido encontrados responsables como autores de un delito de ASESINATO en perjuicio SIGFRIDA SHANTAL PASTOR ARGUELLES; 2) SIETE (7) AÑOS DE RECLUSION por haber sido encontrados responsables como autores de un delito de ROBO en perjuicio SIGFRIDA SHANTAL PASTOR ARGUELLES; 3) DIECIOCHO (18) AÑOS DE RECLUSION por haber sido encontrados responsables como autores de un delito de ASESINATO en perjuicio MARIA DEL CARMEN MONTOYA LOPEZ. Mas las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. Conforme las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017, el delito de ASESINATO, previsto en el artículo 193 prevé una pena abstracta de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión, más las penas accesorias correspondientes; El delito de ROBO CON VIOLENCIA E INTIMIDACIÓN previsto en el artículo 361 del Código Penal vigente, prevé una pena abstracta de cuatro (4) a (8) años de prisión, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice. En la sentencia que se revisa se establece que concurren para éste delito, las agravantes contenidas en el artículo 363 del mismo cuerpo legal, como ser: 1)…; 2)…; 3)…; 4)…; 5)…; 6)…; 7) La conducta se lleva a cabo abusando de las circunstancias personales de la víctima; 8)…; 9) Se cometen los hechos empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto. Reza el citado artículo que “En el caso de concurrir 2 o más de las anteriores circunstancias, la pena del hurto o del robo se debe aumentar en dos tercios (2/3)”. Aumento que según lo dispuesto en el artículo 69 del Código Penal vigente, debe hacerse al máximo de la pena. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal vigente prevé sanciones más gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83 recién derogado, por lo que no es procedente la aplicación retroactiva en favor de los señores JORGE ALBERTO NUÑEZ Y BRICELDA LIZETH MUNGUIA"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
..."Esta Sala considera que el caso sub judice no se subsume en ninguna de las causales enlistadas en el artículo señalado, ello porque de la pretensión del revisionista en favor de la señora Bricelda Lizeth Munguía, se desprende que la finalidad de la revisión va encaminada a que se realice valoración individual en relación a la participación de los condenados, a efecto de determinar la culpabilidad o inocencia de cada uno de los participantes, requiriendo una investigación más exacta para determinar el grado de autoría, complicidad o participación de cada uno de los implicados en el hecho criminal, pues en la sentencia de mérito se generaliza un hecho criminal. La pretensión de la revisionista es una cuestión de instancia que debió ser alegada en el momento procesal oportuno en instancia. Siendo evidente que no se encuadra en ninguna de las causas señaladas en el artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, no puede ser revisada por esta Sala de lo Constitucional la sentencia firme que ha sido recurrida y que fue dictada por la Corte Tercera de Apelaciones en fecha veintitrés de mayo del dos mil dos. CONSIDERANDO TRECE (13): Que en relación a lo peticionado en favor del condenado JORGE ALBERTO NUÑEZ, el revisionista invoca la aplicación del principio de retroactividad contenido en el artículo 615 del Código Penal Vigente, arguye que a su representado le favorece el decreto que entro en vigencia y es el que debe aplicársele. Por cuanto es evidente que no procede la aplicación retroactiva de una norma favorable, promulgada a que se alcanzara cosa juzgada mediante una sentencia firme. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso a los condenados JORGE ALBERTO NUÑEZ Y BRICELDA LIZETH MUNGUIA, las penas siguientes: 1) DIECIOCHO (18) AÑOS DE RECLUSION por haber sido encontrados responsables como autores de un delito de ASESINATO en perjuicio SIGFRIDA SHANTAL PASTOR ARGUELLES; 2) SIETE (7) AÑOS DE RECLUSION por haber sido encontrados responsables como autores de un delito de ROBO en perjuicio SIGFRIDA SHANTAL PASTOR ARGUELLES; 3) DIECIOCHO (18) AÑOS DE RECLUSION por haber sido encontrados responsables como autores de un delito de ASESINATO en perjuicio MARIA DEL CARMEN MONTOYA LOPEZ. Mas las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. Conforme las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017, el delito de ASESINATO, previsto en el artículo 193 prevé una pena abstracta de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión, más las penas accesorias correspondientes; El delito de ROBO CON VIOLENCIA E INTIMIDACIÓN previsto en el artículo 361 del Código Penal vigente, prevé una pena abstracta de cuatro (4) a (8) años de prisión, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice. En la sentencia que se revisa se establece que concurren para éste delito, las agravantes contenidas en el artículo 363 del mismo cuerpo legal, como ser: 1)…; 2)…; 3)…; 4)…; 5)…; 6)…; 7) La conducta se lleva a cabo abusando de las circunstancias personales de la víctima; 8)…; 9) Se cometen los hechos empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto. Reza el citado artículo que “En el caso de concurrir 2 o más de las anteriores circunstancias, la pena del hurto o del robo se debe aumentar en dos tercios (2/3)”. Aumento que según lo dispuesto en el artículo 69 del Código Penal vigente, debe hacerse al máximo de la pena. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal vigente prevé sanciones más gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83 recién derogado, por lo que no es procedente la aplicación retroactiva en favor de los señores JORGE ALBERTO NUÑEZ Y BRICELDA LIZETH MUNGUIA"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de enero del año dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia del recurso de revisión interpuesto por la Abogada ZOILA RAMOS, en su condición de Juez de Ejecución de la Sección Judicial de Juticalpa, departamento de Olancho, contra la sentencia condenatoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, en fecha veintitrés (23) de octubre de dos mil uno (2001), y reformada mediante recurso de Apelación en fecha veintitrés (23) de mayo del dos mil dos (2002), por vigencia del nuevo Código Penal, en la causa mediante la cual se condenó a los Señores BRICELDA LIZETH MUNGUIA, ELISEO OVIEDO CANO y JORGE ALBERTO NUÑEZ por el delito de ASESINATO en perjuicio de la Señora SIGFRIDA SHANTAL PASTOR ARGÜELLES y MARIA DEL CARMEN MONTOYA LOPEZ, (RESPECTIVAMENTE) y por el delito de ROBO en perjuicio de la señora SIGFRIDA SHANTAL PASTOR ARGÜELLES. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha uno (1) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999), compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Catacamas, Departamento de Olancho, la Abogada GIA FIRENZE LEONI JIMENEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, formalizando acusación contra los señores BRICELDA LIZETH MUNGUIA, ELISEO OVIEDO CANO y JORGE ALBERTO NUÑEZ, en la causa instruida en su contra por suponerlos responsables de los delitos de ASESINATO SEGUIDO DE ROBO, en perjuicio de las Señoras SIGFRILDA SHANTAL PASTOR ARGÜELLES y MARIA DEL CARMEN MONTOYA LOPEZ. (Folios 289 al 296 de la pieza del A-Quo) 2) Que continuado que fue el proceso, en fecha veintitrés (23) de octubre de dos mil uno (2001), el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Catacamas, Departamento de Olancho dictó Sentencia Definitiva mediante la cual Falló: (SIC): “1) CONDENANDO a la imputada BRICELDA LIZETH MUNGUIA HERRERA de generales conocidas en el preámbulo de esta Sentencia por el delito de ASESINATO SEGUIDO DE ROBO en perjuicio de SIGFRILDA SHANTAL PASTOR ARGÜELLES, imponiéndole las penas de DIECIOCHO AÑOS por el ASESINATO y de SIETE AÑOS de reclusión por el delito de ROBO.- 2) CONDENANDO a imputado ELISEO OVIEDO CANO, también de generales conocidas en el preámbulo de esta Sentencia por los delitos de ASESINATO SEGUIDO DE ROBO en perjuicio de SIGFRILDA SHANTAL PASTOR ARGÜELLES, y por el delito de HOMICIDIO en perjuicio de MARIA DEL CARMEN MONTOYA, imponiéndole las penas de DIECIOCHO AÑOS de reclusión por el delito de ASESINATO; CATORCE AÑOS de reclusión por el delito de HOMICIDIO y SIETE AÑOS por el delito de ROBO.- HECHOS: Que tuvieron verificativo el día JUEVES catorce de mayo de mil novecientos noventa y ocho, como a eso de las cuatro y media de la tarde, en la residencia de la Doctora SIGFRILDA SHANTAL PASTOR ARGÜELLES, en el Barrio El Centro de la ciudad de Catacamas, departamento de Olancho.- Las penas señaladas deberán cumplirlas los condenados en el Centro Femenino de Adaptación Social (CEFAS) y en la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto” respectivamente en Tamara, Municipio del Distrito Central.- Asimismo condena a ambos acusados a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil y a trabajo en obras públicas por el tiempo que dure la condena.- En el caso del señor ELISEO OVIEDO CANO en virtud de que la suma de las condenas es mayor de TREINTA AÑOS deberá cumplirlas sucesivamente principiando por la mayor hasta completar los treinta años de conformidad a la ley.- 3) ABSOLVIENDO de toda responsabilidad penal al imputado JORGE ALBERTO NUÑEZ CARCAMO, de generales también conocidas en el preámbulo de esta Sentencia por los delitos que se le imputan.- Y MANDA: 1) Que encontrándose los imputados BRICELDA LIZETH MUNGUIA HERRERA y ELISEO OVIEDO CANO, en prisión efectiva en CEFAS y la Penitenciaria Nacional respectivamente, se libre atenta comunicación al Juzgado de Letras Segundo de lo Criminal de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, insertando la parte Resolutiva de esta Sentencia para que a través del funcionario correspondiente se le notifique personalmente a cada condenado, la Sentencia en el recaída para los efectos legales correspondientes.- 2) Que encontrándose el imputado JORGE ALBERTO NUÑEZ CARCAMO, recluido en el Centro Penal de la ciudad de Comayagua, departamento de Comayagua, se le extienda su Carta de Libertad Provisional, se libre Certificación de esta Sentencia y la correspondiente Nota de Excarcelación al señor Director de dicho Centro Penal para los efectos legales consiguientes.- 3) Que si dentro del término de Ley no se interpone recurso alguno contra esta Sentencia, se tenga por firme en cuanto adquiera su condición de tal.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.” (Folios 490-496 de la pieza del A-Quo) 3) Que en fecha veintitrés (23) de mayo del dos mil dos (2002) la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, dicto sentencia en recurso de Apelación, mediante la cual FALLA: “1° DECLARANDO CON LUGAR el recurso de Apelación interpuesto y REFORMA la sentencia en cuanto: a) Hechos probados; c) CONDENANDO a Bricelda Lizeth Munguía Herrera, a la pena de dieciocho (18) años por el delito de Asesinato en perjuicio de Sigfrida Shantal Pastor Arguelles; a la pena de siete (7) años por el delito de Robo en perjuicio de la misma ofendida; a la pena de dieciocho (18) años por el delito de Asesinato en perjuicio de María del Carmen Montoya López, haciendo un total de cuarenta y tres (43) años de reclusión, de los cuales cumplirá efectivamente treinta (30) años; c) CONDENANDO a Eliseo Oviedo Cano, a la pena de dieciocho (18) años por el delito de Asesinato en perjuicio de Sigfrida Shantal Pastor Arguelles; a la pena de siete (7) años de reclusión por el delito de Robo en perjuicio de la misma ofendida; a la pena de dieciocho (18) años por el delito de Asesinato en perjuicio de María del Carmen Montoya López, haciendo un total de cuarenta y tres (43) años de reclusión, de los cuales cumplirá efectivamente treinta (30) años; 4° RECOCAR LA SENTENCIA ABSOLUTORIA dictada en favor de Jorge Alberto Núñez Cárcamo, CONDENANDOLO a la pena de dieciocho (18) años por el delito de Asesinato en perjuicio de Sigfrida Shantal Pastor Arguelles; a la pena de siete (7) años por el delito de Robo en perjuicio de la misma ofendida; a la pena de dieciocho (18) años por el delito de Asesinato en perjuicio de María del Carmen Montoya López, haciendo un total de cuarenta y tres (43) años de reclusión, de los cuales cumplirá efectivamente treinta (30) años; 5° Confirmando todos los otros extremos inherentes al cumplimiento de la pena, en cuanto a las penas accesorias.”. 4) Que en fecha cinco de octubre de dos mil veinte, la Abogada ZOILA RAMOS en su condición de Juez de Ejecución de la Sección Judicial de Juticalpa, departamento de Olancho, interpuso de oficio Recurso de Revisión contra la sentencia definitiva dictada Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Catacamas, Departamento de Olancho, en fecha veintitrés (23) de octubre de dos mil uno (2001), fundamentando su acción en el artículo 614 del Decreto 130-2017; remitiendo los antecedentes de la pieza No.JESJJ-099-2006, correspondientes a la causa en que se condenó a los señores BRICELDA LIZETH MUNGUIA, ELISEO OVIEDO CANO y JORGE ALBERTO NUÑEZ por los delitos de ASESINATO SEGUIDO DE ROBO, en perjuicio de las Señoras SIGFRILDA SHANTAL PASTOR ARGÜELLES y MARIA DEL CARMEN MONTOYA LOPEZ. (Folio 01 del recurso de mérito) 5) Que en fecha veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiuno (2021), esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenándose en consecuencia la celebración de la Audiencia respectiva. (Folio 07 del recurso de mérito) 6) Que en fecha veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido la Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la Abogada ANDREA FABIANA GARCIA MEJIA en su condición de Defensora Pública de los Señores BRICELDA LIZETH MUNGUIA, el Abogado JOSE MANUEL ANDRADE AVILA en su condición de Apoderado Legal del Señor JORGE ALBERTO NUÑEZ CARCAMO. Y en la que cedida le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017), La representante del Ministerio Público, fue de la opinión porque SE DECLARE SIN LUGAR la presente acción de revisión, en virtud de que el nuevo Código Penal no le resulta más favorable al sentenciado, ya que conforme el artículo 616 párrafo primero no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentado las dos normas, tomando en cuenta una de ellas, que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique. (Folios 16-21 del recurso de mérito) CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal, pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Algunos precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[1] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. El artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional dispone que la Sala de lo Constitucional podrá declarar sin lugar la revisión o anulará la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[2], en relación con el artículo 25 de la misma convención[3] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[4]. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El garantista funda su petición en los artículos 55 y 60 del Código Procesal Penal; 614 del Código Penal; 186 de la Constitución de la República y 1, 3 y 9 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. La garantía de revisión ha sido interpuesta de oficio por la abogada ZOILA RAMOS, Juez de Ejecución de Juticalpa, departamento de Olancho, en fecha dieciséis de septiembre del año dos mil veinte, contra la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones en fecha veintitrés de mayo del año dos mil dos. Señala la garantista que al entrar en vigencia el Decreto 130-2017 que contiene el Código Penal que en su parte general se establecen principios que rigen la aplicación de justicia en materia penal, como ser principio de Humanidad de las penas (artículo 3), principio de proporcionalidad (artículo 5), por lo cual la pena se debe fijar en base a estos principios. Argumenta que en la presente causa el órgano sentenciador inicialmente no logro hacer las valoraciones individuales para determinar la culpabilidad o inocencia de cada uno de los participantes según la Ley Penal vigente a la fecha que se cometieron los hechos por la cantidad de imputados y el número de víctimas se requería una investigación más exacta para determinar el grado de autoría, complicidad o participación de cada uno de los imputados implicados en el hecho criminal, ya que en la sentencia de merito se generaliza un hecho criminal. Nombra de oficio a la Defensora Publica ANDREA FABIANA GARCIA, para que represente a los penados JORGE ALBERTO NUÑEZ CARCAMO Y BRISELDA MUNGUIA HERRERA. No se le nombra defensor al penado ELISEO OVIEDO CANO, porque falleció en el mes de julio del dos mil dieciocho. CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró el día veintitrés de septiembre del dos mil veintiuno, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado JOSE MANUEL ANDRADE AVILA, como garantista a favor del ciudadano Jorge Alberto Nuñez; la abogada ANDREA FABIANA GARCIA MEJIA, Defensora Publica nombrada como garantista de la señora Bricelda Lizeth Munguía y la abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, en su condición de agente fiscal del Ministerio Público, en representación de los intereses de la sociedad hondureña. Se le cedió la palabra al abogado JOSE MANUEL ANDRADE AVILA, quien expuso: Ratifica el recurso de revisión interpuesto en favor de Jorge Alberto Núñez Cárcamo, quien fue condenado mediante sentencia de fecha veintitrés de octubre del dos mil tres, a la pena de DIECIOCHO (18) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de ASESINATO en perjuicio de SIGFRIDA SHANTAL PASTOR ARGUELLES; a la pena de SIETE (7) AÑOS por el delito de ROBO en perjuicio de la misma ofendida y a la pena de DIECIOCHO (18) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de ASESINATO en perjuicio de MARIA DEL CARMEN MONTOYA LOPEZ, haciendo un total de CUARENTA Y TRES AÑOS DE RECLUSIÓN de los cuales cumplirá TREINTA (30) AÑOS, en base al artículo 66 y 615 del Código Penal vigente que establece el principio de retroactividad, es decir que a su representado se le debe aplicar la ley mas favorable que es el decreto que entro en vigencia y se establezca una pena concreta de treinta años.- Seguidamente se le cedió la palabra a la abogada ANDREA FABIANA GARCIA MEJIA, quien expuso: Esta Defensa Publica se adhiere a lo solicitado por el Juzgado de Ejecución de Juticalpa, departamento de Olancho, que solicita la revisión de la Sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones en fecha veintitrés de mayo del dos mil dos, que condena a la señora BRICELSA LIZETH MUNGUIA HERRERA, a la pena de DIECIOCHO (18) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de ASESINATO en perjuicio de SIGFRIDA SHANTAL PASTOR ARGUELLES; a la pena de SIETE (7) AÑOS por el delito de ROBO en perjuicio de la misma ofendida y a la pena de DIECIOCHO (18) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de ASESINATO en perjuicio de MARIA DEL CARMEN MONTOYA LOPEZ, haciendo un total de CUARENTA Y TRES AÑOS DE RECLUSIÓN de los cuales cumplirá TREINTA (30) AÑOS. Señala la garantista que al entrar en vigencia el Decreto 130-2017 que contiene el Código Penal que en su parte general se establecen principios que rigen la aplicación de justicia en materia penal, como ser principio de Humanidad de las penas, principio de proporcionalidad, por lo cual la pena se debe fijar en base a estos principios. Que en la presente causa el órgano sentenciador inicialmente no logro hacer las valoraciones individuales para determinar la culpabilidad o inocencia de cada uno de los participantes según la Ley Penal vigente a la fecha que se cometieron los hechos por la cantidad de imputados y el número de víctimas se requería una investigación más exacta para determinar el grado de autoría, complicidad o participación de cada uno de los imputados implicados en el hecho criminal, ya que en la sentencia de mérito se generaliza un hecho criminal.- Seguidamente se le cedió la palabra a la representante del Ministerio Público Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, quien hizo uso de la palabra, expresando lo siguiente: Que de la pretensión del revisionista se desprende que la finalidad de la revisión va encaminada a que se realice valoración individual en relación a la participación de los ya condenados, a efecto de determinar la culpabilidad o inocencia de cada uno de los participantes, requiriendo una investigación más exacta para determinar el grado de autoría, complicidad o participación de cada uno de los implicados en las acciones ilícitas, de tal manera que al no haberse realizado tal valoración agravia a los penados, pues el hecho criminal se generalizo en la sentencia. Lo expuesto no es procedente ya que no se cumplen ninguno de los presupuestos establecidos en el artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Que la retroactividad no es aplicable ya que la nueva norma penal vigente contenida en el Decreto 130-2017 no es mas benigna, pues contempla penas mas graves para los delitos a los que fueron condenados, por lo cual se pronuncia porque se declare sin lugar la presente acción de revisión. CONSIDERANDO CINCO (5): Que el Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas”. Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado….”. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. CONSIDERANDO SIETE (7): CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MAS FAVORABLE. Artículo 616 del Código Penal. “Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En ese sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que le perjudique. Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una u otra legislación…” CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[5], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[6]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena mas grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena mas leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[7]. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO NUEVE (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullum crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO DIEZ (10): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. -I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente los señores JORGE ALBERTO NUÑEZ CARCAMO Y BRICELDA MUNGUIA HERRERA, fueron condenados mediante sentencia definitiva y firme de fecha veintitrés de mayo del dos mil dos a la pena de DIECIOCHO (18) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de ASESINATO en perjuicio de SIGFRIDA SHANTAL PASTOR ARGUELLES; a la pena de SIETE (7) AÑOS por el delito de ROBO en perjuicio de la misma ofendida y a la pena de DIECIOCHO (18) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de ASESINATO en perjuicio de MARIA DEL CARMEN MONTOYA LOPEZ, como pena principal; así mismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del garantista, que la sentencia condenatoria de fecha veintitrés de mayo del dos mil dos mediante la cual se condenó a los ciudadanos JORGE ALBERTO NUÑEZ CARCAMO Y BRICELDA MUNGUIA HERRERA, estableció que en la sentencia definitiva y firme el Juzgado de Letras Tribunal aplicó lo dispuesto en el artículo 117 del Código Penal, contenido en el Decreto legislativo Número 144-83 estimando que los condenados cometieron el delito de ASESINATO en perjuicio de SIGFRIDA SHANTAL PASTOR ARGUELLES; asimismo aplico lo dispuesto en el artículo 218 del mismo decreto 144-83 estimando que los condenados cometieron el delito de ROBO en perjuicio de SIGFRIDA SHANTAL PASTOR ARGUELLES. CONSIDERANDO ONCE (11): Que el artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional dispone: “DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCION. Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes cuando: 1) Dos (2) o más personas hayan sido condenadas por un mismo delito, que solo pudo ser cometido por una persona; 2) Una misma persona haya sido condenada por el mismo hecho delictivo en dos (2) sentencias distintas; 3) Una persona haya sido condenada en una sentencia y absuelta en otra por el mismo hecho delictivo; 4) una persona haya sido condenada como autor o cómplice del homicidio de otra que en realidad no ha fallecido; 5) haya sido condenado alguna persona en virtud de sentencia con base en un documento o testimonio declarado después falso, por sentencia firme; 6) Después de la condena sobrevengan nuevos hechos o elementos de prueba que solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hagan evidente que el hecho no existió, que el condenado no lo cometió o que el hecho cometido, no es punible o encuadra en una norma más favorable; o se produzca un cambio de doctrina legal que favorece al reo; 7) Se haya condenado por prevaricato o cohecho a alguno de los jueces por su actuación en el juicio de que se trate, y 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna.”. CONSIDERANDO DOCE (12): Esta Sala considera que el caso sub judice no se subsume en ninguna de las causales enlistadas en el artículo señalado, ello porque de la pretensión del revisionista en favor de la señora Bricelda Lizeth Munguía, se desprende que la finalidad de la revisión va encaminada a que se realice valoración individual en relación a la participación de los condenados, a efecto de determinar la culpabilidad o inocencia de cada uno de los participantes, requiriendo una investigación más exacta para determinar el grado de autoría, complicidad o participación de cada uno de los implicados en el hecho criminal, pues en la sentencia de mérito se generaliza un hecho criminal. La pretensión de la revisionista es una cuestión de instancia que debió ser alegada en el momento procesal oportuno en instancia. Siendo evidente que no se encuadra en ninguna de las causas señaladas en el artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, no puede ser revisada por esta Sala de lo Constitucional la sentencia firme que ha sido recurrida y que fue dictada por la Corte Tercera de Apelaciones en fecha veintitrés de mayo del dos mil dos. CONSIDERANDO TRECE (13): Que en relación a lo peticionado en favor del condenado JORGE ALBERTO NUÑEZ, el revisionista invoca la aplicación del principio de retroactividad contenido en el artículo 615 del Código Penal Vigente, arguye que a su representado le favorece el decreto que entro en vigencia y es el que debe aplicársele. Por cuanto es evidente que no procede la aplicación retroactiva de una norma favorable, promulgada a que se alcanzara cosa juzgada mediante una sentencia firme. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso a los condenados JORGE ALBERTO NUÑEZ Y BRICELDA LIZETH MUNGUIA, las penas siguientes: 1) DIECIOCHO (18) AÑOS DE RECLUSION por haber sido encontrados responsables como autores de un delito de ASESINATO en perjuicio SIGFRIDA SHANTAL PASTOR ARGUELLES; 2) SIETE (7) AÑOS DE RECLUSION por haber sido encontrados responsables como autores de un delito de ROBO en perjuicio SIGFRIDA SHANTAL PASTOR ARGUELLES; 3) DIECIOCHO (18) AÑOS DE RECLUSION por haber sido encontrados responsables como autores de un delito de ASESINATO en perjuicio MARIA DEL CARMEN MONTOYA LOPEZ. Mas las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. Conforme las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017, el delito de ASESINATO, previsto en el artículo 193 prevé una pena abstracta de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión, más las penas accesorias correspondientes; El delito de ROBO CON VIOLENCIA E INTIMIDACIÓN previsto en el artículo 361 del Código Penal vigente, prevé una pena abstracta de cuatro (4) a (8) años de prisión, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice. En la sentencia que se revisa se establece que concurren para éste delito, las agravantes contenidas en el artículo 363 del mismo cuerpo legal, como ser: 1)…; 2)…; 3)…; 4)…; 5)…; 6)…; 7) La conducta se lleva a cabo abusando de las circunstancias personales de la víctima; 8)…; 9) Se cometen los hechos empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto. Reza el citado artículo que “En el caso de concurrir 2 o más de las anteriores circunstancias, la pena del hurto o del robo se debe aumentar en dos tercios (2/3)”. Aumento que según lo dispuesto en el artículo 69 del Código Penal vigente, debe hacerse al máximo de la pena. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal vigente prevé sanciones más gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83 recién derogado, por lo que no es procedente la aplicación retroactiva en favor de los señores JORGE ALBERTO NUÑEZ Y BRICELDA LIZETH MUNGUIA. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 y 99 párrafo primero de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta de oficio por la abogado ZOILA RAMOS, en su condición de Juez de Ejecución de la Sección Judicial de Juticalpa, Departamento de Olancho, a favor de los señores JORGE ALBERTO NUÑEZ CARCAMO Y BRICELDA LIZETH MUNGUIA HERRERA; Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada REINA HERCULES. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de febrero de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha diecinueve de enero de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-880-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.
[2]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[3]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[4]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[5] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[6] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[7] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.