Sentencia RP-879-20 — Registro 15391
Resumen
Revisión de sentencia condenatoria en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal con relación a la causa instruida contra impetrante, por suponerlo responsable de los delitos de Secuestro Y Portación Ilegal De Arma De Fuego Comercial, en perjuicio de ciudadano y de la Seguridad Interior del Estado de Honduras
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I. Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor RAFAEL ZELAYA PORTILLO fue condenado por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil diez (2010), a la pena de VEINTICINCO (25) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de SECUESTRO en perjuicio de MARVIN GEOVANY DEL CID CASTRO y a la pena de CINCO (5) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. II. Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos de la impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 192 en relación al delito de SECUESTRO y el artículo 332 B en relación al delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO COMERCIAL, ambos del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió dichas conductas criminales. III. Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número 8, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma favorable; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curia, (el juzgador conoce el derecho). CONSIDERANDO CATORCE (14): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor RAFAEL ZELAYA PORTILLO, las penas principales de VEINTICINCO (25) AÑOS DE RECLUSION por el delito de SECUESTRO, y CINCO (5) AÑOS DE RECLUSION por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso en cuanto al delito de Secuestro, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, en su artículo 192 establece que “Será sancionado con la pena de reclusión de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida, aun cuando no consiguiere su propósito, quien con violencia, intimidación, engaño u otra forma que vicie el consentimiento, sustraiga, retenga, desplace, oculte o prive de cualquier otra manera de su libertad a una o más personas, con cualesquiera de los propósitos siguientes: a) Obtener a cambio de la libertad de la o las personas secuestradas, dinero, bienes, títulos u otra utilidad o beneficio…” Es decir, que esa conducta delictiva, se sancionaba con reclusión de veinte (20) años a reclusión de por vida. En cuanto al Código Penal vigente Decreto 130-2017, establece el artículo 239.- “SECUESTRO. Quien priva de la libertad a otra persona exigiendo alguna condición para liberarla, debe ser castigado con las penas de prisión de ocho (8) a doce (12) años y prohibición de residencia por el tiempo de la condena. Debemos tomar en cuenta también, las circunstancias agravantes del tipo penal de secuestro, el artículo 240 del mismo cuerpo legal establece: “Secuestro Agravado. El hecho previsto en el artículo anterior debe ser castigado con las penas de prisión de doce (12) a quince (15) años y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1) … 2) … 3) … La privación de la libertad exceda de setenta y dos (72) horas; 4) … 5) … 6) … 7) El delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado; Si concurrieran dos (2) o más de las circunstancias anteriores se debe imponer la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años.” Siendo que se desprende de los hechos probados de la sentencia de fecha veintiocho (28) de junio del dos mil diez (2010) dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortes, que la víctima estuvo en cautiverio desde el día siete (7) de enero hasta el veintiuno (21) de enero del año dos mil nueve (2009) y dicha conducta criminal fue ejecutada en el ámbito de un grupo delictivo organizado, consecuentemente, el marco de penas abstractas a imponer es de quince (15) a veinte (20) años de prisión. II. En cuanto al delito de Portación Ilegal de Armas el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, en su artículo 332 inciso B establece que “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión sin perjuicio del comiso de dicha armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas.” Es decir, que esa conducta delictiva, se sancionaba con reclusión de tres (3) a seis (6) años de reclusión. En cuanto al Código Penal vigente Decreto 130-2017, establece el artículo 580: “TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO. La tenencia de armas de fuego o municiones careciendo de las licencias o permisos necesarios debe ser castigada con las penas siguientes: 1) De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas; y, 2) … Con las mismas penas previstas en el numeral 1) se castiga la tenencia de armas artesanales. Se aumenta la pena de prisión en un tercio (1/3) a quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización.” Siendo que se desprende de la sentencia de fecha veintiocho (28) de junio del dos mil diez (2010) dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortes, que el sentenciado fue condenado por el delito de Portación Ilegal de armas, es aplicable lo establecido por el último párrafo del artículo relacionado, en ese caso debe de aumentarse la pena de prisión en un tercio (1/3) dando como resultado una pena abstracta de cuatro (4) a cinco (5) años cuatro (4) meses de prisión. En ese sentido, ponderando el quantum de la pena, es palmario que, en el marco de penas abstractas, el Código Penal vigente es menos gravoso para el encausado, por cuanto, nos encontramos ante un concurso real donde la comparación se tiene que hacer de forma global. III. Por lo tanto en vista de que las circunstancias de los hechos manifiestan concurrencia de agravantes o atenuantes, circunstancias estas que son modificativas del delito reconocidas en la nueva norma penal; siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación, haciendo usanza de las fórmulas estatuidas en el Código Penal vigente, y partiendo d la fundamentación plasmada en la sentencia revisada, y replicando los parámetros dictados por el juzgador primario, donde al encausado se le impuso una pena media por el delito de Secuestro, y una pena entre la media y la máxima para el delito de Portación Ilegal De Arma De Fuego Comercial, tomándose en cuenta las circunstancias personales del sentenciado, se debe seguir esa línea procedimental a efecto de graduar la pena a revisar, dando como resultado la imposición de una pena de DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISION POR EL DELITO DE SECUESTRO Y PROHIBICIÓN DE RESIDENCIA POR EL DOBLE DE TIEMPO DE LA CONDENA y a la pena de CINCO AÑOS (5) DE PRISION POR EL DELITO DE PORTACION ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO COMERCIAL Y LOCALIZACIÓN PERMANENTE DE DOS (2) AÑOS, lo cual hace un total de VEINTIDOS (22) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN y se impone la pena accesoria de INHABILITACIÓN ABSOLUTA por el tiempo que dure la condena. IV. En consecuencia, en observancia del artículo 616 del nuevo Código Penal, procede la revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo cómputo de la pena, con abono del tiempo que haya estado en prisión; Tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Artículos 25, 35, 38, 57, 58, 240, 580 Y Demás aplicables del Código Penal Vigente; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la Abogada MIRYAN IVONE PALOMO NUÑEZ a favor del señor RAFAEL ZELAYA PORTILLO; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil diez (2010); y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor RAFAEL ZELAYA PORTILLO, por el delito SECUESTRO, en perjuicio de MARVIN GEOVANY DEL CID CASTRO; y por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor RAFAEL ZELAYA PORTILLO, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de SECUESTRO AGRAVADO a la pena de DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN Y PROHIBICIÓN DE RESIDENCIA POR EL DOBLE DE TIEMPO DE LA CONDENA. SEGUNDO: CONDENANDO al señor RAFAEL ZELAYA PORTILLO, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL a la pena de CINCO (5) AÑOS DE PRISIÓN Y LOCALIZACIÓN PERMANENTE DE DOS (2) AÑOS. TERCERO: De igual manera se le condena a la pena accesoria de INHABILITACIÓN ABSOLUTA por el tiempo que dure la condena. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96, numeral 8 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de septiembre de dos mil veintidós. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por la Abogada MIRYAN IVONE PALOMO NÚÑEZ, a favor del señor RAFAEL ZELAYA PORTILLO, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de fecha veintiocho (28) de junio de dos mil diez (2010), con relación a la causa instruida contra el señor RAFAEL ZELAYA PORTILLO, por suponerlo responsable de los delitos de SECUESTRO y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL, en perjuicio del señor MARVIN GEOVANY DEL CID y de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintidós (22) de enero de dos mil nueve (2009), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado INMER MARADIAGA HUETE, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra del señor RAFAEL ZELAYA PORTILLO, por considerarlo responsable de los delitos de SECUESTRO y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA, en perjuicio de MARVIN YOBANY DEL CID CASTRO y la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; y en contra de los señores JOSÉ BERNARDO BANEGAS ORTÍZ, JOSÉ QUINTANILLA y JOSÉ JAVIER BACA MALDONADO, por considerarlos responsables del delito de SECUESTRO, en perjuicio de MARVIN GEOVANY DEL CID CASTRO. (Folios 1-7 del antecedente) 2) Que en fecha veintiocho (28) de junio de dos mil diez (2010), el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia mediante la cual resolvió: “…PRIMERO: Que debemos CONDENAR y al efecto CONDENAMOS al señor RAFAEL ZELAYA PORTILLO, de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia, a la pena de VEINTICINCO (25) AÑOS DE RECLUSIÓN, como pena principal, por considerarlo responsable de la comisión del delito de SECUESTRO, tipificado en el artículo 192 del Código Penal, en perjuicio del señor MARVIN GEOVANY DEL CID CASTRO. SEGUNDO: Que debemos CONDENAR y al efecto CONDENAMOS al señor RAFAEL ZELAYA PORTILLO, de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia, a la pena de CINCO (5) AÑOS DE RECLUSIÓN, como pena principal, por considerarlo responsable de la comisión del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, tipificado en el artículo 332-B del Código Penal, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, haciendo un total de TREINTA (30) AÑOS DE RECLUSIÓN, penas que deberán cumplir en la Penitenciaría Nacional de Támara, Departamento de Francisco Morazán, quedando sujeto a obras públicas o las labores que regula el régimen penitenciario, computándose el abono del tiempo que se ha encontrado en prisión preventiva.- De igual manera se les condena a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. TERCERO: Se declara al condenado RAFAEL ZELAYA PORTILLO, responsable civilmente, lo que deberá ser reclamado de conformidad a lo establecido en el artículo 432 y siguientes del Código Procesal Penal. CUARTO: Se decreta el comiso de un arma de fuego tipo pistola, marca Ruger, modelo P-89, calibre 9mm, con serie 304-27663, con un cargador. QUINTO: No procede la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. QUEDAN NOTIFICADAS EN ESTRADO DE ESTA SENTENCIA LAS PARTES PROCESALES. ASÍ POR NUESTRA SENTENCIA, LO PRONUNCIAMOS, MANDAMOS Y FIRMAMOS." (Folios 149-161 vuelto del antecedente) 3) Que la Abogada MIRYAN IVONE PALOMO NÚÑEZ, compareció ante este Tribunal, en fecha dos (2) de octubre de dos mil veinte (2020), presentando recurso de revisión penal a favor del señor RAFAEL ZELAYA PORTILLO, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017). (Folios 1-3 v del recurso de mérito) 4) En fecha veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), habiéndose recibido los antecedentes en este Tribunal, cítese a las partes para audiencia que se celebrará el día miércoles ocho (8) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), a las diez con cincuenta minutos de la mañana (10: 50 a.m.), a efecto de que la parte afectada con la admisión del recurso, se pueda oponer al mismo y ambas partes presenten las pruebas en que se fundan sus pretensiones, debiendo oírse en la misma audiencia la opinión del Fiscal. (Folio 35 del recurso de mérito) 5) En fecha ocho (8) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por la Magistrada LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME, con la comparecencia de la Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCÍA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la Abogada MIRYAN IVONE PALOMO NÚÑEZ, en su condición de Apoderada Legal del señor RAFAEL ZELAYA PORTILLO; y, en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión, que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017), La representante del Ministerio Público, fue de la opinión porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión. (Folios 37-40 del recurso de mérito) CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5]. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. La recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral 8 del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. El garantista señala en los antecedentes: “Que en el artículo 96 de la Constitución de la República, artículos 1, 6, 10, 615, 616 del Código Penal vigente mediante Decreto 130-2017, Artículos 95, 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se garantizan el Principio de Retroactividad de la Ley en Materia Penal, mismas que serán aplicadas en aquellos casos cuando esta ley y sus procedimientos sean más favorables al procesado o condenado, por tanto, en representación y actuando como apoderada legal del señor RAFAEL ZELAYA PORTILLO, solicito se aplique retroactivamente la Ley Sobre Justicia Constitucional, y demás aplicables supra descritas, por considerar lo más adecuado, procedente, expedito y justo a los fines de justicia. A tal efecto deberá revisarse la pena actual impuesta en la sentencia y realizar la reforma y nivelación de la misma, conforme a lo descrito en los artículos 239, 240, 580, 615, 616 del Código Penal Vigente mediante Decreto 130-2017, el artículo 616 del Nuevo Código Penal, establece los criterios para determinar la ley más favorable al imputado y por consiguiente la pena a imponer, relacionado, con lo descrito en el artículo 615, concerniente a la retroactividad de la ley penal, siendo procedente imponer la pena de 8 a 12 años por el delito de SECUESTRO y de 1 año a 4 años de reclusión por el delito de TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO. Teniendo en cuenta, que mi representado a la fecha de presentación del presente Recurso de Revisión, ha estado privado de su libertad por más de once años nueve meses, que constituye prácticamente más de la mitad de la sumatoria de las penas que se le deberían a imponer por ambos delitos, siendo que ha incurrido a esta fecha en más de once años, cuatro meses en efectiva prisión, solicito respetuosamente sede con lugar el presente RECURSO DE REVISION y se resuelva a favor de mi representado por reunir en su caso particular todos los requisitos conforme a Ley.” CONSIDERANDO CUATRO (4): Posicionamiento de las partes en audiencia de oposición. La abogada de la parte recurrente expuso: “Mi representado fue sentenciado según sentencia de fecha veintiocho de junio del año dos mil diez a la pena de 25 años de reclusión por considerarse un secuestro agravado, circunstancias agravantes que en aquel tiempo fueron sostenidas bajo los numerales del artículo 27, numerales 12, 19 y 21 del Código Penal anterior, derogado actualmente y estas circunstancias agravantes expuestas anteriormente en su sentencia no están descritas actualmente en el Código Penal bajo decreto 130-2017 y no las contempla por contemplar el artículo 240 circunstancias específicas agravantes del delito de secuestro agravado, es así que la pena a imponer que más beneficia a mi representado y que es la que procede en este caso sería la descrita en el artículo 240 con una pena de 12 a 15 años de reclusión. En cuanto al delito de tenencia o portación ilegal de arma de fuego en el Código Penal derogado anteriormente disponía una pena de 3 a 6 años de reclusión y a mi representado le fue impuesta una pena agravada de 5 años de reclusión por ese delito, sin embargo, el Código Penal bajo decreto 130-2017 dispone en su artículo 580 una pena de 1 a 4 años de reclusión por el delito de tenencia o porte de arma de fuego. También beneficiándole la pena actualmente descrita en el Código expuesto o enunciado a favor de mi representado, por lo cual esta defensa solicita que en base a lo dispuesto en los artículos 96 de la Constitución de la Republica, artículos 1, 6, 10, 615, 616 del Código Penal Vigente mediante Decreto 130-2017, artículos 95, 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que garantizan el principio de retroactividad de la ley y los procedimientos aplicables en aquellos casos en que sea más favorable al procesado o condenado pues que se dé con lugar el recurso de revisión interpuesto.” Por su parte la representante Fiscal del Ministerio Público en audiencia de oposición y proposición de medios de prueba expuso, lo siguiente: “…Artículo 616: "CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. Para determinar la ley penal más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación, fragmentando las dos normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique... En atención al recurso de Revisión planteado el Ministerio Público, procede a realizar el análisis correspondiente: En el Código Penal derogado el delito de SECUESTRO se encontraba contenido en el artículo 192 que contemplaba una pena de 20 años a privación de la libertad de por vida. "Aun cuando no consiguiere su propósito, quien, con violencia, intimidación, engaño u otra forma que vicie el consentimiento, sustraiga, retenga, desplace, oculte prive de cualquier otra manera de su libertad a una o más personas, con cualesquiera de los propósitos siguientes: Obtener a cambio de la libertad de la o las personas secuestradas, dinero, bienes, títulos u otra utilidad O beneficio; b) ...c) ... "Siendo condenado el señor RAFAEL ZELAYA PORTILLO por este delito a la pena de 25 años de prisión al concurrir agravantes. Que al revisar el antecedente se evidencia que la conducta ilícita cometida por el sentenciado se encuadra en la nueva norma penal en el delito de SECUESTRO AGRAVADO tipificado en el artículo 240, que señala en el numeral 3) La privación de libertad exceda de sesenta y dos (72) horas; al desprenderse del HECHO PROBADO PRIMERO que el ofendido fue retenido por más de horas (del 7 de enero del 2009 al 21 de enero de ese mismo año, fecha en que fue rescatado); dicha norma sanciona la acción ilícita con una pena abstracta de doce (12) a quince (15) años de prisión y prohibición de residencia por el doble tiempo de la condena. En atención al delito de Portación Ilegal de Armas, contenido en el Código Penal derogado en el artículo 332-B contemplaba una pena de tres (3) a seis (6) de reclusión. El nuevo ordenamiento penal enmarca dicha acción ilícita en el artículo 580 como PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO que lo sanciona a una pena de uno (1) a cuatro (4) años prisión, debiendo ser agravada en tercio (1/3), en atención al último párrafo de dicha norma penal que establece "Se aumenta la pena de prisión en un tercio (1/3), a quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización"; lo anterior, en virtud que del hecho probado se desprende que el sentenciado no contaba con el permiso para portar arma, correspondiendo la pena abstracta de cuatro (4) años a cinco (5) años y cuatro (4) meses de prisión, más las penas accesorias que corresponda. Que de acuerdo al cálculo aritmético de la pena de Porte Ilegal de Arma Fuego, se evidencia que la pena a la que fue condenado el sentenciado, resulta también imponible con arreglo al Nuevo Código Penal, circunstancia que no permite conceder la retroactividad de la Ley, en vista que el artículo 616 de la norma sustantiva en comento, señala en el párrafo cuarto: “Si se trata de penas privativas de libertad no se considera que en el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal." En virtud de lo anterior no procede la aplicación de la retroactividad de la ley considerando que no es admisible la fragmentación de dos (2) normas, tomando una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique. III. - OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia que NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados.” Se le cedió nuevamente la palabra al revisionista “…se ha enunciado en el escrito del recurso de revisión en primer lugar como medio de prueba, la copia del poder de representación otorgado a mi persona por el encausado cuyo original se encuentra en el expediente de mérito, también se va a presentar copia certificada de la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia en Materia Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de fecha veintiocho de enero de dos mil diecinueve, con la cual acreditan las penas con las que fue sentenciado mi representado, asimismo, copia certificada del cómputo emitido por el Juzgado de Ejecución de San Pedro Sula, departamento de Cortés…” Se le cedió la palabra al Ministerio Público para que manifestara alguna oposición a la prueba presentada por el recurrente o si tenía algún medio de prueba que presentar, manifestando lo siguiente: “como medio probatorio la sentencia de fecha veintiocho de junio de 2019 ¿0, emitida por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés…”. La Magistrada manifiesta: En virtud de no haber medios de prueba por evacuar, en este acto se da por suspendida la presente audiencia para efectos de dictar la sentencia que corresponda oportunamente.” (Folios 37-40 vuelto del recurso de mérito) CONSIDERANDO CINCO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable, es por tanto que en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la República, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal, por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SIETE(7): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". [6] Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[7], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[8]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[9]. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[10] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO DIEZ (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[11]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el Tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado”[12] Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas. CONSIDERANDO DOCE (12): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614, 615, 616 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la República, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la República en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO TRECE (13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I. Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor RAFAEL ZELAYA PORTILLO fue condenado por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil diez (2010), a la pena de VEINTICINCO (25) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de SECUESTRO en perjuicio de MARVIN GEOVANY DEL CID CASTRO y a la pena de CINCO (5) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. II. Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos de la impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 192 en relación al delito de SECUESTRO y el artículo 332 B en relación al delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO COMERCIAL, ambos del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió dichas conductas criminales. III. Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número 8, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma favorable; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curia, (el juzgador conoce el derecho). CONSIDERANDO CATORCE (14): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor RAFAEL ZELAYA PORTILLO, las penas principales de VEINTICINCO (25) AÑOS DE RECLUSION por el delito de SECUESTRO, y CINCO (5) AÑOS DE RECLUSION por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso en cuanto al delito de Secuestro, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, en su artículo 192 establece que “Será sancionado con la pena de reclusión de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida, aun cuando no consiguiere su propósito, quien con violencia, intimidación, engaño u otra forma que vicie el consentimiento, sustraiga, retenga, desplace, oculte o prive de cualquier otra manera de su libertad a una o más personas, con cualesquiera de los propósitos siguientes: a) Obtener a cambio de la libertad de la o las personas secuestradas, dinero, bienes, títulos u otra utilidad o beneficio…” Es decir, que esa conducta delictiva, se sancionaba con reclusión de veinte (20) años a reclusión de por vida. En cuanto al Código Penal vigente Decreto 130-2017, establece el artículo 239.- “SECUESTRO. Quien priva de la libertad a otra persona exigiendo alguna condición para liberarla, debe ser castigado con las penas de prisión de ocho (8) a doce (12) años y prohibición de residencia por el tiempo de la condena. Debemos tomar en cuenta también, las circunstancias agravantes del tipo penal de secuestro, el artículo 240 del mismo cuerpo legal establece: “Secuestro Agravado. El hecho previsto en el artículo anterior debe ser castigado con las penas de prisión de doce (12) a quince (15) años y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1) … 2) … 3) … La privación de la libertad exceda de setenta y dos (72) horas; 4) … 5) … 6) … 7) El delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado; Si concurrieran dos (2) o más de las circunstancias anteriores se debe imponer la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años.” Siendo que se desprende de los hechos probados de la sentencia de fecha veintiocho (28) de junio del dos mil diez (2010) dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortes, que la víctima estuvo en cautiverio desde el día siete (7) de enero hasta el veintiuno (21) de enero del año dos mil nueve (2009) y dicha conducta criminal fue ejecutada en el ámbito de un grupo delictivo organizado, consecuentemente, el marco de penas abstractas a imponer es de quince (15) a veinte (20) años de prisión. II. En cuanto al delito de Portación Ilegal de Armas el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, en su artículo 332 inciso B establece que “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión sin perjuicio del comiso de dicha armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas.” Es decir, que esa conducta delictiva, se sancionaba con reclusión de tres (3) a seis (6) años de reclusión. En cuanto al Código Penal vigente Decreto 130-2017, establece el artículo 580: “TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO. La tenencia de armas de fuego o municiones careciendo de las licencias o permisos necesarios debe ser castigada con las penas siguientes: 1) De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas; y, 2) … Con las mismas penas previstas en el numeral 1) se castiga la tenencia de armas artesanales. Se aumenta la pena de prisión en un tercio (1/3) a quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización.” Siendo que se desprende de la sentencia de fecha veintiocho (28) de junio del dos mil diez (2010) dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortes, que el sentenciado fue condenado por el delito de Portación Ilegal de armas, es aplicable lo establecido por el último párrafo del artículo relacionado, en ese caso debe de aumentarse la pena de prisión en un tercio (1/3) dando como resultado una pena abstracta de cuatro (4) a cinco (5) años cuatro (4) meses de prisión. En ese sentido, ponderando el quantum de la pena, es palmario que, en el marco de penas abstractas, el Código Penal vigente es menos gravoso para el encausado, por cuanto, nos encontramos ante un concurso real donde la comparación se tiene que hacer de forma global. III. Por lo tanto en vista de que las circunstancias de los hechos manifiestan concurrencia de agravantes o atenuantes, circunstancias estas que son modificativas del delito reconocidas en la nueva norma penal; siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación, haciendo usanza de las fórmulas estatuidas en el Código Penal vigente, y partiendo d la fundamentación plasmada en la sentencia revisada, y replicando los parámetros dictados por el juzgador primario, donde al encausado se le impuso una pena media por el delito de Secuestro, y una pena entre la media y la máxima para el delito de Portación Ilegal De Arma De Fuego Comercial, tomándose en cuenta las circunstancias personales del sentenciado, se debe seguir esa línea procedimental a efecto de graduar la pena a revisar, dando como resultado la imposición de una pena de DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISION POR EL DELITO DE SECUESTRO Y PROHIBICIÓN DE RESIDENCIA POR EL DOBLE DE TIEMPO DE LA CONDENA y a la pena de CINCO AÑOS (5) DE PRISION POR EL DELITO DE PORTACION ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO COMERCIAL Y LOCALIZACIÓN PERMANENTE DE DOS (2) AÑOS, lo cual hace un total de VEINTIDOS (22) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN y se impone la pena accesoria de INHABILITACIÓN ABSOLUTA por el tiempo que dure la condena. IV. En consecuencia, en observancia del artículo 616 del nuevo Código Penal, procede la revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo cómputo de la pena, con abono del tiempo que haya estado en prisión; Tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Artículos 25, 35, 38, 57, 58, 240, 580 Y Demás aplicables del Código Penal Vigente; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la Abogada MIRYAN IVONE PALOMO NUÑEZ a favor del señor RAFAEL ZELAYA PORTILLO; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil diez (2010); y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor RAFAEL ZELAYA PORTILLO, por el delito SECUESTRO, en perjuicio de MARVIN GEOVANY DEL CID CASTRO; y por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor RAFAEL ZELAYA PORTILLO, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de SECUESTRO AGRAVADO a la pena de DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN Y PROHIBICIÓN DE RESIDENCIA POR EL DOBLE DE TIEMPO DE LA CONDENA. SEGUNDO: CONDENANDO al señor RAFAEL ZELAYA PORTILLO, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL a la pena de CINCO (5) AÑOS DE PRISIÓN Y LOCALIZACIÓN PERMANENTE DE DOS (2) AÑOS. TERCERO: De igual manera se le condena a la pena accesoria de INHABILITACIÓN ABSOLUTA por el tiempo que dure la condena. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y ORDENA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo de pena y proceda al cumplimiento del presente fallo. Redacto el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de octubre de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha trece de septiembre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en éste Tribunal con el número SCO.0879-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.
[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.
[3]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[4]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[5]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[6] ZAFFARONI, E., Estructura Básica del Derecho Penal. Editorial Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2009. Pág. 41.
[7] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[8] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[9] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.
[10] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.
[11] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.
[12] Cury, Enrique; (N° 5); Capítulo II, La Ley Penal y su Vigencia; pág. 228.