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Sentencia RP-859-20 — Registro 15043

Resumen

Se interpuso Recurso de Revisión contra la sentencia condenatoria con relación a la causa instruida contra el señor por el delito de trafico ilícito de drogas, en perjuicio de la salud de la población del estado de Honduras.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto procede la aplicación retroactiva de una norma favorable en relación a una derogada y plasmada en la sentencia convirtiéndose en cosa juzgada; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, Procede la aplicación retroactiva de una ley penal en virtud de ser más benigna.-CONSIDERANDO QUINCE (15): Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal vigente prevé una sanción más benigna que la impuesta conforme a la ley especial SOBRE USO INDEBIDO Y TRAFICO ILICITO DE DROGAS Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS DECRETO NÚMERO 126-89, derogada, por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor JORGE ALBERTO ESCOBAR AMADOR, aplicando la pena regulada en el artículo 311 del vigente Código Penal de cuya pena de prisión oscila entre CUATRO (4) A SIETE (7) AÑOS, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; y de SIETE (7) A DIEZ (10) AÑOS en los demás casos, siendo éstas las enumeradas en las listas de Estupefacientes o Preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación;[12] y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o Lista verde del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. [13] en ambos supuestos se debe imponer una MULTA DE CIEN (100) A QUINIENTOS (500) DIAS. En el caso de JORGE ALBERTO ESCOBAR AMADOR en los hechos probados de la sentencia supra mencionada, se establece que el imputado se dedicaba al tráfico de drogas como ser hierba seca (marihuana) y cocaína. Siendo ese el hecho concreto por el cual fue condenado y que debe tomarse como punto de comparación con las leyes penales. De análisis del hecho concreto con ambas legislaciones (decreto 130-2017 y Ley especial) tenemos como resultado dos penas diferentes.-A partir de lo expuesto, y encuadrando la nueva norma penal con los hechos probados de la sentencia sub examine,, se determina la existencia de un concurso ideal conforme al artículo 67 del nuevo Código Penal, el cual establece su existencia cuando con una (1) sola acción u omisión se infringe diversas disposiciones legales que no se excluyen entre sí. La apreciación de concurso ideal supone la imposición de la pena correspondiente al delito o falta que tenga señalada la pena más grave aumentada en un tercio (1/3), sin que pueda exceder de la suma de las penas concretas impuestas si se hubiesen penado separadamente los delitos. En el caso presente, tenemos un mismo precepto (artículo 311 del nuevo Código Penal) que regula dos supuestos de hecho distintos, el tráfico de drogas por posesión para la facilitación de su consumo de drogas que no causan grave daño a la salud, con una pena abstracta de 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días; y, el tráfico de drogas por posesión para la facilitación de su consumo de drogas que sí causan grave daño a la salud, con una pena abstracta de 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días. En tal situación corresponde la imposición de la pena correspondiente a este último delito por contener la pena más grave aumentada en un tercio (1/3), lo que equivale a trece (13) años cuatro (4) meses de prisión, y seiscientos sesenta y seis (666) días multa, con un valor mínimo por día de veinte lempiras (L 20.00) y máximo de cinco mil lempiras (L 5,000.00) (Artículo 53 del nuevo Código Penal), lo que fija un margen abstracto de multa que oscila entre trece mil trescientos treinta y tres lempiras con veinte centavos (L 13, 333.20) a tres millones trescientos treinta y tres mil trescientos lempiras (L 3, 333,300.00). Junto a esta determinación hay que realizar la rebaja de un cuarto (1/4) por haberse sometido el encausado al proceso abreviado, lo que da como resultado una pena concreta de 10 años de prisión y una pena multa de 500 días, que tomando en cuenta la cantidad de veinte lempiras (L. 20.00) por día arroja como resultado el valor de diez mil lempiras (L. 10,000.00).-A partir de lo anterior, se puede concluir que es procedente la aplicación retroactiva del nuevo Código Penal 130-2017, pues la pena tanto privativa de la libertad, como la de multa, le son más favorables en comparación con las contempladas en la ley especial vigente al momento de la realización del delito, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. diez de mayo del dos mil veintidós.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión interpuesto por el Abogado CARLO FRANCISCO TREJO MEJÍA, a favor del señor JORGE ALBERTO ESCOBAR AMADOR contra la Sentencia Condenatoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha veintidós de agosto de dos mil dieciocho, con relación a la causa instruida contra el señor JORGE ALBERTO ESCOBAR AMADOR por el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS.-ANTECEDENTES:1) Que en fecha diecisiete de diciembre de dos mil dieciséis, la Abogada ANA DELIA REYES, actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores SAMUEL EDGARDO SOSA EUCEDA, JORGE ALBERTO ESCOBAR AMADOR, DARIO RAFAEL RAUDALES OSORIO, JOSE RAUL MONCADA GARCIA, MIGUEL JOSUE ESCOBAR AMADOR, MIGUEL FERNANDO REYES VELASQUEZ Y RONALD ROLANDO ANDINO IRIAS, por suponerlos responsables a Titulo de Autores del delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 35 al 39 del Tomo I de la primera pieza de los antecedentes.).-2) Que fecha veintidós de agosto de dos mil dieciocho, el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, dictó sentencia en la cual: “FALLA: PRIMERO: CONDENANDO a los imputados SAMUEL EDGARDO AMADOR SOSA EUCEDA, JORGE ALBERTO ESCOBAR AMADOR Y DARÍO JAVIER RAUDALES OSORTO por el tipo penal de TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS a una pena de ONCE (11) AÑOS TRES MESES (3) DE RECLUSIÓN MAS UNA MULTA DE SETECIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (L. 750,000.00) MAS LAS PENAS ACCESORIAS DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena.-…” (Folios 678 al 681 del Tomo II de los antecedentes de primera instancia).-3) Que el Abogado CARLO FRANCISCO TREJO MEJIA compareció ante la Sala de lo Constitucional, en fecha uno de octubre de dos mil veinte, presentando recurso de revisión penal a favor del señor JORGE ALBERTO ESCOBAR AMADOR, contra la sentencia en fecha veintidós de agosto de dos mil dieciocho dictada por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, solicitando que se aplicara retroactivamente las disposiciones contenidas en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017) a favor de su representado, fundamentando acción en los artículos 95 y 101, de la Ley de Justicia Constitucional; 80 y 96 de la Constitución de la República .-5) Que en fecha veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenándose en su oportunidad la celebración de la Audiencia respectiva. (Folio 06 del recurso de mérito) .-6) Que en fecha seis de agosto de dos mil veintiuno, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala Constitucional, habiendo comparecido el Abogado CARLO FRANCISCO TREJO MEJIA, en su condición de apoderado legal del señor JORGE ALBERTO ESCOBAR AMADOR; y la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. En dicha audiencia fue cedida la palabra a cada una de las partes, en su debido momento expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017); La representante del Ministerio Público, fue de la opinión que se OTORGUE la presente acción de revisión, en virtud de que lo peticionado por el revisionista está conforme a la Ley. (Folios 25 al 28 del recurso de mérito.-CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, … reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada.-CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5].-CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. El garantista señala en los antecedentes “Resulta honorables magistrados que al momento de emitirse la condena en contra mi patrocinado se dictó conforme a lo que establece la LEY SOBRE USO INDEBIDO Y TRAFICO ILICITO DE DROGAS Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS, en su artículo numero 18 el cual estipula el tipo penal que literalmente dice: el que trafique con drogas, estupefacientes, o sustancias controladas. Sera penado con reclusión de quince a veinte años de reclusión y multa de un millón a cinco millones de lempiras” “Resultando también que de la sentencia condenatoria que se emitió en contra de mi patrocinado se deriva que los hechos probados establecidos en la misma configuran el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS en su típica más simple, es decir no concurren ningún tipo de agravantes ni propias del tipo penal ni agravante concurrentes puesto que dé ser así se hubiera impuesto otra sanción distinta a la pena mínima rebajada un cuarto, por haberse sometido al proceso abreviado, por tal razón se le impuso a mi patrocinado la pena de reclusión de once años tres meses” “En el caso que nos ocupa resulta evidente que el Código Penal contenido en el decreto 130-2017 […] establece un tratamiento más favorable para la persona que comete el delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, en su forma más simple puesto que el rango de pena abstracta para dicho tipo penal de prisión es de cuatro a siete años de prisión” “Es imperativo que esta honorable Sala Constitucional de la Corte Suprema de justicia proceda a revisar oficiosamente esta sentencia condenatoria” .-CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró el día seis de agosto del año dos mil veintiuno, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado CARLO FRANCISCO TREJO MEJIA, quien actúa en representación del señor JORGE ALBERTO ESCOBAR AMADOR y la abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, en su condición de agente fiscal del Ministerio Público, en representación de los intereses de la sociedad hondureña. Cedida la palabra al abogado CARLO FRANCISCO TREJO MEJIA, expuso: “actuando en mi condición de defensor privado del señor JORGE ALBERTO ESCOBAR AMADOR, se ratifica la interposición del recurso de revisión en materia penal, según lo establecido en relación al principio constitucional de retroactividad de la penal más favorable, el cual se encuentra en nuestra norma constitucional. […] nuevo Código Penal en su artículo 311 existe una reducción considerable en la pena impuesta a mi representado por el Juzgado de Letras de Jurisdicción con Competencia Territorial en Materia Penal en el cual mi representado fue condenado a una pena de once años tres meses más interdicción civil” “Esta defensa señores magistrados solicita la modificación de la sentencia en virtud y en aplicación de la reducción que existe en el nuevo Código Penal, solicitando una pena concreta de 4 años. La representante del Ministerio Público DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA quien hizo uso de la palabra, expresó: “El Ministerio Publico por ley es llamado a conocer el Recurso de Revisión Penal[…]después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revea la sentencia definitiva emitida el veintidós de agosto del año dos mil dieciocho dictada por el Juzgado de Letras Penal de la sección judicial de Tegucigalpa, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal a favor del condenado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes contenidas en el nuevo Código Penal, decreto 130-2017, el cual, es sancionado con una pena más benigna, por lo que a su criterio es procedente aplicar la ley que más favorezca a su representado, tal y como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la ley sobre Justicia Constitucional […] relacionado con los artículos 615, y 616 del nuevo Código Penal […] De lo expuesto por el revisionista el Ministerio Publico procede a revisar ambas leyes penales indicando sanciones correspondientes al delito por el cual se condenó al imputado: La ley sobre uso indebido y tráfico ilícito de sustancia psicotrópicas derogando en su artículo 18: El que trafique con drogas, estupefacientes o sustancias controladas, será penado con reclusión de quince a veinte años y multa de un millón a cinco millones de lempiras. En el nuevo Código Penal Vigente (decreto 130-2017) con relación al delito de Tráfico ilícito de Drogas que se encuentra regulado en el artículo 311 establece: Quien realiza actos de siembra, cultivo, cosecha, elaboración, comercio, transporte, tráfico o de cualquier forma promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o las posee para aquellos fines, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a siete (7) años si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud y de siete (7) a diez (10) años en los demás casos. En ambos supuestos se debe imponer, además, multa de cien (100) a quinientos (500) días. “Así mismo el nuevo Código Penal dispone en su artículo 53.- PENA DE DÍAS MULTA. La pena de días multa obliga a la persona condenada a pagar una cantidad de dinero al Estado de Honduras, a través de la Tesorería General de la República o de la institución que la Ley designe. La pena de multa se impone por el sistema de los días multa, salvo que el presente Código disponga otra cosa. Su extensión es de diez (10) a dos mil (2,000) días y cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (L5,000)”. “De las normas transcritas se extrae que: Según lo dispuesto en el articulo 311 del nuevo Código Penal el ilícito de TRAFICO DE DROGAS tiene dos rangos de penas: la pena de prisión de cuatro a siete años si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud y de siete a diez años en los demás casos. Por lo que al revisar los hechos valorados en la sentencia demerito se colige que el hecho punible es de alto riesgo en cuanto a las circunstancia en que ocurrieron los hechos y que además se trataba de una cantidad importante de droga marihuana con un peso de 1,504.91 gramos, cocaína con un peso de 4.05 gramos y heroína conforme al dictamen toxicológico forense, por lo que esta representación fiscal estima que el rango de pena a imponer es de siete a diez años de prisión. Como consecuencia de lo anterior, y aplicando en este caso la pena mínima con la rebaja de ¼ por la aplicación del procedimiento abreviado queda una pena mínima de 5 años 3 meses de reclusión y una pena máxima de 7 años 6 meses de reclusión. De igual forma este ilícito penal contempla una pena multa por la cual también fue condenado el señor JORGE ALBERTO ESCOBAR AMADOR […] correspondería imponer una multa mínima de 100 a 500 días y con rebaja de ¼ por la aplicación del procedimiento abreviado, sería la cantidad de 75 días a 375 días. La defensa presento como medio de prueba el decreto 130-2017 y la ciudadana fiscal presento dictamen toxicológico de fecha 21-12-2016.-CONSIDRANDO CINCO (5): Como conclusión: El Ministerio Público se pronuncio a favor de que se OTORGE la presente acción de Revisión en los terminados señalados.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que el Artículo 615 del Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 “Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. “En el supuesto de concurso real en el que entre en acción la limitación de cumplimiento a treinta (30) años la comparación se tiene que hacer de forma global y atendiendo exclusivamente a si la suma de las condenas impuestas en sentencia superan o no el dicho límite; únicamente si alguna de las conductas que constituyeren el concurso hubiere quedado despenalizada y con las que restaren no se alcanzara la aludida limitación, se procede a la comparación individual de las penas que hubieren correspondido en una y otra legislación.” El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás.-CONSIDERANDO SIETE (7): Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. -CONSIDERANDO OCHO (8): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior.-CONSIDERANDO NUEVE(9): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen acerca de la benignidad de la ley, interpretando lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". [6] Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y sus penas, y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la que sea más favorable.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[7], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[8]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena mas leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[9]. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO ONCE (11): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[10] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que des incriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable”.-CONSIDERANDO DOCE (12): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[11]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley.-CONSIDERANDO TRECE (13): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo.-CONSIDERANDO CATORCE (14): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. -I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor JORGE ALBERTO ESCOBAR AMADOR fue condenado por el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha 22 de agosto del 2018 a la pena de, ONCE (11) AÑOS TRES (3) MESES DE RECLUSION por el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 5 numeral 34 relacionado con el 18 de la Ley Especial contra el Tráfico de Drogas, estimando que la acción ejecutada por los imputados se subsume en el tipo penal de TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS. III- Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto procede la aplicación retroactiva de una norma favorable en relación a una derogada y plasmada en la sentencia convirtiéndose en cosa juzgada; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, Procede la aplicación retroactiva de una ley penal en virtud de ser más benigna.-CONSIDERANDO QUINCE (15): Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal vigente prevé una sanción más benigna que la impuesta conforme a la ley especial SOBRE USO INDEBIDO Y TRAFICO ILICITO DE DROGAS Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS DECRETO NÚMERO 126-89, derogada, por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor JORGE ALBERTO ESCOBAR AMADOR, aplicando la pena regulada en el artículo 311 del vigente Código Penal de cuya pena de prisión oscila entre CUATRO (4) A SIETE (7) AÑOS, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; y de SIETE (7) A DIEZ (10) AÑOS en los demás casos, siendo éstas las enumeradas en las listas de Estupefacientes o Preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación;[12] y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o Lista verde del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. [13] en ambos supuestos se debe imponer una MULTA DE CIEN (100) A QUINIENTOS (500) DIAS. En el caso de JORGE ALBERTO ESCOBAR AMADOR en los hechos probados de la sentencia supra mencionada, se establece que el imputado se dedicaba al tráfico de drogas como ser hierba seca (marihuana) y cocaína. Siendo ese el hecho concreto por el cual fue condenado y que debe tomarse como punto de comparación con las leyes penales. De análisis del hecho concreto con ambas legislaciones (decreto 130-2017 y Ley especial) tenemos como resultado dos penas diferentes.-A partir de lo expuesto, y encuadrando la nueva norma penal con los hechos probados de la sentencia sub examine,, se determina la existencia de un concurso ideal conforme al artículo 67 del nuevo Código Penal, el cual establece su existencia cuando con una (1) sola acción u omisión se infringe diversas disposiciones legales que no se excluyen entre sí. La apreciación de concurso ideal supone la imposición de la pena correspondiente al delito o falta que tenga señalada la pena más grave aumentada en un tercio (1/3), sin que pueda exceder de la suma de las penas concretas impuestas si se hubiesen penado separadamente los delitos. En el caso presente, tenemos un mismo precepto (artículo 311 del nuevo Código Penal) que regula dos supuestos de hecho distintos, el tráfico de drogas por posesión para la facilitación de su consumo de drogas que no causan grave daño a la salud, con una pena abstracta de 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días; y, el tráfico de drogas por posesión para la facilitación de su consumo de drogas que sí causan grave daño a la salud, con una pena abstracta de 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días. En tal situación corresponde la imposición de la pena correspondiente a este último delito por contener la pena más grave aumentada en un tercio (1/3), lo que equivale a trece (13) años cuatro (4) meses de prisión, y seiscientos sesenta y seis (666) días multa, con un valor mínimo por día de veinte lempiras (L 20.00) y máximo de cinco mil lempiras (L 5,000.00) (Artículo 53 del nuevo Código Penal), lo que fija un margen abstracto de multa que oscila entre trece mil trescientos treinta y tres lempiras con veinte centavos (L 13, 333.20) a tres millones trescientos treinta y tres mil trescientos lempiras (L 3, 333,300.00). Junto a esta determinación hay que realizar la rebaja de un cuarto (1/4) por haberse sometido el encausado al proceso abreviado, lo que da como resultado una pena concreta de 10 años de prisión y una pena multa de 500 días, que tomando en cuenta la cantidad de veinte lempiras (L. 20.00) por día arroja como resultado el valor de diez mil lempiras (L. 10,000.00).-A partir de lo anterior, se puede concluir que es procedente la aplicación retroactiva del nuevo Código Penal 130-2017, pues la pena tanto privativa de la libertad, como la de multa, le son más favorables en comparación con las contempladas en la ley especial vigente al momento de la realización del delito, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal.-POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado CARLO FRANCISCO TREJO MEJIA, a favor del señor JORGE ALBERTO ESCOBAR AMADOR; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha veintidós de agosto del dos mil dieciocho; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor JORGE ALBERTO ESCOBAR AMADOR, por el delito TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DEL ESTADO DE HONDURAS, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al Señor JORGE ALBERTO ESCOBAR AMADOR de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de TRAFICO DE DROGAS a la pena de DIEZ (10) AÑOS de prisión, más una pena MULTA de 500 DÍAS a razón de VEINTE LEMPIRAS(L. 20.00) por día para un monto de DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.10.000.00); más las penas accesorias de inhabilitación absoluta. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó la Magistrada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los quince (15) días del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha diez (10) de mayo del año dos mil veintidós (2022) recaída en el recurso de Revisión Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0859-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.

[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.

[3]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[4]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[5]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[6] ZAFFARONI, E., Estructura Básica del Derecho Penal. Editorial Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2009. Pág. 41.

[7] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[8] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[9] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.

[10] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.

[11] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.

[12] https://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/Yellow_List/58th_Edition/Yellow_List_-SPA.pdf

[13] https://www.incb.org/documents/Psychotropics/forms/greenlist/Green_list_SPA_08676.pdf