Sentencia RP-849-21 — Registro 15781
Resumen
Sentencia en revisión condenó a recurrente a veinticinco (25) años de reclusión por el delito de Extorsión continuada en perjuicio de Testigo protegido JPTP-1415 imponiéndole multa de determinados salarios mínimos y condenándolo a penas accesorias de Inhabilitación absoluta e Interdicción Civil; La Sala concluyó que la presente causa cumple con los requisitos legales, en consecuencia determina aplicar el control difuso establecido en la Constitución de la República y Ley Sobre Justicia Constitucional; en consecuencia, en la Parte Dispositiva se modifica la sentencia revisada
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"en el caso sub examine, la peticionaria NIDIA ELIZABETH FUENTE QUESADA , compareció ante este Alto Tribunal en fecha dieciséis de agosto del año dos mil veintiuno, presentando recurso de Revisión de una sentencia condenatoria penal y en consecuencia la aplicación de la ley más benigna vigente en ese momento, el Decreto Legislativo No. 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal, en consideración a que su representado el señor NELSON JAVIER CASTRO SANDOVAL, fue condenado por el delito de EXTORSIÓN CONTINUADA estando vigente el Decreto 144-83, decreto este último que fue derogado con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 130-2017..."..."La nueva norma penal establecía en el artículo 373 una pena más benigna para el delito de Extorsión: -prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días-. No obstante a ello en el ínterin de la petición del recurso de Revisión Penal promovido y el dictado de la presente sentencia, entró en vigencia el Decreto Legislativo No.93-2021[11], mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 373 del Decreto 130-2017 contentivo del nuevo Código Penal y agrava nuevamente la pena para el delito de Extorsión: -prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto-. En el caso sujeto a estudio nos encontramos ante la situación de la aplicación de una ley más benigna que no se encuentra vigente el momento de dictar sentencia, ello es así pues el señor NELSON JAVIER CASTRO SANDOVAL, fue condenado por el delito de Extorsión Continuada, estando vigente el Decreto 144-83 , posterior a su condena fue promulgado el Decreto 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal y estableciendo una pena más favorable en relación al tipo penal de Extorsión, peticionando su Abogado Defensor la revisión de esa sentencia penal estando en vigencia el Decreto 130-2017, mismo que establecía una pena más benigna para el delito de Extorsión, y posterior a la petición realizada y previo a dictar sentencia este Alto Tribunal, entra en vigencia el Decreto 93-2021 que de nuevo aumenta la pena para el delito de extorsión como líneas arriba se dijo. En ese orden de ideas el Tribunal Supremo Español considera que, si la ley penal intermedia es más favorable que la ley vigente en el momento de comisión del delito y que la vigente en el momento de enjuiciamiento, debe ser aplicada al reo, «no solamente por razones humanitarias derivadas del principio proclamado en el art. 2.2 del Código Penal [español], sino que se perjudicaría al reo por razones ajenas a él, como la tardanza en juzgarle, resultando de ese modo en peor situación»..."..."Esta Sala Constitucional considera que una vez iniciado un trámite de Revisión materia penal, al momento de aplicar las normas penales a la sustanciación del Recurso, se deberá ejecutar la norma que fue invocada por el recursista y que al momento de peticionar estaba en vigencia, asimismo al momento de comparar las normas penales, como es el caso de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, se deberá comparar con la norma que fue aplicada en la sentencia (norma considerada derogada en el momento de interposición del recurso) y en el caso de que en el lapsus de presentación del Recurso y la emisión de la resolución final, la norma invocada fuese derogada o reformada, se tomara en consideración la más benigna, ya que el cambio de circunstancias es por causas ajenas al peticionario. Esto atendiendo el mandato constitucional, que coloca a la persona humana y su protección como fin y prioridad del Estado. Así también, bajo la órbita del principio pro homine, ampliamente reconocido por la Sala Constitucional. Cuando exista la posibilidad de tomar diferentes decisiones, así como en el caso demérito, donde encuentran varias posibilidades en debate, el juez deberá preferir, aquella que contenga mejores protecciones, o que sean más favorables para el individuo. Por tanto, se debe aplicar la norma que más favorezca al encausado, puesto que su petición se realizó al amparo de una norma más benigna que al momento de interponer el Recurso se encontraba en vigencia y el hecho de que esa norma haya sido desplazada no puede ser imputable o acarrear consecuencia para quien peticiono o se apegó a ella en tiempo y forma..."..."del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor NELSON JAVIER CASTRO SANDOVAL fue condenado por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha veintitrés de mayo del año dos mil dieciséis a la pena de VEINTICINCO AÑOS DE RECLUSIÓN Y MULTA DE SESENTA Y OCHENTA Y TRES PUNTO TRES SALARIOS MINIMOS así mismo a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL por el delito de EXTORSIÓN CONTINUADA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO JPTP-1415. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos de la garantista, que la sentencia condenatoria mediante la cual se condenó al señor NELSON JAVIER CASTRO SANDOVAL, estableció que en la sentencia definitiva y firme el Juzgado aplicó lo dispuesto en el artículo 222 y 37 del Código Penal, contenido en el Decreto legislativo Número 144-83. III- Esta Sala procede a revisar las diferentes normas penales para determinar si el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional..."..."de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se constata que los hechos probados encajan con las descripciones en el tipo penal desarrollados en el Código Penal decreto 130-2017. Así mismo que en la parte resolutiva se le impuso al señor NELSON JAVIER CASTRO SANDOVAL, la pena principal de VEINTICINCO AÑOS RECLUSION Y MULTA DE OCHENTA Y TRES PUNTO TRES SALARIOS MINIMOS por el delito de EXTORSIÓN CONTINUADA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO JPTP-1415 y las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. I. Conforme las disposiciones del Código Penal vigente mediante Decreto 130-2017, el delito de EXTORSION, previsto en el artículo 373 dispone: “Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero debe ser condenado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y una multa de quinientos (500) a mil (1000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados”; El tipo penal supra señalado encuadra en los hechos probados establecidos en el folio doscientos setenta vuelto del expediente del Tribunal de Sentencia. Por lo cual es patente que con el nuevo Código Penal existe una penalización más benigna para el imputado. II. En atención a que el delito fue cometido de manera continuada el Código Penal decreto 130-2017 dice: ARTÍCULO 68:..." . IV. La comparativa de penas entre las diferentes legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal vigente o ley intermedia prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83 recién derogado, y las estatuidas en el Decreto 93-2021. por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor NELSON JAVIER CASTRO SANDOVAL y conforme al artículo 101.4 del La Ley sobre Justicia Constitucional que se proceda a emitir un nuevo computo de pena por parte del Juzgado de Ejecución competente..."..."esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional,..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Penal, art. 25 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 35 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 58 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 373 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 403 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 404 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 96, 8 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 98 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 101 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. nueve de diciembre del dos mil veintidós.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión Penal interpuesto por la Abogada NIDIA ELIZABETH FUENTES QUESADA, favor del señor NELSON JAVIER CASTRO SANDOVAL, contra las sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), con relación a la causa que se instruyó contra el señor NELSON JAVIER CASTRO SANDOVAL, por el delito de EXTORSION CONTINUADA, en perjuicio del señor TESTIGO PROTEGIDO JPTP – 1415.-ANTECEDENTES:1) Que en fecha ocho (8) de julio del año dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la Abogada LESLY MARITZA GOMEZ, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los señores NELSON JAVIER CASTRO SANDOVAL y KEVIN EVELIO ZALDIVAR CABRERA, por el delito de EXTORSION CONTINUADA, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “TO6” (Folio 01 AL 03 de pieza del Juzgado).-2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), el Tribunal de Sentencias de San Pedro Sula, dictó Sentencia mediante la cual: “FALLA: PRIMERO: Que CONDENAMOS al señor NELSON JAVIER CASTRO SANDOVAL, por la comisión del delito EXTORSION CONTINUADA, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO JPTP 1415, a las penas principales de veinticinco (25) años de reclusión, la que deberá cumplir en la Penitenciaria que corresponde, de conformidad a la Ley que rige el sistema penitenciario de Honduras, quedando sujeto a obras públicas o a las labores que regula el régimen penitenciario, computándose el abono del tiempo que se ha encontrado en prisión preventiva y a una MULTA DE 83.33 SALARIOS MINIMOS MENSUALES, la que deberá ser entregada en la Tesorería General de la Republica de Honduras o en la Institución financiera autorizada para tal fin.- SEGUNDO:-… TERCERO: Que de igual manera se les condena a los señores KEVIN EVELINO ZALDIVAR CABRERA y NELSON JAVIER CASTRO SANDOVAL, a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL por el tiempo que dure la pena principal.- TERCERO: Se declara a los condenados KEVIN EVELIO ZALDIVAR CABRERA y NELSON JAVIER CASTRO SANDOVAL, responsables civilmente, lo que deberá ser reclamado de conformidad a lo establecido en el artículo 432 y siguientes del Código Procesal Penal.- CUARTO : No procede la Condena en Costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio.- QUINTO: No procede el comiso en vista de que no fue puesta a la orden del Tribunal pieza de convicción o de ejecución alguna:…”(Folios 270 al 276 de la pieza del Juzgado).-3) Que la recurrente Abogada NIDIA ELIZABETH FUENTES QUEZADA, compareció ante este Tribunal en fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil veintiuno (202l), presentando recurso de revisión penal a favor del señor NELSON JAVIER CASTRO SANDOVAL, contra la sentencia condenatoria dictada por la Sala Segunda del tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Cortes, en fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil dieciséis (2016).- 5) Que en fecha treinta y uno (31) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenándose en consecuencia la celebración de la Audiencia respectiva. -6) Que en fecha ocho (8) de junio del año dos mil veintidós (2022), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido la Abogada NIDIA ELIZABETH FUNTES QUESADA, en su condición de Apoderada Legal del señor NELSON JAVIER CASTRO SANDOVAL, y la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando la recurrente: Solicitando desde ya su señoría la aplicación retroactiva del decreto 130-2017 como norma penal más favorable para mi representado específicamente en la pena y los presupuesto del artículo 373 del nuevo código penal el cual para el momento en que se interpuso el presente recurso de revisión todavía no había sufrido la reforma que ahora opera en dicho artículo y que agravo nuevamente la pena para dicho delito por tanto está en tiempo en el principio de temporalidad su señoría, así entonces a nuestro parecer en cuanto a que la pena con la que debe ser castigado mi patrocinado es una pena intermedia que castigaba dicho delito con la prisión de diez a quince años y una multa de quinientos a mil días, puesto que no es culpa de mi representado que durante el tramitación del presente recurso haya cambiado la ley para mal, sin haber caído un fallo final que resolviera la misma su señoría, debiendo estar en la temporalidad de la pena cuando fue debidamente solicitada la aplicación retroactiva de la ley a mi representado, así las cosas su señoría el sentenciador en su fallo de condena responsabilizo al joven C. S. como coautor de un delito de extorsión continuada para que se pida la aplicación de la pena el artículo 373 del nuevo código penal que operaba al momento de la imposición de la presente acción, es decir en la pena abstracta era de diez a quince años de reclusión más un tercio como máximo superior de dicha pena que ordena el articulo 68 en relación al artículo 69 del mismo cuerpo legal, donde se regula el continuado la cual será de quince años hasta un máximo de veinte años de reclusión, y siguiendo los parámetros ya aplicados en la pena mínima pedimos su señoría se le condene a una pena concreta de quince años de reclusión por delito de extorsión continuada, fundamentándome en el artículo 186 de la Constitución de la Republica en relación al artículo 96 numeral ocho y demás aplicable sobre la ley del justicia constitucional, el 373 del código penal así mismo con relación al 68 y 69 del nuevo código penal por lo que solicito se dé con lugar el recurso que esta defensa a ha interpuesto su señoría. La representante del Ministerio Público, fue de la opinión que NO SE OTORGUE la acción de revisión en los términos supra señalados, en virtud de lo siguiente: De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales indicando las sanciones correspondientes al delito de EXTORSION CONTINUADA por el cual se condenó a NELSON JAVIER CASTRO SANDOVAL. El artículo 222 del Código Penal derogado, establecía: “Comete el delito de Extorsión, quien con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de un tercero, el culpable de extorsión debe ser castigado con la pena de prisión de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS y multa de cincuenta salarios mínimos, en su nivel más alto, más las accesorias que correspondan, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física realizadas. La extorsión se considera consumada y corresponderá como autores con independencia de si se ha logrado o no el objetivo percibido con la violencia o intimidación, el que realiza la amenaza, la exigencia o cualquier acto característico de cualquier modalidad extorsiva, así como quien participe en la recolección de dinero de forma personal, por medio de transferencia electrónicas o a través de sus cuentas financieras o reciba bienes o cualquier tipo de beneficio, producto del delito”. Relacionado con el artículo 37 del mismo cuerpo legal que establecía: Cuando se cometa un mismo delito contra la propiedad dos o más veces, bien sea en un solo momento o en momentos diversos, mediante acciones u omisiones ejecutadas en cumplimiento de un plan preconcebido o aprovechando idénticas o similares circunstancias, dichos delitos se consideraran como uno solo continuado. En tal situación se aplicará al agente la pena más grave, aumentada en dos tercios (2/3). En caso de duda, se tendrá por más grave la pena que tenga señalado el máximo más alto… Por lo que la nueva pena abstracta queda de veinticinco (25) años a treinta a tres (33) años con cuatro (4) meses de reclusión y una multa de 83.33 salarios mínimos. En el Nuevo Código Penal Vigente el delito de EXTORSIÓN se encuentra regulado en el artículo 373, reformado a través del Decreto 93-2021.- EXTORSIÓN. “Comete el delito de extorsión, quien con violencia, amenazas o intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien mueble o inmueble, en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, para sí o para cualquier organización delictiva, debe ser castigado con la pena de prisión de QUINCE (15) A VEINTE (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si producto de lo anterior se causare la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. La extorsión se considera consumada con independencia de si, se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación”. Que de los hechos probados se desprende que el hoy condenado, era miembro de la mara MS, por lo que en aplicación del artículo 374 de las Agravantes Específicas, las penas del artículo anterior se incrementaran en un tercio 1/3 al concurrir algunas de las siguientes circunstancias: 1.- Si el culpable es miembro de un grupo delictivo organizado o se ejecuta el delito procurando favorecer el grupo delictivo organizado, 2)…3)…4)…5)…6)… Por lo que la nueve pena abstracta es de VEINTE (20) AÑOS A VEINTISÉIS (26) AÑOS OCHO (08) MESES DE PRISIÓN. El delito continuado se encuentra regulado en el artículo 68.- DELITO CONTINUADO Y DELITO MASA: Quien en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realiza una pluralidad de acciones u omisiones que ofenden a uno o varios sujetos e infringen el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, debe ser castigado como autor de un delito o falta continuados con la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3). De las normas trascritas, se extrae que en el nuevo Código Penal el delito de Extorsión se aumenta en 1/3 por ser un delito continuado por lo que la nueva pena abstracta oscila de VEINTISÉIS (26) AÑOS OCHO (08) MESES DE a TREINTA CINCO (35) AÑOS DOS (2) MESES DE PRISIÓN, de acuerdo a las reglas establecidas en el artículo 69 del nuevo Código Penal. Asimismo, el Nuevo Código Penal Vigente dispone en el artículo 53.- PENA DE DÍAS MULTA. La pena de días multa obliga a la persona condenada a pagar una cantidad de dinero al Estado de Honduras, a través de la Tesorería General de la República o de la institución que la Ley designe. La pena de multa se impone por el sistema de los días multa, salvo que el presente Código disponga otra cosa. Su extensión es de diez (10) a dos mil (2,000) días y cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (L5, 000). En el caso sub judice, corresponde aplicar una multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, aumentada en 1/3 por ser delito continuado, quedando una pena de multa de mil (1000) a mil trescientos treinta y tres puntos treinta y tres (1,333.33), días en su nivel más alto, es decir, de cinco mil lempiras por día. Ante las premisas expuestas, estima esta Representación fiscal que en el caso sub –examine, las disposiciones contempladas en el Nuevo Código Penal no le son más favorables al condenado por lo que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a Ley, en relación al artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal por ser esta más gravosa al condenado.-CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Algunos precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[1]
Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada.-CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[2], en relación con el artículo 25 de la misma convención[3] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[4].-CONSIDERANDO TRES (3): Fundamentos de la Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El garantista funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley que le resulta más benigna.-
CONSIDERANDO CUATRO (4): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. La revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel secundario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. -CONSIDERANDO CINCO (5): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior.-Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal.- b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena.- CONSIDERANDO SEIS (6): Retroactividad de la ley. La palabra “retroactividad”, deriva del latín, significa “retro agüere” accionar, hacia atrás, obrar hacía atrás. De acuerdo con las fuentes romanas se acude a varias expresiones: “retroagitur”, “reducitur” o “res retroducitur” y activus, que produce efectos y por tanto significa actuar sobre el pasado. Suárez Collía, la define “en una sucesión temporal de leyes, la aplicación de la norma jurídica nueva, a supuestos de hecho, actos, relaciones y/o situaciones jurídicas nacidas o constituidas con anterioridad a su entrada en vigor y que tuvieron su origen bajo el imperio de otra norma derogada”[5] .-CONSIDERANDO SIETE (7): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[6], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[7]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.”[8].- CONSIDERANDO OCHO (8): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Sobre la aplicación de la ley intermedia. En relación a la ley intermedia. Se les denomina así ya que son promulgadas después de la comisión del delito, pero que son desplazadas por una nueva ley antes de proferir la sentencia. En el caso hondureño no hablamos específicamente de una ley per se, empero se presenta una reforma que prácticamente reconfigura la norma penal. Por tanto, estaríamos ante una nueva norma ya que su contenido antes en vigor ha cambiado y por tanto han alterado su fisonomía normativa, así como su contenido básico. Para el jurista René Suazo Lagos[9] reciben el nombre de leyes intermedias “[las] leyes emitidas y derogadas entre la fecha de comisión [del delito] y [el dictado] de la sentencia”. Sobre este mismo tema otros tratadistas señalan: “Se acostumbra a aludir con el nombre de ley penal intermedia a la situación que se produce cuando, con posterioridad a la comisión de un delito, se promulga una ley más benigna que la que estaba vigente al momento del hecho, pero ésta ya no existe al tiempo de la sentencia en que dicho delito es juzgado, puesto que ha sido reemplazada por una tercera ley. A la segunda ley se la suele llamar ley intermedia, ya que rige entre la que estaba en vigor al tiempo del delito y la vigente al momento del fallo”[10].CONSIDERANDO DIEZ (10): Que en el caso sub examine, la peticionaria NIDIA ELIZABETH FUENTE QUESADA , compareció ante este Alto Tribunal en fecha dieciséis de agosto del año dos mil veintiuno, presentando recurso de Revisión de una sentencia condenatoria penal y en consecuencia la aplicación de la ley más benigna vigente en ese momento, el Decreto Legislativo No. 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal, en consideración a que su representado el señor NELSON JAVIER CASTRO SANDOVAL, fue condenado por el delito de EXTORSIÓN CONTINUADA estando vigente el Decreto 144-83, decreto este último que fue derogado con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 130-2017. La nueva norma penal establecía en el artículo 373 una pena más benigna para el delito de Extorsión: -prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días-. No obstante a ello en el ínterin de la petición del recurso de Revisión Penal promovido y el dictado de la presente sentencia, entró en vigencia el Decreto Legislativo No.93-2021[11], mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 373 del Decreto 130-2017 contentivo del nuevo Código Penal y agrava nuevamente la pena para el delito de Extorsión: -prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto-. En el caso sujeto a estudio nos encontramos ante la situación de la aplicación de una ley más benigna que no se encuentra vigente el momento de dictar sentencia, ello es así pues el señor NELSON JAVIER CASTRO SANDOVAL, fue condenado por el delito de Extorsión Continuada, estando vigente el Decreto 144-83, posterior a su condena fue promulgado el Decreto 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal y estableciendo una pena más favorable en relación al tipo penal de Extorsión, peticionando su Abogado Defensor la revisión de esa sentencia penal estando en vigencia el Decreto 130-2017, mismo que establecía una pena más benigna para el delito de Extorsión, y posterior a la petición realizada y previo a dictar sentencia este Alto Tribunal, entra en vigencia el Decreto 93-2021 que de nuevo aumenta la pena para el delito de extorsión como líneas arriba se dijo. En ese orden de ideas el Tribunal Supremo Español considera que, si la ley penal intermedia es más favorable que la ley vigente en el momento de comisión del delito y que la vigente en el momento de enjuiciamiento, debe ser aplicada al reo, «no solamente por razones humanitarias derivadas del principio proclamado en el art. 2.2 del Código Penal [español], sino que se perjudicaría al reo por razones ajenas a él, como la tardanza en juzgarle, resultando de ese modo en peor situación» (STS, 2.ª, 953/2013, de 16-XII). Otras resoluciones que aplican la ley penal intermedia más favorable son las SSTS, 2.ª, 140/2002, de 8-II; 692/2008, de 4-XI; 1026/2009, de 16-X; y 1078/2012, de 16-VI. -CONSIDERANDO ONCE(11): Esta Sala Constitucional considera que una vez iniciado un trámite de Revisión materia penal, al momento de aplicar las normas penales a la sustanciación del Recurso, se deberá ejecutar la norma que fue invocada por el recursista y que al momento de peticionar estaba en vigencia, asimismo al momento de comparar las normas penales, como es el caso de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, se deberá comparar con la norma que fue aplicada en la sentencia (norma considerada derogada en el momento de interposición del recurso) y en el caso de que en el lapsus de presentación del Recurso y la emisión de la resolución final, la norma invocada fuese derogada o reformada, se tomara en consideración la más benigna, ya que el cambio de circunstancias es por causas ajenas al peticionario. Esto atendiendo el mandato constitucional, que coloca a la persona humana y su protección como fin y prioridad del Estado. Así también, bajo la órbita del principio pro homine, ampliamente reconocido por la Sala Constitucional. Cuando exista la posibilidad de tomar diferentes decisiones, así como en el caso demérito, donde encuentran varias posibilidades en debate, el juez deberá preferir, aquella que contenga mejores protecciones, o que sean más favorables para el individuo. Por tanto, se debe aplicar la norma que más favorezca al encausado, puesto que su petición se realizó al amparo de una norma más benigna que al momento de interponer el Recurso se encontraba en vigencia y el hecho de que esa norma haya sido desplazada no puede ser imputable o acarrear consecuencia para quien peticiono o se apegó a ella en tiempo y forma.- CONSIDERANDO DOCE (12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. -I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor NELSON JAVIER CASTRO SANDOVAL fue condenado por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha veintitrés de mayo del año dos mil dieciséis a la pena de VEINTICINCO AÑOS DE RECLUSIÓN Y MULTA DE SESENTA Y OCHENTA Y TRES PUNTO TRES SALARIOS MINIMOS así mismo a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL por el delito de EXTORSIÓN CONTINUADA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO JPTP-1415. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos de la garantista, que la sentencia condenatoria mediante la cual se condenó al señor NELSON JAVIER CASTRO SANDOVAL, estableció que en la sentencia definitiva y firme el Juzgado aplicó lo dispuesto en el artículo 222 y 37 del Código Penal, contenido en el Decreto legislativo Número 144-83. III- Esta Sala procede a revisar las diferentes normas penales para determinar si el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. -CONSIDERANDO TRECE (13): Que de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se constata que los hechos probados encajan con las descripciones en el tipo penal desarrollados en el Código Penal decreto 130-2017. Así mismo que en la parte resolutiva se le impuso al señor NELSON JAVIER CASTRO SANDOVAL, la pena principal de VEINTICINCO AÑOS RECLUSION Y MULTA DE OCHENTA Y TRES PUNTO TRES SALARIOS MINIMOS por el delito de EXTORSIÓN CONTINUADA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO JPTP-1415 y las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. I. Conforme las disposiciones del Código Penal vigente mediante Decreto 130-2017, el delito de EXTORSION, previsto en el artículo 373 dispone: “Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero debe ser condenado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y una multa de quinientos (500) a mil (1000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados”; El tipo penal supra señalado encuadra en los hechos probados establecidos en el folio doscientos setenta vuelto del expediente del Tribunal de Sentencia. Por lo cual es patente que con el nuevo Código Penal existe una penalización más benigna para el imputado. II. En atención a que el delito fue cometido de manera continuada el Código Penal decreto 130-2017 dice: ARTÍCULO 68.- DELITO CONTINUADO Y DELITO MASA. Quien en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realiza una pluralidad de acciones u omisiones que ofenden a uno o varios sujetos e infringen el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, debe ser castigado como autor de un delito o falta continuados, con la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3). Quedando una pena abstracta de doce años a veinte años y multa de setecientos cincuenta días a mil trescientos treinta y tres días. Las penas establecidas para el delito de Extorsión estatuidas en el Código Penal decreto 130-2017 resultan más benignas que las impuestas con en el Código Penal decreto 144-1983, derogado. (Artículo 222) y que las estatuidas en el decreto 93-2021. III. Siguiendo los parámetros aplicados en la sentencia por el juez primario y las fórmulas establecidas en el nuevo Código Penal, haciendo uso de identidad de circunstancias, al encausado se le debe imponer por el delito de EXTORSIÓN CONTINUADA la pena concreta de doce años cinco meses de prisión y multa de setecientos cincuenta días; por el impacto de la conducta realizada, a razón de cien lempiras por día. Más las penas accesorias correspondientes. IV. La comparativa de penas entre las diferentes legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal vigente o ley intermedia prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83 recién derogado, y las estatuidas en el Decreto 93-2021. por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor NELSON JAVIER CASTRO SANDOVAL y conforme al artículo 101.4 del La Ley sobre Justicia Constitucional que se proceda a emitir un nuevo computo de pena por parte del Juzgado de Ejecución competente. CONSIDERANDO CATORCE (14): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo.-POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero, 101 y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Articulo 24, 25, 35, 38, 53, 58 y 373 del Código Penal vigente; 403 y 404 del Código Procesal Penal. FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la abogada NIDIA ELIZABETH FUENTES QUESADA, a favor del señor NELSON JAVIER CASTRO SANDOVAL; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA en fecha veintitrés de mayo del año dos mil dieciséis, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor NELSON JAVIER CASTRO FLORES, por el delito EXTORSIÓN CONTINUADA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO JPTP-1415, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor NELSON JAVIER CASTRO SANDOVAL de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de EXTORSIÓN CONTINUADA, a la pena de DOCE AÑOS CON CINCO MESES DE PRISIÓN, y una pena multa de SETENCIENTOS CINCUENTA DIAS A RAZON DE CIEN LEMPIRAS POR DÍA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO JPTP-1415. Mas las penas accesorias inhabilitación absoluta. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes y proceda a realizar un nuevo computo de la pena. Redactó el Magistrada ALVAREZ SAGASTUME.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los trece (13) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha nueve (9) de diciembre del año dos mil veintidós (2022), recaída en el Recurso de Revisión penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0849-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.
[2]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[3]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[4]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[5] Aplicación Temporal de la Ley Penal, Validez y Eficacia en Infracciones de Agresión al Estado. Renata Melissa Yunda López. RFJ, No. 3, 2018. pp. 119-142, ISSN 2588-0837.
[6] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[7] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[8] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.
[9] Suazo Lagos R. (2010), Lecciones de Derecho Penal. Editorial La Nueva Honduras.
[10] Calderón, G. (2004) ¿Debe Aplicarse La Ley Penal Intermedia Más Favorable? Pontificia Universidad Católica De Valparaíso, Chile.
[11] Publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 35,760 de fecha 1 de noviembre del año dos mil veintiuno y vigente según el articulo 11 al día siguiente de la publicación del presente Decreto en el Diario oficial “La Gaceta”.