Sentencia RP-816-20 — Registro 15082
Resumen
Revisión de sentencia condenatoria en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal en la causa que se instruyo contra recurrentes por los delitos de Secuestro y Robo Agravado en perjuicio de Testigo Protegido
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...". Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. -I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente los señores WILMER ANTONIO HERNANDEZ Y RODOLFO ALBERTO ORDOÑEZ GUERRERO fueron condenados por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintitrés de octubre del año dos mil catorce, en relación a la causa que se instruyó por los delitos de SECUESTRO Y ROBO en perjuicio del señor TESTIGOS PROTEGIDOS A Y B y las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del garantista, que la sentencia condenatoria de fecha veintitrés de octubre de dos mil catorce, mediante la cual se condenó al ciudadano WILMER ANTONIO HERNANDEZ Y RODOLFO ALBERTO ORDOÑEZ GUERRERO, estableció que en la sentencia definitiva y firme el Tribunal aplicó lo dispuesto en el artículo 217, 218 y 192 del Código Penal, contenido en el Decreto legislativo Número 144-83, estimando que el condenado cometió el delito de SECUESTRO Y ROBO. III- Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala estima después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, Procede la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna.-CONSIDERANDO CATORCE (14): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor WILMER ANTONIO HERNANDEZ, la pena principal de VEINTE AÑOS DE RECLUSION y las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL, por haber sido encontrado responsable como autor de un delito de SECUESTRO, y a la pena de CINCO AÑOS SEIS MESES de reclusión por el delito de ROBO en perjuicio TESTIGO PROTEGIDO A Y B. Y al señor RODOLFO ALBERTO ORDOÑEZ GUERRERO, a la pena principal de VEINTE AÑOS DE RECLUSION por el delito de SECUESTRO en contra de TESTIGOS PROTEGIDOS A Y B. y condenado a CINCO AÑOS Y SEIS MESES de reclusión por el delito de ROBO en perjuicio de TESTIGOS PROTEGIDOS A Y B. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal enmarcado en 192 del Código Penal decreto 144-1983 establece una pena abstracta de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida y el Código Penal vigente Decreto 130-2017, en su artículo 239 establece para la misma conducta delictiva la pena abstracta de prisión de ocho (8) a doce (12) años y prohibición de residencia por el doble que dure la condena. En relación al delito de Robo el Código Penal derogado estatuye en su artículo 218 una pena abstracta de cinco (5) a nueve (9) años de reclusión. Y el articulo 361 Código Penal vigente pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años. Ponderando el quantum de la pena, es palmario que el marco de penas abstractas del Código Penal Vigente es menos gravoso para los encausados. II. Los sentenciados, al tenor del artículo 239 del nuevo Código Penal cometió el delito de Secuestro, puesto que privaron de la libertad a otra persona y exigieron condición para liberarla, estableciendo la norma penal una pena de ocho (8) años a doce (12) años de prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena. Dicho precepto legal encuadra con los hechos probados esbozados en la sentencia revisada (folio 38 del expediente de la Sala). Por lo tanto y en vista de que las circunstancias del hecho no manifiestan concurrencia de agravantes o atenuantes ni circunstancias modificativas del delito reconocidas en la nueva norma penal, corresponde aplicar a los encausados la pena mínima de ocho (8) años de prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena. III. En cuanto al delito de Robo con Violencia e Intimidación, apreciando lo establecido en el artículo 361 del Código Penal Vigente y encajándolo con los hechos concretos estatuidos en la sentencia revisada (folio 38 del expediente de la Sala), la acción se encuadra al tipo pena de Robo con Violencia e Intimidación. En consecuencia, la pena abstracta a imponer por esta conducta es de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión. Tomando en cuenta en la fundamentación jurídica de la sentencia supra mencionada donde no se impone la pena mínima ni la máxima, es procedente aplicar la pena de cuatro (4) años y seis (6) meses de prisión. IV. Siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación, haciendo usanza de las fórmulas estatuidas en el Código Penal vigente, y haciendo uso de la fundamentación plasmado en la sentencia revisada, donde a los encausados se le impuso la pena mínima por cada delito. Se debe imponer a los procesados la pena de ocho (8) años de prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena por el delito de Secuestro, y la pena de cuatro (4) años y seis (6) meses de prisión por el delito de Robo con Violencia e Intimidación. V. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor de los señores WILMER ANTONIO HERNANDEZ REYES y RODOLFO ALBERTO ORDOÑEZ de una norma vigente que les resulta más benigna VI. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y computo de una nueva pena.-"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96, numeral 8 (Rango Constitucional)
- Código Penal No. 130-17, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de marzo de dos mil veintidós.-VISTO: Para dictar sentencia del recurso de revisión contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintitrés (23) de octubre de dos mil catorce (2014), en la causa que se instruyo contra los señores WILMER ANTONIO HERNANDEZ REYES y RODOLFO ALBERTO ORDOÑEZ GUERRERO por los delitos de SECUESTRO Y ROBO AGRAVADO en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO A Y B..-A N T E C E D E N T E S.-1) Que en fecha treinta y uno (31) de enero de dos mil trece (2013), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, la Abogada FRANCIS LILIANA MENDOZA, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Publico, presentando requerimiento fiscal contra los ciudadanos WILMER ANTONIO HERNANDEZ y RODOLFO ALBERTO ORDOÑEZ GUERRERO, por los delitos de SECUESTRO Y ROBO AGRAVADO en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO A Y B. (folios 01-05 de la pieza del A-Quo).-2) Que continuado que el proceso, en fecha veintitrés (23) de octubre de dos mil catorce (2014), el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán de dicto sentencia mediante la cual fallo: PRIMERO: Por mayoría de votos debemos condenar y condenamos al señor WILMER ANTONIO HERNANDEZ REYES, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable de un delito de SECUESTRO, en perjuicio de las personas identificadas como “testigo protegido “A” y testigo protegido “B”, imponiéndole una pena principal de VEINTE AÑOS DE RECLUSION. SEGUNDO Por unanimidad de votos, debemos condenar y condenamos al señor WILMER ANTONIO HERNANDEZ REYES, como autor responsable de un delito de ROBO, en perjuicio de la propiedad de las personas identificadas como “testigo protegido “A” y testigo protegido “B”, imponiéndole una pena principal de CINCO AÑOS SEIS MESES de reclusión. TERCERO; Por mayoría de votos debemos condenar y condenamos al señor RODOLFO ALBERTO ORDOÑEZ GUERRERO, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detallas, como autor responsable de un delito de SECUESTRO, en perjuicio de las personas identificas como “testigo protegido “A” y testigo protegido “B”, imponiéndole una pena principal de VEINTE AÑOS de reclusión. CUARTO; Por unanimidad de votos debemos condenar y condenamos al señor RODOLFO ALBERTO ORDOÑEZ GUERRERO, como autor responsable de un delito de ROBO, en perjuicio de la propiedad de las personas identificadas como “testigo protegido “A” y testigo protegido “B”, imponiéndole una pena principal de CINCO AÑOS SEIS MESES de reclusión QUINTO: ….SEXTO….SEPTIMO….OCTAVO….NOVENO: Se decreta el comiso de un arma de fuego tipo revolver de fabricación alemana, calibre 22 Long Rifle , serie semi legible: 018490, la cual se encuentra en el Almacén de evidencias del Ministerio Publico. DECIMO: Por unanimidad de votos, debemos absolver y absolvemos al señor RODOLFO ALBERTO ORDOÑEZ GUERRERO de un delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA COMERCIAL, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, por el que se le siguió proceso.” (Folios 127-139 de la pieza de A-Quo).-3) Que conociendo de un recurso de Casación interpuesto por la Abogada MIRNA BRICEÑO, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia en fecha diez (10) de octubre de dos mil dieciocho (2018) en la cual fallo: (SIC): PRIMERO: declara NO HA LUGAR en recurso de casación por Infracción de Ley en sus dos motivos, interpuesto por la Abogada Mirna Briceño, en su condición de Defensora Publica de los señores Wilmer Antonio Hernandez y Rodolfo Alberto Ordoñez Guerrero, en la causa instruido contra estos a quienes se les condena, de la manera siguiente; 1) Condenando al señor Wilmer Antonio Hernandez Reyes, a la pena de Veinte (20) años de reclusión, por el delito de Secuestro, en perjuicio de Testigo Protegido A y Testigo Protegido B; 2) Condenando al señor Wilmer Antonio Hernandez Reyes, a la pena de Cinco (05) años, seis (6) meses de Reclusión , por el delito de Robo, en perjuicio de Testigo Protegido A y Testigo protegido B, 3) Condenando al señor Rodolfo Alberto Ordoñez Guerrero, a la pena de veinte (20) años de reclusión, por el delito de Secuestro, en perjuicio de Testigo Protegido A y Testigo Protegido B; 4) Condenando al señor Rodolfo Alberto Ordoñez Guerrero, a la pena de cinco (05) años, seis (06) meses de Reclusión, por el delito de Robo, en perjuicio de “testigo protegido “A” y testigo protegido “B”,; 5) Asimismo, se condena a los señores Wilmer Antonio Hernandez Reyes y Rodolfo Alberto Ordoñez Guerrero, a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción, por el tiempo que dure la condena principal; 6) Absolviendo al señor Rodolfo Alberto Ordoñez Guerrero, del delito de Portación Ilegal de Armas Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. Segundo; Declara FIRME Y EJECUTABLE la sentencia de fecha veintitrés de octubre de dos mil catorce (2014), dictada por Tribunal de sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán. (Folios 166-172 de la pieza de A-Quo).-4) Que en fecha veintiuno (21) de septiembre de dos mil veinte (2020), el abogado OSCAR DAVID SAUCEDA RIVERA, interpuso ante la Honorable Sala de lo Constitucional recurso de revisión penal a favor de los señores WILMER ANTONIO HERNANDEZ REYES y RODOLFO ALBERTO ORDOÑEZ GUERRERO, contra la sentencia dictada por el Tribunal de sentencia de la sección judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, de fecha (sic) diez (10) de octubre de dos mil dieciocho (2018), fundamentando su acción en el articulo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional. (Folios 01-05 del recurso de mérito).-5)Que en fecha seis (06) de agosto de dos mil veintiuno (2021), esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenándose en consecuencia la celebración de la audiencia respectiva (Folio 15 del recurso de mérito).-6)Que en fecha cuatro (04) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), se celebro la audiencia de oposición y presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala Constitucional, habiendo comparecido la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado OSCAR DAVID SAUCEDA RIVERA en su condición de Apoderado Legal de los señores WILMER ANTONIO HERNANDEZ REYES Y RODOLFO ALBERTO ORDOÑEZ GUERRERO, en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión, que habiendo manifestado el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017), La representación del Ministerio Publico, fue de la opinión porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión y se mantenga la pena impuesta a los imputados (Folios 31-34 del recurso de mérito).-CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal, pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Algunos precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal… reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[1] -Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada.-CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[2], en relación con el artículo 25 de la misma convención[3] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[4].-CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El garantista funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley que le resulta más benigna. El garantista solicita “Modificar la sentencia firme dictada con los señores WILMER ANTONIO HERNANDEZ REYES Y RODOLFO ALBERTO ORDOÑEZ GUERRERO con la pena de Cinco años por la comisión del delito de PRIVACION ILEGAL DE LIBERTAD, según lo dispuesto en el articulo 235 del Codigo Penal Y a la pena de Dos años por el delito de ROBO, según lo dispuesto en el artículo 360 del mismo cuerpo legal como norma más favorable, lo cual constituye la esencia misma del principio de RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL.”-CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró el día nueve de septiembre del año dos mil veintiuno, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado OSCAR DAVID SAUCEDA RIVERA, como garantista a favor de los ciudadanos WILMER ANTONIO HERNANDEZ REYES Y RODOLFO ALBERTO ORDOÑEZ GUERRERO y la abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, en su condición de agente fiscal del Ministerio Público, en representación de los intereses de la sociedad hondureña. Se le cedió la palabra al abogado OSCAR DAVID SAUCEDA RIVERA, quien expuso ”Ratificando mi representación a favor de los señores WILMER ANTONIO HERNANDEZ REYES Y RODOLFO ALBERTO ORDOÑEZ GUERRERO, quienes fueron condenados por los delitos de secuestro y el delito de robo el perjuicio de testigos protegidos A y B, según diligencias que constan en los expedientes 7-243 del año 2014 del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa y expediente 125-2019 del Juzgado de Ejecución de Tegucigalpa, ratificamos nuestra solicitud de la revisión de sentencia en virtud de que la norma penal vigente establece ya la modificación en el articulado 235 de privación ilegal de la libertad la cual se modifica con una pena de reclusión de 5 a 7 años, asimismo verdad lo que el mismo cuerpo legal tipifica ya lo que es el delito de robo con violencia en el artículo 361 y en el sentido verdad que en base al principio de la retroactividad establecido en la Constitucion de la Republica, el artículo 96, sea aplicada la misma verdad a favor de los mismos y pues en aplicación y cumpliendo con los requisitos de dicho recurso, la Ley de Justicia Constitucional establece en sus artículos 96 y 97 que la misma es procedente conforme a derecho en virtud de ser la norma que más le favorece al reo por ser la más benigna…”.- Seguidamente se le cedió la palabra al representante del Ministerio Público quien hizo uso de la palabra, expresando “Esta representación del Ministerio Publico, después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el Revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revea la sentencia definitiva emitida mediante Juicio Oral y Público en fecha veintitrés (23) de Octubre de dos mil catorce (2014), dictada por el Tribual de Sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, fundamentado su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor del condenado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes contenidas en el nuevo Código Penal, el cual, es sancionado con un apena más benigna, por lo que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más le favorezca a sus representados, tal como lo dispone el articulo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional… “en virtud, con base lo antes expuesto, es del parecer NO SE OTORGUE la presente acción de revisión y se mantenga la pena impuesta a los imputados.”-CONSIDERANDO CINCO (5): Que el Artículo 615 del Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 “Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. “En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". [5] Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[6], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[7]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[8]. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[9] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. -CONSIDERANDO DIEZ (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[10]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley.-CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado”[11] Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas.-CONSIDERANDO DOCE (12): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta N.º 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo.-CONSIDERANDO TRECE (13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. -I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente los señores WILMER ANTONIO HERNANDEZ Y RODOLFO ALBERTO ORDOÑEZ GUERRERO fueron condenados por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintitrés de octubre del año dos mil catorce, en relación a la causa que se instruyó por los delitos de SECUESTRO Y ROBO en perjuicio del señor TESTIGOS PROTEGIDOS A Y B y las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del garantista, que la sentencia condenatoria de fecha veintitrés de octubre de dos mil catorce, mediante la cual se condenó al ciudadano WILMER ANTONIO HERNANDEZ Y RODOLFO ALBERTO ORDOÑEZ GUERRERO, estableció que en la sentencia definitiva y firme el Tribunal aplicó lo dispuesto en el artículo 217, 218 y 192 del Código Penal, contenido en el Decreto legislativo Número 144-83, estimando que el condenado cometió el delito de SECUESTRO Y ROBO. III- Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala estima después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, Procede la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna.-CONSIDERANDO CATORCE (14): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor WILMER ANTONIO HERNANDEZ, la pena principal de VEINTE AÑOS DE RECLUSION y las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL, por haber sido encontrado responsable como autor de un delito de SECUESTRO, y a la pena de CINCO AÑOS SEIS MESES de reclusión por el delito de ROBO en perjuicio TESTIGO PROTEGIDO A Y B. Y al señor RODOLFO ALBERTO ORDOÑEZ GUERRERO, a la pena principal de VEINTE AÑOS DE RECLUSION por el delito de SECUESTRO en contra de TESTIGOS PROTEGIDOS A Y B. y condenado a CINCO AÑOS Y SEIS MESES de reclusión por el delito de ROBO en perjuicio de TESTIGOS PROTEGIDOS A Y B. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal enmarcado en 192 del Código Penal decreto 144-1983 establece una pena abstracta de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida y el Código Penal vigente Decreto 130-2017, en su artículo 239 establece para la misma conducta delictiva la pena abstracta de prisión de ocho (8) a doce (12) años y prohibición de residencia por el doble que dure la condena. En relación al delito de Robo el Código Penal derogado estatuye en su artículo 218 una pena abstracta de cinco (5) a nueve (9) años de reclusión. Y el articulo 361 Código Penal vigente pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años. Ponderando el quantum de la pena, es palmario que el marco de penas abstractas del Código Penal Vigente es menos gravoso para los encausados. II. Los sentenciados, al tenor del artículo 239 del nuevo Código Penal cometió el delito de Secuestro, puesto que privaron de la libertad a otra persona y exigieron condición para liberarla, estableciendo la norma penal una pena de ocho (8) años a doce (12) años de prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena. Dicho precepto legal encuadra con los hechos probados esbozados en la sentencia revisada (folio 38 del expediente de la Sala). Por lo tanto y en vista de que las circunstancias del hecho no manifiestan concurrencia de agravantes o atenuantes ni circunstancias modificativas del delito reconocidas en la nueva norma penal, corresponde aplicar a los encausados la pena mínima de ocho (8) años de prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena. III. En cuanto al delito de Robo con Violencia e Intimidación, apreciando lo establecido en el artículo 361 del Código Penal Vigente y encajándolo con los hechos concretos estatuidos en la sentencia revisada (folio 38 del expediente de la Sala), la acción se encuadra al tipo pena de Robo con Violencia e Intimidación. En consecuencia, la pena abstracta a imponer por esta conducta es de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión. Tomando en cuenta en la fundamentación jurídica de la sentencia supra mencionada donde no se impone la pena mínima ni la máxima, es procedente aplicar la pena de cuatro (4) años y seis (6) meses de prisión. IV. Siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación, haciendo usanza de las fórmulas estatuidas en el Código Penal vigente, y haciendo uso de la fundamentación plasmado en la sentencia revisada, donde a los encausados se le impuso la pena mínima por cada delito. Se debe imponer a los procesados la pena de ocho (8) años de prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena por el delito de Secuestro, y la pena de cuatro (4) años y seis (6) meses de prisión por el delito de Robo con Violencia e Intimidación. V. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor de los señores WILMER ANTONIO HERNANDEZ REYES y RODOLFO ALBERTO ORDOÑEZ de una norma vigente que les resulta más benigna VI. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y computo de una nueva pena.- POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Artículos 25, 35, 38, 58, 239, 361 Y Demas aplicables del Código Penal Vigente FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado OSCAR DAVID SAUCEDA RIVERA, a favor de los señores WILMER ANTONIO HERNANDEZ Y RODOLFO ALBERTO ORDOÑEZ GUERRERO; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintitrés de octubre del año dos mil catorce; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta a los señores WILMER ANTONIO HERNANDEZ Y RODOLFO ALBERTO ORDOÑEZ GUERRERO, por el delito SECUESTRO, en perjuicio de TESTIGOS PROTEGIDOS A Y B, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO a los señores WILMER ANTONIO HERNANDEZ Y RODOLFO ALBERTO ORDOÑEZ GUERRERO, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de SECUESTRO a la pena de OCHO AÑOS DE PRISIÓN en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO A y TESTIGO PROTEGIDO B. más las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA durante el tiempo de la condena. SEGUNDO: CONDENANDO a los señores WILMER ANTONIO HERNANDEZ Y RODOLFO ALBERTO ORDOÑEZ GUERRERO, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de ROBO CON VIOLENCIA E INTIMIDACIÓN a la pena de CUATRO AÑOS CON SEIS MESES DE PRISIÓN en perjuicio de TESTIGOS PROTEGIDOS A Y B, más las penas accesorias de INHABILITACION ESPECIAL durante el tiempo de la condena, ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que proceda a la ejecución del presente fallo practicando un nuevo computo de la pena. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. - NOTIFIQUESE. –Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintitrés (23) días del mes de marzo del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha ocho (8) de marzo del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Recurso de Revisión Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0816-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.
[2]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[3]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[4]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[5] ZAFFARONI, E., Estructura Básica del Derecho Penal. Editorial Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2009. Pág. 41.
[6] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[7] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[8] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.
[9] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.
[10] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.
[11] Cury, Enrique; (N° 5); Capítulo II, La Ley Penal y su Vigencia; pág. 228.