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Sentencia RP-814-21 — Registro 15779

Resumen

Sentencia en revisión dictada por Autoridad recurrida condenó a recurrentes por el delito de Asesinato en su grado de Ejecución de Tentativa en perjuicio de víctima; imponiéndoles a cada uno de los imputados una pena de reclusión de diecisiete años con penas accesorias de Inhabilitación absoluta e interdicción civil siendo declarados civilmente responsable; Del análisis del caso La Sala concluyó que no se cumple con los requisitos legales por lo que no procede la aplicación retroactiva en favor de recurrente de una nueva norma penal vigente por no ser más benigna

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de Revisión Penal…II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 117 del Código Penal decreto 144-2017. estimando que la condenada cometió el delito de Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa..."..."En la Revisión Penal esta Sala de lo Constitucional procede a realizar una revisión del hecho concreto sometido a enjuiciamiento tal como lo establece el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 y artículo 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Para tal cometido de la Revisión en materia penal por aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna se toma en consideración los hechos probados y estos se encuadran con el articulado de la nueva norma penal; si el resultado es una pena menos gravosa que la impuesta con la norma penal derogada, se procede a los efectos de la aplicación de la nueva ley penal..."..."en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión Penal, se impuso a los señores ORBIN GUSTAVO NUÑEZ QUINTANILLA y DARLAN GABRIEL MONTOYA HERRERA las siguientes penas: La pena principal de DIECISIETE AÑOS DE RECLUSION más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena, por haber sido encontrados responsables como autores de un delito de ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA en perjuicio de JOSE ROBERTO LOPEZ UGARTE. IV. El hecho concreto estatuido en la Sentencia emitida por el juez primario encaja con la descripción del tipo penal de Asesinato del Código Penal decreto 130-2017. V. Esta Sala haciendo un examen comparativo de ambas normas penales, concluye: que el Código Penal derogado en su artículo 117 disponía una pena abstracta de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión, más las accesorias que correspondan, por el delito de ASESINATO. Estableciendo el artículo 15. “Hay tentativa cuando, con la intención de cometer un delito determinado, se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente”. La tentativa según el artículo 66, se sancionará con la pena aplicable al autor del delito consumado rebajada en un tercio (1/3). Quedando un marco de penas que va desde trece (13) años cuatro meses hasta veinte (20) años. En el Código Penal Decreto 130-2017 el delito de Asesinato está plasmado en el artículo 193 y es castigado con la pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años. En el caso de la tentativa según el artículo 21 se reconocen dos tipos: a) TENTATIVA INACABADA. La tentativa es inacabada cuando el agente ejecuta parte de los actos encaminados a producir la consumación del delito, no concluyéndolos por causas ajenas a su voluntad...El articulo 62 especifica que a los autores de tentativa de delito se les debe imponer la pena del delito consumado rebajada en un cuarto (1/4) si se tratase de tentativa acabada. En el caso del asesinato la pena a imponer seria de quince (15) años a veinte (20) años. VI. En la comparación de penas, el marco abstracto de penas no resulta benigno ya que la pena mínima se agrava y la pena máxima se mantiene. Por lo tanto, es patente que la pena a imponer con el Código Penal decreto 130-2017 no es más beneficiosa para los imputados. VII. Esta Sala considera que el caso sub judice no se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, siguiendo ese orden de ideas, esta Sala estima después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión. Por consiguiente, No procede la aplicación retroactiva de una ley penal por no resultar está, más benigna..."..."esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de diciembre de dos mil veintidós.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión Penal interpuesto por el Abogado LUIS EDGARDO PEREZ MARTINEZ, a favor de los señores ORBIN GUSTAVO NUÑEZ QUINTANILLA y DARLAN GABRIEL MONTOYA HERRERA, contra la Sentencia Condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fechas ocho de marzo de dos mil diez, con relación a la causa que se instruyó contra los señores ORBIN GUSTAVO NUÑEZ QUINTANILLA y DARLAN GABRIEL MONTOYA HERRERA, por el delito de ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA, en perjuicio del señor JOSE ROBERTO UGARTE LOPEZ.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha nueve de julio de dos mil ocho, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la Abogada IVETH ONDINA GOMEZ, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los señores ORBIN GUSTAVO NUÑEZ QUINTANILLA y DARLAN GABRIEL MONTOYA HERRERA, por suponerlos responsables a título de autores del delito de ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA en perjuicio del señor JOSE ROBERTO UGARTE LOPEZ. (Folios 03-05 de la pieza antecedentes).-2) Que continuado que fue el proceso, el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha ocho de marzo de dos mil diez, en la cual: “FALLA: PRIMERO: Condenar al acusado ORBIN GUSTAVO NUÑEZ QUINTANILLA cuyos datos generales de identidad fueron antes mencionados, como autor responsable de un (1) delito de ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA en perjuicio de la vida de JOSE ROBERTO UGARTE LOPEZ, a sufrir la pena de diecisiete (17) años de reclusión, la que cumplirá en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, junto con las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de duración de la pena principal… SEGUNDO: Se declara civilmente responsable al señor ORBIN GUSTAVO NUÑEZ QUINTANILLA de indemnización de perjuicios favor de JOSE ROBERTO UGARTE LOPEZ derivados de los hechos por los cuales es condenado. CUARTO: Condenar al acusado DARLAN GABRIEL MONTOYA HERRERA cuyos datos generales de identidad fueron antes mencionados, como autor responsable de un (1) delito de ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA en perjuicio de la vida de JOSE ROBERTO UGARTE LOPEZ, a sufrir la pena de diecisiete (17) años de reclusión, la que cumplirá en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, junto con las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de duración de la pena principal…. QUINTO: Se declara civilmente responsable al señor DARLAN GABRIEL MONTOYA HERRERA de indemnización de perjuicios favor de JOSE ROBERTO UGARTE LOPEZ derivados de los hechos por los cuales es condenado…” (Folios 270 al 282 de la pieza de Primera Instancia.)-3) Que en fecha seis de agosto de dos mil veintiuno, el Abogado LUIS EDGARDO PEREZ MARTINEZ compareció ante la Sala de lo Constitucional, interponiendo recurso de revisión penal a favor de los señores ORBIN GUSTAVO NUÑEZ QUINTANILLA y DARLAN GABRIEL MONTOYA HERRERA, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho de marzo de dos mil diez, manifestando el recurrente que interpone el presente recurso el en base al Principio de Retroactividad de la Ley, a efecto de aplicar las disposiciones más favorables y se proceda a reformar el cómputo de la sentencia de la que se hace relación. (Folios 01 al 08 del recurso).-4) Que en fecha uno de octubre de dos mil veintiuno, la Sala de lo Constitucional resolvió admitir el recurso de revisión de que se hace relación y se dispuso librar las respectivas comunicaciones, a efecto de que remitieran los expedientes de la causa. En consecuencia, y una vez recibidos los antecedentes, esta Sala ordenó la celebración de la Audiencia respectiva. (Folio 20 del recurso de mérito).-5) Que en fecha cuatro de mayo de dos mil veintidós, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, habiendo comparecido el Abogado LUIS EDGARDO PEREZ MARTINEZ, en su condición de apoderado legal de los señores ORBIN GUSTAVO NUÑEZ QUINTANILLA y DARLAN GABRIEL MONTOYA HERRERA, y la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente: “Invocamos el recurso de revisión en virtud que al entrar en vigencia también el nuevo Código Penal de igual forma favorece a los condenados en la presente causa, ya que mediante sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, en fecha ocho de marzo del dos mil diez, fueron condenados a la pena de 17 años de reclusión verdad, por el delito de asesinato en su grado de ejecución de tentativa, al revisar el nuevo Código Penal, específicamente en el artículo 21 y 22, donde hace mención de la tentativa acabada e inacabada y en relación con el 193 del mismo cuerpo legal su señoría, consideramos que es procedente la aplicación retroactiva del mismo por favorecer a mi representado, ya que establece una pena rebajada en 1/3, por lo tanto solicito la aplicación del mismo en beneficio de mi representado.” La representante del Ministerio Público: “Al realizar un análisis comparativos de ambas leyes penales, se aprecia que el Código Penal derogado regulaba el delito de ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA en su artículo 117, relacionado con el artículo 15 que señalaba: “Es reo de asesinato, quien dé muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes: 1) Alevosía; 2) Con premeditación conocida; 3) Por medio de inundación, incendio, envenenamiento, explosión, descarrilamiento, volcamiento, varamiento o avería de buque u otro artificio que pueda ocasionar grandes estragos, siempre que haya dolo e intencionalidad; y, 4) Con ensañamiento, aumentado deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. La pena por asesinato será de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y cuando se cometiese mediante pago, recompensa o promesa remuneratoria, o se acompañase de robo o violación, la pena será de treinta (30) años a privación de por vida de la libertad”. Por su parte, el Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) tipifica el delito de ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, en el artículo 193 que establece: “ASESINATO. Quien da muerte a una persona concurriendo alevosía o ensañamiento, debe ser castigado con la pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años. Si concurre la circunstancia de precio, recompensa o promesa remuneratoria la pena de prisión debe ser de veinticinco (25) a treinta (30) años”. En cuanto al grado de consumación, el Código Penal vigente regula en su artículo 21, lo referente a la figura penal de TENTATIVA y sus distintas clases, al establecer lo siguiente: “Hay tentativa cuando se inicia la ejecución de un delito por actos exteriores directa y objetivamente encaminados a su consumación y, éste no se produce por causas independientes de la voluntad del agente. Son clases de tentativa: a) TENTATIVA INACABADA. La tentativa es inacabada cuando el agente ejecuta parte de los actos encaminados a producir la consumación del delito, no concluyéndolos por causas ajenas a su voluntad. b) TENTATIVA ACABADA. La tentativa es acabada cuando el agente ha realizado todos los actos que objetivamente debieron llevar a la consumación del delito y ésta no se produjo”. Asimismo, el artículo 62 del referido cuerpo legal establece: “A los autores de tentativa de delito se les debe imponer la pena del delito consumado rebajada en un cuarto (1/4) si se tratase de tentativa acabada, y en un tercio (1/3) en caso de una tentativa inacabada. Ante las premisas expuestas se aprecia que los señores ORBIN GUSTAVO NUÑEZ QUINTANILLA y DARLAN GABRIEL MONTOYA HERRERA se les condeno a una pena de DIECISIETE (17) años de reclusión, y conforme las disposiciones del Código Penal Vigente, el marco punitivo es de veinte (20) a veinticinco (25) años, que rebaja en ¼ por tratarse de una Tentativa acabada, resulta en una pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión. Conforme lo antes expuesto, esta representación fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables al sentenciado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 616 párrafo cuarto del referido Código, en cuanto señala que cuando se trata de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho fuera también imponible con arreglo al presente Código; tal como acontece en el caso de autos, en virtud que la pena privativa de libertad impuesta al sentenciado conforme la legislación derogada es de diecisiete (17) años de reclusión, la cual se encuentra dentro del rango de pena abstracta imponible al delito de ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA ACABADA con arreglo al Código Penal vigente, por lo que el Ministerio Público es de la opinión que se mantenga la pena impuesta al hoy condenado. De ahí que se estime que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a Ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal, por no ser esta más benigna al condenado. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión.” (Folios 31 al 33 del recurso de mérito).-CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de Revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía, que se declare sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada.-CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5].-CONSIDERANDO TRES (3): Fundamentos del Recursista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor de la condenada cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Aduciendo que el Código Penal decreto 130-2017 le es más favorable a su patrocinada.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Retroactividad de la ley. La palabra “retroactividad”, deriva del latín, significa “retro agüere” accionar, hacia atrás, obrar hacía atrás. De acuerdo con las fuentes romanas se acude a varias expresiones: “retroagitur”, “reducitur” o “res retroducitur” y activus, que produce efectos y por tanto significa actuar sobre el pasado. Suárez Collía, la define “en una sucesión temporal de leyes, la aplicación de la norma jurídica nueva, a supuestos de hecho, actos, relaciones y/o situaciones jurídicas nacidas o constituidas con anterioridad a su entrada en vigor y que tuvieron su origen bajo el imperio de otra norma derogada[6].-CONSIDERANDO CINCO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. La revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel secundario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización. En el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. “Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. -CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. -CONSIDERANDO SIETE(7): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". [7] Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable.

CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[8], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[9]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena mas leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[10]. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[11] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. -CONSIDERANDO DIEZ (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[12]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley.-CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado”[13] Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas, y sobre todo sin trastocar los hechos probados y sin invadir los fundamentos jurídicos esbozados por el juzgador primario.-CONSIDERANDO DOCE (12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de Revisión Penal. I- Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente los señores ORBIN GUSTAVO NUÑEZ QUINTANILLA y DARLAN GABRIEL MONTOYA HERRERA fue condenado por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha ocho de marzo del año dos mil diez, a la pena de DIECISIETE AÑOS RECLUSIÓN por el delito de ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 117 del Código Penal decreto 144-2017. estimando que la condenada cometió el delito de Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa. III- Esta Sala hace el respectivo examen del caso sub judice para estimar si se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, verificando las procedencia de aplicar retroactivamente una nueva norma penal en relación a una derogada y plasmada en la sentencia denominada cosa juzgada; en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho.- CONSIDERANDO TRECE (13): I. En la Revisión Penal esta Sala de lo Constitucional procede a realizar una revisión del hecho concreto sometido a enjuiciamiento tal como lo establece el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 y artículo 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Para tal cometido de la Revisión en materia penal por aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna se toma en consideración los hechos probados y estos se encuadran con el articulado de la nueva norma penal; si el resultado es una pena menos gravosa que la impuesta con la norma penal derogada, se procede a los efectos de la aplicación de la nueva ley penal. II. El eje central de esta garantía de Revisión Penal gira bajo su característica de ser un Recurso excepcional, no traspasando la línea de lo que le corresponde a un recurso ordinario o extraordinario de instancia. Es así como el ejercicio jurídico que hace esta Sala, para la determinación de benignidad de una nueva Ley Penal no es someter a un nuevo juicio el proceso ya evacuado, detectar vicios o nulidades procesales, valorar medios de prueba, pronunciarse sobre el ejercicio interpretativo realizado por los juzgadores tampoco dar alcance o interpretaciones sobre los tipos penales u el desarrollo de los elementos de la teoría del delito. La Sala se limita a encuadrar los hechos probados con la nueva norma penal y determinar si el resultado de ese encuadre es más beneficioso que la pena impuesta a esos mismos hechos con el Código Penal derogado. El asidero de este ejercicio lo encontramos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 a donde establece “Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor”. Así mismo para realizar aplicación del principio de retroactividad de las normas penales se lleva a cabo a una solución equilibrada, no hermética, objetiva y acorde con la realidad de cada caso, al ponderar todas las circunstancias y supuestos, sin salirse de la parte intangible de la sentencia lo cual recae en sus hechos probados y fundamentación jurídica. III. Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión Penal, se impuso a los señores ORBIN GUSTAVO NUÑEZ QUINTANILLA y DARLAN GABRIEL MONTOYA HERRERA las siguientes penas: La pena principal de DIECISIETE AÑOS DE RECLUSION más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena, por haber sido encontrados responsables como autores de un delito de ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA en perjuicio de JOSE ROBERTO LOPEZ UGARTE. IV. El hecho concreto estatuido en la Sentencia emitida por el juez primario encaja con la descripción del tipo penal de Asesinato del Código Penal decreto 130-2017. V. Esta Sala haciendo un examen comparativo de ambas normas penales, concluye: que el Código Penal derogado en su artículo 117 disponía una pena abstracta de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión, más las accesorias que correspondan, por el delito de ASESINATO. Estableciendo el artículo 15. “Hay tentativa cuando, con la intención de cometer un delito determinado, se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente”. La tentativa según el artículo 66, se sancionará con la pena aplicable al autor del delito consumado rebajada en un tercio (1/3). Quedando un marco de penas que va desde trece (13) años cuatro meses hasta veinte (20) años. En el Código Penal Decreto 130-2017 el delito de Asesinato está plasmado en el artículo 193 y es castigado con la pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años. En el caso de la tentativa según el artículo 21 se reconocen dos tipos: a) TENTATIVA INACABADA. La tentativa es inacabada cuando el agente ejecuta parte de los actos encaminados a producir la consumación del delito, no concluyéndolos por causas ajenas a su voluntad. b) TENTATIVA ACABADA. La tentativa es acabada cuando el agente ha realizado todos los actos que objetivamente debieron llevar a la consumación del delito y ésta no se produjo. El articulo 62 especifica que a los autores de tentativa de delito se les debe imponer la pena del delito consumado rebajada en un cuarto (1/4) si se tratase de tentativa acabada. En el caso del asesinato la pena a imponer seria de quince (15) años a veinte (20) años. VI. En la comparación de penas, el marco abstracto de penas no resulta benigno ya que la pena mínima se agrava y la pena máxima se mantiene. Por lo tanto, es patente que la pena a imponer con el Código Penal decreto 130-2017 no es más beneficiosa para los imputados. VII. Esta Sala considera que el caso sub judice no se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, siguiendo ese orden de ideas, esta Sala estima después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión. Por consiguiente, No procede la aplicación retroactiva de una ley penal por no resultar está, más benigna. -CONSIDERANDO CATORCE (14): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo.-POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado LUIS EDGARDO PEREZ MARTINEZ, a favor de los señores ORBIN GUSTAVO NUÑEZ QUINTANILLA Y DARLAN GABRIEL MONTOYA HERRERA. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. - NOTIFIQUESE. - Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los doce (12) días del mes de enero del año dos mil veintitrés (2023), Certificación de la Sentencia de fecha nueve (9) de diciembre del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Recurso de Revisión Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0814-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.

[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.

[3]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[4]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[5]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[6] Aplicación Temporal de la Ley Penal, Validez y Eficacia en Infracciones de Agresión al Estado. Renata Melissa Yunda López. RFJ, No. 3, 2018. pp. 119-142, ISSN 2588-0837.

[7] ZAFFARONI, E., Estructura Básica del Derecho Penal. Editorial Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2009. Pág. 41.

[8] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[9] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[10] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.

[11] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.

[12] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.

[13] Cury, Enrique; (N° 5); Capítulo II, La Ley Penal y su Vigencia; pág. 228.