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Sentencia RP-812-21 — Registro 15778

Resumen

Sentencia en revisión condenó a recurrente a la pena de cuarenta y cinco años de reclusión como pena principal por el delito de Asesinato en perjuicio de víctima y a tres años de reclusión como pena principal por el delito de Portación Ilegal de Armas en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras; Además de penas accesorias de Inhabilitación absoluta e interdicción civil, declarándolo responsable civilmente; La Sala concluyó que la presente causa cumple con los requisitos legales, en consecuencia determina aplicar el control difuso establecido en la Constitución de la República y Ley Sobre Justicia Constitucional; en consecuencia, en la Parte Dispositiva se modifica la sentencia revisada

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I. Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor MARVIN JAVIER MARTINEZ BERMUDEZ fue condenado por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Cortes, mediante la sentencia condenatoria de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil nueve (2009), a la pena de CUARENTA Y CINCO (45) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de ASESINATO en perjuicio de ALBA LETICIA BUESO VARELA y a la pena de TRES (3) AÑOS DE RECLUSION por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. II. Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 117 numerales 1 y 2 del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió el delito de ASESINATO, y lo dispuesto en el artículo 332B del mismo cuerpo legal, estimando que el condenado cometió el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS. - III. Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número 8, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma favorable; Debiéndose aplicar la vigente,..."..."la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor MARVIN JAVIER MARTINEZ BERMUDEZ, la pena principal de CUARENTA Y CINCO (45) AÑOS DE RECLUSION por el delito de ASESINATO en perjuicio de ALBA LETICIA BUESO VARELA y la pena principal de TRES (3) AÑOS DE RECLUSION por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS..."..."En el caso que nos ocupa, según los hechos probados de la sentencia en revisión, de los mismos se desprende que el sentenciado fue detenido “el día catorce (14) de agosto del año dos mil siete (2007) junto a otra persona, decomisándoles un vehículo rojo, marca Kia Spectra, tipo turismo… dentro del cual, se encontró un arma de fuego, tipo pistola, marca pietro Beretta, misma que fue utilizada para darle muerte, constatándose que la guantera del interior del vehículo…” por lo que dicha conducta se enmarca dentro de la tenencia de armas y no la portación, puesto que al momento del decomiso el sentenciado no traía consigo o sobre sí dicha arma. En ese sentido, la nueva norma penal castiga dicha conducta con un marco de pena abstracta de uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, por tratarse de armas o municiones permitidas. Realizando un cotejo entre ambas penas, se puede determinar que en el caso del Código Penal decreto 144-83 (derogado) dicha conducta típica tenía un marco de penas abstracto de tres (3) a seis (6) años de reclusión, por lo que es palpable que el marco de penas abstracto en relación a la pena de la norma penal vigente la cual es de uno (1) a cuatro (4) años, es favorable al penado. II. En cuanto a la determinación de la pena concreta, por parámetros fijados en la sentencia revisada de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil nueve (2009), y para realizar una ponderación que constituya la igualdad en cuanto a juzgamiento, siendo que se determinó aplicar la pena mínima conforme a los argumentos plasmados en la misma, debe condenarse al sentenciado a la pena mínima, es decir UN (1) AÑO DE PRISIÓN y LOCALIZACIÓN PERMANENTE DE DOS (2) AÑOS..."..."esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias, que la norma penal vigente, Decreto 130-2017, prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83, consecuentemente se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor MARVIN JAVIER MARTINEZ BERMUDEZ de una norma vigente que le resulta más benigna. II. En consecuencia, en observancia del artículo 616 del nuevo Código Penal y 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, procede la revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo computo de la pena, con abono del tiempo que haya estado en prisión; Tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ Corte Suprema De Justicia.-Sala De Lo Constitucional. -Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de noviembre de dos mil veintidós.-VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado ROBERTO CARLOS MEJIA VILLAFRANCA, a favor del señor MARVIN JAVIER MARTINEZ BERMUDEZ, contra la Sentencia Condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil nueve (2009), con relación a la causa que se instruyó contra el señor MARVIN JAVIER MARTINEZ BERMUDEZ Y OTRO, por el delito de ASESINATO en perjuicio de la señora ALBA LETICIA BUESO y por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha quince (15) de agosto del año dos mil siete (2007), compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la Abogada NORMA YANETH FLORES RUIZ, en su condición de FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, presentando requerimiento fiscal contra los señores MARVIN JAVIER MARTINEZ BERMUDEZ (ALIAS EL CHINO), JOSE SANTIAGO LOPEZ VILLALOBOS (ALIAS CHEPITO) detenidos OLVIN ALEXANDER LOPEZ MORENO y RUBEN ANTONIO PINEDA HERNANDEZ (Prófugos), por suponerlos responsables de los delitos de ASESINATO, ASOCIACION ILICITA y PORTACION ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO, en perjuicio de ALBA LETICIA BUESO VARELA y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- (Folios 1 al 8 de la pieza del Juzgado).-2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha diez (10) de noviembre del año dos mil nueve (2009), el Tribunal de Sentencias de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó Sentencia mediante la cual: “FALLA: “PRIMERO: Que debemos CONDENAR y CONDENAMOS a los señores JOSE SANTIAGO LOPEZ VILLALOBOS y MARVIN JAVIER MARTINEZ BERMUDEZ, de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia a la pena de CUARENTA Y CINCO AÑOS DE RECLUSION, como pena principal por considerarlos responsables de la comisión del delito de ASESINATO, tipificado en el artículo 117 numeral 1 y 2 del Código Penal con la agravante del párrafo último de dicho artículo por haber actuado mediante pago, en perjuicio de la señora ALBA LETICIA BUESO VARELA.- SEGUNDO: Que debemos CONDENAR y CONDENAMOS a los señores JOSE SANTIAGO LOPEZ VILLALOBO y MARVIN JAVIER MARTINEZ BERMUDEZ, de generales conocida en el preámbulo de esta sentencia a la pena de TRES AÑOS DE RECLUSION como pena principal, por considerarlos responsables de la comisión del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS, tipificado en el artículo 332-B del código penal en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, haciendo un total de CUARENTA Y OCHO AÑOS DE RECLUSION penas que deberán cumplir en la Penitenciaría Nacional de Tamara, departamento de Francisco Morazán, quedando sujeto a obras públicas o a las labores que regula el régimen penitenciario, computándose el abono del tiempo que se ha encontrado en prisión preventiva, de igual manera se les condena a las penas accesoria de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. Por el tiempo que dure la condena. - TERCERO: Se declara a los condenados JOSE SANTIAGO LOPEZ VILLALOBO y MARVIN JAVIER MARTINEZ BERMUDEZ, responsables civilmente, lo que deberá ser reclamado de conformidad a lo establecido en el artículo 432 y siguientes del código procesal penal. - CUARTO: No procede la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio… (Folio 237 al 256 de la pieza del Recurso de Revisión).-4) Que en fecha seis (6) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenándose en consecuencia la celebración de la Audiencia respectiva.-5) Que en fecha cuatro (4) de mayo del año dos mil veintidós (2022), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el Abogado ROBERTO CARLOS MEJIA VILLAFRANCA, en su condición de apoderado legal del señor MARVIN JAVIER MARTINEZ BERMUDEZ quien expuso: “Ratifico el recurso de revisión de la sentencia dictada por el Tribunal en fecha diez (10) de mayo del 2009 en el sentido de que se le imponga a mi representado en base al artículo 193 la pena por el delito de asesinato que va de veinticinco a treinta años; y también en el caso del delito de portación y en base al artículo 580 la pena va de una a cuatro años y en base también al artículo 96 de la Constitución de la República que claramente establece que cabe la retroactividad de la ley penal cuando la nueva ley favorezca al procesado o delincuente.” La Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público expresó: “Al examinar el fallo sub-judice y de conformidad a las normas transcritas se extrae de los hechos probados que el delito fue consumado mediante pago, por lo que si bien, la pena a imponer en el delito de Asesinato es de treinta años de prisión, no obstante, en lo que respecta al delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO PERMITIDA, la pena a imponer se ve incrementada, ya que correspondería imponer la pena máxima de siete (7) años un (1) mes diez (10) días de prisión, en comparación a los tres (3) de reclusión a los que fue condenado el encausado, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 615 de la norma sustantiva, es imperativo que las disposiciones del nuevo Código Penal resulten más favorables tomadas en su conjunto, ya uq eno es admisible la aplicación fragmentando las dos (2) normas sustantivas. Conforme lo antes expuesto, esta representación fiscal estima que en la presente causa no concurre la causal de revisión invocada por el recurrente, en vista que las disposiciones en conjunto del actual Código Penal no resultan más favorables al sentenciado, en comparación a las penas que le fueron impuestas conforme al Código anterior. III. OPINION: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados.”-CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral 8 de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía: que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada.-CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5].-CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral 8 del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. El garantista señala en los antecedentes: “El precepto penal del cual se busca la aplicación más favorable a favor de mi representado señor MARVIN JAVIER MARTINEZ BERMUDEZ, es del artículo 193 del nuevo Código Penal, “… Quien de muerte… Con la pena de prisión de 25 a 30 años…” Es claro Honorables Magistrados de la Sala Constitucional, que la causal invocada en este recurso y su escrito de subsanación plasmada en el artículo 96.8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que establece claramente “… las Sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la C.S.J. a favor del condenado”, cuando esta favorezca los intereses del imputado o sea cuando “… Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna.”-CONSIDERANDO CUATRO (4): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable, es por tanto que en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la República, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal, por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. -CONSIDERANDO CINCO (5): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". [6] Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[7], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[8]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena mas leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[9]. -Lo negrito y subrayado es nuestro-CONSIDERANDO OCHO (8): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[10] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”.-CONSIDERANDO NUEVE (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[11]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley.- CONSIDERANDO DIEZ (10): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado”[12] Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas.-CONSIDERANDO ONCE (11): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614,615 Y 616 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la República, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la República en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo.-CONSIDERANDO DOCE (12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I. Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor MARVIN JAVIER MARTINEZ BERMUDEZ fue condenado por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Cortes, mediante la sentencia condenatoria de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil nueve (2009), a la pena de CUARENTA Y CINCO (45) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de ASESINATO en perjuicio de ALBA LETICIA BUESO VARELA y a la pena de TRES (3) AÑOS DE RECLUSION por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. II. Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 117 numerales 1 y 2 del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió el delito de ASESINATO, y lo dispuesto en el artículo 332B del mismo cuerpo legal, estimando que el condenado cometió el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS. - III. Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número 8, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma favorable; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho.-CONSIDERANDO TRECE (13): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor MARVIN JAVIER MARTINEZ BERMUDEZ, la pena principal de CUARENTA Y CINCO (45) AÑOS DE RECLUSION por el delito de ASESINATO en perjuicio de ALBA LETICIA BUESO VARELA y la pena principal de TRES (3) AÑOS DE RECLUSION por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO CATORCE (14): I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, en cuanto al delito de ASESINATO, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal enmarcado en el Artículo 117 del Código Penal decreto 144-1983 dispone “Es reo de asesinato, quien dé muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes: 1) Alevosía ; 2) Con premeditación conocida ; 3) Por medio de inundación, incendio, envenenamiento, explosión, descarrilamiento, volcamiento, varamiento o avería de buque u otro artificio que pueda ocasionar grandes estragos, siempre que haya dolo e intencionalidad; y, 4) Con ensañamiento, aumentado deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. La pena por asesinato será de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y cuando se cometiese mediante pago, recompensa o promesa remuneratoria, o se acompañase de robo o violación, la pena será de treinta (30) años a privación de por vida de la libertad.; Por su parte, el Código Penal vigente Decreto 130-2017, en su Artículo 193, establece: “ASESINATO. Quien da muerte a una persona concurriendo alevosía o ensañamiento, debe ser castigado con la pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años. Si concurre la circunstancia de precio, recompensa o promesa remuneratoria, la pena de prisión debe ser de veinticinco (25) a treinta (30) años.” Realizando un cotejo entre ambas penas abstractas, se puede determinar que en el caso del Código Penal decreto 144-83 (derogado) dicha conducta típica tenía un marco de penas abstracto de TREINTA (30) AÑOS A PRIVACIÓN DE LIBERTAD DE POR VIDA, entretanto el Código Penal decreto 130-17 (vigente) castiga la misma acción delictiva con todas sus circunstancias, con un marco de penas abstracto de VEINTICINCO (25) A TREINTA (30) AÑOS DE PRISIÓN, el cual sería el marco de penas a imponer. En cuanto a la circunstancia Agravante de Alevosía que solicita el Ministerio Público, la misma ya forma parte del tipo penal de Asesinato, no se podría entonces agravar la pena tomando una agravante común o general que ya forma parte del tipo mismo. II. En cuanto a la determinación de la pena concreta, por parámetros fijados en la sentencia revisada de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil nueve (2009), y para realizar una ponderación que constituya la igualdad en cuanto a juzgamiento, siendo que se determinó imponerle una pena por arriba de la mínima, conforme a los argumentos plasmados en dicha sentencia, debe condenarse al sentenciado en las mismas circunstancias, es así que debe ser tenido en cuenta el grado de peligrosidad, la magnitud de los daños ocasionados, pues la persona fallecida era al momento de su muerte, Juez de Sentencia (folio 254 de la sentencia en revisión), consecuentemente se debe condenar a una pena de VEINTINUEVE (29) AÑOS DE PRISIÓN y a la pena accesoria de INHABILITACIÓN ABSOLUTA.-CONSIDERANDO QUINCE (15): I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, en cuanto al delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal enmarcado en el Artículo 332B del Código Penal decreto 144-1983 dispone “Fabricación y tráfico de armas de fuego y municiones comerciales, de defensa personal o deportivas y explosivos comerciales. Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión sin perjuicio del comiso de dicha armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas. Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial.” Entretanto, el Código Penal vigente Decreto 130-2017, en su Artículo 580 establece: “TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO. La tenencia de armas de fuego o municiones careciendo de las licencias o permisos necesarios debe ser castigada con las penas siguientes: 1) De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas; y, 2) De cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas o municiones prohibidas. Con las mismas penas previstas en el numeral 1) se castiga la tenencia de armas artesanales. Se aumenta la pena de prisión en un tercio (1/3) a quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización.” Debemos hacer notar, que la nueva norma penal distingue y separa la conducta criminal de Tenencia de armas de fuego de la conducta criminal de Portación de armas de fuego, sancionándolos con penas distintas. En el caso que nos ocupa, según los hechos probados de la sentencia en revisión, de los mismos se desprende que el sentenciado fue detenido “el día catorce (14) de agosto del año dos mil siete (2007) junto a otra persona, decomisándoles un vehículo rojo, marca Kia Spectra, tipo turismo… dentro del cual, se encontró un arma de fuego, tipo pistola, marca pietro Beretta, misma que fue utilizada para darle muerte, constatándose que la guantera del interior del vehículo…” por lo que dicha conducta se enmarca dentro de la tenencia de armas y no la portación, puesto que al momento del decomiso el sentenciado no traía consigo o sobre sí dicha arma. En ese sentido, la nueva norma penal castiga dicha conducta con un marco de pena abstracta de uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, por tratarse de armas o municiones permitidas. Realizando un cotejo entre ambas penas, se puede determinar que en el caso del Código Penal decreto 144-83 (derogado) dicha conducta típica tenía un marco de penas abstracto de tres (3) a seis (6) años de reclusión, por lo que es palpable que el marco de penas abstracto en relación a la pena de la norma penal vigente la cual es de uno (1) a cuatro (4) años, es favorable al penado. II. En cuanto a la determinación de la pena concreta, por parámetros fijados en la sentencia revisada de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil nueve (2009), y para realizar una ponderación que constituya la igualdad en cuanto a juzgamiento, siendo que se determinó aplicar la pena mínima conforme a los argumentos plasmados en la misma, debe condenarse al sentenciado a la pena mínima, es decir UN (1) AÑO DE PRISIÓN y LOCALIZACIÓN PERMANENTE DE DOS (2) AÑOS.-CONSIDERANDO DIECISEIS (16): I. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias, que la norma penal vigente, Decreto 130-2017, prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83, consecuentemente se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor MARVIN JAVIER MARTINEZ BERMUDEZ de una norma vigente que le resulta más benigna. II. En consecuencia, en observancia del artículo 616 del nuevo Código Penal y 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, procede la revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo computo de la pena, con abono del tiempo que haya estado en prisión; Tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Artículos 25, 35, 38, 57, 58, 240 Y Demás aplicables del Código Penal Vigente; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado ROBERTO CARLOS MEJIA VILLAFRANCA, a favor del señor MARVIN JAVIER MARTINEZ BERMUDEZ; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, CORTES en fecha diez (10) de noviembre del año dos mil nueve (2009); y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor MARVIN JAVIER MARTINEZ BERMUDEZ, por el delito ASESINATO, en perjuicio de ALBA LETICIA BUESO VARELA y por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor MARVIN JAVIER MARTINEZ BERMUDEZ, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de ASESINATO a la pena de VEINTINUEVE (29) AÑOS de prisión, más la pena accesoria de INHABILITACIÓN ABSOLUTA. SEGUNDO: CONDENANDO al señor MARVIN JAVIER MARTINEZ BERMUDEZ, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO PERMITIDAS a la pena de UN (1) AÑO DE PRISIÓN y LOCALIZACIÓN PERMANENTE DE DOS (2) AÑOS. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y ORDENA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo de pena y proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFÍQUESE. -Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los treinta (30) días del mes de noviembre del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha quince (15) de noviembre del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Recurso de Revisión penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0812-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.

[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.

[3]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[4]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[5]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[6] ZAFFARONI, E., Estructura Básica del Derecho Penal. Editorial Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2009. Pág. 41.

[7] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[8] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[9] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.

[10] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.

[11] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.

[12] Cury, Enrique; (N° 5); Capítulo II, La Ley Penal y su Vigencia; pág. 228.