Sentencia RP-802-20 — Registro 15101
Resumen
Revisión de sentencia condenatoria en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal con relación a la causa que se instruyó contra recurrente por los delitos de Tentativa De Estafa Y Asociación Ilícita, en perjuicio de Banco Atlántida y La Seguridad Interior Del Estado De Honduras
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."- Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma favorable, promulgada a que se alcanzara cosa juzgada mediante una sentencia firme; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, Procede la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna.-CONSIDERANDO QUINCE (15): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor NELTON LEONEL PAZ MONDRAGON, la pena principal de TRECE AÑOS CUATRO MESES DE RECLUSION por el delito de ASOCIACIÓN ILICITA y DOS AÑOS Y OCHO MESES DE RECLUSION por el delito de TENTATIVA DE ESTAFA, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena.-CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal vigente prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme al Código Penal Decreto 144-1983, derogado, por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor NELTON LEONEL PAZ MONDRAGON, aplicando la pena regulada en el artículo 554 del vigente Código Penal, cuya pena de prisión oscila entre seis (6) a diez (10) años y multa de cien (100) a quinientos (500) días. correspondiente a asociación para delinquir y la pena de prisión de establecida en el artículo 365 relacionado con el artículo 21 del mismo cuerpo legal, con pena de prisión de dos (2) a cuatro (4) años si el valor de lo defraudado excede de Cinco Mil Lempiras (L5,000). Correspondiente al delito de Estafa Inacabada.-POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la abogada MARIELA SABILLON OLIVA, a favor del señor NELTON LEONEL PAZ MONDRAGON; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por TRIBUNAL DE SENTENCIA DE COMAYAGUA, en fecha seis de septiembre del 2011; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor NELTON LEONEL PAZ MONDRAGON, por el delito ASOCIACION ILICITA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS y ESTAFA INACABADA en perjuicio de BANCO ATLANTIDA, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO AL Señor NELTON LEONEL PAZ MONDRAGON, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de ASOCIACION ILICITA a la pena de SEIS (6) AÑOS DE PRISIÓN y pena multa de cien (100) días, y por el delito de ESTAFA INACABADA a la pena de DOS(2) AÑOS DE PRISION, más las penas accesorias por el tiempo que dure la condena. Sin la concurrencia de circunstancias agravantes, ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 97 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “Corte Suprema De Justicia, Sala De Lo Constitucional.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de febrero del dos mil veintidós.-VISTA: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión interpuesto por la Abogada MARIELA SABILLON OLIVA, favor del señor NELSON LEONEL PAZ MONDRAGON, contra la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha seis (6) de septiembre del año dos mil once (2011), con relación a la causa que se instruyó contra el señor NELSON LEONEL PAZ MONDRAGON, por los delitos de TENTATIVA DE ESTAFA Y ASOCIACION ILICITA, en perjuicio de BANCO ATLANTIDA Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. (Respectivamente).-ANTECEDENTES:1) Que en fecha treinta (30) de marzo del año dos mil diez (2010), compareció ante la Secretaria de la Sala de lo Constitucional, el Abogado OSCAR BAYARDO ACOSTA, presentando requerimiento fiscal contra los señores MILTON RENE PAREDES FAJARDO y MARIA DEL CARMEN SIERRA MONTES, por suponerlos responsable a Título de Autores directos de la Comisión del delito de TENTATIVA DE ESTAFA, en perjuicio de BANCO ATLANTIDA y FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS, USO DE DOCUMENTOS FALSOS Y USO PUBLICO DE NOMBRE SUPUESTO en perjuicio de LA FE PUBLICA.- Y contra el señor NELSON LEONEL PAZ MONDRAGON, por suponerlo responsable de los delitos de TENTATIVA DE ESTAFA Y ASOCIACION ILICITA, en perjuicio de BANCO ATLANTIDA Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 01 al 04 de pieza del Juzgado).-2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha seis (6) de septiembre del año dos mil once (2011), el Tribunal de Sentencias de Comayagua, dictó Sentencia mediante la cual: “FALLA: PRIMERO: Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS, a NELSON LEONEL PAZ MONDRAGON, como autor responsable del delito de TENTATIVA DE ESTAFA, en perjuicio de BANCO ATLANTIDA, imponiendo al acusado a una pena de dos (2) años con ocho (8) meses de reclusión la que deberá cumplir en el Centro Penitenciario de la ciudad de Choluteca.- SEGUNDO: Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS, a NELSON LEONEL PAZ MONDRAGON, como autor responsable del delito de ASOCIACION ILICITA, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de trece (13) años con cuatro (4) meses de reclusión la que deberá cumplir en el Centro Penitenciario de la ciudad de Choluteca.-TERCERO: Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS, a NELSON LEONEL PAZ MONDRAGON, como consecuencia de las condenas de INTERDICCION CIVIL por el tiempo que dure la condena principal, así como también a trabajar por el tiempo que dure la misma en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario.- CUARTO: Se declara al condenado NELSON LEONEL PAZ MONDRAGON, responsable civilmente por la indemnización de os perjuicios derivados de los delitos por el que se ha condenado, la cual será objeto de tasación en la fase de ejecución de la sentencia.- QUINTO: No procede la condena a NELSON LEONEL PAZ MONDRAGON, en costas procesales personales ni gastos ocasionados en juicio.- SEXTO: No procede la imposición de la pena de multa por falta de defraudación.- ( Folios 57 al 96 de la pieza del Juzgado).-3) Que la recurrente, Abogada MARIELA SABILLON OLIVA, compareció ante este Tribunal en fecha dieciséis de septiembre del año dos mil veinte, presentando recurso de revisión penal a favor del señor NELSON LEONEL PAZ MONDRAGON, contra la sentencia condenatoria, dictada por el Tribunal de Sentencias de Comayagua, en fecha seis (6) de septiembre del año dos mil once (2011).-5) Que en fecha cinco (5) de mayo del año dos mil veintiunos (2021), esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenándose en consecuencia la celebración de la Audiencia respectiva.-6) Que en fecha dos (2) de septiembre del año dos mil veintiunos (2021), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido la Abogada MARIELA SABILLON OLIVA, en su condición de Apoderada Legal del señor a NELSON LEONEL PAZ MONDRAGON, y la Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público.-CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal, pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme, tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada.-CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5].-CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, 101 de la Ley sobre Justicia Constitucional y 186 constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. El garantista señala en el primer párrafo de los antecedentes que su representado el señor NELTON LEONEL PAZ MONDRAGON, “Se le aplico el decreto 144-83 constitutivo del Código Penal, el cual ha sido derogado, pero durante su vigencia se le fijaron a su representado las normas jurídicas referentes al delito de Tentativa de Estafa y Asociación Ilícita, imponiéndole al primero una pena de 2 años con 8 meses, y al segundo una pena de 13 años 4 meses” “la nueva normativa penal vigente, en relación a los delitos en mención, sin duda alguna resultan más favorables tomadas en su conjunto a favor de mi representado”.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró el día dos de septiembre del año dos mil veintiunos, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de la abogada MARIELA SABIRLLON OLIVA, quien actúo en representación del señor NELTON LEONEL PAZ MONDRAGON y la abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, en su condición de agente fiscal del Ministerio Público, en representación de los intereses de la sociedad hondureña. Cedida la palabra a la abogada MARIELA SABILLON OLIVA, expuso: “Ratifico el escrito que contiene el recurso extraordinario de revisión penal para que a mi representado se le aplique una ley más benigna conforme al principio de retroactividad de la ley penal que beneficia al condenado […] mi representado fue condenado por los delitos de asociación ilícita y tentativa de estafa por el Tribunal de Sentencia de Comayagua. El tribunal de sentencia aplico el artículo 332 del código penal decreto 144-1983 estableciendo una pena de 13 años 4 meses, dicho tribunal en su fundamento jurídico en el hecho segundo párrafo quito, en el último apartado dice: “en el caso de la asociación ilícita el Ministerio Publico no fue capaz de probar que el acusado fungía como Director o Cabecilla de la asociación por lo tanto si le es aplicable la rebaja establecida en la norma aludida, ahora bien, mi representado cumpliendo la sentencia condenatoria firme, entro en vigencia la nueva normativa penal bajo el decreto 130-2017, en donde se le denomina a la figura de asociación ilícita, ahora asociación para delinquir regulado en el artículo 554, que en el último párrafo establece: los simple integrantes de la asociación deben ser castigados con las penas de prisión de 6 a 10 años y multa de 100 a 500 días siendo el que Tribunal denomino a representado como simple integrante y condenándolo, ahora la pena más benigna es de 6 años de reclusión y 100 días multas. Ahora en relación a la tentativa de estafa, en la ley penal derogada estaba castigada con una pena de 4 a 7 años y a mi representado se le condeno a la pena rebajada y mínima de 2 años y 8 meses bajo el argumento que se encuentra en la sentencia condenatoria firme en la fundamentación jurídica en el hecho tercero, en la cuarta línea: esto constituye sin lugar a duda una causa ajena a la voluntad de la pareja dejando imperfecta la ejecución del delito, tales circunstancias encajan en lo preceptuado en los artículos 365, 62, y 21 del nuevo código penal vigente de una tentativa de estafa inacabada siendo la pena mínima y más benigna 1 año y 4 meses.” Seguidamente se le cedió la palabra a la representante del Ministerio Público SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA quien hizo uso de la palabra, expresando en su parte conducente: “El Ministerio Público refiriéndose al Recurso interpuesto […] con base en el artículo 106 d la Ley Sobre justicia constitucional se pronuncia en los términos siguientes I ANTECEDENTES: 1 (referidos en las líneas que preceden).-CONSIDRANDO CINCO (5): La Sentencia definitiva dictada en fecha seis de septiembre del año 2011 por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, mediante la cual se condenó al señor NELTON LEONEL PAZ MONDRAGON por el delito de TENTATIVA DE ESTAFA en perjuicio de BANCO ATLANTIDA a la pena concreta de dos años ocho meses y por el delito de ASOCIACION ILICITA en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS a la pena de trece años con ocho meses; así como las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil.-II APRECIACION JURIDICA expone…. “Que la causal de Revisión invocada por el revisionista se encuentra contenida en el numeral 8 del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: “ Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1)…, 2)…, 3)…, 4)…, 5)…, 6)…, 7)…, 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna…,” así como el principio constitucional contenido en el artículo 96 de la Constitución de la Republica, por considerar que con la entrada en vigencia del actual Código Penal, como norma sustantiva, la nueva tipificación legal contenida en el actual Código Penal, resulta más benigna”… -CONSIDERANDO SEIS (6): Que el Ministerio Público, expone que efecto de determinar si procede la aplicación retroactiva del actual Código Penal, es necesario fijar las penas a imponer conforme la norma sustantiva, tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes en la presente causa, el articulo 365 contiene el delito de Estafa, estableciendo en el párrafo tercero que el referido ilícito castigado con pena de prisión de dos a cuatro si el valor de lo defraudado excede cinco mil lempiras, en tanto que el articulo determina la pena para tentativa, y establece que la los autores de tentativa de delito se les debe imponer la pena del delito consumado rebajado en un tercio, si se trata de tentativa inacabada. El articulo 554 regula el tipo penal de Asociación para delinquir, estableciendo en el párrafo ultimo a los simples integrantes de la asociación deben ser castigados con una pena de seis a diez años de prisión y una multa de 100 a 500 días […]. -CONSIDERANDO SIETE (7): Como conclusión el Ministerio Publico dice “Esta representación fiscal estima que, en la presente solicitud de revisión, corresponde aplicar la causal de revisión invocada por el recurrente, en vista que las disposiciones en conjunto del actual Código Penal, resultan mas favorables al sentenciado, en comparación con las que fueron impuestas conforme al Código anterior. Con base a lo expuesto, somos del parecer que se otorgue la presente acción de revisión.”- CONSIDERANDO OCHO (8): Que el Artículo 615 del Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 “Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior.-CONSIDERANDO ONCE (11): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen acerca de la benignidad de la ley, interpretando lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". [6] Por lo tanto, se puntualiza concretamente la sentencia condenatoria y sus penas, y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal, teniendo como consecuencia la aplicación de la que sea más favorable.-CONSIDERANDO DOCE (12): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[7], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[8]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[9]. -Lo negrito y subrayado es nuestro-CONSIDERANDO TRECE (13): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley.-CONSIDERANDO CATORCE (14): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. -I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor NELTON LEONEL PAZ MONDRAGON fue condenado por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha 6 de septiembre del 2011, a la pena de DOS AÑOS OCHO MESES por el delito de TENTATIVA DE ESTAFA en perjuicio de BANCO ATLANTIDA y a la pena de TRECE AÑOS CON CUATRO MESES por el delito de ASOCIACION ILICITA en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; así como las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil.-II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 332 Y 240,241 relacionado con el 311 del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió los delitos de asociación ilícita y tentativa de estafa. III- Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma favorable, promulgada a que se alcanzara cosa juzgada mediante una sentencia firme; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, Procede la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna.-CONSIDERANDO QUINCE (15): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor NELTON LEONEL PAZ MONDRAGON, la pena principal de TRECE AÑOS CUATRO MESES DE RECLUSION por el delito de ASOCIACIÓN ILICITA y DOS AÑOS Y OCHO MESES DE RECLUSION por el delito de TENTATIVA DE ESTAFA, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena.-CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal vigente prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme al Código Penal Decreto 144-1983, derogado, por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor NELTON LEONEL PAZ MONDRAGON, aplicando la pena regulada en el artículo 554 del vigente Código Penal, cuya pena de prisión oscila entre seis (6) a diez (10) años y multa de cien (100) a quinientos (500) días. correspondiente a asociación para delinquir y la pena de prisión de establecida en el artículo 365 relacionado con el artículo 21 del mismo cuerpo legal, con pena de prisión de dos (2) a cuatro (4) años si el valor de lo defraudado excede de Cinco Mil Lempiras (L5,000). Correspondiente al delito de Estafa Inacabada.-POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la abogada MARIELA SABILLON OLIVA, a favor del señor NELTON LEONEL PAZ MONDRAGON; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por TRIBUNAL DE SENTENCIA DE COMAYAGUA, en fecha seis de septiembre del 2011; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor NELTON LEONEL PAZ MONDRAGON, por el delito ASOCIACION ILICITA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS y ESTAFA INACABADA en perjuicio de BANCO ATLANTIDA, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO AL Señor NELTON LEONEL PAZ MONDRAGON, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de ASOCIACION ILICITA a la pena de SEIS (6) AÑOS DE PRISIÓN y pena multa de cien (100) días, y por el delito de ESTAFA INACABADA a la pena de DOS(2) AÑOS DE PRISION, más las penas accesorias por el tiempo que dure la condena. Sin la concurrencia de circunstancias agravantes, ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los diecisiete (17) días del mes de Marzo del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Recurso de Revisión Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 802-2022 y 376-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.
[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.
[3]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[4]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[5]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[6] ZAFFARONI, E., Estructura Básica del Derecho Penal. Editorial Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2009. Pág. 41.
[7] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[8] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[9] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.