Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia RP-784-21 — Registro 15936

Resumen

Se interpusieron Recursos de Revisión Penal contra la sentencia condenatoria dictada con relación a la causa que se instruyó por los delitos de portación ilegal de arma de fuego ilegal, portación ilegal de arma de fuego comercial, asociación ilícita, atentado en perjuicio de la seguridad interior del estado de Honduras.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la nueva ley penal, es decir, el Código Penal vigente mediante Decreto Legislativo número 130-2017, prevé una serie de reglas que deben acatarse en el proceso de ponderación para la determinación de la ley más favorable (Artículo 616). Entre dichas normas encontramos que para determinar cuál sea la ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En ese sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique… la comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes. Tampoco puede variarse la intangibilidad de la sentencia en revisión. En obediencia a lo anteriormente establecido, en la resolución que se recurre se determinó lo siguiente: “CONSIDERANDO TRECE (13):…el Código Penal vigente Decreto 130-2017 conforme a la conducta típica establecida en los hechos probados en la sentencia revisada, señala en el artículo 580 numeral 2 como delito de “PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO (PROHIBIDA): La tenencia de armas de fuego o municiones careciendo de las licencias o permisos necesarios debe ser castigada con las penas siguientes: 2) De cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas o municiones prohibidas;…, No debemos olvidar que debe tomarse en cuenta también en la determinación de la pena abstracta del delito la concurrencia o ausencia de circunstancias agravantes, atenuantes o mixtas, para el caso en concreto, señalan los hechos probados realizados por el Tribunal sentenciador, dicha portación de armas de fuego prohibidas debe aumentarse en grados en un tercio (1/3), ello en aplicación de lo que establece el último párrafo del relacionado artículo 580 del Código Penal vigente por cuanto se aumenta la pena de prisión en un tercio (1/3) a quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización, es decir que la nueva pena abstracta aumentada en un tercio (1/3), es de seis (6) años a ocho (8) años de prisión. En ese orden, siguiendo con la determinación de la pena abstracta, y como consecuencia de la aplicación de lo que establece el artículo 584 numeral 1 del Nuevo Código Penal, por haberse cometido el hecho en el ámbito de un grupo delictivo, dicha pena debe ser aumentada en grados en un tercio (1/3), dando como resultado una pena abstracta de ocho (8) años a diez (10) años y ocho (8) meses de prisión.” En ese sentido, no es posible modificar en un recurso extraordinario de revisión la conducta criminal que se determinó en la sentencia en revisión, de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS PROHIBIDAS a TENENCIA DE ARMAS PROHIBIDAS, como lo pretende el recurrente. Tampoco puede dejar de observarse la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, en este caso, la agravante contenida en el artículo 584 numeral 1 de dicho cuerpo penal, lo que, como resultado de la operación aritmética, da una pena abstracta de ocho (8) a diez (10) años y ocho (8) meses de prisión, de la cual se impuso la pena mínima, siempre siguiendo los parámetros establecidos en la sentencia dictada por el tribunal sentenciador. Misma suerte corre la PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS PERMITIDAS, la cual no puede ser modificada a TENENCIA ILEGAL DE ARMAS PERMITIDAS, pena abstracta a la que también deben aplicarse las agravantes concurrentes, lo que da como resultado una pena abstracta de cinco (5) años y cuatro (4) meses a siete (7) años, un (1) mes y diez (10) días de prisión, de la cual también, siguiendo los parámetros de la sentencia en revisión, se impuso la pena mínima. En cuanto al delito de ATENTADO, es clara la sentencia dictada de fecha veintiséis (26) de agosto del dos mil veintidós (2022), específicamente en el inciso “D”, del “CONSIDERANDO TRECE (13)” el cual literalmente dice: “El artículo 570 establece para la misma conducta delictiva la pena abstracta de prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de cien (100) a trescientos (300) días. Si en los supuestos anteriores el atentado se verifica con armas, explosivos o prevaliéndose el culpable del ejercicio de funciones públicas, las penas deben ser incrementadas en un tercio (1/3). Es decir que para la determinación de la pena abstracta debe aumentarse en grados la pena en un tercio (1/3) por haberse utilizado armas de fuego, quedando la nueva pena abstracta de prisión de tres (3) a cuatro (a) años y multa de trescientos (300) a cuatrocientos (400) días…” de la cual también, siguiendo los lineamientos de la sentencia en revisión, se impuso la pena mínima. Razones por las cuales, la resolución dictada se encuentra ajustada conforme a derecho.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia y las Resoluciones que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de agosto del dos mil veintidós. VISTOS: Para dictar sentencia los Recursos de Revisión Penal interpuestos por: 1.- Los Abogados HILCIA MARIA MENCIA RIVERA y JOSE MANUEL LOPEZ, a favor del señor JULIO CESAR ESPINAL MEJÍA (Reg. 781-2020), 2.- El Abogado JULIO CESAR COLINDRES ORTEZ, a favor del señor JOSE AMILCAR LEON AMADOR (Reg. 958-2020) y 3.- La Abogada DELMY ARACELY MARQUEZ GALDAMEZ, a favor de la señora PAULA PETRONA MIDENCE MONCADA (Reg. 479-2021); Todos contra la Sentencia Condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, en fecha quince de octubre de dos mil trece, con relación a la causa que se instruyó contra los señores DIONISIO HERIBERTO SOLIS MATUTE, JOSE AMILCAR LEON AMADOR, WALTER ANDRES MIDENCE REYES, FRANCISCO RIVERA MEZA, (conocido también como JULIO CESAR ESPINAL MEJIA) EDWIN JEOVANY ACOSTA Y PAULA PETRONA MONCADA, por los delitos de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO ILEGAL, PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL, ASOCIACIÓN ILICITA, ATENTADO en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha once de mayo de dos mil once, el Abogado JAVIER EDUARDO NUÑEZ, actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores DIONISIO HERIBERTO SOLIS MATUTE, JOSE AMILCAR LEON AMADOR, WALTER ANDRES MIDENCE REYES, FRANCISCO RIVERA MEZA, EDWIN JEOVANY ACOSTA Y PAULA PETRONA MONCADA, por suponerlos responsables de los delitos de PORTACIÓN DE ARMAS ILEGAL Y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, HOMICIDIO SIMPLE EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA Y ASOCIACIÓN ILICITA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, WILLIAM IVAN TORRES VASQUEZ, OLVAN ORLANDO VALLEJO y WILSON ALEXANDER AMAYA PALMA. (Folios 01 al 04 del Tomo I de la pieza de Primera Instancia.) 2) Que seguido el procedimiento el Tribunal de Sentencia del Departamento de Olancho, dictó sentencia en fecha quince de octubre de dos mil trece, en la cual: “FALLA PRIMERO: Condenar a los ciudadanos DIONISIO HERIBERTO SOLIS MATUTE, JOSE AMILCAR LEON AMADOR, WALTER ANDRES MIDENCE RODRIGUEZ PAULA PETRONILA MIDENCE MONCADA, JULIO CESAR ESPINAL MEJIA, EDWIN JOVANY ACOSTA (conocido también como EDWIN GEOVANNY ACOSTA FUNEZ, en el presente expediente) cuyas menciones generales de identidad ha han sido citadas anteriormente, delos delitos de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL, PORTACIÓN DE ARMAS DE FUEGO ILEGALES, ATENTADO Y ASOCIACIÓN ILICITA en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, por los cuales se les había acusado. Quedando las penas de la siguiente manera: Por el delito de ASOCIACIÓN ILICITA, se les condena a una pena de DIECISEIS (16) AÑOS de RECLUSION, por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL se les condena a TRES AÑOS (3) DE RECLUSIÓN, por el delito de PORTACIÓN DE ARMAS DE FUEGO ILEGALES se les condena a OCHO (8) AÑOS DE RECLUSION, por el delito de Atentado se les condena a UN (1) AÑO DE RECLUSION, haciendo un total de VEINTIOCHO (28) AÑOS DE RECLUSION PARA CADA UNO DE LOS IMPUTADOS más MULTA DE DOSCIENTOS CUARENTA MIL LEMPIRAS (240,000.00) POR CADA UNO DE LOS IMPUTADOS pena que deberán cumplir en la Penitenciaría Nacional de Támara Francisco Morazán. SEGUNDO….…” (Folios 952 al 984 del Tomo IV de los antecedentes de primera instancia) 3) Que en fecha catorce de septiembre de dos mil veinte, comparecieron ante la Sala de lo Constitucional los Abogados HILCIA MARIA MENCIA RIVERA y JOSE MANUEL LOPEZ, presentaron recurso de revisión penal a favor del señor JULIO CESAR ESPINAL MEJIA, contra la sentencia en fecha quince de octubre de dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de Juticalpa, departamento de Olancho, (registrado en este Tribunal con el número SCO-784-2020) manifestando los recurrentes: que promueven el presente recurso para que aplique la ley más favorable de forma retroactiva, en virtud de haberse derogado el Código Penal contenido en el Decreto 144-83 de fecha 23 de agosto de 1983, y consecuentemente se aplique retroactivamente las disposiciones más favorables contenidas en el nuevo Código Penal, contenido en el Decreto Legislativo 130-2017; fundamentando su acción en los artículos 96 de la Ley de Justicia Constitucional; siendo admitido el presente recurso en fecha doce de abril de dos mil veintiuno (Folios 01 al 05 y 43 del recurso) 4) Que en fecha veintiocho de septiembre de dos mil veinte, el Abogado JULIO CESAR COLINDRES ORTEZ, compareció ante el Juzgado de Ejecución de Juticalpa, departamento de Olancho, interponiendo recurso de revisión penal a favor del señor JOE AMILCAR LEON AMADOR, contra la sentencia en fecha quince de octubre de dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de Juticalpa, departamento de Olancho, de la que se hace referencia en los numerales anteriores. En fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, el Juzgado de Ejecución ordena la remisión de las diligencias a la Sala de lo Constitucional, a efecto que conociera dicho recurso, las que fueron recibidos en la Sala en fecha veintidós de octubre de dos veinte, siendo registrado con el número SCO-958-2020, siendo admitido en fecha veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. (Folios 69 al 70, y 77 del recurso) 5) Que en fecha diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, la Abogada DELMY ARACELY MARQUEZ GALDAMEZ, compareció ante ésta Sala, interponiendo recurso de revisión penal a favor de la señora PAULA PETRONA MIDENCE MONCADA, contra la sentencia en fecha quince de octubre de dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de Juticalpa, departamento de Olancho, de la que se ha hecho relación anteriormente, en virtud de entrar en vigencia el nuevo Código Penal, y en virtud del principio de retroactividad de la Ley, por ser esta más favorable a su representada, siendo registrado el recurso con el número SCO-479-2021. En fecha uno de julio de dos mil veintiuno, la Sala tuvo por admitido el recurso del que se hace referencia. (Folios 120 al 123 y 151 del recurso) 6) Que en fecha diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, se celebró Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas en el Recurso de Recurso de Revisión No. 958-2020, ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el Abogado JULIO CESAR COLINDRES ORTEZ, en su condición de apoderado legal del señor JOSE AMILCAR LEON AMADOR, y la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017), La representante del Ministerio Público, fue de la opinión que en la causa instruida contra el señor JOSE AMILCAR LEON AMADOR, no concurre la causal de revisión invocada por el recurrente, en vista que las disposiciones en conjunto del actual Código Penal no resultan más favorables al sentenciado, en comparación a las penas que le fueron impuestas conforme al Código anterior. (Folios 80 al 83 del recurso) 7) Que en fecha dos de septiembre de dos mil veintiuno, se celebró Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas en el Recurso de Recurso de Revisión No. 479-2021, ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido la Abogada DELMY ARACELY MARQUEZ GALDAMEZ, en su condición de apoderado legal de la señora PAULA PETRONA MIDENCE MONCADA, y la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017), La representante del Ministerio Público, fue de la opinión que NO SE OTORGUE, la acción de revisión ya que en presente causa no concurre la causal de revisión invocada por la recurrente, en vista que las disposiciones en conjunto del actual Código Penal no resultan más favorables al sentenciado, en comparación a las penas que le fueron impuestas conforme al Código anterior. (Folios 174 al 177 del recurso) 8) Que en fecha veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, se celebró Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas en el Recurso de Recurso de Revisión No. 784-2020, ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido los Abogados HILCIA MARIA MENCIA RIVERA Y JOSE MANUEL LOPEZ, en su condición de apoderado legal del señor JULIO CESAR ESPINAL MEJIA, y la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017), La representante del Ministerio Público, fue de la opinión que NO SE OTORGUE, la acción de revisión ya que en presente causa no concurre la causal de revisión invocada por la recurrente, en vista que las disposiciones en conjunto del actual Código Penal no resultan más favorables al sentenciado, en comparación a las penas que le fueron impuestas conforme al Código anterior. (Folios 64 al 67 del recurso) 9) Que en fecha veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, esta Sala, una vez estudiados los recursos registrados en este Tribunal con los números 784-2020, 958-2020 y 479-2021, logra apreciar que los mismos se dirigen contra el mismo acto, por lo que consideró procedente y para efectos de mantener la unidad y continencia de la causa, que los recursos produzcan una sola sentencia, resolviendo acumular los recursos descritos. (Folio 179 del recurso de mérito) CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5]. CONSIDERANDO TRES (3): Fundamentos de los Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. Los recurrentes fundan su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. CONSIDERANDO CUATRO (4): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable, es por tanto que en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal, por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. "En el supuesto de concurso real en el que entre en acción la limitación de cumplimiento a treinta (30) años la comparación se tiene que hacer de forma global y atendiendo exclusivamente a si la suma de las condenas impuestas en sentencia superan o no el dicho límite; únicamente si alguna de las conductas que constituyeren el concurso hubiere quedado despenalizada y con las que restaren no se alcanzara la aludida limitación, se procede a la comparación individual de las penas que hubieren correspondido en una y otra legislación”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO CINCO (5): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SEIS (6): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". [6] Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO SIETE (7): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[7], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[8]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[9]. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO OCHO (8): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[10] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO NUEVE (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[11]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO DIEZ (10): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado”[12] Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas. CONSIDERANDO ONCE (11): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la República, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la República en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO DOCE (12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente los señores JULIO CESAR ESPINAL MEJIA, JOSE AMILCAR LEON AMADOR y PAULA PETRONILA MIDENCE MONCADA fueron condenados por el Tribunal de Sentencia del Departamento de Olancho, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha quince (15) de octubre del año dos mil trece (2013), por los delitos de ASOCIACIÓN ILÍCITA a la pena de DIECISEIS (16) AÑOS DE RECLUSION; por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO COMERCIAL a la pena de TRES (3) AÑOS DE RECLUSIÓN; por el delito de PORTACION DE ARMA DE FUEGO ILEGALES a la pena de OCHO (8) AÑOS DE RECLUSIÓN; por el delito de ATENTADO a la pena de UN (1) AÑO DE RECLUSIÓN; HACIENDO UN TOTAL DE VEINTIOCHO (28) AÑOS DE RECLUSIÓN PARA CADA UNO DE LOS SENTENCIADOS, más multa de DOSCIENTOS CUARENTA MIL LEMPIRAS (L.240,000.00) para cada uno de los condenados, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 332, 332A, 332B Y 344 del Código Penal decreto 144-1983, estimando que los condenados cometieron los delitos de Asociación Ilícita, Portación Ilegal de Arma de Fuego comercial, Portación Ilegal de Arma de Fuego Ilegales y Atentado. III- Esta Sala procede a revisar si el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO TRECE (13): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso a los señores JULIO CESAR ESPINAL MEJIA, JOSE AMILCAR LEON AMADOR y PAULA PETRONILA MIDENCE MONCADA, UN TOTAL DE VEINTIOCHO (28) AÑOS DE RECLUSIÓN PARA CADA UNO DE LOS SENTENCIADOS, individualizados así: por el delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA a la pena de DIECISEIS (16) AÑOS DE RECLUSION; por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO COMERCIAL a la pena de TRES (3) AÑOS DE RECLUSIÓN; por el delito de PORTACION DE ARMA DE FUEGO ILEGALES a la pena de OCHO (8) AÑOS DE RECLUSIÓN; por el delito de ATENTADO a la pena de UN (1) AÑO DE RECLUSIÓN; más multa de DOSCIENTOS CUARENTA MIL LEMPIRAS (L.240,000.00) para cada uno de los imputados más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones de los tipos penales establece lo siguiente: A) En cuanto al delito de Asociación Ilícita, contemplado en el artículo 332 del Código Penal decreto 144-1983 (derogado), establecía una pena abstracta por la comisión de ese delito, de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y multa de Cien Mil (L. 100,000.00) a Trescientos Mil (L. 300,000.00) lempiras, rebajándose la pena en un tercio cuando el imputado no sea jefe o cabecilla de la estructura criminal; versus el Código Penal Decreto 130-2017 (vigente), en su artículo 554 establece para la misma conducta delictiva la pena abstracta de penas de prisión de seis (6) a diez (10) años y multa de cien (100) a quinientos (500) días por tratarse de simples integrantes de la asociación, es decir que se ha determinado en el Nuevo Código Penal una rebaja a la pena abstracta conforme a las conductas típicas realizadas por los sentenciados. B) En cuanto al delito de Fabricación y tráfico de material de guerra, armas y municiones. Establece el artículo 332A del Código Penal, decreto 144-1983 (derogado) lo siguiente: “La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, será sancionada con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (lps. 5, 000.00) a diez mil (lps. 10, 000.00) lempiras por cada arma incautada…” Es decir que el Código Penal decreto 144-1983 derogado, establecía una pena abstracta por la comisión de ese delito, de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de multa de cinco mil (lps. 5, 000.00) a diez mil (lps. 10, 000.00) lempiras por cada arma incautada…; versus el Código Penal vigente Decreto 130-2017 conforme a la conducta típica establecida en los hechos probados en la sentencia revisada, señala en el artículo 580 numeral 2 como delito de “PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO (PROHIBIDA): La tenencia de armas de fuego o municiones careciendo de las licencias o permisos necesarios debe ser castigada con las penas siguientes: 2) De cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas o municiones prohibidas;…, Tomándose en cuenta también en la determinación de la pena abstracta del delito la concurrencia o ausencia de circunstancias agravantes, atenuantes o mixtas. Para el caso en concreto, señalan los hechos probados realizados por el Tribunal sentenciador, dicha portación de armas de fuego son prohibidas por lo tanto la pena debe aumentarse en un tercio (1/3), ello en aplicación de lo que establece el último párrafo del relacionado artículo 580 del Código Penal vigente [por cuanto se aumenta la pena de prisión en un tercio (1/3) a quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización], es decir que la nueva pena abstracta aumentada en un tercio (1/3), es de seis (6) años a ocho (8) años de prisión. En ese orden de ideas, siguiendo con la determinación de la pena abstracta, y como consecuencia de la aplicación de lo que establece el artículo 584 numeral 1 del Nuevo Código Penal, por haberse cometido el hecho en el ámbito de un grupo delictivo, dicha pena debe ser aumentada en un tercio (1/3), dando como resultado una pena abstracta de ocho (8) años a diez (10) años y ocho (8) meses de prisión. En relación a esta conducta y tipificación no se observa una benignidad del nuevo Código Penal en comparación con el Código Penal derogado. C) En cuanto al delito de “Fabricación y tráfico de armas de fuego y municiones comerciales, de defensa personal o deportivas y explosivos comerciales” establecía el artículo 332B del Código Penal decreto 144-83 (derogado), que “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión sin perjuicio del comiso de dicha armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas. Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial.” Es decir que el Código Penal decreto 144-1983 derogado, establecía una pena abstracta por la comisión de ese delito, de tres (3) a seis (6) años de reclusión; versus el Código Penal vigente Decreto 130-2017 que señala en el artículo 580 numeral 1, conforme a su construcción típica, como delito de “PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO (PERMITIDA): La tenencia de armas de fuego o municiones careciendo de las licencias o permisos necesarios debe ser castigada con las penas siguientes: 1) De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas;…, De igual manera, no debemos olvidar que debe tomarse en cuenta también en la determinación de la pena abstracta del delito la concurrencia o ausencia de circunstancias agravantes, atenuantes o mixtas, para el caso en concreto, según los hechos probados realizados por el Tribunal sentenciador, dicha portación de armas de fuego permitidas debe aumentarse en un tercio (1/3), ello en aplicación de lo que establece el último párrafo del relacionado artículo 580. Es decir que la nueva pena abstracta aumentada en un tercio (1/3), es de cuatro (4) años a cinco (5) años y cuatro (4) meses de prisión. En ese orden, siguiendo con la determinación de la pena abstracta, y como consecuencia de la aplicación de lo que establece el artículo 584 numeral 1 del Nuevo Código Penal, por haberse cometido el hecho en el ámbito de un grupo delictivo, dicha pena debe ser aumentada en grados en un tercio (1/3), dando como resultado una pena abstracta de cinco (5) años y cuatro (4) meses a siete (7) años, un (1) mes y diez (10) días de prisión. En esta conducta típica no es palmario la benignidad del nuevo Código Penal. D) En cuanto al delito de Atentado, contenido en el artículo 343 y 344 del Código Penal decreto 144-1983 (derogado), establecen lo siguiente: “Artículo 343. Cometen atentado: 1)… 2) Quienes acometieren a la autoridad o a sus agentes, o emplearen fuerza contra ellos, o los intimidaren gravemente, o les hicieren resistencia también grave, mientras se hallaren ejerciendo las funciones de sus cargos o con ocasión de ellos. Artículo 344. Los atentados comprendidos en el artículo anterior, serán castigados con la pena de reclusión de uno (1) a tres (3) años, siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1) Si la agresión se verificare a mano armada. 2) Si los inculpados fueren funcionarios. 3) Si pusieren manos en la autoridad. 4) Si por consecuencia de la coacción, la autoridad hubiere accedido a las exigencias de los imputados.” Es decir que el Código Penal decreto 144-1983 derogado, establecía una pena abstracta por la comisión de ese delito, de uno (1) a tres (3) años de reclusión, versus el Código Penal Decreto 130-2017 (vigente), en su artículo 570 establece para la misma conducta delictiva la pena abstracta de prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de cien (100) a trescientos (300) días. Si en los supuestos anteriores el atentado se verifica con armas, explosivos o prevaliéndose el culpable del ejercicio de funciones públicas, las penas deben ser incrementadas en un tercio (1/3). Es decir que para la determinación de la pena abstracta debe aumentarse la pena en un tercio (1/3) por haberse utilizado armas de fuego, quedando la nueva pena abstracta de prisión de tres (3) a cuatro (a) años y multa de trescientos (300) a cuatrocientos (400) días. Es manifiesto que en el análisis de esta conducta se concluye que el nuevo Código Penal no arroja una pena más benigna. II. Haciendo una ponderación de todos los tipos penales y comparándolos con ambos Códigos, es patente que el Código Penal decreto 130-2017 solo representa benignidad en ciertas conductas delictivas. Empero, la existencia de un mismo sujeto realizando dos (2) o más acciones u omisiones y infringiendo una misma norma penal varias veces o varias normas penales, da lugar a un concurso real. Como consecuencia de ello la valoración en esta revisión debe hacerse de manera global, es decir sumar el total de pena correspondiente. Aplicando cada Código Penal y según el resultado, determinar cuál le es más favorable a los sentenciados. En el caso que nos ocupa al revisar la totalidad de la pena a imponer, es patente que el Código Penal decreto 130-2017 es las favorable a los sentenciados. III. Los encausados, al tenor de los artículos 554, 570, 580 numeral 1 y 580 numeral 2 cometieron los delitos de Asociación Para Delinquir, Tenencia o Porte Ilegal de Armas de Fuego (Permitidas), Tenencia o Porte Ilegal de Armas de Fuego (Prohibidas) y Atentado. Dichos preceptos legales encuadran con los hechos probados esbozados en la sentencia revisada (folio 960 vuelto al 962 frente de la pieza del Tribunal sentenciador). IV. Por lo tanto en vista de que las circunstancias de los hechos manifiestan concurrencia de agravantes o atenuantes, circunstancias estas que son modificativas del delito reconocidas en la nueva norma penal; siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal, haciendo usanza de las fórmulas estatuidas en el Código Penal vigente, y haciendo uso de la fundamentación plasmada en la sentencia revisada, y replicando los parámetros dictados por el juzgador primario, donde a los encausados se les impuso la pena mínima por los delitos de Portación Ilegal de arma de fuego de uso comercial, Portación Ilegal de arma de fuego Prohibidas y Atentado y la pena media por el delito de Asociación Ilícita, se debe imponer a los encausados las penas siguientes: A) Por el delito de Asociación Para Delinquir la pena de ocho (8) años de prisión y multa de doscientos cincuenta (250) días.- B) Por el delito de Tenencia o Porte Ilegal de Armas de Fuego (Permitida) la pena de cinco años cuatro meses de prisión y localización permanente de un año.- C) Por el delito de Tenencia o Porte Ilegal de Armas de Fuego (Prohibida) la pena de ocho (8) años de prisión y localización permanente de un año.- D) Por el delito de Atentado la pena de tres (3) años de prisión y multa de trescientos (300) días. Haciendo un total de VEINTICUATRO (24) AÑOS CUATRO MESES DE PRISIÓN Y MULTA DE QUINIENTOS CINCUENTA (550) DÍAS. Y LOCALIZACIÓN PERMANENTE DE DOS AÑOS MAS LAS PENAS ACCESORIAS CORRESPONDIENTES. V. En relación a la multa por el impacto de la conducta criminal y en atención a lo dispuesto en el artículo 53 del Código Penal decreto 130-2017, se debe imponer multa de cuatrocientos lempiras (L. 400.00) por día. VI. En consecuencia, en observancia del artículo 616 del nuevo Código Penal y 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, procede la revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo computo de la pena, con abono del tiempo que los sentenciados hayan estado en prisión; Tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por los Abogados HILCIA MARIA MENCIA RIVERA y JOSE MANUEL LOPEZ a favor del señor JULIO CESAR ESPINAL MEJIA; Por el Abogado JULIO CESAR COLINDRES ORTIZ, a favor del señor JOSE AMILCAR LEON AMADOR, conocido también como JOSE AMILCAR LEON GOMEZ; y por la Abogada DELMY ARACELY MARQUEZ GALDAMEZ a favor de la señora PAULA PETRONA MIDENCE MONCADA; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por TRIBUNAL DE SENTENCIA DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, en fecha quince (15) de octubre del años dos mil trece (2013); y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta a los señores JULIO CESAR ESPINAL MEJIA, JOSE AMILCAR LEON AMADOR, conocido también como JOSE AMILCAR LEON GOMEZ y PAULA PETRONA MIDENCE MONCADA, por los delitos de ASOCIACION ILÍCITA, PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL, PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO ILEGALES Y ATENTADO, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO a los señores JULIO CESAR ESPINAL MEJIA, JOSE AMILCAR LEON AMADOR, conocido también como JOSE AMILCAR LEON GOMEZ y PAULA PETRONA MIDENCE MONCADA, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por los delitos de ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR LA PENA DE OCHO (8) AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA DE DOSCIENTOS CINCUENTA (250) DÍAS.- B) Por el delito de TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO (PERMITIDA) LA PENA DE CINCO (5) AÑOS Y CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN y localización permanente de un año.- C) Por el delito de TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO (PROHIBIDA) LA PENA DE OCHO (8) AÑOS DE PRISIÓN y localización permanente de un año.- y; D) Por el DELITO DE ATENTADO LA PENA DE TRES (3) AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA DE TRESCIENTOS (300) DÍAS. Haciendo un total de VEINTICUATRO (24) AÑOS CUATRO MESES DE PRISIÓN Y MULTA DE QUINIENTOS CINCUENTA (550) DÍAS A RAZON DE CUATROCIENTOS LEMPIRAS (L.400.00) POR DÍA, Y LOCALIZACIÓN PERMANENTE DE DOS AÑOS, MAS LAS PENAS ACCESORIAS CORRESPONDIENTES POR EL TIEMPO QUE DURE LA CONDENA. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y ORDENA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo de pena y proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del distrito Central, trece de octubre del dos mil veintidós. VISTO: El recurso de reposición interpuesto por la Abogada DELMY ARACELY MARQUEZ GALDAMEZ, actuando en su condición de Apoderada Legal de la señora PAULA PETRONA MIDENCE MONCADA; mediante un escrito intitulado: “SE INTERPONE RECURSO DE REPOSICIÓN” impetrado contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil veintidós (2022) y por la cual se falla declarando con lugar la Garantía Constitucional de Revisión Penal Acumuladas, interpuesta por los abogados HILCIA MARIA MENCIA RIVERA y JOSE MANUEL LOPEZ, a favor del señor JULIO CESAR ESPINAL MEJIA; Por el abogado JULIO CESAR COLINDRES ORTEZ, a favor del señor JOSE AMILCAR LEON AMADOR, conocido también como JOSE AMILCAR LEON GOMEZ; y por la Abogada DELMY ARACELY MARQUEZ GALDAMEZ a favor de la señora PAULA PETRONA MIDENCE MONCADA.- CONSIDERANDO UNO (1): Que consta de los antecedentes del presente recurso, que la garantía de Revisión de mérito fue presentada en fecha diecinueve (19) de mayo del año dos mil veintiuno (2021) y recaída sentencia en fecha veintiséis (26) de agosto del dos mil veintidós (2022). CONSIDERANDO DOS (2): Que conforme lo establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabrá el recurso de reposición, mismo que podrá ser interpuesto en el acto de la notificación o al día siguiente hábil al de su notificación por la tabla de avisos del despacho. CONSIDERANDO TRES (3): Que, vista la petición de la recurrente, se aprecia de la misma que éste considera como motivo de reposición que se impusieron penas más gravosas que empeoran la situación jurídica de la persona condenada o imputada en contravención de los principios de legalidad y retroactividad, entre otros, y además para fines ilustrativos elabora una comparativa entre la sentencia definitiva dictada por el Tribunal de Sentencia del departamento de Olancho de fecha quince (15) de octubre del año dos mil trece (2013) que fue objeto de revisión y la resolución emitida por esta Honorable Sala Constitucional de la siguiente manera: “1. Por el delito de portación ilegal de armas de fuego comercial una pena de TRES (3) AÑOS DE RECLUSION siendo agravada o empeorada con el fallo emitido por la Honorable Sala Constitucional de cinco (5) años y cuatro (4) meses de prisión y localización permanente de un (1) año. 2.- Por el delito de ATENTADO, una pena de UN (1) año de reclusión siendo agravada o empeorada con el fallo por la Honorable Sala Constitucional 3 años de prisión y una multa de 300 días, dicho delito no fue impuesto con ninguna pena accesoria de MULTAS lo cual lo hizo más gravoso. CUARTO: Que, haciendo un análisis de la condena impuesta, ya que el fallo de la Sala Constitucional de fecha 26 de agosto del 2022 PARCIALMENTE ANULO la sentencia Definitiva dictada por el Tribunal de Sentencia del Departamento de Olancho de fecha 15 de octubre de 2013 y MODIFICA LA PENA IMPUESTA UNICAMENTE POR EL DELITO DE ASOCIACION ILÍCITA A OCHO (8) AÑOS DE PRISION y una multa de 250 días los demás delitos deberán ser aplicados tal como se quedó contemplado en el fallo emitido por el Tribunal de Sentencia del Departamento de Olancho”. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que lo que pretende la recurrente se denomina como fragmentación de dos (2) normas, es decir, pretende que se tome en cuenta una de ellas que considera que le favorece y que se rechace la que le perjudique a los intereses de su representada, situación que de ser aplicada conllevaría a la declaración de la improcedencia de la acción (Artículo 616 del Código Penal Vigente Decreto 130-2017). No obstante, esta Sala Constitucional al realizar el estudio de la sentencia en revisión de fecha quince (15) de octubre del dos mil trece (2013), y haciendo uso del principio de legalidad y principio pro homine, dispuso al realizar la ponderación de todos los tipos penales y comparándolos con ambos códigos, que era manifiesto que el Código Penal decreto 130-2017 solo representa benignidad en ciertas conductas delictivas. Empero, la existencia de un mismo sujeto realizando dos (2) o más acciones u omisiones e infringiendo una misma normal penal varias veces o varias normas penales, da lugar a un concurso real, [tal como fue apreciado por el tribunal sentenciador]. Como consecuencia de ello la valoración debe hacerse de manera global, es decir sumar el total de pena correspondiente. Aplicando cada Código Penal y según el resultado, determinar cuál le es más favorable a los sentenciados. En el caso que nos ocupa al revisar la totalidad de la pena a imponer, es patente que el Código Penal Decreto 130-2017 es más favorable a los sentenciados. (ver considerando trece (13) número romano “II” de la sentencia de fecha veintiséis (26) de agosto del dos mil veintidós). En ese sentido la sumatoria de pena con el Código Penal derogado Decreto 144-1983 resulta un total de VEINTIOCHO AÑOS DE RECLUSIÓN, mientras que la sumatoria de pena con el Código Penal vigente Decreto 130-2017 resulta un total de VEINTICUATRO (24) AÑOS Y CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN. En cuanto a la pena multa se impuso un total de quinientos cincuenta (550) días a razón de cuatrocientos lempiras (L.400.00) por día, comparado con la pena de multa anteriormente impuesta de DOSCIENTOS CUARENTA MIL LEMPIRAS (L.240,000.00) resulta también una benignidad en dicha pena. Motivos por los cuales no se consideran más gravosas las penas impuestas conforme al Nuevo Código Penal Decreto 130-2017 y por la cual fue declarada con lugar dicha garantía constitucional. Consecuentemente la resolución dictada se encuentra ajustada conforme a derecho. -CONSIDERANDO CINCO (5): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 y 321 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 Nº 7 y Nº 8, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de reposición interpuesto por la Abogada DELMY ARACELY MARQUEZ GALDAMEZ, contra el fallo de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil veintidós (2022), por las razones de hecho y derecho que se dejan ya señaladas.- Y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del distrito central, trece de octubre del año dos mil veintidós. VISTO: El recurso de reposición interpuesto por el Abogado JULIO CESAR COLINDRES ORTEZ, actuando en su condición de Apoderado Legal del señor JOSE AMILCAR LOPEZ AMADOR; mediante un escrito intitulado: “SE INTERPONE RECURSO DE REPOSICIÓN” impetrado contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil veintidós (2022) y por la cual se falla declarando con lugar la Garantía Constitucional de Revisión Penal Acumuladas, interpuesta por los abogados HILCIA MARIA MENCIA RIVERA y JOSE MANUEL LOPEZ, a favor del señor JULIO CESAR ESPINAL MEJIA; Por el abogado JULIO CESAR COLINDRES ORTEZ, a favor del señor JOSE AMILCAR LEON AMADOR, conocido también como JOSE AMILCAR LEON GOMEZ; y por la Abogada DELMY ARACELY MARQUEZ GALDAMEZ a favor de la señora PAULA PETRONA MIDENCE MONCADA.- CONSIDERANDO UNO (1): Que consta de los antecedentes del presente recurso, que la garantía de Revisión de mérito fue presentada en fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil veinte (2020) y recaída sentencia en fecha veintiséis (26) de agosto del dos mil veintidós (2022). CONSIDERANDO DOS (2): Que conforme lo establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabrá el recurso de reposición, mismo que podrá ser interpuesto en el acto de la notificación o al día siguiente hábil al de su notificación por la tabla de avisos del despacho. CONSIDERANDO TRES (3): Que, vista la petición del recurrente, se aprecia de la misma que éste considera como motivo de reposición que se ponderó erróneamente las penas por los delitos de TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO (PERMITIDAS), TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO (PROHIBIDAS) y por el delito de ATENTADO, al considerar que se aplicaron penas excesivas a los límites establecidos por la nueva ley penal. Esgrime como argumentos: “Lo que se recurre es lo siguiente: Por el delito de TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO (PERMITIDAS) se condenó originalmente a mi representado a la pena de tres años de reclusión, la pena en el nuevo código penal es de uno (1) a cuatro (4) años de reclusión (artículo 580 numeral 1) pero lo cuestionable es que lo condenan a cinco (5) años cuatro (4) meses de reclusión, excediéndose de los rangos establecidos en la ley. Por el delito de TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO (PROHIBIDAS), se condenó originalmente a mi representado a la pena de ocho años de reclusión, la pena en el nuevo código penal es de cuatro (4) a seis (6) años de reclusión (artículo 580 numeral 2) pero lo cuestionable es que lo condenan a ocho años de reclusión, excediéndose de los rangos establecidos en la ley. Por el delito de ATENTADO se condenó originalmente a mi representado a la pena de un año de reclusión, la pena en el nuevo Código Penal es de uno a tres años de reclusión y multa de cien a trescientos días (artículo 570), pero lo cuestionable es que lo condenan a tres años de reclusión o sea dos años más de la pena original.” CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la nueva ley penal, es decir, el Código Penal vigente mediante Decreto Legislativo número 130-2017, prevé una serie de reglas que deben acatarse en el proceso de ponderación para la determinación de la ley más favorable (Artículo 616). Entre dichas normas encontramos que para determinar cuál sea la ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En ese sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique… la comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes. Tampoco puede variarse la intangibilidad de la sentencia en revisión. En obediencia a lo anteriormente establecido, en la resolución que se recurre se determinó lo siguiente: “CONSIDERANDO TRECE (13):…el Código Penal vigente Decreto 130-2017 conforme a la conducta típica establecida en los hechos probados en la sentencia revisada, señala en el artículo 580 numeral 2 como delito de “PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO (PROHIBIDA): La tenencia de armas de fuego o municiones careciendo de las licencias o permisos necesarios debe ser castigada con las penas siguientes: 2) De cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas o municiones prohibidas;…, No debemos olvidar que debe tomarse en cuenta también en la determinación de la pena abstracta del delito la concurrencia o ausencia de circunstancias agravantes, atenuantes o mixtas, para el caso en concreto, señalan los hechos probados realizados por el Tribunal sentenciador, dicha portación de armas de fuego prohibidas debe aumentarse en grados en un tercio (1/3), ello en aplicación de lo que establece el último párrafo del relacionado artículo 580 del Código Penal vigente por cuanto se aumenta la pena de prisión en un tercio (1/3) a quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización, es decir que la nueva pena abstracta aumentada en un tercio (1/3), es de seis (6) años a ocho (8) años de prisión. En ese orden, siguiendo con la determinación de la pena abstracta, y como consecuencia de la aplicación de lo que establece el artículo 584 numeral 1 del Nuevo Código Penal, por haberse cometido el hecho en el ámbito de un grupo delictivo, dicha pena debe ser aumentada en grados en un tercio (1/3), dando como resultado una pena abstracta de ocho (8) años a diez (10) años y ocho (8) meses de prisión.” En ese sentido, no es posible modificar en un recurso extraordinario de revisión la conducta criminal que se determinó en la sentencia en revisión, de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS PROHIBIDAS a TENENCIA DE ARMAS PROHIBIDAS, como lo pretende el recurrente. Tampoco puede dejar de observarse la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, en este caso, la agravante contenida en el artículo 584 numeral 1 de dicho cuerpo penal, lo que, como resultado de la operación aritmética, da una pena abstracta de ocho (8) a diez (10) años y ocho (8) meses de prisión, de la cual se impuso la pena mínima, siempre siguiendo los parámetros establecidos en la sentencia dictada por el tribunal sentenciador. Misma suerte corre la PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS PERMITIDAS, la cual no puede ser modificada a TENENCIA ILEGAL DE ARMAS PERMITIDAS, pena abstracta a la que también deben aplicarse las agravantes concurrentes, lo que da como resultado una pena abstracta de cinco (5) años y cuatro (4) meses a siete (7) años, un (1) mes y diez (10) días de prisión, de la cual también, siguiendo los parámetros de la sentencia en revisión, se impuso la pena mínima. En cuanto al delito de ATENTADO, es clara la sentencia dictada de fecha veintiséis (26) de agosto del dos mil veintidós (2022), específicamente en el inciso “D”, del “CONSIDERANDO TRECE (13)” el cual literalmente dice: “El artículo 570 establece para la misma conducta delictiva la pena abstracta de prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de cien (100) a trescientos (300) días. Si en los supuestos anteriores el atentado se verifica con armas, explosivos o prevaliéndose el culpable del ejercicio de funciones públicas, las penas deben ser incrementadas en un tercio (1/3). Es decir que para la determinación de la pena abstracta debe aumentarse en grados la pena en un tercio (1/3) por haberse utilizado armas de fuego, quedando la nueva pena abstracta de prisión de tres (3) a cuatro (a) años y multa de trescientos (300) a cuatrocientos (400) días…” de la cual también, siguiendo los lineamientos de la sentencia en revisión, se impuso la pena mínima. Razones por las cuales, la resolución dictada se encuentra ajustada conforme a derecho.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 y 321 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 Nº 7 y Nº 8, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado JULIO CESAR COLINDRES ORTEZ, contra el fallo de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil veintidós (2022), por las razones de hecho y derecho que se dejan ya señaladas.- Y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de diciembre de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha veintiséis de agosto de dos mil veintidós y las resoluciones de fecha trece de octubre de dos mil veintidós, recaídas en los Recursos de Revisión Penal Acumulados registrados en este Tribunal con los números SCO-784-958-2020 y 479-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.

[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.

[3]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[4]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[5]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[6] ZAFFARONI, E., Estructura Básica del Derecho Penal. Editorial Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2009. Pág. 41.

[7] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[8] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[9] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.

[10] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.

[11] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.

[12] Cury, Enrique; (N° 5); Capítulo II, La Ley Penal y su Vigencia; pág. 228.