Sentencia RP-782-21 — Registro 15935
Resumen
Se interpuso recurso de revisión penal contra la sentencia condenatoria con relación a la causa que se instruyó contra la por el delito de operaciones financieras ilícitas continuadas en perjuicio de Banco Lafise S.A.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“IV. En este orden de ideas, en repuesta a lo peticionado por la recursista y en consonancia con la opinión del Ministerio Público, el Código Penal decreto 130-2017 no contempla un delito con el nomen iuris de OPERACIONES FINANCIERAS ILICITAS, empero si describe la conducta realizada por la sentenciada, la señora ALBA PATRICIA NAVARRO RAUDALES. La acción ilícita descrita en el apartado del hecho probado del fallo se subsume en el delito de ESTAFA. Por lo tanto, el delito sigue siendo objeto de una reacción penal ya que la conducta sigue siendo criminalizada. V. En el caso que nos ocupa, haciendo la revisión con identidad de circunstancias en relación a los fundamentos de derecho de la sentencia, donde se impuso la pena mínima a la sentenciada y siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación y análisis de la sentencia en revisión, se concluye que a la imputada se le debe imponer la pena de prisión de cuatro (4) años por el delito de Estafa Continuada. VI. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión, por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor de la señora ALBA PATRICIA NAVARRO RAUDALES de una norma vigente que le resulta más benigna VII. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y computo de una nueva penal”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 101, Numeral 4 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de diciembre del dos mil veintidós.-VISTO: Para dictar sentencia el recurso de revisión penal interpuesto por la Abogada ROSA ZUNIGA BARRIENTOS a favor de la señora ALBA PATRICIA NAVARRO RAUDALES, contra la sentencia condenatoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha cuatro de abril de dos mil dieciocho, con relación a la causa que se instruyó contra la señora ALBA PATRICIA NAVARRO RAUDALES, por el delito de OPERACIONES FINANCIERAS ILICITAS CONTINUADAS en perjuicio de BANCO LAFISE S.A.- ANTECEDENTES:1) Que en fecha veintiocho (28) de julio de dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, la Abogada IVETH ONDINA GOMEZ VALDEZ, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra la señora ALBA PATRICIA NAVARRO RAUDALES, por el delito de OPERACIONES FINANCIERAS ILICITAS CONTINUADAS en perjuicio de BANCO LAFISE S.A. (Folios 01-11 de la pieza del A-Quo).-2) Que continuado que fue el proceso, en fecha cuatro (04) de abril de dos mil dieciocho (2018), el Juzgado antes citado dictó Sentencia Condenatoria mediante la cual Falló: (SIC): “PRIMERO: CONDENAR a ALBA PATRICIA NAVARRO RAUDALES, de generales ya conocidas, en concepto de autor del delito de OPERACIONES ILICITAS FINANCIERAS CONTINUADAS, a la pena de SIETE (7) AÑOS, SEIS (6) MESES DE RECLUSION y una MULTA de CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL, CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (L.422,459.69) y a su ves se le condena a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la condena. SEGUNDO: No procede la condena de ALBA PATRICIA NAVARRO RAUDALES en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. TERCERO: Habiéndose constatado el decomiso de piezas de convicción ante esta Judicatura mismos que se encuentran en el almacén de evidencias del Ministerio Público.” (Folios 380-383 de la pieza del A-Quo).-3) Que la Abogada ROSA ZUNIGA BARRIENTOS compareció ante este Tribunal en fecha veintinueve (29) de julio de dos mil veintiuno (2021), presentando recurso de revisión penal a favor de la señora ALBA PATRICIA NAVARRO RAUDALES, contra la sentencia condenatoria contra la Sentencia Condenatoria dictada por el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro (04) de abril de dos mil dieciocho (2018), fundamentando su acción en el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folios 01-09 del recurso de mérito).-4) Que en fecha veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenándose en consecuencia la celebración de la Audiencia respectiva. (Folio 17 del recurso de mérito).-5) Que en fecha tres (03) de agosto de dos mil veintidós (2022), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido la Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la Abogada ROSA ZUNIGA BARRIENTOS en su condición de Apoderada Legal de la señora ALBA PATRICIA NAVARRO RAUDALES, en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017), La representante del Ministerio Público, fue de la opinión porque SE OTORGUE la presente acción de revisión. (Folios 39-42 del recurso de mérito).-CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada.-CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5].-CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. La recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Retroactividad de la ley. La palabra “retroactividad”, deriva del latín, significa “retro agüere” accionar, hacia atrás, obrar hacía atrás. De acuerdo con las fuentes romanas se acude a varias expresiones: “retroagitur”, “reducitur” o “res retroducitur” y activus, que produce efectos y por tanto significa actuar sobre el pasado. Suárez Collía, la define “en una sucesión temporal de leyes, la aplicación de la norma jurídica nueva, a supuestos de hecho, actos, relaciones y/o situaciones jurídicas nacidas o constituidas con anterioridad a su entrada en vigor y que tuvieron su origen bajo el imperio de otra norma derogada”[6] .-CONSIDERANDO CINCO (5): Manifestando las partes en audiencia. El recurrente “represento a la señora Ana Patricia Navarro quien fue acusada por el delito de operaciones financieras ilícitas continuadas según el artículo 394 A y 395 Q en fecha cuatro de abril de dos mil dieciocho, condenada a una pena de siete años seis meses más una multa de 422,456.60 lempiras y la inhabilitación absoluta e interdicción civil, prohibición de salir del país y concurrir a determinados lugares, en la actualidad con la medida cautelar dictada en fecha veintisiete de abril de dos mil veinte en base al artículo 173 numeral 3 del Código Procesal Penal. En el Código Penal de 1983, decreto 144-83 derogado con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal y según decreto 130-2017 de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, publicado en el Diario oficial La Gaceta número 34,340 de fecha diez de mayo de dos mil diecinueve y su vigencia a partir del veinticinco de junio dos mil veinte, se deroga el delito de operaciones financieras ilícitas continuadas, no se estipula esta figura y los artículos aplicados en la sentencia a mi representada. Si bien es cierto, el artículo 96 de nuestra Constitución establece que la ley no tiene efecto retroactivo, pero si favorece al reo, su retroactividad en materia penal y reza así: la ley no tiene efecto retroactivo excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado, recogiendo así los requisitos básicos que esta persona ya ha realizado un hecho definido como delito sancionado, de igual manera nuestro Código Penal vigente en su artículo 615 ya se establece la retroactividad de la ley penal más favorable al reo, la Ley Sobre Justicia Constitucional en su artículo 3 numeral 4 faculta a esta Sala para el conocimiento de estas acciones referentes a la justicia constitucional y la revisión, articulo 9 numeral 4 de la competencia de la revisión.” Manifestado la fiscal del Ministerio Publico: De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales en ese sentido la norma penal derogada instituía el delito por el cual fue condenada la señora ALBA PATRICIA NAVARRO RAUDALES el artículo 394 D: “Quien utilizando cualquier medio, en beneficio propio o de un tercero, se apodere, haga uso indebido u ocasione la trasferencia ilícita de dineros, valores, bienes u otros derechos de una institución supervisada, autorizada a cualquier persona natural o jurídica será sancionado con reclusión de tres (3) a seis (6) años cuando el monto del beneficio no exceda de Diez Mil (Lps. 10,000.00) lempiras y Seis (6) a doce (12) años cuando exceda de dicho monto. El artículo 37 estipulaba lo siguiente: Cuando se cometa un mismo delito contra la propiedad dos (2) o más veces, bien sea en un solo momento o en momentos diversos mediante acciones u omisiones, ejecutadas en cumplimiento de un plan preconcebido o aprovechándose de idénticas o similares circunstancias, dichos delitos se consideraran como un solo continuado.- En tal situación se aplicará al agente la pena más grave, aumentada en 2/3 tercios.- En este orden de ideas, debemos acotar que si bien el nuevo ordenamiento Penal, no define como tal el delito por el cual fue sentenciada la señora ALBA PATRICIA NAVARRO RAUDALES, no menos cierto es, que la acción ilícita descrita en el apartado del Hecho Probado del fallo, se subsume en el delito de ESTAFA estipulado en el artículo 365 numeral 1) Quien con el propósito de obtener un provecho ilícito consigue la transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de tercero, mediante una manipulación informática o el uso de otro artificio semejante. 2) …. El delito de estafa debe ser castigado con la pena de dos (2) a cuatro (4) años si el valor de defraudado, excede de Cinco Mil Lempiras (L.5000.00). De igual manera la pena de 2 a 4 años, debe de agravarse en 2/3 al concurrir las agravantes dispuestas en el artículo 366 numerales: 3) Los hechos revisten especial gravedad por la cuantía defraudada. 5) Los hechos se cometen en el ámbito del sector financiero; resultando así una pena de 4 años a 6 años con 8 meses de prisión, la cual, a su vez debe ser disminuida en un ¼ por haberse sometido a Procedimiento Abreviado, correspondiendo una nueva abstracta de tres (3) a cuatro (4) años.- Por lo antes expuesto, esta representación fiscal estima que en la presente solicitud de revisión, corresponde aplicar la causal de revisión invocada por el recurrente, en vista que las disposiciones en conjunto del actual Código Penal, resultan más favorables a la sentenciada, en comparación a las penas que le fueron impuestas conforme el Código anterior.- VII. OPINIÓN: El Ministerio Público, con base a lo antes expuesto, es del parecer QUE SE OTORGUE la presente acción de revisión.-CONSIDERANDO SEIS (6): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. La revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel secundario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización. En el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. “Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". [7] Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[8], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[9]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena mas leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[10]. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[11] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”.-CONSIDERANDO ONCE (11): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[12]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley.-CONSIDERANDO DOCE (12): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo.-CONSIDERANDO TRECE (13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señora ALBA PATRICIA NAVARRO RAUDALES fue condenada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE TEGUCIGALPA, mediante la sentencia definitiva de fecha cuatro de abril del año dos mil dieciocho, a la pena de SIETE AÑOS, SEIS MESES DE RECLUSIÓN y MULTA DE CUATRICIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (L. 422,459.69) por el delito de OPERACIONES ILICITAS FINANCIERAS CONTINUADAS en perjuicio de BANCO LAFISE HONDURAS S.A., más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure las penas principales. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 394 A Y D; del Código Penal decreto 144-1983. III- Esta Sala considera que el caso sub examine encaja en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho.-CONSIDERANDO CATORCE (14): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso a la señora ALBA PATRICIA NAVARRO RAUDALES a la pena de SIETE AÑOS CON SEIS MESES DE RECLUSIÓN y MULTA DE CUATRICIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (L. 422,459.69) por el delito de OPERACIONES FINANCIERAS CONTINUADAS; más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL. I. En el presente Recurso de Revisión Penal se procede revisar la benignidad del nuevo Código Penal en cuanto a sus penas y cuando es patente que la conducta sancionada con el Código Penal derogado es más beneficiosa se procede a la aplicación de la nueva norma penal. Por tanto, la Sala de lo Constitucional no puede hacer valoraciones de medios de prueba evacuados o reformar la fundamentación jurídica y hechos probados sancionados por el juzgador primario. Por la razón de que el Recurso de Revisión Penal por aplicación de una ley penal más benigna es un recurso excepcional no un recurso extraordinario de instancia o devolutivo, además haciendo uso de la integración de la norma penal, en cuanto a la Revisión Penal se establecen pautas a seguir, teniendo como base tomar el hecho concreto sometido a enjuiciamiento y aplicar a ese hecho ambas normas penales. II. El hecho probado que corre a folio 381 del expediente del juzgado de letras encaja con la conducta descrita en el artículo 365 y 366 del Código Penal decreto 130-2017. III. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en cuanto al delito de OPERACIONES FINANCIERAS ILICITAS CONTINUADAS, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, expresaba en su artículo 394 D: “Quien utilizando cualquier medio, en beneficio propio o de un tercero, se apodere, haga uso indebido u ocasione la trasferencia ilícita de dineros, valores, bienes u otros derechos de una institución supervisada, autorizada a cualquier persona natural o jurídica será sancionado con reclusión de tres (3) a seis (6) años cuando el monto del beneficio no exceda de Diez Mil (Lps. 10,000.00) lempiras y Seis (6) a doce (12) años cuando exceda de dicho monto. El artículo 37 estipulaba lo siguiente: Cuando se cometa un mismo delito contra la propiedad dos (2) o más veces, bien sea en un solo momento o en momentos diversos mediante acciones u omisiones, ejecutadas en cumplimiento de un plan preconcebido o aprovechándose de idénticas o similares circunstancias, dichos delitos se considerarán como un solo continuado. En tal situación se aplicará al agente la pena más grave, aumentada en 2/3 tercios. El nuevo Código Penal contempla esa misma acción bajo el delito de Estafa en el artículo 365 numeral 1) que literalmente dice: “Quien con el propósito de obtener un provecho ilícito consigue la transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de tercero, mediante una manipulación informática o el uso de otro artificio semejante. 2) …. El delito de estafa debe ser castigado con la pena de dos (2) a cuatro (4) años si el valor de defraudado excede de Cinco Mil Lempiras (L.5000.00). De igual manera la pena de 2 a 4 años debe de agravarse en 2/3 al concurrir dos de las agravantes dispuestas en el artículo 366 numerales: en el caso que nos ocupa concurren las siguientes: 3) Los hechos revisten especial gravedad por la cuantía defraudada. 5) Los hechos se cometen en el ámbito del sector financiero; resultando así una pena de 4 años a 6 años con 8 meses de prisión. Este delito debe contemplarse como continuado por lo que procede la aplicación del artículo 68, que dice: “DELITO CONTINUADO Y DELITO MASA. Quien en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realiza una pluralidad de acciones u omisiones que ofenden a uno o varios sujetos e infringen el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, debe ser castigado como autor de un delito o falta continuados con la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3).” Obteniendo como pena: cinco (5) años cuatro (4) meses a ocho (8) años diez (10) meses veinte (20) días, a su vez dicha pena debe ser disminuida en un cuarto (¼) por haberse sometido a Procedimiento Abreviado, correspondiendo una nueva pena abstracta de cuatro (4) años a seis (6) años ocho (8) meses. Ponderando el quantum de la pena, es palmario que el Código Penal decreto 130-2017 es menos gravoso para la sentenciada. IV. En este orden de ideas, en repuesta a lo peticionado por la recursista y en consonancia con la opinión del Ministerio Público, el Código Penal decreto 130-2017 no contempla un delito con el nomen iuris de OPERACIONES FINANCIERAS ILICITAS, empero si describe la conducta realizada por la sentenciada, la señora ALBA PATRICIA NAVARRO RAUDALES. La acción ilícita descrita en el apartado del hecho probado del fallo se subsume en el delito de ESTAFA. Por lo tanto, el delito sigue siendo objeto de una reacción penal ya que la conducta sigue siendo criminalizada. V. En el caso que nos ocupa, haciendo la revisión con identidad de circunstancias en relación a los fundamentos de derecho de la sentencia, donde se impuso la pena mínima a la sentenciada y siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación y análisis de la sentencia en revisión, se concluye que a la imputada se le debe imponer la pena de prisión de cuatro (4) años por el delito de Estafa Continuada. VI. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión, por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor de la señora ALBA PATRICIA NAVARRO RAUDALES de una norma vigente que le resulta más benigna VII. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y computo de una nueva pena.-POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la abogada ROSA ZUNIGA BARRIENTOS, a favor de la señora ALBA PATRICIA NAVARRO RAUDALES; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa; en fecha cuatro de abril del año dos mil dieciocho, y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta a la señora ALBA PATRICIA NAVARRO RAUDALES, por el delito de OPERACIONES FINANCIERAS ILICITAS CONTINUADAS, en perjuicio de BANCO LAFISE HONDURAS S.A., la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO a la señora ALBA PATRICIA NAVARRO RAUDALES, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia, por el delito de ESTAFA CONTINUADA a la pena de CUATRO AÑOS de prisión. Mas las penas accesorias de inhabilitación absoluta. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que proceda a la ejecución del presente fallo practicando un nuevo computo de la pena. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME.- NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, uno (1) de febrero del año dos mil veintitrés (2023), Certificación de la Sentencia de fecha quince (15) de diciembre del año dos mil veintidós (2022), recaída en el Recurso de Revisión Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0782-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.
[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.
[3]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[4]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[5]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[6] Aplicación Temporal de la Ley Penal, Validez y Eficacia en Infracciones de Agresión al Estado. Renata Melissa Yunda López. RFJ, No. 3, 2018. pp. 119-142, ISSN 2588-0837.
[7] ZAFFARONI, E., Estructura Básica del Derecho Penal. Editorial Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2009. Pág. 41.
[8] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[9] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[10] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.
[11] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.
[12] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.