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Sentencia RP-778-20 — Registro 15934

Resumen

Se interpuso Recurso de Revisión Penal contra la sentencia condenatoria con relación a la causa que se instruyó por el delito de extorsion simple, en perjuicio de testigo protegido AB-496.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “III. Que, al realizar la ponderación, y realizando la comparativa entre ambos códigos, es manifiesto que el Código Penal Decreto 130-2017, no representa una benignidad en cuanto a la pena privativa de libertad, aun y cuando se imponga la pena mínima de la pena abstracta agravada, tal y como se impuso en la sentencia definitiva de fecha siete (7) de agosto del dos mil diecinueve (2019), ya que estaríamos también ante la imposición de una condena equivalente a quince (15) años de prisión. No obstante, sí es patente que le es favorable al condenado la pena de multa, ya que se desprende de la sentencia en revisión, que al penado se le impuso una pena multa de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS (L.442,448.00) equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos vigente al momento de la comisión del hecho, mientras que el Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) establece una multa de quinientos (500) a mil (1000) días, la cual incrementada en un tercio (1/3) da como resultado una multa de mil (1,000) a mil trescientos treinta y tres (1,333.33) días, lo cual se encuentra relacionado con el artículo 53 del mismo cuerpo legal que establece “La pena de días multa obliga a la persona condenada a pagar una cantidad de dinero al Estado de Honduras, a través de la Tesorería General de la República o de la institución que la Ley designe. La pena de multa se impone por el sistema de los días multa, salvo que el presente Código disponga otra cosa. Su extensión es de diez (10) a dos mil (2,000) días y cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (L5,000). Consecuentemente, a criterio de esta sala debe imponerse una multa de mil (1,000) días a razón de cien lempiras (L.100.00) por día, por tratarse de un delito en perjuicio económico de la víctima, a partir de lo anterior, se puede concluir que es procedente la aplicación retroactiva del nuevo Código Penal 130-2017, todo esto ajustado al artículo 616 del nuevo Código Penal. Consecuentemente se debe reformar la sentencia revisada y ordenar la realización del nuevo computo de la pena. IV. La comparativa de penas entre las tres legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, la norma penal vigente, o ley intermedia al momento de la petición de revisión penal, Decreto 130-2017, preveía sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83 recién derogado y las contenidas en el Decreto 93-2021 vigente a partir del 2 de noviembre del año 2021, según lo dispuesto en el artículo 11 del referido decreto, por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la ley intermedia en favor del señor BRAYAN ALDAIR SALINAS COREA. V. En consecuencia, en observancia del artículo 616 del nuevo Código Penal, procede la revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo computo de la pena, con abono del tiempo que haya estado en prisión; tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de diciembre del año dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Revisión Penal interpuesto por el Abogado LENIN ERNESTO ESCOBAR CRUZ, a favor del señor BRAYAN ALDAIR SALINAS COREA, contra las sentencia Condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, de fecha siete (7) de Agosto del año dos mil diecinueve (2019), con relación a la causa que se instruyó contra el señor BRAYAN ALDAIR SALINAS COREA, por el delito de EXTORSION SIMPLE, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AB-496. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, el Abogado SANTIAGO RENE MONCADA, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el señor BRAYAN ALDAIR SALINAS COREA, por el delito de EXTORSIÓN, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “AB496”.- (Folios 1 al 11 de la pieza del Juzgado). 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha siete (7) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), el Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa, dictó Sentencia mediante la cual: “FALLA: “PRIMERO: Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS por conformidad expresa de las partes, al señor BRAYAN ALDAIR SALINA COREA, por el delito consumado de EXTORSION SIMPLE, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AB-496, a la pena de mínima de 15 AÑOS DE RECLUSION, a cumplir en el respectivo centro penal donde se encuentra recluido, más una multa de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS (442, 448.00), mismos que deberá hacer efectivo a favor del ESTADO DE HONDURAS atreves de la Tesorería General de la República, más las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL durante el tiempo que dure la condena.- SEGUNDO: Procede declarar y declaramos la responsabilidad civil del condenado BRAYAN ALDAIR SALINAS COREA, la que será determinada en la fase de ejecución de la Sentencia.- TERCERO: No procede la condena en Costa Procesales, Personales, ni gastos ocasionados por el presente juicio .- CUARTO: No procede el comiso de evidencia ya que la misma no fue solicitada por el Ministerio Público …”.- (folio 112 al 115 de la pieza del Tribunal de Sentencias). 3) Que el recurrente Abogado LENIN ERNESTO ESCOBAR CRUZ, compareció ante este Tribunal en fecha once (11) de septiembre del año dos mil veinte (2020), presentando recurso de revisión penal a favor del señor BRAYAN ALDAIR SALINAS COREA, contra la sentencia condenatoria en fecha siete (7) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. 4) Que en fecha veinte (20) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenándose en consecuencia la celebración de la Audiencia respectiva. 5) Que en fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil veintidós (2022), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el abogado MELVIN YOVANY LAGOS NUÑEZ, en su condición de apoderado legal del señor BRAYAN ALDAIR SALINAS COREA, y la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; En dicha audiencia expuso el recurrente: “… Al hacer una comparación el ilícito penal que se enmarca ahora en el decreto 130-2017 en el artículo 373 con el delito de extorsión el cual establece una pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días, razón por la cual considera la defensa que al hacer esta comparación en ambas normas la pena ahora se sanciona contiene una pena que es más benigna honorable Magistrado, razón por la cual considera la defensa que procede que se declare con lugar el recurso de revisión debiendo imponer penas mínimas a mi representado en este caso una pena mínima de diez (10) años de reclusión y una multa de 500 días equivalentes a 20 lempiras por días multa es decir un valor de DIEZ MIL LEMPIRAS según lo regulado en el artículo 53 del Nuevo Código penal, esto tomando en cuenta que en momento de dictar la sentencia condenatoria se le impusieron penas mínimas por considerar que no existieron circunstancias agravantes. Por lo antes expuesto solicito Honorables Magistrados se declare con lugar el recurso de revisión, reservando el uso de la palabra en caso de ser necesario.” Por su parte la Fiscal del Ministerio Público expuso: “De las normas transcritas, se extrae que en el nuevo Código Penal el delito de extorsión contempla una pena de 15 a 20 años de prisión, la que a su vez debe ser aumentada en 1/3 por la concurrencia de la agravante antes citada, por lo que la nueva pena abstracta es de VEINTE (20) A VEINTISEIS (26) AÑOS OCHO (8) MESES DE RECLUSIÓN. Al examinar el fallo emitido por el A Quo, se aprecia que también se condenó al procesado, a la pena de multa de cincuenta (50) salarios mínimos en su nivel más bajo, equivalente a la cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS (L.442,448.00). En relación a dicha condena de multa, con el nuevo Código Penal esta fue modificada a días multa, por lo que al hacer la conversión corresponde también la aplicación de multa de quinientos (500) a mil (1000) días multa, debiendo aumentarse en un tercio 1/3 por, por lo que correspondería imponer de 667 a 1333 días, cuyo valor oscila en no menor de veinte lempiras (L.20) ni mayor de cinco mil lempiras (L.5,000.00). Conforme lo antes expuesto, esta representación fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables al sentenciado, en virtud que la pena a imponer es de mayor cuantía pues deberá imponérsele una pena entre años de prisión más la multa antes citada, de ahí que se estime que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la ley penal, por no ser esta más benigna al condenado. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión y se ordene se realice por parte del Juzgado de Ejecución un nuevo cómputo de la pena.” CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5]. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. La recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. El garantista señala en los antecedentes: “Revisar la sentencia, dejar en inmediata libertad a mi representado y en su defecto, de la revisión, en cuanto a la pena modificándolas; y en consecuencia de ello emitir el nuevo computo de la pena: de encontrarse cumplida la pena conforme al nuevo cómputo se le extienda su carta de libertad definitiva y se ordene dejarla en inmediata libertad; en su defecto, considerar según nuevo cómputo exista pena aún pendiente, se conceda a mi representado el beneficio de libertad condicional.” CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el Artículo 615 del Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 “Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. “En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO CINCO (5): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a) Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b) Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c) Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SEIS (6): Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a) Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b) Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c) La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. CONSIDERANDO SIETE (7): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[6], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[7]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[8]. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO OCHO (8): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[9] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO NUEVE (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[10]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO DIEZ (10): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado”[11] Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas. CONSIDERANDO ONCE (11): Sobre la aplicación de la ley intermedia. En relación a la ley intermedia. Se les denomina así ya que son promulgadas después de la comisión del delito, pero que son desplazadas por una nueva ley antes de proferir la sentencia. En el caso hondureño, no hablamos específicamente de una ley per se, empero se presenta una reforma que prácticamente reconfigura la norma penal. Por tanto, estaríamos ante una nueva norma, ya que su contenido antes en vigor ha cambiado y por tanto han alterado su fisonomía normativa, así como su contenido básico. Para el jurista René Suazo Lagos[12] reciben el nombre de leyes intermedias “[las] leyes emitidas y derogadas entre la fecha de comisión [del delito] y [el dictado] de la sentencia”. Sobre este mismo tema otros tratadistas señalan: “Se acostumbra a aludir con el nombre de ley penal intermedia a la situación que se produce cuando, con posterioridad a la comisión de un delito, se promulga una ley más benigna que la que estaba vigente al momento del hecho, pero ésta ya no existe al tiempo de la sentencia en que dicho delito es juzgado, puesto que ha sido reemplazada por una tercera ley. A la segunda ley se la suele llamar ley intermedia, ya que rige entre la que estaba en vigor al tiempo del delito y la vigente al momento del fallo”[13]. CONSIDERANDO DOCE (12): Que en el caso sub examine, el peticionario abogado LENIN ERNESTO ESCOBAR CRUZ, compareció ante este Alto Tribunal en fecha once (11) de septiembre del año dos mil veinte (2020), presentando recurso de Revisión de una sentencia condenatoria penal y en consecuencia la aplicación de la ley más benigna vigente en ese momento, el Decreto Legislativo No. 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal, en consideración a que su representado el señor BRAYAN ALDAIR SALINAS COREA, fue condenado por el delito de EXTORSIÓN estando vigente el Decreto 144-83, decreto este último que fue derogado con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 130-2017. La nueva norma penal establecía en el artículo 373 una pena más benigna para el delito de Extorsión: -prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días-. No obstante a ello en el ínterin de la petición del recurso de Revisión Penal promovido y el dictado de la presente sentencia, entró en vigencia el Decreto Legislativo No.93-2021[14], mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 373 del Decreto 130-2017 contentivo del nuevo Código Penal y agrava nuevamente la pena para el delito de Extorsión: -prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto. En el caso sujeto a estudio nos encontramos ante la situación de la aplicación de una ley más benigna que no se encuentra vigente al momento de dictar sentencia, ello es así pues el señor BRAYAN ALDAIR SALINAS COREA, fue condenado por el delito de Extorsión, estando vigente el Decreto 144-83, posterior a su condena fue promulgado el Decreto 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal y estableciendo una pena más favorable en relación al tipo penal de Extorsión, peticionando su Abogado Defensor la revisión de esa sentencia penal estando en vigencia el Decreto 130-2017, mismo que establecía una pena más benigna para el delito de Extorsión, y posterior a la petición realizada y previo a dictar sentencia este Alto Tribunal, entra en vigencia el Decreto 93-2021 que de nuevo aumenta la pena para el delito de extorsión como líneas arriba se dijo. En ese orden de ideas el Tribunal Supremo Español considera que, si la ley penal intermedia es más favorable que la ley vigente en el momento de comisión del delito y que la vigente en el momento de enjuiciamiento, debe ser aplicada al reo, «no solamente por razones humanitarias derivadas del principio proclamado en el art. 2.2 del Código Penal [español], sino que se perjudicaría al reo por razones ajenas a él, como la tardanza en juzgarle, resultando de ese modo en peor situación» (STS, 2.ª, 953/2013, de 16-XII). Otras resoluciones que aplican la ley penal intermedia más favorable son las SSTS, 2.ª, 140/2002, de 8-II; 692/2008, de 4-XI; 1026/2009, de 16-X; y 1078/2012, de 16-VI. CONSIDERANDO TRECE (13): Esta Sala Constitucional considera que una vez iniciado un trámite de Revisión materia penal, al momento de aplicar las normas penales a la sustanciación del Recurso, se deberá ejecutar la norma que fue invocada por el recursista y que al momento de peticionar estaba en vigencia, asimismo al momento de comparar las normas penales, como es el caso de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, se deberá comparar con la norma que fue aplicada en la sentencia (norma considerada derogada en el momento de interposición del recurso) y en el caso de que en el lapsus de presentación del Recurso y la emisión de la resolución final, la norma invocada fuese derogada o reformada, se tomará en consideración la más benigna, ya que el cambio de circunstancias es por causas ajenas al peticionario. Esto atendiendo el mandato constitucional, que coloca a la persona humana y su protección como fin y prioridad del Estado. Así también, bajo la órbita del principio pro homine, ampliamente reconocido por la Sala Constitucional, cuando exista la posibilidad de tomar diferentes decisiones, así como en el caso de mérito, se encuentran varias posibilidades en debate, el juez deberá preferir, aquella que contenga mejores protecciones, o que sean más favorables para el individuo. Por tanto, se debe aplicar la norma que más favorezca al encausado, puesto que su petición se realizó al amparo de una norma más benigna que al momento de interponer el Recurso se encontraba en vigencia y el hecho de que esa norma haya sido desplazada no puede ser imputable o acarrear consecuencia para quien peticionó o se apegó a ella en tiempo y forma. CONSIDERANDO CATORCE (14): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la República, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la República en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO QUINCE (15): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I. Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor BRAYAN ALDAIR SALINAS COREA fue condenado por el Tribunal de sentencia con Competencia Nacional en materia de Extorsión, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha siete (7) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN Y A LA PENA DE MULTA DE CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS (L.442,448.00) por el delito de EXTORSIÓN SIMPLE en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AB-496, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. II. Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 222 del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió el delito de Extorsión Simple. III. Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número 8, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma favorable; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso a BRAYAN ALDAIR SALINAS COREA, la condena por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en materia de Extorsión, la pena principal de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN y MULTA DE CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS (L.442,448.00); así mismo a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal; por haber sido encontrado responsable como autor de un delito de Extorsión, en perjuicio Testigo protegido AB-496. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal enmarcado en el artículo 222 del Código Penal decreto 144-1983 que dice: “Extorsión. Comete el delito de extorsión, quien mediante amenazas, intimidación o violencia y con el fin de obtener para sí o para cualquier organización delictiva, dinero, bienes, u otros servicios, obligare a persona natural o jurídica a: 1) Hacer o dejar de hacer alguna cosa; 2) Suscribir documentos para obtener pagos de dinero; o 3) Suscribir, otorgar, entregar o destruir una escritura pública o cualquier otro documento público o privado. Al culpable de este delito se le impondrán las penas de reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos, más las accesorias que correspondan.” Es decir que la pena abstracta para este delito oscilaba entre los quince (15) a veinte (20) años de reclusión, más multa de cincuenta (50) salarios mínimos. Por su parte el Nuevo Código Penal Vigente Decreto 130-2017 establece: “EXTORSIÓN. Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, debe ser castigado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Es decir que la pena abstracta para la misma conducta delictiva, con la nueva normativa penal, oscila entre los diez (10) a quince (15) años de reclusión, más multa de quinientos (500) a mil (1000) días. II. No obstante, no debemos olvidar, que se debe establecer la pena conforme la construcción típica; lo cual significa que debemos tomar en cuenta las circunstancias atenuantes y agravantes, lo que daría como resultado disminuir o aumentar en grados la pena abstracta señalada en el delito. Es así, que según los hechos probados de la sentencia de fecha siete (7) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), que dicen “el día veintiocho de noviembre del dos mil diecisiete, el testigo protegido recibió llamadas telefónicas del número 8862-3950 en donde una voz del sexo masculino se identificó como miembro de la pandilla de los doce discípulos y mediante amenazas le exigió el pago de sesenta mil lempiras…” situación que se enmarca en lo establecido por el artículo 374. De dicha normativa penal aplicable, que dice: “AGRAVANTES ESPECÍFICAS. Las penas del artículo anterior se incrementarán en un tercio (1/3) al concurrir alguna de las siguientes circunstancias: 1. Si el culpable es miembro de un grupo delictivo organizado o se ejecuta el delito procurando favorecer el grupo delictivo organizado;” consecuentemente al incrementar un tercio a la pena por el delito simple, nos da como resultado una pena abstracta de quince (15) a veinte (20) años de prisión y una multa de mil (1,000) a mil trescientos treinta y tres punto treinta y tres (1,333.33) días multa, más la pena accesoria de INHABILITACIÓN ABSOLUTA. III. Que, al realizar la ponderación, y realizando la comparativa entre ambos códigos, es manifiesto que el Código Penal Decreto 130-2017, no representa una benignidad en cuanto a la pena privativa de libertad, aun y cuando se imponga la pena mínima de la pena abstracta agravada, tal y como se impuso en la sentencia definitiva de fecha siete (7) de agosto del dos mil diecinueve (2019), ya que estaríamos también ante la imposición de una condena equivalente a quince (15) años de prisión. No obstante, sí es patente que le es favorable al condenado la pena de multa, ya que se desprende de la sentencia en revisión, que al penado se le impuso una pena multa de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS (L.442,448.00) equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos vigente al momento de la comisión del hecho, mientras que el Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) establece una multa de quinientos (500) a mil (1000) días, la cual incrementada en un tercio (1/3) da como resultado una multa de mil (1,000) a mil trescientos treinta y tres (1,333.33) días, lo cual se encuentra relacionado con el artículo 53 del mismo cuerpo legal que establece “La pena de días multa obliga a la persona condenada a pagar una cantidad de dinero al Estado de Honduras, a través de la Tesorería General de la República o de la institución que la Ley designe. La pena de multa se impone por el sistema de los días multa, salvo que el presente Código disponga otra cosa. Su extensión es de diez (10) a dos mil (2,000) días y cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (L5,000). Consecuentemente, a criterio de esta sala debe imponerse una multa de mil (1,000) días a razón de cien lempiras (L.100.00) por día, por tratarse de un delito en perjuicio económico de la víctima, a partir de lo anterior, se puede concluir que es procedente la aplicación retroactiva del nuevo Código Penal 130-2017, todo esto ajustado al artículo 616 del nuevo Código Penal. Consecuentemente se debe reformar la sentencia revisada y ordenar la realización del nuevo computo de la pena. IV. La comparativa de penas entre las tres legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, la norma penal vigente, o ley intermedia al momento de la petición de revisión penal, Decreto 130-2017, preveía sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83 recién derogado y las contenidas en el Decreto 93-2021 vigente a partir del 2 de noviembre del año 2021, según lo dispuesto en el artículo 11 del referido decreto, por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la ley intermedia en favor del señor BRAYAN ALDAIR SALINAS COREA. V. En consecuencia, en observancia del artículo 616 del nuevo Código Penal, procede la revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo computo de la pena, con abono del tiempo que haya estado en prisión; tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 80, 90, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 53, 68, 373, 615 y 616 del Código Penal vigente Decreto Legislativo No. 130-2017. FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado LENIN ERNESTO ESCOBAR CRUZ, a favor del señor BRAYAN ALDAIR SALINAS COREA; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSÓN, en fecha siete (7) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor BRAYAN ALDAIR SALINAS COREA, por el delito de EXTORSIÓN, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AB-496, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor BRAYAN ALDAIR SALINAS COREA, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de EXTORSIÓN AGRAVADA a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA DE MIL (1000) DÍAS, a razón de Cien Lempiras (L. 100.00) por día multa, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AB-496, ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y ORDENA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo de pena y proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó la Magistrada Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE.–FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de diciembre de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha nueve de diciembre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-778-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.

[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.

[3]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[4]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[5]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[6] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[7] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[8] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.

[9] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.

[10] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.

[11] Cury, Enrique; (N° 5); Capítulo II, La Ley Penal y su Vigencia; pág. 228.

[12] Suazo Lagos R. (2010), Lecciones de Derecho Penal. Editorial La Nueva Honduras.

[13] Calderón, G. (2004) ¿Debe Aplicarse La Ley Penal Intermedia Más Favorable? Pontificia Universidad Católica De Valparaíso, Chile.

[14] Publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 35,760 de fecha 1 de noviembre del año dos mil veintiuno y vigente según el articulo 11 al día siguiente de la publicación del presente Decreto en el Diario oficial “La Gaceta”.