Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia RP-776-21 — Registro 17533

Resumen

Se interpuso recurso de revisión Penal contra la sentencia condenatoria por el delito de evasión en perjuicio de la administración pública del estado de Honduras.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO DOCE (12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I. Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor DARLAN GABRIEL MONTOYA HERRERA fue condenado por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, en fecha dos de abril del año dos mil trece, en relación a la causa que se instruyó por el delito de EVASIÓN en perjuicio de la Administración Pública donde se les condeno a la pena de CINCO AÑOS CON SEIS MESES DE RECLUSIÓN y las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. II. La conducta plasmada en los hechos probados que corren a folio 151 vuelto de la pieza del Tribunal de Sentencia encuadra con la descripción del tipo penal establecido en el artículo 526 del Código Penal Decreto 130-2017. III. Esta Sala haciendo un examen comparativo de ambas normas penales, concluye: La pena impuesta con norma penal derogada por el delito de Evasión (artículo 390 Código Penal derogado) fue de cinco años seis meses de reclusión. La nueva norma penal vigente contenida en el Decreto 130-2017; reconoce esa conducta en el Artículo 526: “QUEBRANTAMIENTO DE CONDENA O MEDIDA. Quien quebranta su condena, medida de seguridad de internamiento, detención judicial, prisión preventiva o una medida cautelar, dictada en un procedimiento de violencia de género, debe ser castigado con la pena de prisión de dos (2) a cuatro (4) años. IV. Bajo este análisis se puede evidenciar que la nueva norma penal resulta más benigna para el encausado. V. En atención a lo expresado por el recurrente sobre la desaparición del delito de Evasión. Es importante señalar que la conducta como tal no ha desaparecido; el reproche penal sobre la conducta realizada por el individuo en los hechos probados de la sentencia sigue siendo tipifica con un nomen iuris o nombre de tipo penal distinto al del Código Penal decreto 144-1983. VI. Siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación, haciendo usanza de las fórmulas estatuidas en el Código Penal vigente, y haciendo uso de la fundamentación plasmado en la sentencia revisada donde no se impuso ni la pena mínima ni la pena máxima. Se debe imponer al encausado la pena de dos (2) años dos (2) meses de prisión. por el delito de Quebrantamiento de Condena o Medida. Mas las penas accesorias correspondientes. VII. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor DARLAN GABRIEL MONTOYA HERRERA de una norma vigente que les resulta más benigna VIII. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y computo de una nueva pena. CONSIDERANDO TRECE (13): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El fallo que literalmente dicen “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de diciembre del año dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia del recurso de revisión Penal interpuesto por el Abogado LUIS EDGARDO PEREZ MARTINEZ, a favor del señor DARLAN GABRIEL MONTOYA HERRERA, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha dos (02) de abril de dos mil trece (2013), con relación a la causa que se instruyó contra el Señor DARLAN GABRIEL MONTOYA HERRERA, por el delito de EVASIÓN en perjuicio de LA ADMINISTRACION PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. ANTECEDENTE 1) Que en fecha treinta (30) de marzo de dos mil once (2011), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, el Abogado DELMIN VENTURA AMADOR, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los Señores DARLAN GABRIEL MONTOYA HERRERA y ORBIN GUSTAVO NUÑEZ, por el delito de EVASION en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 01-80 de la pieza del A-Quo) 2) Que una vez evacuado el procedimiento, en fecha dos (02) de abril de dos mil trece (2013), el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán dictó Sentencia Definitiva mediante la cual Falló: (SIC): “PRIMERO: Condenamos a los Señores Darlan Gabriel Montoya Herrera y Orbin Gustavo Núñez Quintanilla, cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autores responsables del delito de Evasión en perjuicio de la Administración Pública, a la pena principal de CINCO AÑOS CON SEIS MESES DE RECLUSION, misma que se ha de computar desde el día en que fueron aprehendidos por esta causa, la que se cumplirá en la Penitenciaría Nacional ubicada en el Valle de Tamara, departamento de Francisco Morazán. SEGUNDO: Condenamos a los Señores Darlan Gabriel Montoya Herrera y Orbin Gustavo Núñez Quintanilla, como consecuencia de la condena de reclusión, a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal, así como también a trabajar por dicho termino, en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario nacional. TERCERO: Se declara la responsabilidad Civil de los condenados Darlan Gabriel Montoya Herrera y Orbin Gustavo Núñez Quintanilla, lo que será objeto de tasación en la fase de ejecución de esta sentencia. CUARTO: No procede la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio.” (Folios 151-153 de la pieza del A-Quo) 3) Que el Abogado LUIS EDGARDO PEREZ MARTINEZ compareció ante este Tribunal en fecha veintiocho de julio de dos mil veintiuno, presentando recurso de revisión penal a favor del Señor DARLAN GABRIEL MONTOYA HERRERA, contra la sentencia Definitiva dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha dos (02) de abril de dos mil trece (2013), fundamentando su acción en el artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folios 01-05 del recurso de mérito) 4) Que en fecha uno (01) de octubre de dos mil veintiuno (2021), esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenándose en consecuencia la celebración de la Audiencia respectiva. (Folio 17 del recurso de mérito) 5) Que en fecha cuatro (04) de mayo de dos mil veintidós (2022), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado LUIS EDGARDO PEREZ MARTINEZ en su condición de Apoderado Legal del Señor DARLAN GABRIEL MONTOYA HERRERA, en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión, que habiendo manifestando el recurrente: ratifico el recurso de revisión su señoría en virtud de que al entrar en vigencia el nuevo Código Penal, pues, contempla, realmente no contempla el delito de evasión en su contenido, yo lo subsumí en el delito de quebrantamiento de medidas o formas, sin embargo, enmiendo esa parte su señoría verdad, en virtud de que el mismo no contempla el delito de evasión como tal, tal y como se describe en el 293 del nuevo, en el 393 del viejo Código Penal en relación a la aplicación retroactiva su señoría, es de que fue condenado mediante sentencia en fecha dos de abril del año dos mil trece, verdad, a una pena de cinco años seis meses de reclusión, por lo tanto pues, solicito de que se extinga la misma, en virtud de que ya el nuevo código no la contempla y pues el único medio de prueba es el mismo Código Penal que entró en vigencia. De lo expuesto por el revisionista el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales indicando las sanciones correspondientes al delito por el cual se les condenó a los hoy condenados: En el Código Penal derogado el delito de EVASION se encontraba regulado en el artículo 390, que señalaba: “Quien se evada hallándose legalmente detenido o condenado será sancionado además, con reclusión de cinco (5) a diez (10)años, si la evasión se produce por medio de Intimidación o violencia en las personas o fuerza en las cosas las penas serán aumentadas en un tercio, sin perjuicio de la sanción que deba aplicarse a los delitos a que den lugar la intimidación, violencia o fuerza.” En el Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) el delito de EVASION se encuentra regulado en el artículo 526, que establece: “QUEBRANTAMIENTO DE CONDENA O MEDIDA. Quien quebranta su condena, medida de seguridad de internamiento, detención judicial, prisión preventiva o una medida cautelar, dictada en un procedimiento de violencia de género, debe ser castigado con la pena de prisión de dos (2) a cuatro (4) años. Cuando la pena que está cumpliendo el sujeto es privativa de libertad y utiliza para su fuga o evasión del lugar en que está recluido violencia o intimidación en las personas, o toma parte en motín, debe ser castigado con la pena del párrafo anterior aumentada en un tercio (1/3), sin perjuicio de las que pudieran corresponder por otros delitos. Se deben imponer las penas de los anteriores párrafos reducidas en dos tercios (2/3) si el prófugo se presenta ante una autoridad o en el lugar de la evasión antes de que transcurran quince (15) días desde la fuga”. Al examinar lo peticionado por el revisionista, conforme el precepto constitucional que contempla el principio de favorabilidad, que establece una importante excepción en el caso de que la nueva ley sea más favorable al reo, ante las premisas expuestas se aprecia que el delito por el cual fueron condenado lo señores ORBIN GUSTAVO NUÑEZ QUINTANILLA y DARLAN GABRIEL MONTOYA HERRERA, tiene señalada como pena de dos (2) a cuatro (4) años; sumado al hecho que fue condenado mediante estricta Conformidad la pena aplicar debe ser de dos (2) años de reclusión, la cuales iniciaran cumpliendo conforme los términos establecidos en la reforma de computo de pena practicado por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán. Estima esta Representación fiscal que el Código Penal efectivamente establece una norma penal más favorable al hoy condenado, en ese sentido se estima que lo peticionado por el revisionista se encuentra conforme a Ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal por ser esta más benigna. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque SE OTORGUE la presente acción de revisión, por ser esta más beneficiosa para el condenado. (Folios 33-35 del recurso de mérito) CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de Revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía, que se declare sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5]. CONSIDERANDO TRES (3): Fundamentos del Recursista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor de la condenada cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Aduciendo que el Código Penal decreto 130-2017 le es más favorable a su patrocinado. CONSIDERANDO CUATRO (4): Retroactividad de la ley. La palabra “retroactividad”, deriva del latín, significa “retro agüere” accionar, hacia atrás, obrar hacía atrás. De acuerdo con las fuentes romanas se acude a varias expresiones: “retroagitur”, “reducitur” o “res retroducitur” y activus, que produce efectos y por tanto significa actuar sobre el pasado. Suárez Collía, la define “en una sucesión temporal de leyes, la aplicación de la norma jurídica nueva, a supuestos de hecho, actos, relaciones y/o situaciones jurídicas nacidas o constituidas con anterioridad a su entrada en vigor y que tuvieron su origen bajo el imperio de otra norma derogada”[6] CONSIDERANDO CINCO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. La revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel secundario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización. En el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. “Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SIETE(7): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". [7] Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[8], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[9]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena mas leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[10]. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[11] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO DIEZ (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[12]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado”[13] Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas, y sobre todo sin trastocar los hechos probados y sin invadir los fundamentos jurídicos esbozados por el juzgador primario. CONSIDERANDO DOCE (12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I. Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor DARLAN GABRIEL MONTOYA HERRERA fue condenado por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, en fecha dos de abril del año dos mil trece, en relación a la causa que se instruyó por el delito de EVASIÓN en perjuicio de la Administración Pública donde se les condeno a la pena de CINCO AÑOS CON SEIS MESES DE RECLUSIÓN y las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. II. La conducta plasmada en los hechos probados que corren a folio 151 vuelto de la pieza del Tribunal de Sentencia encuadra con la descripción del tipo penal establecido en el artículo 526 del Código Penal Decreto 130-2017. III. Esta Sala haciendo un examen comparativo de ambas normas penales, concluye: La pena impuesta con norma penal derogada por el delito de Evasión (artículo 390 Código Penal derogado) fue de cinco años seis meses de reclusión. La nueva norma penal vigente contenida en el Decreto 130-2017; reconoce esa conducta en el Artículo 526: “QUEBRANTAMIENTO DE CONDENA O MEDIDA. Quien quebranta su condena, medida de seguridad de internamiento, detención judicial, prisión preventiva o una medida cautelar, dictada en un procedimiento de violencia de género, debe ser castigado con la pena de prisión de dos (2) a cuatro (4) años. IV. Bajo este análisis se puede evidenciar que la nueva norma penal resulta más benigna para el encausado. V. En atención a lo expresado por el recurrente sobre la desaparición del delito de Evasión. Es importante señalar que la conducta como tal no ha desaparecido; el reproche penal sobre la conducta realizada por el individuo en los hechos probados de la sentencia sigue siendo tipifica con un nomen iuris o nombre de tipo penal distinto al del Código Penal decreto 144-1983. VI. Siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación, haciendo usanza de las fórmulas estatuidas en el Código Penal vigente, y haciendo uso de la fundamentación plasmado en la sentencia revisada donde no se impuso ni la pena mínima ni la pena máxima. Se debe imponer al encausado la pena de dos (2) años dos (2) meses de prisión. por el delito de Quebrantamiento de Condena o Medida. Mas las penas accesorias correspondientes. VII. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor DARLAN GABRIEL MONTOYA HERRERA de una norma vigente que les resulta más benigna VIII. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y computo de una nueva pena. CONSIDERANDO TRECE (13): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el de recursista LUIS EDGARDO PEREZ MARTINEZ, a favor del señor DARLAN GABRIEL MONTOYA HERRERA; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, dictada en fecha dos de abril del año dos mil trece; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor DARLAN GABRIEL MONTOYA HERRERA, por el delito Evasión, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor DARLAN GABRIEL MONTOYA HERRERA, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia a la pena de DOS (2) AÑOS DOS (2) MESES DE PRISIÓN por el delito de QUEBRANTAMIENTO DE CONDENA O MEDIDA en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; Más las penas accesorias de inhabilitación absoluta, ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrada Reina Hercules Rosa NOTIFIQUESE.- Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firmas y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” Corte Suprema de Justicia. Sala de lo Constitucional. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de marzo del año dos mil veintitrés. VISTO: la SOLICITUD DE CORRECCIÓN DEL ERROR MATERIAL QUE ADOLECE LA SENTENCIA O EN SU DEFECTO SE EMITA NOTA ACLARATORIA EN CUANTO AL ALCANCE DE LA MISMA. Presentada por el Abogado LUIS EDGARDO PEREZ MARTINEZ, en su condición de defensor privado de los señores DARLAN GABRIEL MONTOYA HERRERA Y ORBIN GUSTAVO NUÑEZ QUINTANILLA, por el delito de EVASION; En relación a sentencia emitida por esta Sala en fecha quince de diciembre del año dos mil veintidós, fallando con lugar el Recurso de Revisión Penal 0776-2021; dicta el siguiente: AUTO.ANTECEDENTES PROCESALES PRIMERO: Que en fecha quince de diciembre del año dos mil veintidós esta Sala de lo Constitucional emitió sentencia de Revisión Penal número 0776-2021; dicha resolución fue notificada al abogado LUIS EDGARDO PEREZ MARTINEZ en fecha dieciséis de enero del año dos mil veintitrés. SEGUNDO: Que el día veinte de enero del dos mil veintitrés, el abogado LUIS EDGARDO PEREZ MARTINEZ; en su condición de defensor privado de los señores DARLAN GABRIEL MONTOYA HERRERA y ORBIN GUSTAVO NUÑEZ QUINTANILLA; Presento solicitud de corrección del error material que adolece la sentencia o en su defecto se emita nota aclaratoria en cuanto al alcance de la misma, en la que pide lo siguiente: PRIMERO: “Que la sentencia emitida por dicha Sala adolece de un error material, especialmente en la parte donde FALLA, declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal, únicamente a favor del condenado DARLAN GABRIEL MONTOYA HERRERA, y no menciona el nombre de ORBIN GUSTAVO NUÑEZ QUINTANILLA, a pesar que la sentencia anulada era en contra de los dos condenados.” SEGUNDO: “Que la Honorable Sala Constitucional debe considerar que en la SUBSANACION PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA DE LA ACCCION DE REVISION, en cumplimiento del PREVIO emitido por la Sala en fecha 17 de agosto del año 2021, y que corre agregada al folio 9 del expediente de mérito, se amplió la acción de Revisión a favor de ORBIN GUSTAVO NUÑEZ QUINTANILLA, de igual forma el Ministerio Publico en audiencia de oposición y presentación de pruebas se pronunció a favor DE LA ACCION DE REVISION, a favor de DARLAN GABRIEL MONTOYA HERRERA, y de ORBIN GUSTAVO NUÑEZ QUINTANILLA, pronunciamiento que se encuentra en el folio 34 de dicho expediente.” TERCERO: “Que la Honorable Sala Constitucional ha considerado en la nueva sentencia que la pena a aplicar debe ser de 2 años de reclusión en contra de los condenados DARLAN GABRIEL MONTOYA HERRERA, y ORBIN GUSTAVO NUÑEZ QUINTANILLA, por tanto, es procedente que también se pronuncie en el fallo en cuanto a la situación jurídica del condenado ORBIN GUSTAVO NUÑEZ QUINTANILLA o emita nota aclaratoria dirigida al Juzgado de Ejecución Penal de Tegucigalpa para le concedan al señor ORBIN GUSTAVO NUÑEZ QUINTANILLA, los mismos beneficios que con la nueva sentencia va tener el señor DARLAN GABRIEL MONTOYA HERRERA.”FUNDAMENTACIÓN PRIMERO: La ley sobre Justicia Constitucional permite hacer aclaraciones o correcciones a cuestiones, siempre que estas no alteren la decisión de las sentencias emitidas por el Órgano de la Jurisdicción Constitucional. El artículo 6 estipula: “Del principio de inmutabilidad de las sentencias. Aclaración. Corrección de Errores. Los órganos jurisdiccionales en el ejercicio de la justicia constitucional no podrán variar ni modificar sus sentencias después de firmadas; pero sí aclarar algún concepto oscuro o corregir errores materiales de las mismas…” SEGUNDO: El derecho a la tutela judicial efectiva es reconocido por la Constitución de Honduras en el artículo 80, de él se desprende el poder peticionar ante los órganos jurisdiccionales y obtener una respuesta motivada y fundada en derecho. TERCERO: El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable, es por tanto que en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley Sobre Justicia Constitucional y el Código Penal, por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020). CUARTO: Que del estudio de la foliada y de la solicitud de aclaración de la sentencia, presentada por la defensa privada de los condenados DARLAN GABRIEL MONTOYA HERRERA, Y ORBIN GUSTAVO NUÑEZ QUINTANILLA; Esta Sala de lo Constitucional considera que son de recibos los alegatos planteados por el recurrente, en virtud que por un lapsus cálami se omitió consignar en la sentencia de Revisión Penal de fecha quince de diciembre del año dos mil veintidós el nombre del señor ORBIN GUSTAVO NUÑEZ QUINTANILLA, siendo declarado Con Lugar el aludido recurso para ambos condenados por ser más favorable la pena de prisión contenida en la nueva Ley Sustantiva; En tal sentido procede ampliarse el fallo antes citado, debiéndose consignar el nombre del condenado ORBIN GUSTAVO NUÑEZ QUINTANILLA. POR LO ANTERIOR ESTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL RESUELVE: UNO: DECLARAR CON LUGAR LA SOLICITUD DE CORRECCIÓN DEL ERROR MATERIAL QUE ADOLECE LA SENTENCIA O EN SU DEFECTO SE EMITA NOTA ACLARATORIA EN CUANTO AL ALCANCE DE LA MISMA.Presentada por el abogado LUIS EDGARDO PEREZ MARTINEZ, en su condición de defensor privado de los señores DARLAN GABRIEL MONTOYA HERRERA Y ORBIN GUSTAVO NUÑEZ QUINTANILLA, por los argumentos expuestos en el acápite que antecede. DOS: Que se Proceda Ampliar y Consignar el nombre del condenado ORBIN GUSTAVO NUÑEZ QUINTANILLA en la Parte Dispositiva de la sentencia cuya aclaración se pide y que deberá leerse de la siguiente manera:” FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el recursista LUIS EDGARDO PEREZ MARTINEZ, a favor de los señores DARLAN GABRIEL MONTOYA HERRERA Y ORBIN GUSTAVO NUÑEZ QUINTANILLA; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, dictada en fecha dos de abril del año dos mil trece; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta a los señores DARLAN GABRIEL MONTOYA HERRERA Y ORBIN GUSTAVO NUÑEZ QUINTANILLA, por el delito Evasión, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO a los señores DARLAN GABRIEL MONTOYA HERRERA Y ORBIN GUSTAVO NUÑEZ QUINTANILLA, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia a la pena de DOS (2) AÑOS DOS (2) MESES DE PRISIÓN por el delito de QUEBRANTAMIENTO DE CONDENA O MEDIDA en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; Más las penas accesorias de inhabilitación absoluta, ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.” TERCERO: Que el secretario de la Sala de lo Constitucional notifique lo resuelto al solicitante para los efectos legales que en derecho correspondan. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de mayo de dos mil veintitrés, certificación del fallo de fechas quince de diciembre de dos mil veintidós y corrección de fecha veinte de marzo de dos mil veintitrés, recaídas en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0776-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL

[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.

[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.

[3]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[4]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[5]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[6] Aplicación Temporal de la Ley Penal, Validez y Eficacia en Infracciones de Agresión al Estado. Renata Melissa Yunda López. RFJ, No. 3, 2018. pp. 119-142, ISSN 2588-0837.

[7] ZAFFARONI, E., Estructura Básica del Derecho Penal. Editorial Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2009. Pág. 41.

[8] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[9] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[10] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.

[11] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.

[12] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.

[13] Cury, Enrique; (N° 5); Capítulo II, La Ley Penal y su Vigencia; pág. 228.