Sentencia RP-737-20 — Registro 15693
Resumen
Acto recurrido contra la sentencia condenatoria dictada por el a-quo, con relación a la causa que se instruyó contra la causa que se instruyo por el delito de Posesión de Vehículo Robado. En perjuicio de los impetrantes
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"... Siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación y análisis de la sentencia, haciendo la revisión con identidad de circunstancias y observando la fundamentación jurídica de la sentencia donde al encausado donde no se impuso ni el mínimo ni máximo de pena, se impuso la pena mínima; este Tribunal Constitucional concluye que se le debe imponer las siguiente pena concreta: ocho (8) meses de prisión. Mas las penas accesorias de inhabilitación absoluta. VII. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor NOLBERTO ADALID FLORES ROQUE de una norma vigente que le resulta más benigna..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96, Numeral 8 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia y la resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia el recurso de revisión Penal interpuesto por el Abogado BOLIVAR CASTELLANOS MERCADO a favor de los Señores MARBIN GEOVANY AGUILAR PINEDA y NOLBERTO ADALID FLORES ROQUE, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA SECCION JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha tres (03) de septiembre de dos mil doce (2012), con relación a la causa que se instruyó contra los señores MARBIN GEOVANY AGUILAR PINEDA y NOLBERTO ADALID FLORES ROQUE por el delito de POSESIÓN DE VEHICULO ROBADO en perjuicio de ABILIO DOMINGUEZ HERNANDEZ y MIGUEL ANGEL ZELAYA QUINTERO. ANTECEDENTES 1) Que en fecha doce (12) de junio de dos mil diez (2010), compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, la Abogada JOSEFINA RUGAMA, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los Ciudadanos MARVIN GEOVANY AGUILAR PINEDA, NOLBERTO ADALID FLORES ROQUE Y NORMA BAUTISTA MEDINA, por el delito de POSESIÓN DE VEHICULO ROBADO en perjuicio de ABILIO DOMINGUEZ HERNANDEZ y MIGUEL ANGEL ZELAYA QUINTERO. (Folios 01-04 del Tomo I de la pieza del A-Quo) 2) Que continuado que fue el proceso, en fecha tres (03) de septiembre de dos mil doce (2012), el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, dictó Sentencia Condenatoria mediante la cual Falló: (SIC): “PRIMERO: ABSUELVE de toda responsabilidad penal a los acusados MARVIN JEOVANY AGUILAR PINEDA y NOLBERTO ADALID FLORES ROQUE, cuyas generales son mencionadas en el preámbulo de esta sentencia, del delito de OCULTACION DE VEHICULO ROBADO, en perjuicio de la propiedad de los señores ABILIO DOMINGUEZ HERNANDEZ y MIGUEL ANGEL ZELAYA QUINTERO. SEGUNDO: DECLARAR, al acusado MARVIN JEOVANY AGUILAR PINEDA, de generales de identidad anteriormente detalladas, penalmente responsable del delito de consumado de HURTO DE VEHICULO EN SU GRADO DE COMPLICIDAD, y por ende: Previo abono del tiempo que hubiera permanecido en efectiva prisión preventiva se le condena a sufrir en la Penitenciaria Nacional de Comayagua, Departamento de Comayagua, la pena principal de CUATRO (4) AÑOS DE RECLUSION, por el indicado delito, en perjuicio de la propiedad del señor MIGUEL ANGEL ZELAYA QUINTERO, además, a las accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil, y a trabajos en obras públicas o a labores dentro del centro penal. TERCERO: DECLARAR, al acusado NOLBERTO ADALID FLORES ROQUE, de generales de identidad anteriormente detalladas, penalmente responsable del delito consumado de HURTO DE VEHICULO ROBADO EN SU GRADO DE COMPLICIDAD, y por ende: Previo abono del tiempo que hubiera permanecido en efectiva prisión preventiva se le condena a sufrir en la Penitenciaria Nacional de Comayagua, Departamento de Comayagua, la pena principal de CUATRO (4) AÑOS DE RECLUSION, por el indicado delito, en perjuicio de la propiedad de los señores ABILIO DOMINGUEZ HERNANDEZ, además, a las accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil, y a trabajos en obras públicas o a labores dentro del centro penal, durante el tiempo de las penas principales. CUARTO: Se declara a los mismos MARVIN JEOVANY AGUILAR PINEDA y NOLBERTO ADALID FLORES ROQUE responsables civilmente de la restitución, reparación e indemnización de los perjuicios causados por el delito cometido; siendo el Juzgado de Ejecución correspondiente el que oportunamente conozca y resuelva lo que corresponda. QUINTO: No procede condenar en costas procesales, personales ni por los gastos ocasionados por el juicio. SEXTO: Que se mantenga las medidas cautelares impuestas a los señores MARVIN JEOVANY AGUILAR PINEDA y NOLBERTO ADALID FLORES ROQUE, hasta que la sentencia de merito adquiera el carácter de firme. SEPTIMO: Una vez que la sentencia de merito, adquiera el carácter de firme enviar copia certificada, al Juzgado de Ejecución correspondiente junto con el expediente de merito, y de ser necesario a la Penitenciaria Nacional de Comayagua, Departamento de Comayagua, para los fines legales pertinentes, la presente sentencia es redactada y firmada en la presente fecha, en vista de la carga jurisdiccional del Juez ponente. NOTIFIQUESE.” (Folios 96-102 del Tomo II de la pieza del A-Quo) 3) Que en fecha veintitrés (23) de julio de dos mil veinte (2020), el Abogado BOLIVAR CASTELLANOS MERCADO en su condición de Apoderado Defensor de los Señores MARBIN GEOVANY AGUILAR PINEDA y NOLBERTO ADALID FLORES ROQUE, compareció ante el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Comayagua, Sede Siguatepeque, Departamento de Comayagua, interponiendo recurso de revisión a favor de sus representados, solicitando la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal por favorecer penados; asimismo en fecha seis (06) de agosto de dos mil veinte (2020), el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Comayagua, Sede Siguatepeque, Departamento de Comayagua, dictó mediante auto motivado Resolvió: PRIMERO: INHIBIRSE de conocer por falta de competencia en la solicitud de REVISION DE SENTENCIA presentada por el abogado BOLIVAR CASTELLANOS MECADO a favor de sus representados MARBIN GEOVANY AGUILAR PINEDA y NOLBERTO ADALID FLORES ROQUE quienes fueron condenados por el delito de OCULTACION DE VEHICULO ROBADO en perjuicio de MIGUEL ANGEL ZELAYA QUINTERO a la pena de NUEVE AÑOS DE RECLUSION mas las penas accesorias de Inhabilitación absoluta e interdicción civil. SEGUNDO: Remitir a la Honorable Sala de la Corte Suprema de Justicia el expediente Judicial contentivo de la primera pieza TOMO 1 expediente N.109-2010 del Juzgado de Letras, segunda pieza TOMO 2 registrado bajo el Número de Expediente TSS (1) 009-12 y Expediente 044-2017 del Juzgado de Ejecución en contra de los señores MARBIN GEOVANY AGUILAR PINEDA y NOLBERTO ADALID FLORES ROQUE quienes fueron condenados por el delito de OCULTACION DE VEHICULO ROBADO en perjuicio de MIGUEL ANGEL ZELAYA QUINTERO a la pena de NUEVE AÑOS DE RECLUSION mas las penas accesorias de Inhabilitación absoluta e interdicción civil. NOTIFIQUESE.” (Folios 41-43 Y 48-49 del Tomo II de la pieza del A-Quo) 4) Que en fecha dos (02) de septiembre de dos mil veinte (2020), el Juzgado de Ejecución Penal de la Sección Judicial de Comayagua, Sede Siguatepeque, Departamento de Comayagua, remitió las diligencias contra los Señores MARVIN GEOVANY AGUILAR PINEDA y NOLBERTO ADALID FLORES ROQUE, a la Sala de lo Constitucional. (Folios 01 del recurso) 5) Que en fecha dos (02) de febrero de dos mil veintiuno (2021), el Abogado BOLIVAR CASTELLANOS MERCADO interpuso desistimiento parcial del recurso de revisión a favor del Señor MARBIN GEOVANY AGUILAR PINEDA. (09-10 del recurso de mérito) 6) Que en fecha nueve (09) de febrero de dos mil veintiuno (2021), esta Sala Resolvió: (SIC): “1º Tener por desistido parcialmente el recurso de revisión interpuesto por el Abogado BOLIVAR CASTELLANOS MERCADO en cuanto al Señor MARBIN GEOVANY AGUILAR PINEDA por concurrir en el caso de autos lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 2º…” (Folio 25 del recurso de mérito) 7) Que en fecha seis de agosto de dos mil veintiuno, admitió el recurso de revisión del que se ha hecho relación, ordena la celebración de la Audiencia de Oposición y presentación de pruebas. 8) Que en fecha veintitrés (23) de febrero de dos mil veintidós (2022), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado BOLIVAR CASTELLANOS MERCADO en su condición de Apoderado Legal del Señor NOLBERTO ADALID FLORES ROQUE, en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión, que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017), La representante del Ministerio Público, fue de la opinión porque SE OTORGUE la presente acción de revisión y se ordene se realice por parte del Juzgado de Ejecución un nuevo computo de la pena. (Folios 31-34 del recurso de mérito) CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5]. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. EL recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. El garantista señala en los antecedentes: “… Aquella figura delictiva por la que se condenó a mis defendidos, bajo la nueva normativa no constituye delito, por cuanto, dicha norma lo que tipifica es el hurto y robo y uso de vehículo automotor, resultando entonces que las penas impuestas a mis patrocinados bajo aquella figura delictiva ya inexistente en la nueva normativa, no son ejecutables, por operar a favor de mis defendidos a partir de la vigencia del nuevo código Penal, el principio de retroactividad de la ley penal” CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de los alegatos proferidos por las partes en audiencia: El recurrente expone: “mis clientes fueron imputados por un delito de posesión de vehículo robado […] el Tribunal de Sentencia resolvió absolviendo por un delito y condenado por el delito de hurto de vehículo en su grado de ejecución de complicidad, resulta que contra la sentencia dictada por el Tribunal de Comayagua, el Ministerio Publico interpuso casación y la Sala de lo Penal caso la sentencia y condeno a mi representado por ocultación de vehículo ovado a la pena de 9 años de reclusión conforme a la normativa penal ya derogado. Resulta que con la entrada den vigencia del Nuevo código Penal decreto 130-2017, el delito de ocultación de vehículo robado es inexistente, ya no está tipificado como delito por el cual se condenó, consecuentemente esta defensa considera que debe aplicarse ese principio de retroactividad de la ley pena para que la sentencia quede enervada y puedan ser puestos en libertad definitiva e inmediata.” Manifestando el Ministerio Publico. “De lo expuesto por el revisionista se procede a revisar ambas leyes penales apreciando que en el código Penal derogado regulaba el delito de Ocultación de Vehículo Robado en su artículo 218-D que establecía: “Será sancionado con pena de reclusión de nueve (9) a doce (12) años, quien oculte o por cualquier acto transfiera o adquiera un vehículo que fue robado, hurtado o abandonado. Se exceptúan los casos en que la transacción se haya realizado de buena fe. Al contrastar la norma penal en comento con las disposiciones contenidas en el código Penal vigente (decreto 130-2017), encontramos que, si bien es cierto, la figura de OCULTACIÓN DE VEHICULOS ROBADO se encuentra tipificada como tal en el nuevo código penal, no obstante, de los hechos declarados probados que se le atribuyen al acusado sigue siendo castigada en el tipo penal regulado en el artículo 513 de la norma penal, que refiere al delito de ENCUBRIMIENTO que establece: Quien con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber participado en el mismo, interviene posteriormente en auxilio de los responsables, concurriendo alguna de las circunstancias siguientes: 1) Ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo, los efectos, o los instrumentos o cualquier otra prueba que los incrimine, dificultando o impidiendo su descubrimiento; 2), 3), Debe ser castigado con la pena de prisión que corresponda al delito encubierto rebajada en dos tercios (2/3). […] Se aumentan las penas en un tercio (1/3) si el encubrimiento se realiza en forma habitual o por precio, recompensa o promesa remuneratoria. Se aumentan las penas en un tercio (1/3) si el encubrimiento se realiza en forma habitual o por precio, recompensa o promesa remuneratoria Al examinar el fallo sub judice, se extrae que el hoy imputado deberá imponérsele la pena establecida en el artículo 364 que regula el delito de hurto, por ser el tipo penal que se ajusta al caso concreto, y que tiene una pena señalada de uno (1) a tres (3) años de prisión, misma que deberá ser rebajada dos tercios 2/3 que corresponde al delito de encubrimiento, quedando una pena de cuatro (4) meses a un (1) año de prisión, la que a su vez, deberá aumentarse un tercio 1/3 si el encubrimiento se realiza de forma habitual o por precio, recompensa o promesa remuneratoria, tal como acontece en el caso que nos ocupa, por tratarse de una conducta habitual siendo que fueron dos los vehículos encontrados, de los cuales el hoy imputado portaba efectos de los mismos, por lo cual al hacer la rebaja de un tercio (1/3) queda una pena de un año a un año cuatro meses de prisión. Ante las premisas expuestas, esta representación fiscal no comparte las premisas expuestas por el revisionista, en tanto que el código penal vigente no despenaliza la ocultación de vehículos robados, ya que ocultar bienes que procedan de otro delito si se encuentra claramente descrita en la norma sustantiva, bajo el tipo penal de Encubrimiento. Dicho encuadre es más favorable para el condenado”. CONSIDERANDO CINCO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable, es por tanto que en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal, por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SIETE(7): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". [6] Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[7], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[8]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[9]. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[10] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO DIEZ (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[11]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado”[12] Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas, y sobre todo sin trastocar los hechos probados y sin invadir los fundamentos jurídicos esbozados por el juzgador primario. CONSIDERANDO DOCE(12): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO TRECE (13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor NOLBERTO ADALID FLORES ROQUE fue condenado por la Sala de lo Penal, mediante la resolución de fecha veintisiete de abril del año dos mil diecisiete, a la pena de NUEVE AÑOS DE RECLUSION, más las penas de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el delito de OCULTACIÓN DE VEHICULO ROBADO en perjuicio de ABILIO DOMINGUEZ HERNANDEZ y MIGUEL ANGEL ZELAYA QUINTERO. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 218-D del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió el delito de HOMICIDIO SIMPLE Y ROBO DE UN VEHICULO. III- Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma favorable; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO CATORCE (14): I. En la Revisión Penal esta Sala de lo Constitucional procede a realizar una revisión del hecho concreto sometido a enjuiciamiento tal como lo establece el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 y articulo 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Para tal cometido de la Revisión en materia penal por aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna se toma en consideración los hechos probados y estos se encuadran con el articulado de la nueva norma penal; si el resultado es una pena menos gravosa que la impuesta con la norma penal derogada, se procede a los efectos de la aplicación de la nueva ley penal. II. El eje central de esta garantía de Revisión Penal gira bajo su característica de ser un Recurso excepcional, no traspasando la línea de lo que le corresponde a un recurso ordinario o extraordinario de instancia [Apelación o Casación]. Es así como el ejercicio jurídico que hace esta Sala, para la determinación de benignidad de una nueva Ley Penal no es someter a un nuevo juicio el proceso ya evacuado, detectar vicios o nulidades procesales, valorar medios de prueba, pronunciarse sobre el ejercicio interpretativo realizado por los juzgadores tampoco dar alcance o interpretaciones sobre los tipos penales u el desarrollo de los elementos de la teoría del delito. La Sala se limita a encuadrar los hechos probados con la nueva norma penal y determinar si el resultado de ese encuadre es más beneficioso que la pena impuesta a esos mismos hechos con el Código Penal derogado. El asidero de este ejercicio lo encontramos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 a donde establece “Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor”. Así mismo para realizar aplicación del principio de retroactividad de las normas penales se lleva a cabo a una solución equilibrada, no hermética, objetiva y acorde con la realidad de cada caso, al ponderar todas las circunstancias y supuestos, sin salirse de la parte intangible de la sentencia lo cual recae en sus hechos probados y fundamentación jurídica. Vale precisar que este no es un Recurso diseñado para hacer valoraciones sobre las decisiones tomadas por el juzgador primario solo se limita a precisar la existencia o no, de benignidad de una nueva norma penal para así garantizar la satisfacción del artículo 96 de la Constitución de la Republica. III. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, en el artículo 218 dice: Será sancionado con pena de reclusión de nueve (9) a doce (12) años, quien oculte o por cualquier acto transfiera o adquiera un vehículo que fue robado, hurtado o abandonado. Se exceptúan los casos en que la transacción se haya realizado de buena fe; El Código Penal vigente, decreto 130-2017. Reconoce la misma conducta delictiva con un nomen iuris diferente: Encubrimiento; Quien con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber participado en el mismo, interviene posteriormente en auxilio de los responsables, concurriendo alguna de las circunstancias siguientes: 1) Ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo, los efectos, o los instrumentos o cualquier otra prueba que los incrimine, dificultando o impidiendo su descubrimiento. Debe ser castigado con la pena de prisión que corresponda al delito encubierto rebajada en dos tercios (2/3). Se aumentan las penas en un tercio (1/3) si el encubrimiento se realiza en forma habitual o por precio, recompensa o promesa remuneratoria. (Artículo 513 decreto 130-2017). El delito encubierto al cual se le debe realizar la rebaja de dos tercios es, es al delito de Hurto de Vehículo Automotor: Artículo 364.- hurto y robo de uso de vehículo automotor. Quien, sin ánimo de apropiación, sustrae o utiliza sin la debida autorización un vehículo automotor debe ser castigado con la pena de uno (1) a tres (3) años de prisión, si lo devuelve al lugar donde lo sustrajo o a su propietario, en un plazo no superior a doce (12) horas. Si para la sustracción se empleara fuerza en las cosas la pena de prisión debe ser de dos (2) a cuatro (4) años. Si no se restituye en el plazo indicado en el párrafo primero del presente artículo, el hecho debe castigarse como hurto o robo. Siguiendo lo estipulado en el artículo 357 del código Penal vigente el Hurto Simple debe ser castigado con la pena de prisión de seis (6) meses a dos (2) años. Ponderando el quantum de la pena, se refleja que el Código Penal Vigente resulta más benigno para el encausado. IV. En el examen de los hechos concretos, estampados en la sentencia (folio 37 del expediente de Revisión), estos encuadran en los artículos 517 relacionado con el 364 y 357 del Código Penal Vigente. V. En relación a lo esbozado por el recursista sobre la no tipificación del delito por el cual fue condenado su patrocinado aduciendo que el delito no existe en el nuevo Código Penal, esto no es así, puesto que la conducta delictiva sigue siendo reconocida el código Penal decreto 130-2017 es decir en un sentido formal la conducta per se continúa siendo típica, el desvalor sobre esa acción no ha desaparecido. Por lo tanto, no ha sido despenalizada. VI. Siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación y análisis de la sentencia, haciendo la revisión con identidad de circunstancias y observando la fundamentación jurídica de la sentencia donde al encausado donde no se impuso ni el mínimo ni máximo de pena, se impuso la pena mínima; este Tribunal Constitucional concluye que se le debe imponer las siguiente pena concreta: ocho (8) meses de prisión. Mas las penas accesorias de inhabilitación absoluta. VII. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor NOLBERTO ADALID FLORES ROQUE de una norma vigente que le resulta más benigna VI. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y computo de una nueva pena y proceda conforme a derecho corresponda. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Artículos 25, 35, 38, 57, 58, 240 Y Demas aplicables del Código Penal Vigente; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado BOLIVAR CASTELLANO MERCADO, a favor del señor NOLBERTO ADALID FLORES ROQUE; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por la Sala de lo Penal sobre la Casación de la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia de Comayagua; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor NOLBERTO ADALID FLORES ROQUE, por el delito OCULTACIÓN DE VEHICULO ROBADO, en perjuicio de ABILIO DOMINGUEZ HERNANDEZ y MIGUEL ANGEL ZELAYA QUINTERO., la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO Al Señor NOLBERTO ADALID FLORES ROQUE, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de ENCUBRIMIENTO a la pena de OCHO MESES de prisión. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Más las penas accesorias de inhabilitación absoluta. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y ORDENA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo de pena y proceda al cumplimiento del presente fallo. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “La Corte Suprema de Justicia. Sala de lo Constitucional. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, QUINCE de agosto del año dos mil veintidós, VISTO: El oficio presentada por la abogada GLENDA GERALDINA LOPEZ, en su condición de JUEZA DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA CON SEDE EN SIGUATEPEQUE.; en relación a sentencia emitida por esta Sala en fecha dieciocho de mayo del año dos mil veintidós, fallando con lugar Revisión Penal 0737-2020; dicta la siguiente: PROVIDENCIA. ANTECEDENTES PROCESALES PRIMERO: Que en fecha dieciocho de mayo del año dos mil veintidós la Sala de lo Constitucional emitió sentencia de Revisión Penal número 0737-2020; dicha resolución fue notificada a la abogada BOLIVAR CASTELLANOS MERCADO en fecha veinticuatro de junio del dos mil veintidós. Que en fecha veintiocho de junio del año dos mil veintidós, la Sala de lo Constitucional remitió antecedentes y resolución del Recurso de Revisión Penal al Juzgado de Ejecución Penal de Comayagua con sede en Siguatepeque. SEGUNDO: Que el día treinta de junio del dos mil veintidós, la abogada GLENDA GERALDINA LOPEZ, en su condición de JUEZA DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA CON SEDE EN SIGUATEPEQUE; presento OFICIO, en la que manifiesta: [en la modificación de revisión de garantía constitucional se omite el perjudicado así mismo no esclareciendo que de igual forma se modifica el delito de ocultación de vehículo robado por el encubrimiento]. Remitiendo dichas diligencias a la Corte Suprema de Justicia. FUNDAMENTACIÓN PRIMERO: La ley sobre Justicia Constitucional permite hacer aclaraciones o correcciones a cuestiones, siempre que estas no alteren la decisión de las sentencias emitidas por el órgano de la jurisdicción constitucional. El artículo 6 dice: “Del principio de inmutabilidad de las sentencias. Aclaración. Corrección de errores. Los órganos jurisdiccionales en el ejercicio de la justicia constitucional no podrán variar ni modificar sus sentencias después de firmadas; pero sí aclarar algún concepto oscuro o corregir errores materiales de las mismas…” SEGUNDO: El derecho a la Tutela Judicial Efectiva es reconocido por la Constitución de Honduras en el articulo 80, de el se desprende el poder peticionar ante los órganos jurisdiccionales lo que significa poner a disposición entes de justicia y obtener de ellos una respuesta motivada, equilibrada y fundada en Derecho. TERCERO: Se consideran elementos de la sentencia: el sustento axiológico; la ratio decidendi o razón suficiente; el obitar dicta, dictum o la razón subsidiario o accidental, la invocación preceptiva; y, la decisión, decissum o fallo. Este último incluye el acto de decidir como el contenido de lo decido. En la sentencia de la Sala de lo Constitucional confluyen los elementos que permiten la producción de una sentencia lo cual permite satisfacer la Tutela Judicial Efectiva. POR LO ANTERIOR ESTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL RESUELVE: UNO: ACLARA: La sentencia SCO REVISION PENAL 0737-2020 en sus últimas líneas, dice: FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado BOLIVAR CASTELLANO MERCADO, a favor del señor NORBERTO ADALID FLORES ROQUE; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por la Sala de lo Penal sobre la Casación de la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia de Comayagua; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor NORBERTO ADALID FLORES ROQUE, por el delito OCULTACIÓN DE VEHICULO ROBADO, en perjuicio de ABILIO DOMINGUEZ HERNANDEZ y MIGUEL ANGEL ZELAYA QUINTERO., la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO Al Señor NORBERTO ADALID FLORES ROQUE, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de ENCUBRIMIENTO a la pena de OCHO MESES de prisión. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Más las penas accesorias de inhabilitación absoluta. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. En su lectura es palmario que los perjudicados son: ABILIO DOMINGUEZ HERNANDEZ y MIGUEL ANGEL ZELAYA QUINTERO. Y en cuanto al delito por el cual había sido condenado por el juzgador primario es: OCULTACIÓN DE VEHICULO ROBADO y por el que se le impone una nueva sentencia es: ENCUBRIMIENTO. Todo esto no solo esbozado en el fallo, de igual forma explayado en la fundamentación jurídica de la sentencia. DOS: Que el secretario de la Sala de lo Constitucional notifique lo resuelto a la solicitante para los efectos legales que en derecho correspondan. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Y para ser enviada al JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de noviembrede dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha dieciocho de mayo de dos mil veintidós, y la Resolución de fecha quince de agosto de dos mil veintidós, recaídas en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-737-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.
[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.
[3]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[4]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[5]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[6] ZAFFARONI, E., Estructura Básica del Derecho Penal. Editorial Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2009. Pág. 41.
[7] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[8] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[9] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.
[10] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.
[11] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.
[12] Cury, Enrique; (N° 5); Capítulo II, La Ley Penal y su Vigencia; pág. 228.