Sentencia RP-734-20 — Registro 15040
Resumen
Se interpuso recurso de revisión penal contra la sentencia condenatoria con relación a la condena por los delitos de homicidio y robo de vehículo.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “III. En el examen de los hechos concretos, estampados en la sentencia (folio 23), estos encuadran en los artículos 192, 361, 363 y 366 del Código Penal Vigente. IV- Siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación y análisis de la sentencia, haciendo la revisión con identidad de circunstancias y observando la fundamentación jurídica de la sentencia donde al encausado donde no se impuso ni el mínimo ni máximo de pena, se impuso la pena media por ambas conductas delictivas; este Tribunal concluye que se le debe imponer las siguientes penas concretas: Por el delito de Robo de Vehículo Automotor la pena de ocho (8) años con cuatro (4) meses. Por el delito de Homicidio a la pena de diecisiete (17) años con seis (6) meses años de reclusión. Ambas penas impuestas en concurso real lo que evita la fragmentación de normas y hace potable la Revisión, donde de manera global se puede apreciar la benignidad del nuevo Código Penal. V. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor WOLBER ALEXANDER ROMERO de una norma vigente que le resulta más benigna VI. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y computo de una nueva pena.”
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 192 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal No. 130-17, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal No. 130-17, art. 363 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal No. 130-17, art. 366 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de mayo de dos mil veintidós. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado Jorge Alberto Calix Leiva, a favor del señor Wolber Alexander Romero, contra la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado Primero de Letras Departamental de Lempira, de fecha diecinueve de agosto de dos mil tres, con relación a la condena impuesta al señor Wolber Alexander Romero, por haber sido hallado culpable por los delitos de Homicidio y Robo de Vehículo, en perjuicio del señor Melvin Bautista Perdomo Bustillo. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintisiete de mayo de dos mil dos, compareció ante el Juzgado Primero de Letras Departamental de Lempira, el Abogado Francisco Rodriguez Funez, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando acusación en contra del señor Wolver Alexander Romero Soto, por suponerlo responsable de los delitos de Asesinato y Robo de Vehículo, en perjuicio del joven Melvin Matías Perdomo Bustillo. (Folios 121-124 del antecedente) 2) Que en fecha diecinueve de agosto de dos mil tres, el Juzgado Primero de Letras Departamental de Lempira, dictó sentencia mediante la cual falló: “…PRIMERO: CONDENA Al encausado WOLVER ALEXANDER ROMERO de generales indicadas en el preámbulo de esta Sentencia, a sufrir en la Penitenciaría Nacional con asiento en la aldea de Támara, del Municipio de Tegucigalpa, Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, la Pena de DIECISIETE AÑOS CON SEIS MESES DE RECLUSIÓN como autor de la comisión del delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio de MELVIN MATÍAS PERDOMO BUSTILLO, también de generales conocidas.- SEGUNDO: CONDENA Al mismo encausado WOLVER ALEXANDER ROMERO, a la Pena de TRECE AÑOS CON SEIS MESES DE RECLUSIÓN, también como autor de la comisión del delito de ROBO DE UN VEHÍCULO en perjuicio MELVIN MATÍAS PERDOMO BUSTILLO, penas que deberá cumplir sucesivamente o sea una en pos de otra, previo el abono del tiempo que haya permanecido en reclusión efectiva y a las accesorias de inhabilitación absoluta, interdicción civil, pago de costas, daños y perjuicios, y a trabajar en obras públicas ó en labores dentro del Establecimiento de Reclusión por todo el tiempo de la Condena, exonerándolo de imponerle Medidas de Seguridad que la Ley establece por estimarse que no es persona de peligrosidad social.- Y MANDA: Que se copie esta Sentencia en el Libro copiador de Sentencias de este Juzgado y si no es recurrida dentro del término legal, al quedar firme y cause ejecutoria con arreglo a la Ley se proceda a su ejecución.-NOTIFÍQUESE…” (Folios 155-156 vuelto del antecedente) 3) En fecha dos de septiembre de dos mil veinte, esta Sala, tuvo por recibido las diligencias que contienen el recurso de revisión penal, impetrado por el Abogado Jorge Alberto Calix Leiva, a favor del señor Wolver Alexander Romero, contra la sentencia referida en el numera que antecede, fundamentando su acción, en el artículo 96 de la Constitución de la República, 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, asimismo, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017), a través de sus artículos 361 y 362. (Folios 2-4 del recurso de mérito) 4) En fecha veintiséis de julio de dos mil veintiuno, habiéndose recibido los antecedentes en este Tribunal y en virtud de haber sido imposible el señalamiento de la audiencia dentro del plazo contemplado por el artículo 106 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por causas no previstas atinentes a la agenda del pleno de esta Sala de lo Constitucional, en consecuencia, se dispone en aplicación de lo establecido en el artículo 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, citar a las partes para audiencia que se celebrará el día viernes seis (06) de agosto de dos mil veintiuno (2021), a las tres de la tarde (03:00 p.m.), a efecto de que la parte afectada con la admisión del recurso, se pueda oponer al mismo y ambas partes presenten las pruebas en que se fundan sus pretensiones, debiendo oírse en la misma audiencia la opinión del Fiscal. (Folio 15 del recurso de mérito) 5) En fecha seis de agosto de dos mil veintiuno, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por la Magistrada Lidia Álvarez Sagastume, con la comparecencia de la Abogada Sussy G. Coello García, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado Jorge Alberto Calix Leiva, en su condición de Apoderado Legal del señor Wolber Alexander Romero; se le cedió la palabra a la parte recurrente para que hiciera uso de su derecho a réplica, expresando lo siguiente: Ratifica el recurso de Revisión expuesto, que conforme al nuevo Código Penal que actualmente se encuentra en vigencia, aplicar la pena establecida en el artículo 361 del nuevo código. El Ministerio Público consideró: Al realizar el análisis comparativo de ambos cuerpos normativos, aprecia que efectivamente la pena impuesta al delito de Robo de Vehículo, conforme el Código Penal, resulta más beneficiosa para el sentenciado, quien fue condenado por este delito a una pena de trece (13) años con seis (6) de reclusión, sin embargo, con la entrada en vigencia del nuevo Código, la pena aplicable en la presente causa es de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión, aumentada en un tercio por concurrir la agravante establecida en el numeral 9) del artículo 363, por haberse cometido los hechos empleando armas, resultando en una pena de ocho (8) años a diez (10) años ocho (8) meses de reclusión, en aplicación de la regla establecida en el artículo 69.1 del referido Código. OPINION: El Ministerio Público, base a lo antes expuesto, es del parecer QUE SE OTORGUE la presente acción de revisión, que se ha hecho mérito. La Magistrada manifiesta: En virtud de no haber medios de prueba por evacuar, en este acto se da por suspendida la presente audiencia para efectos de dictar la sentencia que corresponda oportunamente. (Folios 20-22 del recurso de mérito). CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5]. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. EL recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. El garantista señala en los antecedentes: “Esta defensa del señor WOLBER ALEXANDER ROMERO ratifica honorable Sala de lo Constitucional el recurso de revisión expuesto por el motivo en el sentido que lo establece la Ley sobre Justicia Constitucional en relación a la retroactividad de la ley penal Honorable Sala, es motivo que estamos invocando únicamente en el delito de Robo ya que mi representado en el delito de Homicidio, pues el ya cumplió la penal que se le había impuesto y esta defensa considera con base a lo que pudo analizar en el expediente que se encontraba en el Juzgado de ejecución, que conforme al nuevo código penal que actualmente se encuentra en vigencia, se le debe de aplicar un apena establecida en el artículo 362 del nuevo código que habla de que una pena de prisión de 4-8 años,….” CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de los alegatos proferidos por las partes en audiencia: El recurrente expone: “Darle tramite de ley al recurso Extraordinario de Revisión señalado y del que se hace merito por la aplicación del contenido en el numeral 8 del artículo 96 de la ley sobre Justicia Constitucional por ser evidente que es el presupuestado del articulo a la narración planteada, para la aplicación de la retroactividad de la nueva norma jurídica.” Manifestando el Ministerio Publico. “al realizar un análisis comparativo entre ambos cuerpos normativos, se aprecia que efectivamente la pena impuesta, al delito de Robo de Vehículos conforme el nuevo Código Penal resulta más beneficiosa para el sentenciado , quien fue condenado por este delito a una pena de trece años con seis meses de reclusión, sin embargo, con la entrada en vigencia del nuevo Código, la pena aplicable en la presente causa es de cuatro a ocho años de prisión, aumentada en un tercio por concurrir la agravante establecida en el numeral 9 del artículo 363, por haberse cometido los hechos empleando armas, resultando en una pena de ocho años a diez años ocho meses de reclusión en aplicación de la regla del artículo 69.1 del referido Código” “Visto el razonamiento anterior el Ministerio Publico se pronuncia que SE OTORGUE la presente acción de revisión en los términos supra señalados”. CONSIDERANDO CINCO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable, es por tanto que en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal, por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SIETE(7): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". [6] Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[7], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[8]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[9]. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[10] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO DIEZ (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[11]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado”[12] Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas, y sobre todo sin trastocar los hechos probados y sin invadir los fundamentos jurídicos esbozados por el juzgador primario. CONSIDERANDO DOCE(12): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO TRECE (13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor WOLBER ALEXANDER ROMERO fue condenado por el Juzgado Primero de Letras Departamental de Gracias, Lempira, mediante la sentencia condenatoria, de fecha diecinueve de agosto del año dos mil tres, a la pena de TREINTA Y UN AÑOS DE RECLUSION por el delito de HOMICIDIO SIMPLE Y ROBO DE UN VEHICULO en perjuicio de MELVIN MATIAS PERDOMO BUSTILLO. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 616 y 217 del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió el delito de HOMICIDIO SIMPLE Y ROBO DE UN VEHICULO. III- Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma favorable; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor WOLBER ALEXANDER ROMERO, la pena principal de DIECISIETE AÑOS CON SEIS MESES DE RECLUSION por el delito de HOMICIDIO SIMPLE Y la pena principal de TRECE AÑOS CON SEIS MESES por el delito ROBO DE UN VEHICULO. I. En el caso sub examine, una vez apreciados lo hechos concretos de la sentencia, es palmario la existencia de un concurso real, puesto que el mismo sujeto realiza dos (2) o más acciones u omisiones y con ello infringió varias normas penales. En esta situación es menester de la Sala hacer una comparación global de las penas tal como lo indica el artículo 616 del Código Penal “En el supuesto de concurso real en el que entre en acción la limitación de cumplimiento a treinta (30) años la comparación se tiene que hacer de forma global y atendiendo exclusivamente a si la suma de las condenas impuestas en sentencia superan o no el dicho límite; únicamente si alguna de las conductas que constituyeren el concurso hubiere quedado despenalizada y con las que restaren no se alcanzara la aludida limitación, se procede a la comparación individual de las penas que hubieren correspondido en una y otra legislación.” Si el resultado de la sumatoria es más benigno en comparación con las sumatoria de las penas impuestas, se procede a aplicar la ley más benigna. II. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, en el artículo 217 dice: Comete el delito de robo quien se apodera de bienes muebles ajenos, animales incluidos, empleando violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas. Agregando el artículo 218: Al culpable del delito de robo de vehículos automotores terrestres, naves aéreas, buques y otros bienes similares se le aplicara una pena de diez (10) a quince (15) años de reclusión; y el Código Penal vigente Decreto 130-2017. Establece para la misma conducta delictiva con el nomen iuris de Hurto Y Robo De Uso De Vehículo Automotor la pena abstracta de cuatro a ocho años de prisión. (Artículo 364 párrafo cuarto relacionado con el 361). Plasmando el articulo ARTÍCULO 363.- AGRAVANTES ESPECÍFICAS. Las penas de hurto o robo se deben aumentar en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 9) Se cometen los hechos empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto. En sustanciación de dichos preceptos tenemos como resultado una pena abstracta de ocho (8) años a diez (10) años ocho (8) meses de prisión. Ponderando el quantum de la pena, en cuanto a este delito, es patente que el marco de penas abstractas del Código Penal Vigente es menos gravoso para el encausado. En cuanto al delito de homicidio simple, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, establecía una pena abstracta de la pena de uno quince a veinte años de reclusión, (Artículo 116); y el Código Penal vigente Decreto 130-2017, contempla para dicha figura delictiva, la pena abstracta de quince a veinte años de prisión. (Artículo 192) Ponderando el quantum de la pena, en cuanto a este delito, el Código Penal Vigente no presenta cambio o variación en cuanto al marco de pena. Como se ha señalado en el acápite I, en este caso concreto nos encontramos ante un concurso real y en vista de ello la ponderación se debe hacer global, por lo cual, con la suma de todas las penas, se refleja que el Código Penal Vigente resulta más benigno para el encausado. III. En el examen de los hechos concretos, estampados en la sentencia (folio 23), estos encuadran en los artículos 192, 361, 363 y 366 del Código Penal Vigente. IV- Siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación y análisis de la sentencia, haciendo la revisión con identidad de circunstancias y observando la fundamentación jurídica de la sentencia donde al encausado donde no se impuso ni el mínimo ni máximo de pena, se impuso la pena media por ambas conductas delictivas; este Tribunal concluye que se le debe imponer las siguientes penas concretas: Por el delito de Robo de Vehículo Automotor la pena de ocho (8) años con cuatro (4) meses. Por el delito de Homicidio a la pena de diecisiete (17) años con seis (6) meses años de reclusión. Ambas penas impuestas en concurso real lo que evita la fragmentación de normas y hace potable la Revisión, donde de manera global se puede apreciar la benignidad del nuevo Código Penal. V. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor WOLBER ALEXANDER ROMERO de una norma vigente que le resulta más benigna VI. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y computo de una nueva pena. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Artículos 25, 35, 38, 57, 58, 240 Y Demas aplicables del Código Penal Vigente; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado JORGE ALBERTO CALIX LEIVA, a favor del señor WOLBER ALEXANDER ROMERO; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por el JUZGADO DE PRIMERO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, en fecha diecinueve de agosto de dos mil tres; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor WOLBER ALEXANDER ROMERO, por el delito HOMICIDIO SIMPLE Y ROBO DE UN VEHICULO, en perjuicio de MELVIN BAUTISTA PERDOMO BUSTILLO, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO Al Señor WOLBER ALEXANDER ROMERO, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de HOMCIDIO a la pena de DIECISIETE AÑOS CON SEIS MESES de prisión. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. SEGUNDO: CONDENANDO Al Señor WOLBER ALEXANDER ROMERO, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de HOMCIDIO a la pena de NUEVE AÑOS CON CUATRO MESES de prisión. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y ORDENA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo de pena y proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de junio de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha diez de mayo de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-734-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.
[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.
[3]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[4]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[5]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[6] ZAFFARONI, E., Estructura Básica del Derecho Penal. Editorial Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2009. Pág. 41.
[7] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[8] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[9] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.
[10] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.
[11] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.
[12] Cury, Enrique; (N° 5); Capítulo II, La Ley Penal y su Vigencia; pág. 228.