Sentencia RP-731-20 — Registro 14456
Resumen
Se interpuso Recurso de Revisión contra la sentencia dictada con relación a la causa que se instruyó, por el delito de extorsión en perjuicio de testigo protegido AD-409.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO CATORCE (14): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor JONATHAN SAUL ORTIZ LAGOS, la pena principal de ONCE AÑOS Y TRES MESES DE RECLUSION Y MULTA DE TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO (37.5) SALARIOS MINIMOS y las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL, por haber sido encontrado responsable como autor de un delito de EXTORSION, en perjuicio TESTIGO PROTEGIDO AD-409. Conforme las disposiciones del Código Penal vigente mediante Decreto 130-2017, el delito de EXTORSION, previsto en el artículo 373 dispone: “Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero debe ser condenado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y una multa de quinientos (500) a mil (1000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados”; Más las penas accesorias correspondientes. Que al analizar la sentencia que hoy es objeto de Revisión esta Sala constata que el señor JONATHAN SAUL ORTIZ LAGOS, mediante Procedimiento Abreviado, fue condenado por el delito de EXTORSIÓN, a una pena de 15 años de reclusión, pena que fue rebajada en un cuarto según lo establecido en el artículo 404 del Código Procesal Penal que señala en su párrafo cuarto que “Cumplido lo prescrito en el párrafo primero de dicho artículo el Juez dictará sentencia, imponiendo las penas que correspondan, rebajadas en un cuarto (1/4), aplicando el Juez sentenciador en aquel momento una pena concreta de once (11) años tres (3) meses y una multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos; de igual manera a la nueva pena que oscila entre 10 a 15 años de prisión y la pena de multa con que se castiga el delito de Extorsión en el nuevo Código, se le debe aplicar por analogía la rebaja en un cuarto, resultando una nueva pena abstracta de siete (7) años seis (6) meses de prisión como mínima a once (11) años tres(3) meses de prisión como máxima, y una pena de multa de trescientos setenta y cinco (375) días multa como mínimo a setecientos cincuenta (750) días multa como máximo, los cuales según el artículo 53 del nuevo Código Penal se encuentran en un rango de veinte lempiras (L. 20.00) a cinco mil lempiras (L. 5,000.00) días multa, debiéndose aplicar el mínimo ósea veinte lempiras (L. 20.00), resultando una pena de multa de siete mil quinientos lempiras (L. 7,500.00), que se le deberá imponer al condenado. La comparativa de penas entre las diferentes legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal vigente o ley intermedia prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83 recién derogado, y las estatuidas en el Decreto 93-2021. por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor MARVIN GODOY CALDERON y conforme al artículo 101.4 del La Ley sobre Justicia Constitucional que se proceda a emitir un nuevo computo de pena por parte del Juzgado de Ejecución competente. CONSIDERANDO QUINCE (15): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta N.º 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo.”
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 316 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 101 (Rango Constitucional)
- Código Penal, art. 53 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de febrero de dos mil veintidós. VISTA: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión interpuesto por el Abogado JORGE ENRIQUE VALLADARES ARGEÑAL, a favor del señor JONATHAN SAUL ORTIZ LAGOS, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha quince (15) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con relación a la causa que se instruyó contra el señor JONATHAN SAUL ORTIZ LAGOS, por el delito de EXTORSION en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AD-409. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la Abogada SANDRA JOAQUIN, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el señor JONATHAN SAUL ORTIZ LAGOS, por suponerlo responsable a Título de Autor de la Comisión del delito de EXTORSION, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AD-409. (Folios 01 al 06 de pieza del Juzgado). 2) Que, seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha quince (15) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia mediante la cual resuelve: CONDENAR A JONATHAN SAUL ORTIZ LAGOS, a la pena principal de ONCE AÑOS TRES MESES DE RECLUSION Y UNA MULTA DE TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO SALARIOS MINIMOS, como AUTOR por el delito de EXTORSION, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AD-409. Asimismo, CONDENAR A JONATHAN SAUL ORTIZ LAGOS, a las penas Accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena. 3) Que el recurrente, Abogado JORGE ENRIQUE VALLADARES ARGEÑAL, compareció ante este Tribunal en fecha dos de septiembre del año dos mil veinte, presentando recurso de revisión penal a favor del señor JONATHAN SAUL ORTIZ LAGOS, contra la sentencia condenatoria en fecha quince (15) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. 4) Que en fecha quince (15) de abril del año dos mil veintiuno (2021), esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenándose en consecuencia la celebración de la Audiencia respectiva. 5) Que en fecha tres (3) de junio del año dos mil veintiuno (2021), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el Abogado JORGE ENRIQUE VALLADARES ARGEÑAL, en su condición de Apoderado Legal del señor JONATHAN SAUL ORTIZ LAGOS, la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA en su condición de Fiscal del Ministerio Público. CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal, pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Algunos precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[1] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[2], en relación con el artículo 25 de la misma convención[3] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[4]. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El garantista funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley que le resulta más benigna. El garantista señala:” El motivo es la sentencia Condenatoria, dictada en contra de JONATHAN SAUL ORTIZ LAGOS, en fecha de quince (15) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) por el Juzgado de Letras Penal de la sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, el cual se registro bajo el numero de expediente 2875-2017, Juez N. 6, por el delito de EXTORSION, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AD-409, imponiéndosele una condena de ONCE (11) AÑOS TRES (3) MESES DE RECLUSION Y MULTA DE TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO (37.5) SALARIO MINIMOS, asimismo a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA por el tiempo que dure la condena” CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. Que la Audiencia de Oposición a la garantía de Revisión se celebró el día tres (3) de junio del año dos mil veintiuno (2021), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado JORGE ENRIQUE VALLADARES ARGEÑAL, como garantista a favor del ciudadano JONATHAN SAUL ORTIZ LAGOS y la abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, en su condición de agente fiscal del Ministerio Público, en representación de los intereses de la sociedad hondureña. Se le cedió la palabra al abogado JORGE ENRIQUE VALLADARES ARGEÑAL, quien expuso: “Muy respetuosamente, comparezco ante vos Honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, RATIFICANDO RECURSO EXTRAORDIARIO DE REVISION, en contra de la sentencia condenatoria, de fecha quince (15) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), dictada por el Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa, Francisco Morazán, siendo condenado mi representado como Autor responsable del delito de EXTORSION en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO, imponiéndole la pena principal de once (11) años y tres (03) meses de Reclusión y una Multa de treinta y siete punto cinco(37.5) salarios mínimos, asimismo las Penas Accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil. Con la entrada en vigencia del Nuevo Código Penal, en fecha 25 de junio del año 2020, y en aplicación a la Retroactividad de la ley y en base a considerar en el computo del artículo 373 del nuevo Código Penal ya vigente dice: “Extorsión.- Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero debe ser condenado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y una multa de quinientos (500) a mil (1000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados.” Por lo que en base a lo expresado anteriormente es que se solicita la aplicación de la nueva normativa a favor del reo, aplicando así la nueva ley que más favorezca imponiendo a nuestro representado la pena mínima de diez(10) años, rebajada en un cuarto (1/4) (por haber hecho uso del Procedimiento Abreviado), y Multa de (500) a (1000) días, es decir que se anule el fallo y se le establezca una pena de SIETE (7) AÑOS SEIS (06) MESSES DE RECLUSIÓN Y UNA MULTA DE TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO (375) DÍAS”. Seguidamente se le cedió la palabra al representante del Ministerio Público quien hizo uso de la palabra, expresando: “El recurrente, solicita que, en representación de JONATHAN SAUL ORTIZ LAGOS, se aplique retroactivamente la nueva legislación penal vigente por ser esta más benigna. Que se establezca la nueva pena y se emita el computo correspondiente tomando en cuenta que la pena por el delito de Extorsión es de 10 a 15 años por lo que se le deberá imponer a su representado la pena mínima rebajada en un cuarto quedando una pena concreta de SIETE AÑOS Y SEIS MESES (7.6m) DE RECLUSION Y MULTA DE TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO (375) DIAS. De lo anterior procedemos analizar los siguientes aspectos: Del hecho probado de la sentencia de mérito, se desprende que los hechos ocurridos fueron realizados por el acusado JONATHAN SAUL ORTIZ LAGOS, por el delito de EXTORSION, por el cual fue condenado mediante de la vía alterna del procedimiento abreviado. - Como consecuencia de lo anterior, y la entrada en vigencia del Nuevo Código Penal y en relación con el delito de Extorsión, calificado en el artículo 373 de la norma en comento establece una reforma a la pena, quedando como pena mínima 10 años y una pena máxima de 15 años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días. Por lo que esta Representación Fiscal es del criterio que resulta procedente los solicitado por el revisionista de aplicarle a su defendido la pena más beneficiosa siendo esta la contemplada en el Decreto 130-2017; el cual debe ser acordada mediante el beneficio del Procedimiento Abreviado, rebajando un ¼ de la pena establecida para el delito de Extorsión, que es una pena mínima de 10 años y una pena máxima de 15 años, y haciendo la rebaja respectiva quedaría una PENA DE SIETE (7) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE RECLUSIÓN Y CON RELACIÓN A LA PENA DE MULTA QUEDARÍA DE TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO (375) DÍAS. En virtud de lo expuesto peticiona a la Sala de lo Constitucional que SE OTORGUE la garantía constitucional de Revisión. CONSIDERANDO CINCO (5): Que el Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas”. Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. CONSIDERANDO SIETE (7): CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MAS FAVORABLE. Artículo 616 del Código Penal.” CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MÁS FAVORABLE. Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique. Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal. Se exceptúan los supuestos en los que el presente Código contuviera para el mismo hecho la previsión de una pena alternativa no privativa de libertad, pues en tal caso se tiene que proceder a la revisión de la pena. Si la imposición de la pena dependiera de un dato que no obra en las actuaciones, se solicita el correspondiente dictamen para que el Órgano Jurisdiccional competente pueda determinar la cuantía de la nueva pena que habrá de sustituir a la anterior. Si el dictamen no llegara a ser conclusivo y se tratara de una pena de multa proporcional, para calcular la que correspondiera en el presente Código se ésta a lo dispuesto en el Artículo 54 de éste. En caso de concurso ideal de delitos, procede realizar una comparación global de las penas resultantes aplicando las distintas legislaciones, no cabe, por lo tanto, calificar unos delitos de acuerdo a la legislación que se deroga y otros con arreglo al presente Código. Únicamente en el caso de que se hubiere despenalizado una de las conductas constitutivas del concurso, se hace la comparación teniendo en cuenta la pena que correspondiera a la conducta que continúa siendo delictiva en una y otra legislación. Si se tratare de un concurso medial y en tanto que esa forma concursal ha sido suprimida en el presente Código, la comparación se efectúa entre la pena global impuesta en la sentencia sometida a revisión y la que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo con la nueva Ley. La misma regla se observa en caso de delito continuado. En el supuesto de concurso real en el que entre en acción la limitación de cumplimiento a treinta (30) años la comparación se tiene que hacer de forma global y atendiendo exclusivamente a si la suma de las condenas impuestas en sentencia superan o no el dicho límite; únicamente si alguna de las conductas que constituyeren el concurso hubiere quedado despenalizada y con las que restaren no se alcanzara la aludida limitación, se procede a la comparación individual de las penas que hubieren correspondido en una y otra legislación. En el caso de que lo procedente sea aplicar la regla más beneficiosa de limitación de cumplimiento, incorporada al presente Código, que consiste en el triple del tiempo de la pena más grave por la que se hubiere condenado al sujeto sin que se llegaren a alcanzar los treinta (30) años, habrán de compararse las penas que hubieren podido corresponder a los distintos delitos para determinar qué es lo más beneficioso para el condenado. En todos los supuestos en los que a criterio del Órgano Jurisdiccional competente proceda la revisión de la condena es inexcusable oír al condenado; por ello, no lo es en el supuesto en el que se considere que la legislación anterior es más beneficiosa, en cuyo caso se puede dictar directamente Auto declarando la improcedencia de la revisión. Sin embargo y aún en esta última ocasión, el Órgano Jurisdiccional competente puede si lo considera, dar audiencia al condenado”. CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[5], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[6]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[7]. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO OCHO (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO DIEZ (10): Sobre la aplicación de la ley intermedia. En relación a la ley intermedia. Se les denomina así ya que son promulgadas después de la comisión del delito, pero que son desplazadas por una nueva ley antes de proferir la sentencia. En el caso hondureño no hablamos específicamente de una ley per se, empero se presenta una reforma que prácticamente reconfigura la norma penal. Por tanto, estaríamos ante una nueva norma ya que su contenido antes en vigor ha cambiado y por tanto han alterado su fisonomía normativa, así como su contenido básico. Para el jurista René Suazo Lagos[8] reciben el nombre de leyes intermedias “[las] leyes emitidas y derogadas entre la fecha de comisión [del delito] y [el dictado] de la sentencia”. Sobre este mismo tema otros tratadistas señalan: “Se acostumbra a aludir con el nombre de ley penal intermedia a la situación que se produce cuando, con posterioridad a la comisión de un delito, se promulga una ley más benigna que la que estaba vigente al momento del hecho, pero ésta ya no existe al tiempo de la sentencia en que dicho delito es juzgado, puesto que ha sido reemplazada por una tercera ley. A la segunda ley se la suele llamar ley intermedia, ya que rige entre la que estaba en vigor al tiempo del delito y la vigente al momento del fallo”[9]. CONSIDERANDO ONCE (11): Que en el caso sub examine, el peticionario abogado JORGE ENRIQUE VALLADARES ARGEÑAL, compareció ante este Alto Tribunal en fecha dos de septiembre del año dos mil veinte, presentando recurso de Revisión de una sentencia condenatoria penal y en consecuencia la aplicación de la ley más benigna vigente en ese momento, el Decreto Legislativo No. 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal, en consideración a que su representado el señor JONATHAN SAUL ORTIZ LAGOS, fue condenado por el delito de EXTORSIÓN estando vigente el Decreto 144-83, decreto este último que fue derogado con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 130-2017. La nueva norma penal establecía en el artículo 373 una pena más benigna para el delito de Extorsión: -prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días-. No obstante a ello en el ínterin de la petición del recurso de Revisión Penal promovido y el dictado de la presente sentencia, entró en vigencia el Decreto Legislativo No.93-2021[10], mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 373 del Decreto 130-2017 contentivo del nuevo Código Penal y agrava nuevamente la pena para el delito de Extorsión: -prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto-. En el caso sujeto a estudio nos encontramos ante la situación de la aplicación de una ley más benigna que no se encuentra vigente el momento de dictar sentencia, ello es así pues el señor JONATHAN SAUL ORTIZ LAGOS , fue condenado por el delito de Extorsión, estando vigente el Decreto 144-83, posterior a su condena fue promulgado el Decreto 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal y estableciendo una pena más favorable en relación al tipo penal de Extorsión, peticionando su Abogado Defensor la revisión de esa sentencia penal estando en vigencia el Decreto 130-2017, mismo que establecía una pena más benigna para el delito de Extorsión, y posterior a la petición realizada y previo a dictar sentencia este Alto Tribunal, entra en vigencia el Decreto 93-2021 que de nuevo aumenta la pena para el delito de extorsión como líneas arriba se dijo. En ese orden de ideas el Tribunal Supremo Español considera que, si la ley penal intermedia es más favorable que la ley vigente en el momento de comisión del delito y que la vigente en el momento de enjuiciamiento, debe ser aplicada al reo, «no solamente por razones humanitarias derivadas del principio proclamado en el art. 2.2 del Código Penal [español], sino que se perjudicaría al reo por razones ajenas a él, como la tardanza en juzgarle, resultando de ese modo en peor situación» (STS, 2.ª, 953/2013, de 16-XII). Otras resoluciones que aplican la ley penal intermedia más favorable son las SSTS, 2.ª, 140/2002, de 8-II; 692/2008, de 4-XI; 1026/2009, de 16-X; y 1078/2012, de 16-VI. CONSIDERANDO DOCE (12): Esta Sala Constitucional considera que una vez iniciado un trámite de Revisión materia penal, al momento de aplicar las normas penales a la sustanciación del Recurso, se deberá ejecutar la norma que fue invocada por el recursista y que al momento de peticionar estaba en vigencia, asimismo al momento de comparar las normas penales, como es el caso de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, se deberá comparar con la norma que fue aplicada en la sentencia (norma considerada derogada en el momento de interposición del recurso) y en el caso de que en el lapsus de presentación del Recurso y la emisión de la resolución final, la norma invocada fuese derogada o reformada, se tomara en consideración la más benigna, ya que el cambio de circunstancias es por causas ajenas al peticionario. Esto atendiendo el mandato constitucional, que coloca a la persona humana y su protección como fin y prioridad del Estado. Así también, bajo la órbita del principio pro homine, ampliamente reconocido por la Sala Constitucional, cuando exista la posibilidad de tomar diferentes decisiones, así como en caso de mérito, se encuentran varias posibilidades en debate, el juez deberá preferir, aquella que contenga mejores protecciones, o que sean más favorables para el individuo. Por tanto, se debe aplicar la norma que más favorezca al encausado, puesto que su petición se realizó al amparo de una norma más benigna que al momento de interponer el Recurso se encontraba en vigencia y el hecho de que esa norma haya sido desplazada no puede ser imputable o acarrear consecuencia para quien peticiono o se apegó a ella en tiempo y forma. CONSIDERANDO TRECE (13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. -I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor JONATHAN SAUL ORTIZ LAGOS fue condenado mediante Procedimiento Abreviado por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha quince (15) de noviembre de dos mil dieciocho (2018) a la pena de ONCE AÑOS Y TRES MESES DE RECLUSION Y MULTA DE TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO (37.5) SALARIOS MINIMOS en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AD-409, como pena principal, las que deberán cumplir simultáneamente; así mismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del garantista, que la sentencia condenatoria de fecha Quince de noviembre de dos mil dieciocho, mediante la cual se condenó al ciudadano JONATHAN SAUL ORTIZ LAGOS, estableció que en la sentencia definitiva y firme el Juzgado aplicó lo dispuesto en el artículo 222 del Código Penal, contenido en el Decreto legislativo Número 144-83, que disponía una pena abstracta de 15 a 20 años de reclusión y una multa de cincuenta (50) salarios mínimos, más las accesorias que correspondan, estimando que el condenado cometió el delito de EXTORSION SIMPLE. III- Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma favorable, promulgada a que se alcanzara cosa juzgada mediante una sentencia firme. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala estima después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, Procede la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor JONATHAN SAUL ORTIZ LAGOS, la pena principal de ONCE AÑOS Y TRES MESES DE RECLUSION Y MULTA DE TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO (37.5) SALARIOS MINIMOS y las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL, por haber sido encontrado responsable como autor de un delito de EXTORSION, en perjuicio TESTIGO PROTEGIDO AD-409. Conforme las disposiciones del Código Penal vigente mediante Decreto 130-2017, el delito de EXTORSION, previsto en el artículo 373 dispone: “Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero debe ser condenado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y una multa de quinientos (500) a mil (1000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados”; Más las penas accesorias correspondientes. Que al analizar la sentencia que hoy es objeto de Revisión esta Sala constata que el señor JONATHAN SAUL ORTIZ LAGOS, mediante Procedimiento Abreviado, fue condenado por el delito de EXTORSIÓN, a una pena de 15 años de reclusión, pena que fue rebajada en un cuarto según lo establecido en el artículo 404 del Código Procesal Penal que señala en su párrafo cuarto que “Cumplido lo prescrito en el párrafo primero de dicho artículo el Juez dictará sentencia, imponiendo las penas que correspondan, rebajadas en un cuarto (1/4), aplicando el Juez sentenciador en aquel momento una pena concreta de once (11) años tres (3) meses y una multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos; de igual manera a la nueva pena que oscila entre 10 a 15 años de prisión y la pena de multa con que se castiga el delito de Extorsión en el nuevo Código, se le debe aplicar por analogía la rebaja en un cuarto, resultando una nueva pena abstracta de siete (7) años seis (6) meses de prisión como mínima a once (11) años tres(3) meses de prisión como máxima, y una pena de multa de trescientos setenta y cinco (375) días multa como mínimo a setecientos cincuenta (750) días multa como máximo, los cuales según el artículo 53 del nuevo Código Penal se encuentran en un rango de veinte lempiras (L. 20.00) a cinco mil lempiras (L. 5,000.00) días multa, debiéndose aplicar el mínimo ósea veinte lempiras (L. 20.00), resultando una pena de multa de siete mil quinientos lempiras (L. 7,500.00), que se le deberá imponer al condenado. La comparativa de penas entre las diferentes legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal vigente o ley intermedia prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83 recién derogado, y las estatuidas en el Decreto 93-2021. por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor MARVIN GODOY CALDERON y conforme al artículo 101.4 del La Ley sobre Justicia Constitucional que se proceda a emitir un nuevo computo de pena por parte del Juzgado de Ejecución competente. CONSIDERANDO QUINCE (15): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta N.º 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero, 101 y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Articulo 24, 25, 35, 38, 53, 58 y 373 del Código Penal vigente; 403 y 404 del Código Procesal Penal. FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado JORGE ENRIQUE VALLADARES ARGEÑAL, a favor del señor JONATHAN SAUL ORTIZ LAGOS; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN en fecha quince (15) de noviembre de dos mil dieciocho (2018); y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor JONATHAN SAUL ORTIZ LAGOS, por el delito EXTORSION en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AD-409, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor JONATHAN SAUL ORTIZ LAGOS, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de EXTORSIÓN, a la pena de SIETE (7) AÑOS SEIS(6) MESES DE PRISIÓN, y una pena de MULTA DE SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L. 7,500.00), POR EL DELITO DE EXTORSIÓN EN PERJUICIO DE TESTIGO PROTEGIDO AD-409. SEGUNDO: Se CONDENA a las Penas Accesorias de Inhabilitación Absoluta; Sin la concurrencia de circunstancias agravantes y atenuantes, ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFIQUESE. - Firmas y Sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de marzo de dos mil veintidós, certificación de la Sentencia de fecha veintidós de febrero de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Revisión Penal, registrado en este Tribunal bajo el número SCO-0731=2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.
[2]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[3]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[4]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[5] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[6] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[7] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.
[8] Suazo Lagos R. (2010), Lecciones de Derecho Penal. Editorial La Nueva Honduras.
[9] Calderón, G. (2004) ¿Debe Aplicarse La Ley Penal Intermedia Más Favorable? Pontificia Universidad Católica De Valparaíso, Chile.
[10] Publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 35,760 de fecha 1 de noviembre del año dos mil veintiuno y vigente según el articulo 11 al día siguiente de la publicación del presente Decreto en el Diario oficial “La Gaceta”.