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Sentencia RP-729-21 — Registro 16100

Resumen

Se interpuso Recurso de Revisión Penal contra la sentencia condenatoria con relación a la causa que se instruyó por el delito de robo de vehículo y robo agravado.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “.-CONSIDERANDO DIECISIETE (17): I.- Que al realizar la ponderación de todos los tipos penales y realizando la comparación entre ambos códigos, es manifiesto que el Código Penal decreto 130-2017 solo representa benignidad en ciertas conductas delictivas. Empero, la existencia de un mismo sujeto realizando dos (2) o más acciones u omisiones e infringiendo una misma normal penal varias veces o varias normas penales, da lugar a un concurso real, [tal como fue apreciado por el tribunal sentenciador]. Como consecuencia de ello la valoración debe hacerse de manera global, es decir sumar el total de penas correspondientes. Aplicando cada Código Penal y según el resultado, determinar cuál le es más favorable al sentenciado. En el caso que nos ocupa al revisar la totalidad de las penas a imponer, es patente que el Código Penal Decreto 130-2017 es más favorable al sentenciado. II.- Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor WILSON YUVINI FAJARDO PEREZ de una norma vigente que le resulta más benigna III. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal, es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y computo de una nueva pena.”

Jerarquía: Reiterativa

… “.-CONSIDERANDO DIECISIETE (17): I.- Que al realizar la ponderación de todos los tipos penales y realizando la comparación entre ambos códigos, es manifiesto que el Código Penal decreto 130-2017 solo representa benignidad en ciertas conductas delictivas. Empero, la existencia de un mismo sujeto realizando dos (2) o más acciones u omisiones e infringiendo una misma normal penal varias veces o varias normas penales, da lugar a un concurso real, [tal como fue apreciado por el tribunal sentenciador]. Como consecuencia de ello la valoración debe hacerse de manera global, es decir sumar el total de penas correspondientes. Aplicando cada Código Penal y según el resultado, determinar cuál le es más favorable al sentenciado. En el caso que nos ocupa al revisar la totalidad de las penas a imponer, es patente que el Código Penal Decreto 130-2017 es más favorable al sentenciado. II.- Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor WILSON YUVINI FAJARDO PEREZ de una norma vigente que le resulta más benigna III. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal, es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y computo de una nueva pena.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICICION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de diciembre del dos mil veintidós. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por la Abogada Nidia Elizabeth Fuentes Quesada, a favor del señor WILSON YUVINI FAJARDO PÉREZ, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de fecha diez (10) de marzo de dos mil diecisiete (2017), con relación a la causa que se instruyó contra el señor WILSON YUVINI FAJARDO PÉREZ Y OTRO, por haber sido condenado por los delitos de ROBO DE VEHÍCULO Y ROBO AGRAVADO, en perjuicio del señor DENIS OMAR BOBADILLA REYES. ANTECEDENTES 1) En fecha once (11) de febrero de dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado RUBÉN ADOLFO REYES GÁMEZ, actuando como Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los señores WILSON YUVINI FAJARDO PÉREZ Y OTROS, por suponerlos responsables de los delitos de ROBO DE VEHÍCULO AGRAVADO Y ROBO AGRAVADO, en perjuicio del señor Denis Omar Bobadilla Reyes.(Folios 1-2 del tomo I del expediente del A-quo) 2) Que en fecha diez (10) de marzo de dos mil diecisiete (2017), el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “…PRIMERO: CONDENA al acusado WILSON YUVINI FAJARDO PEREZ, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable penalmente del delito de ROBO AGRAVADO, en perjuicio de DENIS OMAR BOBADILLA REYES, no concurriendo circunstancias atenuantes, ni agravantes, en consecuencia le impone: la pena mínima de SEIS (6) AÑOS,OCHO (8) MESES DE RECLUSIÓN, con las accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de duración de la pena principal. SEGUNDO: CONDENA al acusado WILSON YUVINI FAJARDO PEREZ, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable penalmente del delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO, en perjuicio de DENIS OMAR BOBADILLA REYES, no concurriendo circunstancias atenuantes, ni agravantes, en consecuencia le impone: la pena mínima de TRECE (13) AÑOS, CUATRO (4) MESES DE RECLUSIÓN, con las accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de duración de la pena principal. TERCERO: CONDENA al acusado JOSE OBIN VELASQUEZ VASQUEZ, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable penalmente del delito de ROBO AGRAVADO, en perjuicio de DENIS OMAR BOBADILLA REYES, no concurriendo circunstancias atenuantes, ni agravantes, en consecuencia le impone: la pena mínima de SEIS (6) AÑOS,OCHO (8) MESES DE RECLUSIÓN, con las accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de duración de la pena principal. CUARTO: CONDENA al acusado JOSE OBIN VELASQUEZ VASQUEZ, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable penalmente del delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO, en perjuicio de DENIS OMAR BOBADILLA REYES, no concurriendo circunstancias atenuantes, ni agravantes, en consecuencia le impone: la pena mínima de TRECE (13) AÑOS, CUATRO (4) MESES DE RECLUSIÓN, con las accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de duración de la pena principal. QUINTO: Penas que deberán cumplir en el establecimiento que corresponda conforme a la Ley, quedando sujetos a trabajar en obras públicas o en labores del establecimiento de conformidad con la Ley que regula el Sistema Penitenciario Nacional, debiéndose computar el abono del tiempo que se han mantenido en prisión preventiva. SEXTO: Se declara a los condenados WILSON YUVINI FAJARDO PEREZ Y JOSE OBIN VELASQUEZ VASQUEZ, responsables civilmente del importe de la reparación, compensación e indemnización de los perjuicios causados por los delitos por los cuales son condenados. SEPTIMO: No procede condenar en costas a los acusados WILSON YUVINI FAJARDO PEREZ Y JOSE OBIN VELASQUEZ VASQUEZ OCTAVO: No procede el comiso. NOTIFÍQUESE LA PRESENTE SENTENCIA A LAS PARTES PROCÉSALES. ASÍ POR ESTA NUESTRA SENTENCIA, LO PRONUNCIAMOS, MANDAMOS Y FIRMAMOS.” (Folios 265-273 del tomo II del expediente del A-quo) 3) En fecha veinte (20) de julio de dos mil veintiuno (2021), compareció ante esta Sala, la Abogada Nidia Elizabeth Fuentes Quesada, interponiendo recurso de revisión a favor del señor Wilson Yuvini Fajardo Perez, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por ser este más benigno a su representado. (Folios 1-20 del recurso de mérito) 4) En fecha dieciocho (18) de mayo de dos mil veintidós (2022), habiéndose recibido los antecedentes en este Tribunal, cítese a las partes para audiencia que se celebrará el día miércoles ocho (8) de junio de dos mil veintidós (2022), a las once de la mañana (11: 00 a.m.), a efecto de que la parte afectada con la admisión del recurso, se pueda oponer al mismo y ambas partes presenten las pruebas en que se fundan sus pretensiones, debiendo oírse en la misma audiencia la opinión del Fiscal. (Folio 30 del recurso de mérito) 5) En fecha ocho (8) de junio de dos mil veintidós (2022), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Jorge Alberto Zelaya Zaldaña, con la comparecencia de la Abogada Sandra Lorena Zuniga García, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la Abogada Nidia Elizabeth Fuentes Quesada, en su condición de Apoderada Legal del señor Wilson Yuvini Fajardo Perez; se le cedió la palabra a la parte recurrente para que hiciera uso de su derecho a réplica, expresando lo siguiente: “…ratifica el recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de fecha diez de mayo de dos mil diecisiete, proferida por la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés…” El Ministerio Público consideró: “…Artículo 616: "CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. Para determinar la ley penal más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación, fragmentando las dos normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique... De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público procede a efectuar el respectivo análisis, de tal manera que al revisar los argumentos presentados no se visualiza que concurran las circunstancias determinadas en el artículo 96 numeral 6 de Ley Sobre Justicia Constitucional, en vista que este requiere de nuevos hechos o elementos probatorios, lo que no acontece en el caso de mérito, en vista que el agravio lo desarrolla en atención a que se debió imponer la pena que se encontraba vigente antes de la reforma del 24 agosto 1999, es decir, que solicita la aplicación de una norma anterior que no se encontraba vigente al momento de suscitarse los hechos y el principio de retroactividad aplica cuando las nuevas disposiciones le sean más favorables, por otra parte argumenta que los delitos por los cuales fue condenado fueron cometidos en concurso Ideal, infringiéndose de esta manera el principio del legalidad. En relación al segundo motivo de revisión en cuanto a que la nueva norma penal vigente le favorece a su representado, se procede a realizar el análisis de norma derogada y vigente: En atención al delito de ROBO la norma derogada establecía en el artículo 217, lo siguiente: "Comete el delito de robo quien se apodera de bienes muebles ajenos, los animales incluidos, empleando violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas"; en tanto que el artículo 218, estipulaba la pena abstracta a imponer siendo de cinco (5) a nueve (9) años de reclusión. Artículo 219: Las penas señaladas en el artículo anterior se aumentarán en cuando el robo se cometa: 1.- En despoblado o en cuadrilla. 2. El aumento a que se refiere el párrafo primero también se hará cuando concurran cualesquiera de las circunstancias que se mencionan en el artículo 225. Artículo 225: Las penas aplicables según el artículo anterior se aumentarán en (1/3) tercio si el hecho se comete: 1), 2), 3), 4) Con la cooperación de dos o más personas o por una sola que se finja agente de la autoridad, o empleado de un servicio público. En el nuevo Código penal el delito ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN se encuentra contenido en el artículo 361: "Quien, con ánimo de lucro, se apodera de cos mueble ajena empleando violencia O intimidación en las personas, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice. Pena que corresponde ser agravada en 1/3 al concurrir la agravante del artículo 363 numeral 9) Se cometen los hechos empleando armas...; en ese sentido al efectuar el cálculo aritmético corresponde una pena abstracta de 8 años a 10 años 8 meses de prisión. La norma Penal derogada tipifica el delito de ROBO DE VEHÍCULO en el artículo 218 párrafo segundo: Al culpable del delito de robo de vehículo automotores terrestre, naves aéreas... se aplicará una pena de diez (10) a quince (15) años de reclusión. El Código Penal vigente enmarca el delito por el cual fue condenado el hoy sentenciado en el artículo 364 referente al HURTO Y ROBO DE USO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, que en el último párrafo determina: "Si para la sustracción se emplea violencia o intimidación en las personas, debe castigarse con las penas del robo con violencia e intimidación." Es así que el delito de ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACION se encuentra contenido en el artículo 361: "Quien, con ánimo de lucro, se apodera de cosa mueble ajena empleando violencia o intimidación en las personas, debe ser castigado con la pena de prisión de prisión de cuatro (4) a (8) años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice. Es importante resaltar que la pena supra indicada debe ser agravada en 1/3 al desprenderse de los Hechos Probados, que para despojar al propietario del vehículo en que se transportaba utilizaron armas, conforme lo contemplada el artículo 363 numeral 9) Se cometen los hechos empleando armas u otros medios O instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto. De tal manera que al realizar el cálculo aritmético en atención a la pena de 4 a 8 años en aumento de 1/3, por concurrir la agravante supra relacionada, corresponde una pena abstracta de 8 años a 10 años con ocho (08) meses de prisión. En el caso Sub Judice se aprecia del contenido de la sentencia que se condenó al señor WILSON YUVINI FAJARDO PEREZ, por los delitos de Robo Agravado Y Robo de Vehículo Agravado de manera independiente, no aplicando el concurso ideal peticionado por el revisionista. De lo antes relacionado si bien el delito de USO DE VEHICULO ROBADO AGRAVADO tiene una pena menor a la que fue sentenciado, sin embargo, el delito de ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN le corresponde una pena mayor, razón por la que no corresponde aplicar la retroactividad peticionada en vista que no es posible fraccionar las dos normas aplicando únicamente lo que le favorece, conforme lo dispone el artículo 616 del Código Penal vigente. III. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia QUE NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados.” Se le cedió nuevamente la palabra al revisionista “…tenemos la sentencia de fecha diez de marzo de dos mil diecisiete, proferida por la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, donde se condenó a la pena de trece años de reclusión…” Se le cedió la palabra al Ministerio Público para que manifestara alguna oposición a la prueba presentada por el recurrente o si tenía algún medio de prueba que presentar, manifestando lo siguiente: “no tenemos pruebas que presentar.”. El Magistrado manifiesta: En virtud de no haber medios de prueba por evacuar, en este acto se da por suspendida la presente audiencia para efectos de dictar la sentencia que corresponda oportunamente. (Folios 32-36 del recurso de mérito) CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5]. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. La recurrente funda su petición en los preceptos autorizantes contenido en el numeral 6 del artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando “Después de la condena sobrevengan nuevos hechos o elementos de prueba que solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hagan evidente que el hecho no existió, que el condenado no lo cometió o que el hecho cometido no es punible o encuadra una norma más favorable.” Y en el numeral 8 del artículo 96 que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando “en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. CONSIDERANDO CUATRO (4): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable, es por tanto que en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la República, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal, por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO CINCO (5): Que en cuanto al primer motivo del recurso, el cual se encuentra establecido en el numeral 6 del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional el cual establece que tiene procedencia la acción de revisión a favor del condenado cuando “Después de la condena sobrevengan nuevos hechos o elementos de prueba que solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hagan evidente que el hecho no existió, que el condenado no lo cometió o que el hecho cometido no es punible o encuadra una norma más favorable; o se produzca un cambio de doctrina legal que favorece al reo.” En cuanto a este motivo planteado por la recurrente, es criterio reiterado de la Sala, que la garantía constitucional de revisión no es un recurso de instancia, y de la simple lectura de dicho motivo se deduce que la revisionista realiza argumentos de instancia. El alcance de ésta garantía constitucional no faculta a esta Sala a realizar modificaciones a los hechos probados derivados de la valoración probatoria y fundamentación jurídica trazada por el tribunal de instancia en la sentencia revisada. Que esta Sala ha declarado en reiteradas decisiones que el recurso de Revisión, es un recurso extraordinario de carácter excepcional, que, al estar dirigido contra una sentencia firme con carácter de cosa juzgada pronunciada en juicio ordinario, no se constituye como una instancia más del procedimiento y su procedencia exige la concurrencia rigurosa de la causal o del motivo que se invoca. Esta Sala, no puede apartarse de la parte intangible de la sentencia definitiva y firme lo cual recae en sus hechos probados y fundamentación jurídica. El eje central de esta garantía de Revisión Penal gira bajo su característica de ser un Recurso excepcional, no traspasando la línea de lo que le corresponde a un recurso ordinario o extraordinario de instancia [Apelación o Casación]. Es así como el ejercicio jurídico que hace esta Sala, para la determinación de benignidad de una nueva Ley Penal, no es someter a un nuevo juicio el proceso ya evacuado, detectar vicios o nulidades procesales, valorar medios de prueba, pronunciarse sobre el ejercicio interpretativo realizado por los juzgadores, tampoco dar alcance o interpretaciones sobre los tipos penales o el desarrollo de los elementos de la teoría del delito. La Sala se limita a encuadrar los hechos probados con la nueva norma penal y determinar si el resultado de ese encuadre es más beneficioso que la pena impuesta a esos mismos hechos con el Código Penal derogado. El asidero de este ejercicio lo encontramos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SIETE (7): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". [6] Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[7], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[8]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[9]. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[10] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO DIEZ (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[11]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado”[12] Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas, y sobre todo sin trastocar los hechos probados y sin invadir los fundamentos jurídicos esbozados por el juzgador primario. CONSIDERANDO DOCE (12): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la República, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la República en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo.

CONSIDERANDO TRECE (13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I. Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor WILSON YUVINI FAJARDO PEREZ fue condenado por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, CORTES, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha diez (10) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a las penas principales de SEIS (6) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE RECLUSIÓN por el delito de ROBO AGRAVADO y a la pena de TRECE (13) AÑOS Y CUATRO (4) MESES DE RECLUSIÓN por el delito de ROBO DE VEHÍCULO AGRAVADO, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. II. Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos de la impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en los artículos 217, 218, 219 numeral 1 y último párrafo y 225 numeral 4 del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió los delitos de Robo Agravado y Robo de Vehículo Agravado. III. Esta Sala considera que el caso sub examine encaja en la causal número 8, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor WILSON YUVINI FAJARDO PEREZ las penas principales de SEIS (6) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE RECLUSIÓN por el delito de ROBO AGRAVADO y a la pena de TRECE (13) AÑOS Y CUATRO (4) MESES DE RECLUSIÓN por el delito de ROBO DE VEHÍCULO AGRAVADO, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena, ambos en perjuicio de DENIS OMAR BOBADILLA REYES. CONSIDERANDO QUINCE (15): I. En relación a la conducta delictiva del ROBO AGRAVADO realizada por el sentenciado WILSON YUVINI FAJARDO PEREZ que se desprende de lo establecido en la resolución del tribunal de sentencia, le fue aplicado lo establecido en el artículo 217 y 218 del Código Penal derogado el cual tenía una pena abstracta de cinco (5) a nueve (9) años de reclusión y al agravar un tercio la pena aplicada por la concurrencia de la agravante contenida en el artículo 219 numeral 1 y 225 numeral 4 de dicho Código Penal derogado da como resultado una pena abstracta de seis (6) años y ocho (8) meses a doce (12) años de reclusión, dicha conducta delictiva encaja con el artículo 361 del Código Penal decreto 130-2017 que dice: “ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN. Quien, con ánimo de lucro, se apodera de cosa mueble ajena empleando violencia o intimidación en las personas, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice.” Es decir que se aprecia de la lectura de dicho artículo que dicha conducta criminal es penada con una pena abstracta de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión. II. – En cuanto a la existencia de agravantes para el delito señalado, de los hechos probados de la sentencia (folio 266 vuelto del expediente del tribunal) se estableció que el sentenciado en conjunto con otras personas sometió a la víctima con un arma de fuego, motivo fáctico jurídico por el cual se debe aumentar la pena en un tercio (1/3) en aplicación de lo que establece el artículo 363 numeral 9 del Código Penal Decreto 130-2017 que establece: “AGRAVANTES ESPECÍFICAS. Las penas de hurto o robo se deben aumentar en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1… 2… 3… 4… 5… 6… 7… 8… 9) Se cometen los hechos empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto.” Que, como resultado del incremento de un tercio, resulta una pena abstracta de OCHO (8) A DIEZ (10) AÑOS Y OCHO MESES DE PRISIÓN, y siguiendo el parámetro de dicha sentencia de fecha diez (10) de marzo del año dos mil diecisiete (2017) debe condenarse al sentenciado a la pena de ocho (8) años de prisión por habérsele aplicado la pena mínima en la sentencia condenatoria ya relacionada. - CONSIDERANDO DIECISEIS (16): I. En relación a la conducta delictiva del ROBO DE VEHÍCULO AGRAVADO realizada por el sentenciado WILSON YUVINI FAJARDO PEREZ que se desprende de lo establecido en el expediente del tribunal de sentencia, le fue aplicado lo establecido en el artículo 218 segundo párrafo del Código Penal derogado el cual tenía una pena abstracta de diez (10) a quince (15) años de reclusión y al agravar un tercio la pena aplicada por la concurrencia de la agravante contenida en el artículo 219 numeral 1 y 225 numeral 4 da como resultado una pena abstracta de trece (13) años y cuatro (4) meses a veinte (20) años de reclusión, dicha conducta delictiva encaja con el artículo 364 del Código Penal decreto 130-2017 que dice: “HURTO Y ROBO DE USO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR. Quien, sin ánimo de apropiación, sustrae o utiliza sin la debida autorización un vehículo automotor debe ser castigado con la pena de uno (1) a tres (3) años de prisión, si lo devuelve al lugar donde lo sustrajo o a su propietario, en un plazo no superior a doce (12) horas. Si para la sustracción se empleara fuerza en las cosas la pena de prisión debe ser de dos (2) a cuatro (4) años. Si no se restituye en el plazo indicado en el párrafo primero del presente artículo, el hecho debe castigarse como hurto o robo. Si para la sustracción se emplea violencia o intimidación en las personas, debe castigarse con las penas del robo con violencia e intimidación.” En ese orden, y siendo que según los hechos probados de la sentencia de fecha diez (10) de marzo del año dos mil diecisiete (2017) para el robo se empleó violencia e intimidación, le es aplicable lo establecido en el artículo 361 del mismo cuerpo penal, que establece: “ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN. Quien, con ánimo de lucro, se apodera de cosa mueble ajena empleando violencia o intimidación en las personas, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice.” Es decir que se aprecia de la lectura de dicho artículo que dicha conducta criminal es penada con una pena abstracta de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión. II. – En cuanto a la existencia de agravantes para el delito, de los hechos probados de la sentencia (folio 266 vuelto del expediente del tribunal) se estableció que el sentenciado en conjunto con otras personas sometió a la víctima con un arma de fuego, motivo fáctico por el cual se debe aumentar la pena en un tercio (1/3) en aplicación de lo que establece el artículo 363 numeral 9 del Código Penal Decreto 130-2017 que establece: “AGRAVANTES ESPECÍFICAS. Las penas de hurto o robo se deben aumentar en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1… 2… 3… 4… 5… 6… 7… 8… 9) Se cometen los hechos empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto.” Dando como resultado del incremento de un tercio, resulta una pena abstracta de OCHO (8) A DIEZ (10) AÑOS Y OCHO MESES DE PRISIÓN, y siguiendo el parámetro de dicha sentencia de fecha diez (10) de marzo del año dos mil diecisiete (2017) debe condenarse al sentenciado a la pena de ocho (8) años de prisión por habérsele aplicado la pena mínima en la sentencia condenatoria ya relacionada.-CONSIDERANDO DIECISIETE (17): I.- Que al realizar la ponderación de todos los tipos penales y realizando la comparación entre ambos códigos, es manifiesto que el Código Penal decreto 130-2017 solo representa benignidad en ciertas conductas delictivas. Empero, la existencia de un mismo sujeto realizando dos (2) o más acciones u omisiones e infringiendo una misma normal penal varias veces o varias normas penales, da lugar a un concurso real, [tal como fue apreciado por el tribunal sentenciador]. Como consecuencia de ello la valoración debe hacerse de manera global, es decir sumar el total de penas correspondientes. Aplicando cada Código Penal y según el resultado, determinar cuál le es más favorable al sentenciado. En el caso que nos ocupa al revisar la totalidad de las penas a imponer, es patente que el Código Penal Decreto 130-2017 es más favorable al sentenciado. II.- Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor WILSON YUVINI FAJARDO PEREZ de una norma vigente que le resulta más benigna III. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal, es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y computo de una nueva pena. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Rechazando el primer motivo invocado por la recurrente en la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la Abogada NIDIA ELIZABETH FUENTES QUESADA, a favor del señor WILSON YUVINI FAJARDO PEREZ, consistente en la causal contenida en el numeral 6 del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- II) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la abogada NIDIA ELIZABETH FUENTES QUESADA, a favor del señor WILSON YUVINI FAJARDO PEREZ en cuanto al segundo motivo de revisión consistente en la causal contenida en el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; III) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA,CORTES, en fecha diez (10) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); y, IV) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor WILSON YUVINI FAJARDO PEREZ, por los delitos ROBO AGRAVADO Y ROBO DE VEHÍCULO AGRAVADO, en perjuicio de DENIS OMAR BOBADILLA REYES, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: 1) CONDENANDO al señor WILSON YUVINI FAJARDO PEREZ, de generales ya conocidas y referenciadas en el preámbulo de la sentencia, como autor responsable penalmente del delito de ROBO AGRAVADO, a la pena de OCHO (8) AÑOS DE PRISION. 2)CONDENANDO al señor WILSON YUVINI FAJARDO PEREZ, de generales ya conocidas y referenciadas en el preámbulo de la sentencia, como autor responsable penalmente del delito de ROBO DE VEHÍCULO AGRAVADO, a la pena de OCHO (8) AÑOS DE PRISION. 3) CONDENA al señor WILSON YUVINI FAJARDO PEREZ a la pena accesoria de INHABILITACIÓN ABSOLUTA por el tiempo que dure la condena. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que proceda a la ejecución del presente fallo practicando un nuevo computo de la pena. Redactó la Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. –FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de diciembre de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha nueve de diciembre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-729-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.

[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.

[3]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[4]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[5]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[6] ZAFFARONI, E., Estructura Básica del Derecho Penal. Editorial Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2009. Pág. 41.

[7] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[8] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[9] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.

[10] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.

[11] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.

[12] Cury, Enrique; (N° 5); Capítulo II, La Ley Penal y su Vigencia; pág. 228.