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Sentencia RP-728-21 — Registro 16099

Resumen

Se interpuso recurso de revisión contra la sentencia condenatoria con relación a la causa que se instruyó por el delito de actos de lujuria agravados y violación especial.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “V. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en relación al delito de Violación Especial, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, Artículo 140 describe y penaliza el delito de la siguiente manera: “Constituye delito de violación: El acceso carnal con persona de uno u otro sexo mediante violencia o amenaza de ocasionarle al sujeto pasivo, al cónyuge de éste o compañero de hogar, o a uno de sus parientes dentro del cuarto (4to) grado de consanguinidad o segundo (2do) de afinidad un perjuicio grave e inminente. Para efectos de este artículo se entenderá por acceso carnal, el que se tenga por vía vaginal, anal o bucal. Será sancionado con pena de diez (10) a quince (15) años de reclusión. Son casos especiales de violación el acceso carnal con persona de uno u otro sexo cuando sin mediar violencia o amenaza, concurra cualquiera de las circunstancias siguientes. Tales casos serán sancionados con pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión y son los siguientes: 1) Cuando la víctima sea menor de catorce (14) años de edad; 2) …” Mientras que el artículo 249 del Código Penal Vigente (Decreto 130-2017), describe y penaliza el delito de la siguiente manera: “VIOLACIÓN. Constituye delito de violación el acceso carnal no consentido por vía vaginal, anal o bucal con persona de uno u otro sexo, así como la introducción de órganos corporales u objetos por cualquiera de las dos (2) primeras vías. En todo caso, se debe considerar no consentido cuando se ejecuten concurriendo alguna de las circunstancias siguientes: 1) Empleo de violencia o intimidación; 2 La víctima es menor de catorce (14) años, aun cuando se cuente con su consentimiento; o, 3) Abuso de la enajenación mental de la víctima o anulación de su voluntad originada por cualquier causa, incluido el aprovechamiento de una situación de absoluta indefensión de la víctima. El autor de un delito de violación debe ser castigado con las penas de prisión de nueve (9) a trece (13) años, prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión. Las penas anteriores se deben aumentar en un tercio (1/3) si concurre la circunstancia del numeral 1) del segundo párrafo y la víctima es menor de catorce (14) años.” Así mismo el artículo 255 del mismo cuerpo legal expresa “AGRAVANTES ESPECÍFICAS. Las penas contempladas en los artículos anteriores pueden aumentarse hasta en un tercio (1/3) si concurre alguna de las circunstancias siguientes: 1) …; 2) …; 3) La víctima es especialmente vulnerable por razón de edad, situación, enfermedad, escaso desarrollo intelectual o físico y, en todo caso, cuando sea menor de seis (6) años.” En ese orden de ideas, la pena abstracta oscila entre los trece (13) a diecisiete (17) años y cuatro (4) meses de reclusión. Y siendo que se debe realizar un examen íntegro en cuanto a las reglas aplicables del Nuevo Código Penal decreto 130-2017, para efectos de individualizar motivadamente la pena, el órgano jurisdiccional debe sujetarse a las reglas enumeradas en el artículo 70, que establece: “1) En los delitos dolosos el Órgano Jurisdiccional competente determinará la pena dentro del máximo y el mínimo que la Ley señala al delito, tomando en consideración las reglas siguientes: a) Si no concurren circunstancias agravantes ni atenuantes, la pena se fija dentro del marco establecido para el delito de que se trate en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho; b) Si solo concurre una (1) o dos (2) circunstancias agravantes y ninguna atenuante, se aplica la pena media hasta el límite máximo…” y siendo que de los hechos probados de la sentencia definitiva firme de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), se desprende que el señor JULIO CESAR MACHADO RODRIGUEZ, convivía con la menor K. G. S. M., por ser aquel, compañero de hogar de la abuela de dicha menor, es decir, debe aplicarse la circunstancia agravante contemplada en el artículo 32 numeral 2 del Código Penal Vigente, decreto 130-2017 por haber obrado mediante abuso de confianza, artículo que establece que: “Son circunstancias agravantes comunes las siguientes: 1 …; 2) Ejecutar el hecho mediante abuso de superioridad o de confianza.” Como consecuencia de ello, la pena a imponer oscila entre quince (15) años y dos (2) meses a diecisiete (17) años y cuatro (4) meses de reclusión. Es patente que el marco de penas abstractas del Código Penal decreto 130-2017 no es más favorable al encausado, incluso resultan por encima de la media establecida para cada conducta delictiva. VI. La conducta desarrollada por el encausado establecida en la sentencia que hoy es objeto de revisión, folio 212 de la pieza del Juzgado, encuadra en lo plasmado en los artículos 249, 250 y 255 del Código Penal decreto 130-2017. VII. Esta Sala considera que el caso sub judice no se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, siguiendo ese orden de ideas, esta Sala estima después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente; no es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor JULIO CESAR MACHADO RODRIGUEZ de una nueva norma penal vigente porque no le resulta más benigna.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de octubre de dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de revisión interpuesto por la Abogada NIDIA ELIZABETH FUENTES QUESADA, a favor del señor JULIO CESAR MACHADO RODRIGUEZ, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha diecinueve (19) de octubre de dos mil dieciséis (2016), con relación a la causa que se instruyó contra el señor JULIO CESAR MACHADO RODRIGUEZ por el delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS Y VIOLACION ESPECIAL en perjuicio de la niña K. G. S. M.. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintidós (22) de mayo de dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, la Abogada MERCEDES DUBON, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el señor JULIO CESAR MACHADO RODRIGUEZ, por suponerlo responsable de los delitos de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS Y VIOLACION ESPECIAL en perjuicio de la niña K. J. S. M.. (Folios 01-03 de la pieza del A-Quo) 2) Que continuado que fue el proceso, en fecha diecinueve (19) de octubre de dos mil dieciséis (2016), el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, dictó Sentencia Definitiva mediante la cual Falló: (SIC): “PRIMERO: CONDENAR por conformidad de las partes, al acusado JULIO CESAR MACHADO RODRIGUEZ, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable del delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS, en perjuicio de K. G. S. M., a la pena de SIETE (07) AÑOS CON SEIS (6) MESES DE RECLUSION, además se le condena a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL, durante el tiempo de duración de la pena principal. SEGUNDO: CONDENAR por conformidad de las partes, al acusado JULIO CESAR MACHADO RODRIGUEZ, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable del delito de VIOLACION ESPECIAL, en perjuicio de K. G. S. M., a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSION, además se le condena a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL, durante el tiempo de duración de la pena principal. TERCERO: El condenado deberá cumplir las penas una en pos de otra, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la Ley que regula el Sistema Penitenciario Nacional, debiendo descontarse el tiempo que ha permanecido recluido por esta causa. CUARTO: No procede condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. QUINTO: No procede el comiso. SEXTO: Se declara la responsabilidad civil del condenado JULIO CESAR MACHADO RODRIGUEZ la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de la sentencia. NOTIFIQUESE.” (Folios 211-214 de la pieza del A-Quo) 3) Que la Abogada NIDIA ELIZABETH FUENTES QUESADA compareció ante este Tribunal en fecha veinte (20) de julio de dos mil veintiuno (2021), presentando recurso de revisión penal a favor del señor JULIO CESAR MACHADO RODRIGUEZ, contra la sentencia definitiva dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de fecha diecinueve (19) de octubre de dos mil dieciséis (2016), fundamentando su acción en el artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folios 01-11 del recurso de mérito) 4) Que en fecha seis (06) de agosto de dos mil veintiuno (2021), esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenándose en consecuencia la celebración de la Audiencia respectiva. (Folio 13 del recurso de mérito) 5) Que en fecha veintitrés (23) de marzo de dos mil veintidós (2022), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la Abogada NIDIA ELIZABETH FUENTES QUESADA en su condición de Apoderada Legal del señor JULIO CESAR MACHADO RODRIGUEZ, en la que cedida que le fue la palabra a la apoderada legal recurrente expuso de forma resumida: “Aplicando la retroactividad de la ley le solicito al Honorable Tribunal o a los Honorables Magistrados que por este delito le aplique la retroactividad de la ley y que su señoría sea condenado con el delito de actos de lujuria agravados en su momento quien ahora son otras agresiones sexuales a la pena de cinco años de prisión su señoría, y el actualmente tiene ocho años de estar en efectiva prisión, haciendo uso su señoría de lo que establece el artículo 68, 249 y 250 en relación al decreto 144-83 de nuestra normativa penal, es en eso su señoría que solicito se de a lugar la solicitud de revisión de medidas abonado a lo anterior que manifesté ya que es una persona que se encuentra bien mal de salud tiene ochenta años y es preciso que se tome en consideración mis argumentos.” Por su parte la Fiscal del Ministerio Público expresó: “Al examinar lo peticionado por el revisionista de conformidad con lo dispuesto en los criterios fijados para determinar la ley más favorable contenido en el artículo 616 del Código Penal, que reza: Para determinar cuál sea la ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. Es este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique. Y en el caso sub judice la pena a imponer por el delito de Agresiones sexuales no le resulta más favorable al condenado, razón por la cual no es posible la fragmentación de las normas. Esta Representación fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables al sentenciado, en tanto no es procedente aplicar el Principio de Retroactividad de la ley penal preceptuado en el artículo 96 tercer párrafo de la Constitución de la República, en cuanto dispone: “la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado.” Mismo que también es regulado en el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión solicitada.” (Folios 23-27 del recurso de mérito) CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5]. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. La recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. El garantista señala en su petición: “PRECEPTO AUTORIZANTE: El artículo 186 de la Constitución de la República en relación con el artículo 96 numeral 8) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que consigna “DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN. Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes cuando: 1) …; 2) …; 3) …; 4) …; 5) …; 6) …; 7) …; y, 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna.”. la sentencia firme dictada por el Honorable Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Cortes, y de donde resulta el motivo del Recurso extraordinario de Revisión, lo constituye que al hacer el estudio de la calificación y sanción correspondiente al delito juzgado con el Código Penal anterior y haber sido reformada dicha ley; dicha condena por ahora resulta arbitraria y por supuesto violatoria a la sanción penal establecida en el nuevo tipo penal que ahora está vigente: y corresponde realizar el presente reclamo bajo el numeral 8) del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por la que, se debe revisar la sentencia cuando dice: 8) PROCEDE LA APLICACIÓN RETROACTIVA DE UNA LEY PENAL POR SER MÁS BENIGNA. De tal suerte, que, con la entrada en vigencia del Decreto No. 130-2017 del Poder Legislativo, de fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil dieciocho y, publicado en fecha 10 de mayo del 2019, en el Diario Oficial “La Gaceta” número 34,940, contenido al nuevo “CÓDIGO PENAL”, vigente a partir del veinticinco (25) de junio del dos mil veinte; en cuyos artículos arriba relacionados, se encuentra un sustancial rebaja en las nuevas penas para el delito del que fue sentenciado y condenado mi representado, por tanto, en representación del señor JULIO CESAR MACHADO RODRIGUEZ, solicito que ya sea directa o en defecto de la petición de los motivos anteriores de revisión, y/o subsidiariamente, se aplique retroactivamente el nuevo Código Penal en sus artículos 1, 68, 249 y demás aplicables de dicha ley penal, por considerarla más adecuada, expedita y justa a los fines de la justicia. Y, así la sentencia condenatoria emitida por la Sala Tercera del Honorable Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, de fecha diecinueve de octubre del año dos mil dieciséis, conociendo en la causa número TS-SPS-480-15, donde a mi representado se le sentenció y condenó por un delito de VIOLACION ESPECIAL, y otro delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS en perjuicio de la joven K. G. S. M., a la pena de Quince (15) años de reclusión, por el primero y siete (7) años seis (6) meses de reclusión por el segundo; de mantenerse esta, se estaría violentando el principio de legalidad penal, pues, con la entrada en vigor del Nuevo Código Penal, debe de inmediato ser enmendado dicho fallo e, imponiéndole una pena más justa y ecuánime; todo en fundamento de los artículos del nuevo Código Penal, y en aplicación del artículo 96 numerales ocho (8) de la Ley Sobre Justicia Constitucional.” CONSIDERANDO CUATRO (4): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable, es por tanto que en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal, por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO CINCO (5): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SEIS(6): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". [6] Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO SIETE (7): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[7], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[8]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[9]. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO OCHO (8): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[10] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO NUEVE (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[11]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO DIEZ (10): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado”[12] Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas. CONSIDERANDO ONCE (11): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la República en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO DOCE (12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I. Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor JULIO CESAR MACHADO RODRIGUEZ fue condenado por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, CORTES, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciséis, a la pena de SIETE (7) AÑOS CON SEIS (6) MESES DE RECLUSIÓN por el delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS y a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de VIOLACION ESPECIAL; más las PENAS ACCESORIAS DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, ambos en perjuicio de la menor K. G. S. M.. II. Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en los artículos 140 y 141; del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió el delito de Violación Especial y Actos de Lujuria Agravados. III. Esta Sala considera que el caso sub examine no encaja en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO TRECE (13): I. En la Revisión Penal esta Sala de lo Constitucional procede a realizar una revisión del hecho concreto sometido a enjuiciamiento tal como lo establece el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 y articulo 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Para tal cometido de la Revisión en materia penal por aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna se toma en consideración los hechos probados y estos se encuadran con el articulado de la nueva norma penal; si el resultado es una pena menos gravosa que la impuesta con la norma penal derogada, se procede a los efectos de la aplicación de la nueva ley penal. II. El eje central de esta garantía de Revisión Penal gira bajo su característica de ser un Recurso excepcional, no traspasando la línea de lo que le corresponde a un recurso ordinario o extraordinario de instancia [Apelación o Casación]. Es así como el ejercicio jurídico que hace esta Sala, para la determinación de benignidad de una nueva Ley Penal no es someter a un nuevo juicio el proceso ya evacuado, detectar vicios o nulidades procesales, valorar medios de prueba, pronunciarse sobre el ejercicio interpretativo realizado por los juzgadores tampoco dar alcance o interpretaciones sobre los tipos penales u el desarrollo de los elementos de la teoría del delito. La Sala se limita a encuadrar los hechos probados con la nueva norma penal y determinar si el resultado de ese encuadre es más beneficioso que la pena impuesta a esos mismos hechos con el Código Penal derogado. El asidero de este ejercicio lo encontramos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 a donde establece “Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor”. Así mismo para realizar aplicación del principio de retroactividad de las normas penales se lleva a cabo a una solución equilibrada, no hermética, objetiva y acorde con la realidad de cada caso, al ponderar todas las circunstancias y supuestos, sin salirse de la parte intangible de la sentencia lo cual recae en sus hechos probados y fundamentación jurídica. Vale precisar que este no es un Recurso diseñado para hacer valoraciones sobre las decisiones tomadas por el juzgador primario solo se limita a precisar la existencia o no, de benignidad de una nueva norma penal para así garantizar la satisfacción del artículo 96 de la Constitución de la Republica. III. Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor JULIO CESAR MACHADO RODRIGUEZ, DOS PENAS, UNA de SIETE (7) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE RECLUSION por el delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS y QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN, por el delito de VIOLACIÓN ESPECIAL, ambos en perjuicio de K. G. S. M., más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. IV. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en relación al delito de Actos de Lujuria Agravados, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, Artículo 141 describe y penaliza el delito de la siguiente manera: “Comete actos de lujuria, quien valiéndose de las condiciones o empleando los medios indicados en el artículo anterior hace víctima a otra u otras personas de actos de lujuria distintos del acceso carnal, será sancionado con pena de reclusión de cinco (5) a ocho (8) años. Cuando la víctima sea menor de catorce (14) años aun cuando haya consentido el acto o si siendo mayor de esa edad el sujeto pasivo adolece de una enfermedad mental o desarrollo psíquico incompleto o retardo o se haya privado de razón o de voluntad o cuando por cualquier causa no pueda oponer resistencia la pena anterior se incrementará en un medio (1/2). Mientras que en el ARTÍCULO 250 del Código Penal decreto 130-2017, describe y penaliza el delito de la siguiente manera: OTRAS AGRESIONES SEXUALES. Comete delito de agresiones sexuales quien, concurriendo alguna de las circunstancias del artículo precedente, realiza actos que atentan contra la libertad sexual, distintos de los previstos en el precepto anterior. El autor de este delito debe ser castigado con las penas de prisión de cinco (5) a ocho (8) años y prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión. Las penas anteriores se deben incrementar en un tercio (1/3) si concurre la circunstancia del numeral 1) del segundo párrafo del artículo anterior (Articulo 249 Código Penal decreto 130-2017) [ 1) Empleo de violencia o intimidación] y la víctima es menor de catorce (14) años. Así mismo el artículo 255 del mismo cuerpo legal expresa “AGRAVANTES ESPECÍFICAS. Las penas contempladas en los artículos anteriores pueden aumentarse hasta en un tercio (1/3) si concurre alguna de las circunstancias siguientes: La víctima es especialmente vulnerable por razón de edad, situación, enfermedad, escaso desarrollo intelectual o físico y, en todo caso, cuando sea menor de seis (6) años. Es patente que el marco de penas abstractas del Código Penal decreto 130-2017 no es más favorable al encausado, incluso resultan por encima de la media establecida para cada conducta delictiva, ya que, con el Código Penal nuevo, la forma de aumentar la pena parte de la pena máxima a la cual se le aplica el aumento y el resultado de esta, en la línea abstracta queda como pena máxima y la que antes era pena máxima queda como pena mínima (artículo 69). En el caso que nos ocupa la pena mínima seria de ocho años y la máxima de diez años ocho meses. La pena abstracta del actual Código Penal rebasa considerablemente la pena impuesta con el Código Penal derogado. V. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en relación al delito de Violación Especial, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, Artículo 140 describe y penaliza el delito de la siguiente manera: “Constituye delito de violación: El acceso carnal con persona de uno u otro sexo mediante violencia o amenaza de ocasionarle al sujeto pasivo, al cónyuge de éste o compañero de hogar, o a uno de sus parientes dentro del cuarto (4to) grado de consanguinidad o segundo (2do) de afinidad un perjuicio grave e inminente. Para efectos de este artículo se entenderá por acceso carnal, el que se tenga por vía vaginal, anal o bucal. Será sancionado con pena de diez (10) a quince (15) años de reclusión. Son casos especiales de violación el acceso carnal con persona de uno u otro sexo cuando sin mediar violencia o amenaza, concurra cualquiera de las circunstancias siguientes. Tales casos serán sancionados con pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión y son los siguientes: 1) Cuando la víctima sea menor de catorce (14) años de edad; 2) …” Mientras que el artículo 249 del Código Penal Vigente (Decreto 130-2017), describe y penaliza el delito de la siguiente manera: “VIOLACIÓN. Constituye delito de violación el acceso carnal no consentido por vía vaginal, anal o bucal con persona de uno u otro sexo, así como la introducción de órganos corporales u objetos por cualquiera de las dos (2) primeras vías. En todo caso, se debe considerar no consentido cuando se ejecuten concurriendo alguna de las circunstancias siguientes: 1) Empleo de violencia o intimidación; 2 La víctima es menor de catorce (14) años, aun cuando se cuente con su consentimiento; o, 3) Abuso de la enajenación mental de la víctima o anulación de su voluntad originada por cualquier causa, incluido el aprovechamiento de una situación de absoluta indefensión de la víctima. El autor de un delito de violación debe ser castigado con las penas de prisión de nueve (9) a trece (13) años, prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión. Las penas anteriores se deben aumentar en un tercio (1/3) si concurre la circunstancia del numeral 1) del segundo párrafo y la víctima es menor de catorce (14) años.” Así mismo el artículo 255 del mismo cuerpo legal expresa “AGRAVANTES ESPECÍFICAS. Las penas contempladas en los artículos anteriores pueden aumentarse hasta en un tercio (1/3) si concurre alguna de las circunstancias siguientes: 1) …; 2) …; 3) La víctima es especialmente vulnerable por razón de edad, situación, enfermedad, escaso desarrollo intelectual o físico y, en todo caso, cuando sea menor de seis (6) años.” En ese orden de ideas, la pena abstracta oscila entre los trece (13) a diecisiete (17) años y cuatro (4) meses de reclusión. Y siendo que se debe realizar un examen íntegro en cuanto a las reglas aplicables del Nuevo Código Penal decreto 130-2017, para efectos de individualizar motivadamente la pena, el órgano jurisdiccional debe sujetarse a las reglas enumeradas en el artículo 70, que establece: “1) En los delitos dolosos el Órgano Jurisdiccional competente determinará la pena dentro del máximo y el mínimo que la Ley señala al delito, tomando en consideración las reglas siguientes: a) Si no concurren circunstancias agravantes ni atenuantes, la pena se fija dentro del marco establecido para el delito de que se trate en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho; b) Si solo concurre una (1) o dos (2) circunstancias agravantes y ninguna atenuante, se aplica la pena media hasta el límite máximo…” y siendo que de los hechos probados de la sentencia definitiva firme de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), se desprende que el señor JULIO CESAR MACHADO RODRIGUEZ, convivía con la menor K. G. S. M., por ser aquel, compañero de hogar de la abuela de dicha menor, es decir, debe aplicarse la circunstancia agravante contemplada en el artículo 32 numeral 2 del Código Penal Vigente, decreto 130-2017 por haber obrado mediante abuso de confianza, artículo que establece que: “Son circunstancias agravantes comunes las siguientes: 1 …; 2) Ejecutar el hecho mediante abuso de superioridad o de confianza.” Como consecuencia de ello, la pena a imponer oscila entre quince (15) años y dos (2) meses a diecisiete (17) años y cuatro (4) meses de reclusión. Es patente que el marco de penas abstractas del Código Penal decreto 130-2017 no es más favorable al encausado, incluso resultan por encima de la media establecida para cada conducta delictiva. VI. La conducta desarrollada por el encausado establecida en la sentencia que hoy es objeto de revisión, folio 212 de la pieza del Juzgado, encuadra en lo plasmado en los artículos 249, 250 y 255 del Código Penal decreto 130-2017. VII. Esta Sala considera que el caso sub judice no se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, siguiendo ese orden de ideas, esta Sala estima después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente; no es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor JULIO CESAR MACHADO RODRIGUEZ de una nueva norma penal vigente porque no le resulta más benigna. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal presentada por la Abogada NIDIA ELIZABETH FUENTES QUESADA, a favor del señor JULIO CESAR MACHADO RODRIGUEZ contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente. REDACTO EL MAGISTRADO SERRANO. NOTIFÍQUESE. – Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dos días del mes de diciembre de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha trece de octubre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0728-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.

[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.

[3]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[4]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[5]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[6] ZAFFARONI, E., Estructura Básica del Derecho Penal. Editorial Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2009. Pág. 41.

[7] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[8] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[9] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.

[10] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.

[11] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.

[12] Cury, Enrique; (N° 5); Capítulo II, La Ley Penal y su Vigencia; pág. 228.