Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia RP-72-21 — Registro 15695

Resumen

Acto recurrido contra la sentencia condenatoria dictada por el A-quo, con relación a la causa que se instruyó por el delito de Extorsión. En perjuicio de los impetrantes

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" ... La comparativa de penas entre las tres legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, la norma penal vigente, o ley intermedia al momento de la petición de revisión penal, Decreto 130-2017, preveía sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83 recién derogado y las contenidas en el Decreto 93-2021 vigente a partir del 2 de noviembre del año 2021, según lo dispuesto en el artículo 11 del referido decreto, por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la ley intermedia en favor de los señores MILTON AARON GOMEZ COBOS y ELDIN RENE PADILLA. V. En consecuencia, en observancia del artículo 616 del nuevo Código Penal, procede la revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo computo de la pena, con abono del tiempo que haya estado en prisión; tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. trece de octubre del dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia los recursos de Revisión Penal interpuestos 1° Por el Abogado MARIO ROBERTO SABALETTE TREJO a favor del señor SAUL ANTONIO VILLANUEVA MATEO (Reg. No. 0072-2021), y 2° por el Abogado CARLO ANTONIO JIMENEZ BORJAS a favor del señor MARIO ALEXANDER SOSA RIVAS (Reg. No. 0192-2021); contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha treinta (30) de enero de dos mil cuatro (2004), con relación a la causa que se instruyó contra el Señor SAUL ANTONIO VILLANUEVA MATEO por el delito de ASESINATO en perjuicio del Señor JORGE LUIS FLORES. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha diecisiete (17) de octubre de dos mil dos (2002), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, la Licenciada MARIA BLASCINA PINEDA, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los Señores HENRY OMAR MELENDEZ, SAUL ANTONIO VILLANUEVA, JOSE NAHUN COTO, MARIO ALEXANDER SOSA y MARCO SARMIENTO, por suponerlos responsables del delito de AESINATO en perjuicio del Señor JORGE LUIS FLORES AGUILERA. (Folios 01-06 de la pieza del A-Quo) 2) Que continuado que fue el proceso, en fecha treinta (30) de enero de dos mil cuatro (2004), el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes dictó Sentencia Condenatoria mediante la cual Falló: (SIC): “1. Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS a los acusados SAUL ANTONIO VILLANUEVA y MARIO ALEXADNER SOSA ya identificados anteriormente, como autores responsable penalmente de un delito consumado de ASESINATO en perjuicio de JORGE LUIS FLORES, sin la concurrencia de circunstancias atenuantes pero si de agravantes de la responsabilidad penal, a la pena de TREINTA AÑOS de reclusión, la que deberán cumplir en la penitenciaria Nacional, ubicada en Tamara, departamento de Francisco Morazán; como consecuencia de la condena de reclusión, se les condena a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL por el tiempo que dure la condena principal, así como también a trabajar por el tiempo que dure la misma, en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional. 2.- Que debemos ABSOLVER Y ABSOLVEMOS al acusado JOSE NAHUM COTO de toda responsabilidad penal en la presente causa, por no haberse aportado pruebas suficientes de cargo que derribaran la presunción de inocencia que le asiste y establece su culpabilidad en la presente causa, en consecuencia se ordena su inmediata libertad aun cuando esta sentencia no adquiera el carácter de firme. 3.- Se ordena el SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO de la causa que en el presente juicio se había iniciado contra el acusado HENRY OMAR MELENDEZ, en virtud de haberse acreditado su fallecimiento. 4.- Procede declarar la responsabilidad civil de los condenados SAUL ANTONIO VILLANUEVA y MARIO ALEXANDER SOSA. No procede condenarles, en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. 5.- Se declare el comiso de los objetos nominados en el numeral 8 de la Fundamentación Jurídica. 6.- Que se notifique esta sentencia a las partes procesales. (Folios 166-176 de la pieza del A-Quo) 3) Que el Abogado MARIO ROBERTO SABALETTE TREJO compareció ante este Tribunal en fecha veinticinco (25) de enero de dos mil veintiuno (2021), interponiendo recurso de revisión penal a favor del Señor SAUL ANTONIO VILLANUEVA MATEO, posteriormente, en fecha veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintiuno (2021), el Abogado CARLO ANTONIO JIMENEZ BORJAS interpuso ante este Tribunal recurso de revisión penal a favor del Señor MARIO ALEXANDER SOSA RIVAS, ambos contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha treinta (30) de enero de dos mil cuatro (2004), fundamentando su acción en el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folios 01-29 del recurso de mérito) 4) Que en fecha seis (06) de abril de dos mil veintiuno (2021), esta Sala tuvo por admitido los recursos de mérito, ordenándose en consecuencia la celebración de la Audiencia respectiva. (Folio 22 del recurso de mérito) 5) Que en fecha seis (06) de abril de dos mil veintidós (2022), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido la Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado MARIO ROBERTO SABALETTE TREJO en su condición de Apoderado Legal del Señor SAUL ANTONIO VILLANUEVA MATEO y el Abogado CARLO ANTONIO JIMENEZ BORJAS en su condición de Apoderado Legal del Señor MARIO ALEXANDER SOSA RIVAS, en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017), y la representante del Ministerio Público, fue de la opinión porque SE DECLARE CON LUGAR la presente acción de revisión, en virtud de que lo peticionado por el revisionista está conforme a la Ley. (Folios 60-63 del recurso de mérito) CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía: que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5]. CONSIDERANDO TRES (3): Fundamentación jurídica de los Garantistas expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. Los recurrentes fundan su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de los alegatos proferidos por las partes en audiencia: El recurrente expone: “ esta defensa en representación del señor MARIO ALEXANDER SOSA RIVAS ratifica la solicitud de esta garantía constitucional de revisión solicitando específicamente a favor de mi representado la aplicación retroactiva del nuevo código penal por considerar que resulta más beneficioso para mi representado, solicitud que amparamos en los hechos y consideraciones siguientes: en primer lugar el 30 de enero del año 2004 mi representado MARIO ALEXANDER SOSA RIVAS fue condenado a una pena de 30 años de prisión por el delito de asesinato esto al tenor del artículo 117 del código penal derogado, decreto 144-83, también que en fecha 25 de junio del año 2020 entro en vigencia el nuevo código penal decreto 130-2017 que contiene este mismo tipo penal de asesinato asignándole una pena inferior a la contemplada en el código penal derogado, es así que de la comparación de los tipos penales encontramos que el contenido es el mismo que la condena a mi representado por el delito de asesinato cometido con alevosía y ensañamiento que son además preceptos contenidos dentro del tipo penal de asesinato que encontramos en el actual código penal del decreto 130-2017 que establece que quien da muerte a una persona concurriendo alevosía o ensañamiento y resulta evidente el beneficio para mi representado cuando la pena máxima aplicable es de 25 años lo cual automáticamente implicaría si se mantiene la pena máxima una reducción de 5 años en la pena que debe cumplir mi representado; por lo anteriormente expuesto y con base a los artículos 96 de la Constitución de la Republica, 615 del código procesal penal, 97, 99, 101 de la ley sobre Justicia Constitucional solicito respetuosamente a esta Honorable Sala que declare CON LUGAR la revisión solicitada y ordene al Juzgado de Ejecución revisar el nuevo computo de la pena a partir del nuevo código penal contenido en el decreto 130-2017.” La ciudadana fiscal manifestó: De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales indicando las sanciones correspondientes al delito de ASESINATO. Es así que el Código Penal, derogado, contempla el delito de ASESINATO en el artículo 117, estableciendo lo siguiente: Es reo de asesinato, quien de muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes: Alevosía; Con premeditación conocida; Por medio de inundación, incendio, envenenamiento, explosión, descarrilamiento, volcamiento, varamiento o avería u otro artificio que pueda ocasionar grandes estragos, siempre que haya dolo e intencionalidad; y Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. La pena de asesinato será de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y cuando se cometiese mediante pago, recompensa o promesa remuneratoria, o se acompañe de robo o violación, la pena será treinta (30) años a privación de por vida de la libertad. La norma sustantiva vigente contenida en el Decreto 130-2017; determina el delito de ASESINATO en el artículo 193, con una pena de prisión de 20 a 25 años, más las penas accesorias. Artículo 32 Circunstancias Agravantes: 1..., 2) ..., 3) ..., 4 …, aprovechando las circunstancias de tiempo y lugar para facilitar su ejecución o la impunidad del delincuente. De lo antes descrito se determina que la nueva norma sustantiva le es benigna para los sentenciados al contemplar una pena menor, debiendo imponerles la pena de veinticinco (25) años, en virtud que fueron condenados a la pena máxima. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia que SE DECLARE CON LUGAR la presente acción de revisión”. CONSIDERANDO CINCO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. Así mismo es importante señalar que la Revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel primario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón se procede a aplicar el artículo 186 del Constitución de la Republica. Articulo 95 y 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Y lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SIETE(7): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". [6] Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[7], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[8]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[9] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO DIEZ (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[10]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado”[11] Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas. CONSIDERANDO DOCE(12): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614,615 Y 616 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO TRECE (13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que SAUL ANTONIO VILLANUEVA y MARIO ALEXADNER SOSA fueron condenados a la pena de TREINTA AÑOS de reclusión por el delito de ASESINATO en perjuicio de JORGE LUIS FLORES, y a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL por el tiempo que dure la condena principal. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 117 del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió el delito de ASESINATO. III- Esta Sala procede a examina el caso sub judice en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso a los señores SAUL ANTONIO VILLANUEVA y MARIO ALEXADNER SOSA a la pena de TREINTA AÑOS de reclusión por el delito de ASESINATO, y las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL por el tiempo que dure la condena principal. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal enmarcado en el Artículo 117 del Código Penal decreto 144-1983 “Es reo de asesinato, quien dé muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes: 1) Alevosía ; 2) Con premeditación conocida 3) Por medio de inundación, incendio, envenenamiento, explosión, descarrilamiento, volcamiento, varamiento o avería de buque u otro artificio que pueda ocasionar grandes estragos, siempre que haya dolo e intencionalidad; y, 4) Con ensañamiento, aumentado deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. La pena por asesinato será de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y cuando se cometiese mediante pago, recompensa o promesa remuneratoria, o se acompañase de robo o violación, la pena será de treinta (30) años a privación de por vida de la libertad.; y el Código Penal vigente Decreto 130-2017, en su Artículo 193, establece: ASESINATO. Quien da muerte a una persona concurriendo alevosía o ensañamiento, debe ser castigado con la pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años. Ponderando el quantum de la pena, es palmario que, en el marco de penas abstractas, tomando en cuenta que el encausado fue condenado a la pena de treinta años de reclusión, las penas a imponer del Código Penal Vigente son menos gravosas para el encausado. II. Los sentenciados, al tenor del artículo 193 del nuevo Código Penal cometió el delito de ASESINATO. “Quien da muerte a una persona concurriendo alevosía o ensañamiento, debe ser castigado con la pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años”. Dicho precepto legal encuadra con los hechos probados y fundamentación jurídica plasmada en la sentencia revisada (folio 68 del expediente de Revisión). III. En vista de las circunstancias del hecho y siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal establecidos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, y después de hacer la respectiva ponderación, y haciendo uso de la fundamentación plasmada en la sentencia revisada, donde a los encausados se les impuso la pena máxima. Se debe imponer a los encausados la pena de veinticinco años de prisión más las penas accesorias correspondientes. IV. En consecuencia, en observancia del artículo 616 del nuevo Código Penal y 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, procede la revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo computo de la pena, con abono del tiempo que haya estado en prisión; Tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Artículos 25, 35, 38, 57, 58, 240 Y Demas aplicables del Código Penal Vigente; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado MARIO ROBERTO SABALETTE TREJO, a favor del señor SAUL ANTONIO VILLANUEVA MATEO, y el abogado CARLO ANTONIO JIMENEZ BORJAS favor del señor MARIO ALEXANDER SOSA RIVAS; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta a los señores SAUL ANTONIO VILLANUEVA MATEO y MARIO ALEXANDER SOSA RIVAS, por el delito ASESINATO, en perjuicio de JORGE LUIS FLORES, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO Al Señor SAUL ANTONIO VILLANUEVA MATEO, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de ASESINATO en perjuicio de JORGE LUIS FLORES a la pena de VEINTICINCO AÑOS de prisión. SEGUNDO: CONDENANDO Al Señor MARIO ALEXANDER SOSA RIVAS, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de ASESINATO en perjuicio de JORGE LUIS FLORES a la pena de VEINTICINCO AÑOS de prisión. Mas las penas accesorias de inhabilitación absoluta. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y ORDENA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo de pena y proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó el Magistrada ALVAREZ SAGASTUME.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de noviembre de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha trece de octubre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-0072 y 192-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.

[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.

[3]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[4]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[5]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[6] ZAFFARONI, E., Estructura Básica del Derecho Penal. Editorial Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2009. Pág. 41.

[7] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[8] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[9] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.

[10] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.

[11] Cury, Enrique; (N° 5); Capítulo II, La Ley Penal y su Vigencia; pág. 228.